Periodo: enero – diciembre 2022

Este informe da cuenta del cambio incesante de los medios de comunicación en un contexto en el que hay una tendencia por favorecer lo comercial en detrimento del buen periodismo. Aborda la tensión entre medios de comunicación e instituciones públicas, y documenta la inoperancia de los mecanismos institucionales para la protección de los periodistas o los procesos de captura de los organismos que tutelan derechos básicos como el acceso a la información.

El volumen entrega investigaciones sobre el programa gubernamental “A toda máquina”, la cobertura de los temas de seguridad con enfoque oficialista y estudios dedicados a las publicaciones católicas El Puente y el Semanario Arquidiocesano de Guadalajara.

Al igual que en los últimos tres lustros, ETIUS examina en estas páginas la coyuntura del sistema de medios de comunicación con el fin de ampliar el análisis y el debate sobre la libertad de expresión.

Juan S. Larrosa–Fuentes
Coordinador

Publicado: 2023-10-30

Contenido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIUS es un observatorio que desarrolla conocimientos sobre comunicación y cultura, a partir de investigación académica de alta calidad, colaborativa y socialmente pertinente. El conocimiento y los resultados de estos procesos de investigación académica dan pie para formular proyectos de educación formal y no formal, trabajos de incidencia política y social, así como procesos de comunicación para discutir temas de interés del observatorio en la esfera pública. Sus líneas estratégicas son las siguientes: 1) investigación, 2) formación, 3) desarrollo tecnológico–digital, 4) comunicación y vinculación, así como 5) coordinación y gestión. Para más información, se sugiere consultar el sitio web del observatorio: www.etius.iteso.mx y a través del correo etius@iteso.mx

Desde 2008, el observatorio publica el informe anual Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, el cual tiene por objetivo ser un referente en materia de documentación de coyunturas y temas relativos al derecho a la información y al sistema mediático de la entidad. Todos los informes son de acceso abierto y se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica: https://informedemedios.iteso.mx/

Graciela Bernal Loaiza es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Política y Gestión Pública por el ITESO. Fue profesora adscrita a la Unidad Académica Básica Sistemas de Comunicación, Información y Democracia del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, así como coordinadora del Programa en Ciencias de la Comunicación, de 1999 a 2002, y del Observatorio ETIUS de Comunicación y Cultura, de 2016 a 2020. Fundadora del Capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, su presidenta de 2013 a 2015, y miembro activo desde su creación.

Sergio René de Dios Corona es periodista desde hace 37 años. Ha sido reportero, jefe de información, jefe de redacción, columnista, editor, coordinador de opinión, conductor y director editorial. Su experiencia profesional abarca una docena de medios informativos impresos, web y radiofónicos. Actualmente labora para el periódico El Diario NTR Guadalajara y conduce la tercera emisión radiofónica del Informativo NTR. Ha sido profesor en cinco universidades desde hace más de 25 años. Fue coordinador de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Univa y de la licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública del ITESO. Es autor o coautor de una docena de libros. Ha impartido más de cien talleres y conferencias, y participado en congresos en México, Cuba, Panamá y Colombia. Estudió la maestría en Programación Neuro Lingüística y el doctorado en Educación para la Formación Profesional.

Darwin Franco Migues es doctor en Educación y maestro en Comunicación por la Universidad de Guadalajara. Es profesor de la Licenciatura en Comunicación Pública, la Maestría en Periodismo Digital y el Doctorado en Educación de la Universidad de Guadalajara; así como de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública en el ITESO. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 1). Trabaja la relación que existe entre la apropiación tecnológica y la búsqueda de las personas desaparecidas en México. También se desempeña como periodista independiente y dirige el medio digital ZonaDocs (www.zonadocs.mx). Es autor de los libros Periodismo y derechos humanos: guía didáctica para la formación de periodistas y Tecnologías de la Esperanza: apropiación tecnológica para la búsqueda de las y los desaparecidos en México.

Juan S. Larrosa–Fuentes obtuvo los grados de licenciado, maestro y doctor en comunicación por el ITESO, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Temple respectivamente. Ha sido profesor universitario en estas tres casas de estudio. Actualmente es director del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 1). De 2007 a 2013 fue coordinador general del observatorio de medios Quid: Análisis Crítico de Medios de Comunicación, y a partir de 2020 es coordinador general de ETIUS: Observatorio de Comunicación y Cultura. De 2010 a 2013 fue presidente del capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi Jalisco). Fue fundador y asambleísta del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (2006 a 2020). Su proyecto de investigación está enfocado a estudiar teórica y empíricamente la comunicación pública y la comunicación política.

