José Bautista Farías
Dulce Nataly Figueroa Santana
Contexto y propósito del programa “A Toda Máquina”
Al inicio de la administración en marzo de 2019, y en cumplimiento a un compromiso de campaña, Enrique Alfaro Ramírez (EAR), gobernador de Jalisco, anunció la creación del programa “Entrega de módulos de maquinaria” bajo el lema: La Refundación ¡a toda máquina!, con una inversión de 3 mil 634 millones de pesos a implementarse en 121 municipios del estado.[1] El programa se llevaría a cabo junto con los municipios bajo la dirección de la Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), a cargo de Alberto Esquer Gutiérrez (El Financiero, 2019).
El programa, conocido en los medios de comunicación como “A Toda Máquina” (ATM), consiste en la entrega de 641 máquinas a 121 municipios de Jalisco a través de la firma de convenios en formato comodato por tiempo indefinido, que tiene como condiciones que el municipio se haga cargo del pago del diésel y de la nómina de los operadores. Incluye los servicios de mantenimiento, seguro, GPS y capacitación para los operadores de la maquinaria. De acuerdo con la Sader (2019), el programa ATM se instrumentará a través de los Consejos Municipales de Desarrollo Municipal,[2] “que establecerá una agenda del empleo de la maquinaria para responder a las prioridades en forma transparente e incluyente para toda la población; y con ello prevenir abusos de todo tipo.
El programa tiene como objetivo “incrementar la productividad del sector agroalimentario y rural que permita hacer frente a contingencias de tipo natural, a reparar, ampliar y abrir caminos, restaurar cauces de cuerpos de agua, construir bordos, abrevaderos, entre otras acciones de importancia en la economía y conectividad rural” (Sader, 2019). Los criterios para la selección de los municipios fueron los siguientes: a) capacidad económica del municipio; b) población; c) índice de marginación, y d) productividad.
La maquinaria, arrendada a Operadora de Servicios Mega, del empresario Guillermo Romo Romero, comprende 144 retroexcavadoras, 79 excavadoras hidráulicas, 43 vibrocompactadores, 104 motoniveladoras, 21 tractores, 67 pipas y 183 camiones con volteo. La Sader informó que estos equipos realizarían diversas acciones como “la reparación, ampliación y apertura de caminos, la restauración de cauces en los cuerpos de agua y la realización de abrevaderos, entre otras acciones de gran importancia en la economía y la conectividad rural, junto con las tareas de protección civil ante los meteoros y otros desastres naturales” (Sader, 2019). Alberto Esquer, secretario de la Sader, destacó, como una ventaja del programa ATM, que al finalizar el contrato de arrendamiento, y cubierto el pago, las máquinas arrendadas pasarán a ser propiedad del Gobierno del Estado (El Informador, 2019).
Con la finalidad de evitar el mal uso y el robo de la maquinaria la Sader cuenta con un centro de monitoreo que permite la vigilancia de las 641 máquinas, en tiempo real, así como el avance de las obras realizadas en los municipios. Con ello se busca que “exista transparencia en el uso de cada una de las unidades y que los 121 municipios, que tienen la maquinaria en comodato, respeten los lineamientos del programa” (Siker, 2021).
Irregularidades del programa ATM
Desde el inicio de ATM se evidenciaron irregularidades que, posteriormente, se sustentaron en una auditoría realizada por la Contraloría del Estado de Jalisco, empezando por la modificación de las bases de la convocatoria elaborada por funcionarios que presidieron la junta de aclaraciones, sin tener atribuciones para intervenir en este proceso; la ausencia de representantes de la Sader en la resolución de la asignación de las obras, la selección de las empresas finalistas; la violación a la ley de compras y su reglamento; el ocultamiento de información y la ausencia de un estudio que sustentara la existencia de este programa, entre otros (Serrano, 2021a).
En el “Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa” (IPRA), elaborado por Irma Alejandra Oropeza Ramos, directora del Área de Denuncia y Autoridad Investigadora de la Contraloría del Estado de Jalisco, de fecha 10 de junio de 2019, publicado en la página web del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJ), se da cuenta de las siguientes irregularidades:
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- Incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación: no se presentó el Manifiesto de personalidad (declaración de no conflicto de interés por parte de las empresas participantes y una de las empresas presentó información falsa).