Jorge Alejandro Narro Monroy es profesor emérito del ITESO, jubilado en agosto de 2020. Su última adscripción fue en el Departamento de Formación Humana. Es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales y maestro en Política y Gestión Pública. Fue consejero electoral en el Consejo Local (estatal) del Instituto Federal Electoral (IFE) durante los procesos electorales de 2000, 2003 y 2007. Fundador del desaparecido diario Siglo 21, en el que se desempeñó como editor de la sección de información local. Fue editorialista del periódico Mural durante diez años.

Guillermo Orozco Gómez es profesor titular del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Licenciado en Comunicación por el ITESO. Especializado en Pedagogía por la Universidad de Colonia, Alemania (1977). Maestro y Doctor en Educación (1988) por la Universidad de Harvard. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel Emérito). Responsable de la Cátedra Unesco–UNAOAC–MILID: Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue para América Latina. Co–coordinador Internacional del Programa de investigación Obitel: Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva. Coordinador editorial de la serie TVMorfosis: UDG. Ha escrito más de 80 artículos y capítulos de libros, es autor, coautor y coordinador de más de 15.

Rosalía Orozco–Murillo trabajó como editora y reportera en medios impresos de Jalisco y Nayarit. Estudió la Licenciatura en Letras y la Maestría en Comunicación en la Universidad de Guadalajara, donde es profesora e investigadora de tiempo completo. En esa misma institución coordinó los programas educativos Licenciatura en Periodismo (2008–2011) y la Maestría en Periodismo Digital (2014–2019), también dirigió el Centro de Formación en Periodismo Digital (2011–2019). Entre 2019 y 2023 estudió el Doctorado en Estudios Científico–Sociales en el ITESO. Presidió la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), capítulo Jalisco de 2017 a 2019. Investiga las relaciones de poder entre los actores de los medios y los políticos; y las transformaciones en los procesos de comunicación pública, particularmente en el periodismo.

Magdalena Sofía Paláu Cardona es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Ciencias Sociales y doctora en Estudios Científico–Sociales. Es profesora numeraria en el ITESO, y colabora como académica en el Departamento de Estudios Socioculturales desde 1997. Es profesora investigadora reconocida en el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de Conahcyt. Actualmente es coordinadora del Doctorado en Estudios Científico–Sociales. En 2016 participó en la conformación de ETIUS, observatorio de comunicación y cultura en donde colabora en la línea de investigación Comunicación, política y acción colectiva. Su trabajo de investigación gira en torno a la historia y estructura de los sistemas de comunicación, la comunicación política, los procesos electorales y los observatorios de medios.

Jorge Enrique Rocha Quintero es director de Integración Comunitaria del ITESO. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene una maestría en Impactos Territoriales de la Globalización por la Universidad Internacional de Andalucía y es doctor en Estudios Científico–Sociales por el ITESO. Ha colaborado en diferentes programas de medios de comunicación y como articulista en el Semanario de Guadalajara, El Puente y Christus. Es profesor invitado en la Universidad Iberoamericana León.

Diana Alonso es estudiante de la licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Ha publicado artículos sobre cultura y medio ambiente en el portal 380 gdl, así como notas y reportajes de divulgación científica durante su colaboración como becaria para el portal Saber ITESO de la Dirección General Académica de la universidad.

Elizabeth Rivera Avelar es periodista, cumplió 23 años ejerciendo como reportera, ha trabajado en diarios como Público – Milenio, La Jornada Jalisco y El Diario NTR. Ha laborado en estaciones de radio como Radiorama, Promomedios y MVS Radio Jalisco. Ha sido corresponsal de la Agencia AP (Associated Press) y Enfoque Núcleo Radio Mil. Actualmente es parte del equipo de Megaradio – Líder Informativo, Canal 13 de Guadalajara y es corresponsal de La Octava TV. Ha trabajado en proyectos de periodismo colaborativo como el de Justicia Patriarcal titulado “Dan pena mínima por feminicidio y tres días por intento de asesinato en Jalisco” y el de “Jóvenes y solteras las mujeres asesinadas en Jalisco”. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), estudió un diplomado en Diseño Web y Multimedia, y ha sido maestra en la licenciatura en Periodismo Digital del Sistema de Universidad Virtual (SUV) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Michelle Azpeitia es estudiante de la licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Ha colaborado en 380 GDL con temas de sociedad, cultura y medio ambiente. Participó en el Observatorio Ciudadano del Programa de Tecnología para el Buen Vivir, documentando la problemática de los habitantes de la colonia Miramar en Zapopan, Jalisco.