- Modificaciones a la fundamentación y a las bases de la licitación: se agregaron 10 máquinas y equipos en la junta de aclaraciones sin la participación del área requirente.
- Participación indebida de personas en el proceso: diversos actos administrativos fueron realizados por personas que no son servidores públicos de la Unidad de compras convocante.
- Una de las empresas no entregó información sobre los requerimientos técnicos, sin embargo, se validaron como presentados. La ley de compras obliga a evaluar al menos dos propuestas.
- En el fallo de la licitación se omite el nombre del responsable de la evaluación administrativa de las proposiciones.
Además, a cuatro días de anunciar el arranque del programa ATM, El Diario NTR Guadalajara publicó, en su primera plana, la imagen del gobernador junto con la diputada Mirza Flores Gómez y el empresario Guillermo Romo Romero, presidente del Consejo de Administración de la Operadora de Servicios Mega, en las primeras filas de un juego de básquetbol de los Lakers, celebrado en Los Ángeles, California. La nota destaca que el empresario, con residencia en California, acompañó al mandatario en su gira de trabajo por municipios de Jalisco que realizó a finales de febrero de 2019, “resultó beneficiado con el contrato más importante en lo que va de la actual administración estatal, 3 mil 634 millones de pesos, para el arrendamiento de maquinaria pesada, equipo y accesorios para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)” (Serrano, 2019).
En la nota se detalla que el gobierno del estado, en su página web, lanzó la licitación pública LPL 01/2019, el 25 de enero de 2019, en la que participaron cuatro empresas, de las cuales tres cumplieron los requisitos y el fallo (publicado el 12 de febrero de 2019) favoreció a la empresa Operadora de Servicios Mega, SA de CV, Sofom ER, por 3,634’047,329.90 pesos. De las empresas participantes, Avancap y Mega, fueron seleccionadas como finalistas y simularon que cumplían con los requisitos, a fin de que en el proceso de licitación se evaluaran al menos dos proposiciones (Serrano, 2019).
En el dictamen de “propuestas técnicas y apertura de propuestas económicas” del IPRA se precisa que la empresa Avancap incumplió con los siguientes requerimientos técnicos: a) no pertenece a una sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom); b) nunca fue una entidad regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNV); c) no entregó las dos calificaciones crediticias vigentes; d) no demostró experiencia de 10 años en el mercado de arrendamientos; e) no demostró experiencia de arrendamientos con gobiernos, y f) no entregó carta compromiso de cumplir en plazo y término de las bases.
En una auditoría efectuada por la Contraloría del Estado del Gobierno de Jalisco, presidida por María Teresa Brito Serrano,
puntualizó que Avancap no estaba en el Padrón Único de Proveedores y Contratistas y su representante no acreditó esta condición. Además, no cumplió con los requisitos que exigía la convocatoria y, a pesar de eso, los funcionarios que estuvieron al frente de la licitación mintieron al establecer en las actas que sí entregó los documentos indispensables […] también en el fallo de la licitación no se incluyó el nombre del responsable de la evaluación administrativa (Serrano, 2021a).
Ante lo anterior, la Contraloría del Estado, concluyó que,
analizados los hechos irregulares […] de la totalidad de la información recabada, la misma resulta apta y suficiente para presumir el actuar irregular de los servidores públicos integrantes de la Unidad Centralizada de Compras de la convocante Secretaría de Administración, en el desarrollo de licitación pública local 01/2019, para el Servicio de Arrendamiento Puro de Maquinaria Pesada, Equipo y Accesorios para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Serrano, 2021a).
Después de hacerse públicas las irregularidades del programa ATM, la coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso de Jalisco, Erika Pérez García, junto con otros diputados,[3] denunció al gobernador y otros funcionarios[4] ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Jalisco y ante la Auditoría Superior de la Federación por presuntos actos de corrupción en el citado programa. Por su parte, el dirigente estatal de Morena, Hugo Rodríguez, declaró que el gobierno ha estado bloqueando la transparencia de este programa y solicitó a la Contraloría del Estado, a la Fiscalía Anticorrupción y al Control Interno del Congreso tomar cartas en este asunto y sancionen a los servidores públicos implicados.
Para el Fiscal Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, no existen elementos para iniciar una investigación en torno a las presuntas irregularidades en la licitación para el arrendamiento de maquinaria del programa ATM, ya que en su opinión “solo se trata de una nota nada más” (Hernández, 2019). No obstante, para el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJ), presidido por Annel Vázquez Anderson (en 2020), el programa ATM es considerado “un caso paradigmático de posibles hechos de corrupción”.
En la revisión de la cuenta pública del gobierno de Jalisco 2019, realizada por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), ratificó las irregularidades presentadas en el programa ATM y propuso fincar responsabilidades administrativas en contra de los funcionarios involucrados. En su informe de auditoría presentado ante el Congreso reportó que no pudieron aclararse observaciones relacionadas con el arrendamiento de la maquinaria pesada con la empresa Operadora de Servicios Mega; determinó que en el proceso de licitación local LPL 01/2019 se detectaron inconsistencias. La ASEJ advirtió que un servidor público del Comité de Adquisiciones pudiera haber dejado de atender las disposiciones previstas en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que se presume de la existencia de responsabilidades administrativas. También se encontraron deficiencias en la planeación de ATM, ya que no se define qué se entiende por infraestructura rural a desarrollar ni se identifica a la población que se ve afectada con el problema. La ASEJ señaló que hay una vinculación parcial entre las causas del problema y las soluciones planteadas por el programa, también observó que algunos objetivos planteados, como la rehabilitación de los caminos rurales, la limpieza y desazolve de cauces y cuerpos de agua, son tareas que corresponden al municipio (Serrano, 2021b).
Derivado de la investigación realizada por la Contraloría del Estado, se presentó una denuncia por presuntos hechos de corrupción al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Jalisco. Al respecto, José Ramón Jiménez Gutiérrez, magistrado presidente de ese Tribunal,
explicó que se determinó por parte de la primera instancia (Tercera Sala) que no existían elementos suficientes para sancionar por corrupción […] (el pasado 15 de diciembre de 2020), misma que fue apelada y derivada a la segunda instancia: la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (Gómez, 2021).
En un análisis de la resolución del TJA, efectuado en una mesa de análisis sobre “Resoluciones y sanciones administrativas” en torno al caso ATM, por el CPS del SEAJ, se concluyó que este no había recurrido a todas las facultades que le otorga la ley para profundizar en el asunto, por ejemplo, solicitar y ampliar la información del caso, revisar otras aristas del asunto, con el fin de allegarse de más elementos para fundamentar una decisión más integral sobre el tema.
El acceso a la información del programa ATM
La transparencia es un derecho humano y constitucional que, desde el punto de vista jurídico, refiere al conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales las autoridades y todo aquel que maneje o administre recursos públicos, es decir, los sujetos obligados, tienen el deber de poner a disposición de las personas la información que poseen, sin necesidad de que la soliciten (véase Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 2013, arts. 4, fracción XXI). Incumplir con este derecho o negar el acceso a la información, por incompetencia o de manera intencional, se considera un acto de opacidad sujeto a sanciones.
Acceder a información es una condición indispensable para la rendición de cuentas por parte de los gobiernos, quienes además deben ofrecer razones de sus actos con la finalidad de que los gobernados los aprueben o sancionen. En este sentido, la rendición de cuentas alude a la obligación que tienen los políticos y los funcionarios públicos de informar sobre sus acciones y decisiones, así como de justificarlas públicamente a fin de ser reconocidos o sancionados, según el parecer de los representados (Schedler, 2005).
Como parte de un esfuerzo académico colectivo para conocer el nivel de transparencia en la instrumentación del programa ATM y ejercer el derecho a la información, se planteó una investigación a las y los alumnos de la licenciatura en Gestión Pública y Políticas Globales del ITESO,[5] a través de solicitudes de información a los municipios incluidos en el programa ATM por parte de la Sader. Para efectos prácticos, el trabajo se distribuyó entre cinco grupos, a los cuales se les asignaron regiones de Jalisco que abarcaran un número homólogo de municipios. De tal forma, cada grupo recabó información a través de uno o dos sets de tres preguntas. Los grupos se dividieron de la siguiente manera:
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- Grupo 1 (4 integrantes). Regiones Norte, Sureste y Costa Norte, 23 municipios.
- Grupo 2 (4 integrantes). Regiones Sur y Altos Norte, 24 municipios.