José Bautista Farías es maestro en Política y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO); estudió la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Autónoma de México (UNAM)_; profesor del Centro de Interdisciplinario para la Formación y la Vinculación Social (Cifovis) del ITESO. Ha impartido materias sobre contexto histórico y social, análisis de coyuntura, políticas públicas, transparencia y rendición de cuentas. Es miembro fundador de Cimtra Jalisco; Ciudadanos por la Integridad Pública, y de la Amedi Jalisco. Ha publicado artículos en libros y revistas sobre participación ciudadana, transparencia y contraloría social.

Alberto Bayardo Pérez Arce es doctor en Ciencias Económico Administrativas por la Universidad de Guadalajara (UdeG), maestro en Política y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), y licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac (Univa). Se especializa en temas legislativos, de políticas públicas y de derechos humanos. Es profesor titular del ITESO, donde coordinó la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública, la maestría en Política y Gestión Pública. Actualmente es el Coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO. Fue presidente del Consejo Consultivo del ITEI (Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco). Colabora como columnista en El Diario NTR Guadalajara y en el Informativo NTR Radio.

Laura Castro Golarte es doctora en Historia por la Universidad de Guadalajara especializada en la primera mitad del siglo XIX mexicano (proceso independentista, pensamiento ilustrado, ideas políticas) y en Historia de los conceptos. En 2023 cumplirá 40 años de carrera periodística. Trabajó en El Jalisciense, Paréntesis, El Informador y colabora en el Semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara, de cuyo consejo editorial forma parte. Produjo y condujo dos programas en Radio Metrópoli (2005–2013). Es autora de varios libros, actualmente es docente en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (DESOJ) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y desarrolla una estancia posdoctoral en El Colegio de Jalisco.

Dulce Nataly Figueroa Santana es estudiante de la licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Colaboró como becaria y reportera en el Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social del ITESO (2020). Fue becaria de investigación en el proyecto Control Social de la Gestión y Construcción de lo Público (2021). Sus coberturas e intereses recientes son la salud pública de los jóvenes, el diseño de información y la visualización de datos.

Fátima Herrera Acuña estudió la carrera de Periodismo y Comunicación Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Le interesa el fotoperiodismo y los temas ambientales y de derechos humanos, especialmente sobre personas desaparecidas. Ha colaborado con el medio independiente ZonaDocs, la revista Replicante y el medio periodístico estudiantil 380gdl.com.

Gilberto Magaña Hernández es doctor y máster en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid; maestro en Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), y licenciado en Filosofía por la Universidad de Guadalajara (UdeG). Con experiencia en investigación de prensa, monitoreo en elecciones y viabilidad de medios. Ha publicado en España y México y presentado ponencias en encuentros nacionales e internacionales. Laboró en el Inegi; dirigió y asesoró tesis de maestría en la UdeG, así como en representaciones editoriales académicas. Ha sido docente en programas de maestría, licenciatura, preparatoria y secundaria en diversas instituciones públicas y privadas del estado; así como coproductor de programas de radio, podcasts y blogs.

Brenda Guadalupe Ramos Villaseñor es maestra en Estudios Humanísticos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y licenciada en Periodismo por la Universidad de Guadalajara (UdeG). Tiene una Especialidad en Métodos Estadísticos por el Centro de Investigación en Matemáticas (Cimat). Actualmente es la jefa del Centro de Formación en Periodismo Digital de la UdeG, y anteriormente coordinó programas de licenciatura y maestría en esta disciplina. Ha sido profesora de licenciatura y maestría en programas de periodismo, relaciones públicas y mercadotecnia. Ejerció el periodismo en El Diario NTR Guadalajara y en El Informador. Ha hecho pasantías en The Wall Street Journal y la delegación mexicana en la Agencia Informativa EFE.

Carlos Efrén Rangel es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), y maestro en Educación Básica por la UPN. Editor del periódico El Puente desde noviembre del 2011. Durante 17 años fue reportero en periódicos y radiodifusoras en Autlán de la Grana, hasta 2015, cuando comenzó a trabajar como profesor de secundaria y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Es coordinador editorial de la revista Mediadores y autor de Cartas de lo anómalo (2020).

Julio Alejandro Ríos Gutiérrez es maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara (UdeG), y licenciado en Periodismo, así como profesor en la licenciatura y maestría en Periodismo Digital de la UdeG. Se ha desempeñado como Jurado del Premio Nacional de Periodismo 2020, conductor en Canal 44, analista en Imagen Radio, jefe de información en La Jornada Jalisco, corresponsal de Grupo Radio Centro y conductor del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, entre otros medios escritos y electrónicos. Es autor y coautor de libros y artículos académicos.

Eric Sandoval de la Torre es egresado de la licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Ha colaborado en medios como ZonaDocs, VAVEL México, Canal 10 QUIERO TV y 380GDL, en donde publicó trabajos sobre temas relacionados con el movimiento urbano, pandillas, medio ambiente, personas desaparecidas y tendencias. Fue Premio Jalisco de Periodismo 2019 en la categoría Estudiantes. Además, se ha desempeñado como productor de televisión y cine en distintos proyectos, donde ha destacado en organización de equipos, innovación de entregables y nuevos formatos.

Laura Castro Golarte

 

Don’t you tell me what you think that I could be
I’m the one at the sail, I’m the master of my sea […]
“Believer”, Imagine Dragons

 

Inasible, incorregible, irreverente, rebelde, brillante, genial, intuitivo, independiente, leal, generoso, contestatario, talentoso, versátil, auténtico, dueño de un humor negro ácido e incisivo como pocos, Jorge de la Cueva Vergara, mejor conocido como Zul (@zulanito), fue periodista, dramaturgo, productor, guionista y empresario con una carrera en el periodismo que se extendió, prácticamente de manera ininterrumpida, desde 1996 hasta 2022: 26 años. Nos conocimos en El Informador a principios de este siglo y a partir de ahí se inició una relación intermitente pero sólida y afectuosa.

En la redacción del periódico aceleraba todo, nos llevó a otro nivel de estrés y de diversión a veces disfrutable, a veces angustiante pero siempre intenso y enriquecedor. Cuando regresé de México, donde fui corresponsal, Zul ya estaba en el periódico y nos encontramos casi de inmediato. Le pidieron que me entrevistara y me sorprendió sobremanera, dada su juventud, el énfasis en todas las preguntas, el remarcado interés en las respuestas y la vista fija: no rompió el contacto visual salvo para una o dos anotaciones; años después, en otro ámbito, en un contexto distinto tuve noticias directas de que ese era su estilo para entrevistar. Peculiar.

Era capaz de crear un ambiente cómodo y relajado para hablar y podía lograr exactamente lo contrario, pero obtenía respuestas, la nota. Decenas y decenas de políticos entrevistados no me dejarán mentir. Las preguntas las planteaba de una manera que, aunque el funcionario o burócrata quisiera molestarse, por lo general no podía. A callar y a aguantarse ante la contundencia de la afirmación, de la opinión o de la pregunta de Zul de la Cueva. No había para dónde hacerse, no dejaba margen, cerraba cualquier rendija por donde el entrevistado se pudiera escabullir. Muchas veces les ganaba la risa aun cuando ponía, casi siempre, el dedo en la llaga y en aprietos a cualquiera.

Zul combinó su talento periodístico con sus dotes para el teatro, fue dramaturgo de varias obras en Nueva York y en algún momento de su vida, breve, fue funcionario público: coordinador de Análisis Estratégico y Comunicación en el Ayuntamiento de Zapopan en 2015. Antes de eso, entre 2012 y 2018 fue asesor de varios candidatos a puestos de elección popular municipales, estatales e incluso federales. Asesoró a ganadores de elecciones.

Aparte fue empresario. Conversé con su socio, el Bola, y supe del gusto de Zul por la cocina. Me enteré tarde de esa pasión que, ahora sé, compartíamos. Zul y el Bola abrieron cuatro bares y revolucionaron el mundo nocturno y de los antros en Guadalajara porque se atrevieron a programar música que capturó a por lo menos tres generaciones. Hijos, padres y abuelos acudían a tomar una copa y a bailar cumbia en El Sonidero, primero en el centro y luego en la zona de Chapultepec, o Chapultechef, La Chistera y El Valiente.