- Grupo 3 (4 integrantes). Regiones Valles y Centro, 24 municipios.
- Grupo 4 (5 integrantes). Regiones Altos Sur y Ciénega, 24 municipios.
- Grupo 5 (5 integrantes). Regiones Sierra de Amula, Sierra Occidental y Costa Sur, 25 municipios.
Las preguntas se formularon para comprobar si el programa ATM está sustentado en un estudio previo de factibilidad o impacto ambiental, social o económico; saber si el programa se identifica con el mismo nombre para cada municipio, revisar el número de convenios firmados y publicados; verificar el alcance de población y avances registrados con la iniciativa; si hay Consejos Municipales de Desarrollo Sustentable activos y prestos a la vigilancia de ATM, así como conocer los nombres de los responsables de evaluar los resultados y atender las denuncias de programa.
Las solicitudes de información se realizaron en los apartados de transparencia, en los sitios web de los ayuntamientos, de agosto a noviembre del 2021. Después de solicitar y recibir la información se elaboró una base de datos con los folios, el estatus de las solicitudes, las preguntas formuladas, si contaron o no con una respuesta, si requerían anteponer recursos de revisión y un resumen de cada oficio.
Los alumnos organizados por grupos y divididos por región enviaron solicitudes de información a 119 municipios (de los 121 donde opera el programa).[6] En la tabla 6.1 se presenta un esquema con la clasificación de los tipos de respuesta recibidas por los sujetos obligados.
Como puede observarse en la tabla 6.1, una tercera parte de los municipios (36%) no respondió las solicitudes de información. Si sumamos este porcentaje con el criterio “respuesta deficiente”, 46.21% de solicitudes no atendieron debidamente el derecho a la información, lo que significa el incumplimiento de un derecho fundamental ciudadano.
En este caso, dos de cada tres solicitudes de información fueron atendidas. Además de las solicitudes formuladas a los ayuntamientos, se incluyó también a la Sader y a la Secretaría de Hacienda Pública (SHP), lo que da un total de 76 solicitudes contestadas, lo que corresponde a 63%. No obstante, la calidad de las respuestas en los 76 oficios osciló entre tres características: a) satisfactoria; b) parcialmente satisfactoria, y c) deficiente. Las solicitudes fueron clasificadas con calidad satisfactoria cuando se entregaban vía electrónica, en formato pdf, eran legibles, claras y atendidas en el tiempo estimado. Se consideró con calidad poco satisfactoria a información deficiente, presentada en un formato inaccesible, con archivo borroso o redacción confusa, si no resolvía una o más de las dudas o si se entregaba fuera del tiempo previsto, que para las solicitudes de información pública es de 10 días hábiles.
“A Toda Máquina”, un programa con poca luz
Las respuestas de los municipios a las solicitudes pueden tener distintas lecturas. Una sugiere que tanto la supervisión del programa como los sistemas de las unidades de transparencia locales están a merced de la poca atención de las autoridades municipales, las que además de garantizar los medios para poder conocer a profundidad las condiciones de este programa estatal deberían tomar el pulso de una iniciativa financiada con recursos públicos del estado, como lo es Módulos de Maquinaria.
Dentro del contenido más relevante de las solicitudes hay respuestas que distan unas de otras frente a la misma duda. Por ejemplo, se le preguntó a los Ayuntamientos de Mezquitic y Totatiche: “¿El programa ATM está sustentado en un estudio previo de factibilidad o sustentabilidad? En su caso, ¿está publicado?, ¿cuándo y quiénes lo realizaron?” Mientras que Mezquitic aseguró que no existe ningún estudio previo por parte del municipio o del Gobierno del Estado de Jalisco, la respuesta de Totatiche apunta a que sí hubo un estudio particular para su municipio, a iniciativa de su Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable y que está publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. A pesar de la afirmativa, la dependencia no adjuntó ningún enlace o archivo que permitiera constatar la información.
Aunque es posible inferir que los estudios de factibilidad quedan a deliberación de cada uno de los consejos municipales, el Ayuntamiento de Cabo Corriente, por ejemplo, refirió a la Sader como la dependencia responsable de haber realizado un estudio formal que proporciona datos de los alcances y resultados de ATM y que se puede consultar en la página web de la dependencia. No hay ningún estudio, local o estatal, que se haya publicado y que refiera a los alcances o número de población beneficiada con ATM (a diciembre de 2022). Las respuestas del resto de los municipios, al igual que en los casos anteriores, afirman que no se aplicó ningún estudio o que el Gobierno Estatal fue el responsable de realizar el supuesto análisis.