Voy por partes. En El Informador estuvo primero en la sección Cultural, donde escribía la columna “A rumbo nulo”, un espacio informativo con su marca. Disquisiciones profundas, unas más que otras, sobre diversos temas: la muerte, los tatuajes; los gorrones donde sea que hubiese vino o brindis “de honor”; reflexiones sobre si Amanda en Barcelona tenía razón y el microcosmos de la Calzada Independencia en Guadalajara, su ciudad natal; escribió sobre el Día de la Madre, impuestos contra el olvido y sobre la ley seca. Asuntos de la vida cotidiana con una visión única, poética, críptica y una clara y cada vez más sólida vena literaria (Zul, 2000: 2–G; 2001: 3–F, 10–D, 2–D).

En varias columnas alcanzó niveles de reflexión notables. La que se publicó justo un día después del 2 de noviembre de 2000 es un ejemplo, “Día tras día, imaginando muerte”:

Sí, La Muerte debe ser silencio, silencio de imágenes y formas, de sonidos, de tactos y de olores. Triste que esto impida la memoria, el recuerdo. Se irán, bajo la tierra, esas voces con tono aceitunado, esas risas de cascabel acróbata para no regresar. Sí, La Muerte es el velo que detiene la memoria.
¿Somos memoria?
¿Quién ha visto a La Muerte? Acaso llega, tira un golpe de dados, se pone un traje temible como Torquemada. Acaso es una vieja, cabello de marañas y ropa de pordiosera. La cara pintada en un rojo ridículo, o bien un par de huesos que tocan un violín, tan dulce que te mate. ¿Somos recuerdo? Supongo, quedamos metidos en
la memoria, pero dejamos de ejercerla. Es posible que la
muerte se perfume, que cargue con aromas de miel y de manzana; que sea como la madre, acariciando el pelo de sus hijos que, muy despacio, se van abandonando al sueño (De la Cueva, 2000).

Además de escribir esta columna, Zul fue editor del suplemento Diálogo universitario y, entre muchas otras publicaciones, redactó una crónica de concurso: “Tras la fuerte lluvia, se abrió el cielo para mirar a la Virgen”: “La Patrona contra rayos, tempestades y epidemias vela en Catedral cuando comienzan a caer unas cuantas gotas. Algunos mueven las piernas entre las camas que son de cartones. Mientras, la lluvia arrecia” (De la Cueva, 2002).

Como reportero de la sección Local cubrió una fuente que no existía: Medio ambiente. En 2003 dio cuenta de la reunión del Consejo de la Cuenca Lerma Chapala que tuvo lugar en Morelia, donde las organizaciones no gubernamentales enfocadas en la protección ambiental exigieron formar parte del consejo (De la Cueva, 2003a, 2003b). Unos meses antes, mi reportero cubrió un recorrido organizado por la Universidad de Guadalajara. Sus reportes fueron contundentes, tanto, que don Jaime García Elías le dedicó una de sus columnas “Entre bromas y veras” a manera de carta. Lo escribió entonces y lo repito hoy porque la situación no es muy distinta a pesar de que han pasado diez años. De la columna de Jaime:

Resultado de un recorrido desde Maltaraña, en la desembocadura del Lago, hasta la Presa de Solís, de donde proceden los caudales trasvasados, una crónica digna del Apocalipsis: referencias de poblaciones que —te cito textualmente— “tiran sin pudor sus descargas a cielo abierto”; testimonios de antiguos residentes que recuerdan cómo pescaban, en tiempos de sus abuelos, y cómo “el agua corría blanca, cristalina”; descripciones de “montes de basura, plásticos, papeles y desechos orgánicos, impunemente depositados a orillas del caudal”; la referencia a las más de tres mil 500 empresas “altamente contaminantes”, que en un país decente no podrían operar en esas condiciones, y que vierten al lago (vía el Lerma) “desde arsénico, mercurio y cobalto, hasta hidrocarburos cromáticos policíclicos totales —que quién sabe qué sea eso, pero ciertamente no se come—, plaguicidas y organoclorados” (García, 2003).

Tengo que contar que se publicaba un boletín interno en El Informador (La Gaceta) con los errores ortográficos, de dedo o de cultura general que cometíamos como escritores en las páginas del periódico y Zul, con su ingenio, su humor ácido y negro, empezó a publicar de manera casi clandestina “La (ca)Gaceta”. La esperábamos y la extrañábamos cuando por alguna razón no la hacía. Hoy lamento no haber conservado ni un ejemplar.

Un buen tiempo le perdí la pista cuando salió de El Informador, donde dio sus primeros pasos periodísticos; estuvo en varios medios y viajaba constantemente a Nueva York. En algún reencuentro nos pusimos más o menos al día.

Antes, por supuesto, hay que decir que Jorge Zul de la Cueva, como firmaba sus notas, crónicas y columnas (zul fue su primera palabra), egresó de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) como parte de la generación 1996–2000. Hablaba inglés a la perfección y así también (casi) italiano. Le gustaban los idiomas. En 2020 estudió chino mandarín.

El año de su graduación recibió la beca Scripps Howard Foundation Wire que se concedía anualmente a un pequeño grupo de periodistas globales por un periodo de cuatro meses en Washington, dc, donde se desempeñaban como becarios en el buró de noticias Scripps Howard, una iniciativa cuyo objetivo es contribuir a la formación de futuros periodistas y promover la lectura desde la infancia.

En 2004 ganó otra beca otorgada por Alasur Teatro/Kameron Steele. Se le concedió para adaptar la obra Hanjo de Yukío Mishima, en Nueva York; fue presentada por la compañía internacional de teatro El Ala Sur (Steele, 2003). Esta obra ganó menciones en The New York Times, Time Out New York y El Diario Latino. No fue su única relación con el teatro; de hecho, colaboró como dramaturgo en varias compañías neoyorquinas con representaciones en el teatro Cherry Lane, HERE Arts Center, The Public Theatre y St. Marks Church. Durante su estancia en Nueva York, además de dedicarse al teatro, trabajó en varios restaurantes como mesero y cocinero; a partir de esa experiencia fue que regresó con la idea de abrir un bar o un restaurante en Guadalajara.

Escribió también en el periódico Público, en Rocky Mountain News y en Art.es. En cine y televisión fue, primero, guionista y asistente del director de la serie “La Brújula” de la Dirección de Producción Audiovisual de la Universidad de Guadalajara y después, hasta el momento de su fallecimiento, fue una pieza fundamental en el Sistema de Radio y Televisión de la UdeG como guionista de “Tierra de magia”, durante varias temporadas, y de “La Lleva Latinoamérica”, un programa con contenido infantil y versiones también para México y el mundo. Por esta emisión recibió múltiples reconocimientos y premios como “Mejor programa infantil” en América Latina y en Japón.

Escribió el documental Hasta los huesos, sobre la historia del tequila en 12 capítulos; Red 15 sobre la red universitaria de Jalisco, que recibió mención honorífica de parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) “por su calidad como documental de difusión académica”, y la película documental El fogonero del delirio (2011), acreedora del premio al “Mejor documental” que le otorgó la Academia Jalisciense de Cinematografía. De 2012 a 2022 fue el guionista oficial de galas y eventos del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

No escapó al embrujo de la radio. En toda su carrera fue colaborador, guionista y “ancla” de programas como “Golpe al Ego” en Radio Universidad de Guadalajara y la versión vespertina del noticiero.

Jorge Zul de la Cueva fue asesor de varios políticos en sus campañas. De Enrique Alfaro para gobernador en 2012 como creativo y, ese mismo año, fue asesor estratégico y creativo de la campaña de Xiomara Castro de Zelaya, candidata a la presidencia de Honduras. Fue coordinador de la campaña de Gustavo Cárdenas para presidente municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en 2015; de Pablo Lemus, asesor de Comunicación y Estrategia en su campaña para la presidencia municipal de Zapopan en 2015 y, más tarde, director de esa área en el Ayuntamiento.

En 2018 fue estratega y creativo en la campaña de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República en Jalisco y, entre 2019 y 2020, asesor estratégico y creativo del actual presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.

En 2021 asesoró a varios candidatos de las elecciones locales de ese año, entre otros, a Dolores Pérez–Lazcarro, candidata de Futuro a la presidencia municipal de Guadalajara en materia de comunicación social; aquí volvimos a coincidir.