En relación con la conformación de los Consejos Municipales de Desarrollo Sustentable se interrogó a los municipios de las regiones Sur y Altos Norte sobre quiénes los integran y qué papel desempeña cada participante. Del total de 24 municipios entre ambas regiones 12 sí respondieron, pero de estos solo seis resuelven la duda satisfactoriamente, al confirmar que sí existe ese consejo, la fecha en la que comenzaron sus funciones, si ha experimentado reestructuraciones, los días en los que sesiona para la toma de decisiones o el desglose de los diferentes perfiles de la sociedad civil que fungen como concejales para la vigilancia y funcionamiento óptimo de atm en su municipio.
Hay otro tipo de réplicas que incluso niegan la existencia de Módulos de Maquinaria, como sucedió con el Ayuntamiento de La Barca, o que presumen apenas haber puesto en marcha el programa. Tal es el caso del Ayuntamiento de Villa Guerrero cuando se le preguntó cómo mide el funcionamiento del programa en su demarcación; el sujeto interpeló que no fue hasta el 18 de octubre de 2021, ya renovado el convenio para la administración 2021–2024, cuando el Gobierno del Estado de Jalisco hizo entrega de la maquinaria, por lo que no había comenzado a realizar ninguna de las actividades para las que se arrendó desde la pasada administración o a registrar las obras que se realizaran.
Otro tipo de información proporcionada propone que sí hay claridad y capacidad por parte de las unidades de transparencia de los ayuntamientos para detallar satisfactoriamente otro tipo de información. Tres de 22 municipios especificaron cuáles y cuántas máquinas han requerido y en qué proyectos públicos rurales las han empleado. Colotlán, por ejemplo, aclaró que “se han requerido cinco equipos de maquinaria para rehabilitar caminos rurales, desazolve de bordos de abrevadero, construcción de bordos de abrevadero, cubrir el vertedero municipal”. Una respuesta todavía más completa se encuentra en el oficio emitido por Huejúcar:
La maquinaria requerida que se ha utilizado hasta el momento es un vibro compactador, una motoconformadora, una retroexcavadora y un camión de volteo. Los proyectos que se han realizado con el módulo son muy diversos pero mencionaré los más sobresalientes: 1. Con este programa se ha trabajado con el programa de empedrados, realizando diferentes calles como son Adolfo López Mateos, Miguel Hidalgo en la localidad de Tlalcosahua, Vicente Guerrero en la cabecera municipal, 24 de Febrero en la comunidad de la Mesa María de León, calle Principal en la localidad de San José de los Márquez y una que está por iniciar en la cabecera municipal (Raúl González).
Ocotlán también resolvió la duda: “Apoyo a sacar cosechas, compactación de la Zona Rural del Municipio, y limpiezas de arroyos como de desazolve del Río Zula”.
De los 19 oficios —de 24 recibidos— por parte de las autoridades de las regiones Altos Sur y Ciénega enfocados en dilucidar a quién rinden cuentas del programa y ante quienes, los municipios refirieron a la Sader como la dependencia principal de llevar el control. Acerca de la pregunta sobre la población beneficiaria por parte del programa, la Sader proporcionó una ficha básica del programa pero que no responde a la pregunta formulada. También ubicó el enlace electrónico donde se encuentra información de todos los programas de la dependencia, entre ellos el programa: “Programa Módulos De Maquinaria. ¡A Toda Máquina!” que se limita a una infografía sobre la inversión realizada (3,650’000,000), así como de las características generales del tipo de maquinaria pesada arrendada.[7]
Finalmente, tras una nueva ronda de dos solicitudes realizadas durante octubre del 2022 para esclarecer cuál ha sido el impacto cuantificable en el ámbito económico o social, se obtuvieron nuevas y distintas respuestas por parte de la Secretaría de Hacienda Pública y de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico del Estado de Jalisco.
El par de solicitudes presentaron cuestionamientos generales: el avance parcial, suspendido o concluido del programa, y la petición de un balance que rindiera cuentas del presupuesto ejercido por cada municipio hasta agosto de 2022. Para el primer cuestionamiento la Coordinación Estratégica afirma que el programa se encuentra en “avance parcial”, pero no detalla otros aspectos que permitan comprender este concepto. Respecto del segundo cuestionamiento, las dependencias señalaron sitios electrónicos interactivos para consulta desglosada del presupuesto ejercido y los resultados del programa tomando en cuenta los kilómetros rehabilitados en la entidad. Los sitios que adjuntan son Transparencia Gubernamental (jalisco.gob.mx) y el Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE).
El sitio de Transparencia Gubernamental permite explorar el avance presupuestal preliminar por eje o por programa. La información del interés para este capítulo se encontró bajo el nombre “Desarrollo Rural” y no “Módulos de Maquinaria” para los años 2020, 2021 y 2022. Dentro de esta categoría, a la fecha de consulta, que es diciembre del 2022, el sitio arroja los siguientes datos, sin posibilidad de aplicar más filtros, como sería por municipalidad. La consulta en este sitio no resuelve satisfactoriamente el cuestionamiento, pues no se adjunta ningún glosario y la navegación deja poco a la intuición.
Si consideramos la suma de las cantidades de las asignaciones modificadas del 2020 a 2022 (la cual asciende a 5 mil 430 millones 701 mil 517 pesos), esta es superior a la asignación inicial (de 3 mil 262 millones 653 mil 124 pesos), da una diferencia de 2 mil 168 millones 48 mil 393 pesos, lo que representa un incremento de 66.45%, cantidad muy significativa. Pero no es posible afirmarlo toda vez que no existe claridad en la información proporcionada por la Sader en relación con este programa.
Respecto al Monitoreo de Indicadores de Desarrollo de Jalisco (MIDE), la información sobre los kilómetros de caminos rurales rehabilitados, como única métrica sugerida para observar los resultados de este programa, se encontró bajo la categoría “Desarrollo y Crecimiento Económico/Campo”. El sitio reporta 14 mil 491.36 km al 30 de septiembre de 2022. La meta para 2022, expone el sitio, es de 17 mil 333 kilómetros rehabilitados. Esto significa que el programa lleva 85% de la meta cumplida. Los datos desplegados en este indicador son más claros, pues refieren la fuente y definiciones a conceptos como “kilómetros rehabilitados”, incluye una gráfica de avance, una tabla con valores históricos, la periodicidad y otras características del indicador.
Conclusión
Como puede constatarse en este estudio, el programa conocido como “A Toda Máquina” presentó irregularidades desde su inicio, que salieron a la luz pública a través del trabajo periodístico y que fueron constatadas tanto por la Contraloría del Estado como por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. No obstante, tanto el Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial como la Fiscalía Anticorrupción (que depende de la Fiscalía General del Estado), el 23 de marzo de 2021 decidieron que no había “suficientes elementos para sancionar por corrupción” (Ramírez, 2021).
Por lo que respecta al grado de transparencia en la instrumentación del programa ATM, si en 43 solicitudes de información, de un total de 119, dirigidas a los municipios no recibieron respuesta (36%), y que en 12 (10%) de estas se contestó de manera deficiente, tenemos que en 46% de las peticiones se incumplió con el derecho de acceso a la información (cerca de una de dos peticiones), lo que puede interpretarse como negligencia, incapacidad u opacidad por parte de las autoridades locales y en donde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) tienen responsabilidad.
La Secretaría de Hacienda Pública incumple con información actualizada del presupuesto ejercido en este programa, pues no es clara y no se pueden aplicar filtros, más allá del año y del programa gubernamental, que se presenta bajo distintos nombres, ninguno corresponde al denominado “Módulos de Maquinaria”. Además, no es posible saber a cuánto asciende el presupuesto asignado y ejercido por cada uno de los municipios involucrados en este programa debido a que dispersaron el presupuesto en los gobiernos locales y no se reporta el concentrado de los datos, lo que sin duda dificulta la supervisión de ATM. Aunado a lo anterior, llama la atención el incremento de 66.45% del monto inicial y modificado en los tres años que lleva el programa.
Para los alumnos del ITESO que participaron de este ejercicio colectivo quedó claro que el programa ATM presenta más opacidad que luces en su operación, no solo por la falta de respuestas las solicitudes de información formuladas a los municipios, sino también por el tipo de respuesta que obtuvieron y la cantidad de irregularidades que se presentaron desde la licitación de este programa. Además, los sitios consultados en las páginas web de las dependencias, tanto de la Sader como de los municipios, no fueron de fácil acceso.
Referencias
El Informador. (2019, 26 de marzo). Alfaro triplica recursos para el campo. El Informador. https://www.informador.mx/Alfaro-triplica-recursos-para-el-campo-l201903260001.html
Gómez, R. (2021, 14 de abril). Tribunal de Justicia Administrativa absuelve a funcionarios denunciados por corrupción por el caso ATM. La Crónica de Hoy Jalisco. https://www.cronicajalisco.com/notas-tribunal_de_justicia_administrativa_absuelve_a_funcionarios_denunciados_por_corrupcion_por_el_caso_atm-107807-2021
Hernández, J. C. (2019, 2 de abril). Licitación: Se hacen bolas. NTR Guadalajara. https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=122833
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 86 (2013). https://info.jalisco.gob.mx/gobierno/documentos/7411
Ramírez, V. (2021, 14 de abril). Sin sanciones para servidores del Gobierno de Jalisco por ATM: Tribunal de Justicia Administrativa. El Occidental. https://www.eloccidental.com.mx/local/sin-sanciones-para-servidores-del-gobierno-de-jalisco-por-atm-tribunal-de-justicia-administrativa-6599317.html
El Financiero. (2019, 25 de marzo). Jalisco lanza programa “A toda Máquina” con inversión de 3,600 mdp. El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/jalisco-lanza-programa-a-toda-maquina-con-inversion-de-3-600-mdp/
Sader. (2019, marzo 25). ¡A toda máquina! Entrega de maquinaria a 121 municipios. https://sader.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/2528
Schedler, A. (2005). ¿Qué es la rendición de cuentas? (Vol. 3). INAI. https://infocdmx.org.mx/capacitacion/documentos/JURIDICO08/LECTURAS/MODULO%202/RENDICIONDECUENTAS.pdf
Serrano, S. (2019, 29 de marzo). Va al básquetbol… y gana licitación. NTR Guadalajara. https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=122574
Serrano, S. (2021a, 14 de abril). ATM fue irregular, señala Contraloría. ntr Guadalajara. https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=164949
Serrano, S. (2021b, 26 de agosto). Auditoría encuentra anomalías en ATM. NTR Guadalajara. https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=170893
Siker. (2021, 9 de agosto). Monitorean las unidades de “A Toda Máquina”. Siker. https://siker.com.mx/la-perla/monitorean-las-unidades-de-a-toda-maquina/
[1] No incluye a los Municipios de Guadalajara, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque y Zapopan.
[2] Según la Sader, estos consejos están conformados por representantes de las autoridades, organizaciones de productores, colegios de profesionistas y comisarios, entre otros entes que pudieran integrarse.
[3] Los diputados Bruno Blancas Mercado, María Esther López, Arturo Lemus Herrera, Norma Valenzuela Álvarez y Patricia Meza Núñez.
[4] Los funcionarios denunciados fueron: Luis Arturo López Sahagún, presidente del Comité de Adquisiciones; Raymundo Andrade Beltrán, secretario técnico del Comité de Adquisiciones; Roberto Navarro Arias, representante de la Contraloría Estatal en el Comité de Adquisiciones; Rodolfo Espinoza Preciado, director de Recursos Materiales y Financieros de la Sader; Agustín de la Fuente, director administrativo de la Sader y Carlos Salinas Osornio, funcionario de la Sader.
[5] Participaron 21 alumnos de la materia Transparencia y Rendición de Cuentas del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos en el periodo Otoño 2021, a cargo del profesor José Bautista Farías, con la asistencia de Dulce Nataly Figueroa Santana.
[6] A los municipios de Jamay y Tomatlán no se solicitó información debido a problemas de coordinación de los equipos. Jamay se ubica en la región Ciénega, tiene una población de 24,894, y Tomatlán se localiza en la región Costa Norte de Jalisco, con una población de 36,316.
[7] Véase https://sader.jalisco.gob.mx/infraestructura-rural/2525