En materia de medios, ese año comenzó con el programa “Los sótanos del poder” (se mantiene en Facebook la página donde abordaba diversos temas y se puede constatar su estilo único: https://www.facebook.com/lossotanosdelpoder) y colaboraba en la revista semanal Conciencia Pública con la columna “Con todo respeto”. Poco tiempo antes de su fallecimiento, el 6 de febrero de 2022, Zul conducía un programa de radio en Grupo dk que, según su amiga Ana Carolina Delgadillo (Karova), fue premonitorio nada más con la definición del nombre: “Lo que duremos”. Era un programa de corte político con todo su estilo irreverente, incisivo, simpático e ingenioso.

Es posible entrar a su perfil en sus redes sociales, por lo pronto Facebook y Twitter, y hay varios videos en YouTube; encontré uno particularmente bueno —me gustó— que muestra a Zul como “el soltero del mes”: https://www.youtube.com/watch?v=JCWz1LnaFlo. Era un ser mediático.

Lo extrañamos, sus memes, las calaveras del Día de Muertos; el amor compartido por la cocina y el café; su claridad y originalidad para juzgar hechos y circunstancias, su generosidad, su activismo a favor de varias causas sociales, particularmente la lucha por encontrar a tantos desaparecidos y por una mejor ciudad; extraño su voz tan peculiar y sus carcajadas espontáneas casi siempre con sorna o jiribilla.

Cuando conocimos la noticia de su muerte hubo decenas de expresiones (Conciencia Pública, 2022) de dolor y condolencias por la sorpresiva partida en sus perfiles de redes sociales. No tuve palabras. En su muro transcribí un poema de Arantza Salaberria:

XXXIII

Ha sido hermoso
y queda la impronta
de lo que hemos vivido.
Ningún sol
puede quemar los vestigios.

Entre muchas otras cosas, me queda, para escuchar cada 23 de abril, la playlist colaborativa: “Mi cumple con coronavirus”. Descansa en paz, querido Zul.

 

Referencias

Conciencia Pública. (2022, 14 de febrero) La despedida a Zulanito en las redes: ¿qué vamos a hacer sin tu irreverencia? https://concienciapublica.com.mx/reportajes/la-despedida-a-zulanito-en-las-redes-que-vamos-a-hacer-sin-tu-irreverencia/

De la Cueva, J. (2000, 3 de noviembre). De una vez y para siempre. El Informador, 9.

De la Cueva, J. (2002, 13 de octubre). Tras la fuerte lluvia, se abrió el cielo para mirar a la Virgen. El Informador, 5.

De la Cueva, J. (2003a, noviembre 15). Garantiza CNA el ciclo de riego 2003–2004. El Informador, 5.

De la Cueva, J. (2003b, noviembre 15). Piden ONG’s voz y voto en el consejo. El Informador, 5.

De la Cueva, J. (2000, 18 de agosto). La gente bien también gorronea. El Informador, p. 2–G.

De la Cueva, J. (2000, 15 de septiembre). El Informador. p. 2–G.

De la Cueva, J. (2001, 7 de enero) Amanda tenía razón. El Informador, p. 3–F.

De la Cueva, J. (2001, 12 de agosto). La línea de la mano. El Informador, p. 10–D.

De la Cueva, J. (2001, 26 de agosto). 5 x 6 = 30. El Informador, p. 2–D.

García, J. (2003, 30 de junio). Entre bromas y veras. El Informador, p. 5.

Steele, K. (2003). Hanjo. Alasur Teatro. http://www.kameronsteele.com/#/hanjo/

Diana Alonso
Michelle Azpeitia

 

La estrategia contra el narcotráfico puesta en marcha por el gobierno de Felipe Calderón, que comenzó en 2006, fue un punto y aparte en las expresiones de violencia y la respuesta agresiva por parte del crimen organizado en los espacios de la vida pública (Reguillo, 2021). A pesar del paso del tiempo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no han existido cambios trascendentes en la confrontación militarista contra los grupos criminales, por lo que los índices de violencia y la exposición a escenas como masacres y enfrentamientos han sido parte de la vida cotidiana de los mexicanos.

Los periodistas han sido un grupo vulnerable en el país al ser amenazados y violentados por los diferentes cárteles que operan en México. Los comunicadores son quienes llegan a sufrir las consecuencias cuando se publica información respecto al tema o las personas involucradas con el narcotráfico, esto ha hecho que se llegue a recurrir a diferentes protocolos para salvaguardar la integridad de las personas. Actualmente, muchos periodistas han recurrido a la autocensura por miedo a las represalias, situación que afecta la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a conocer la situación actual del país. La violencia ejercida por el narcotráfico afecta de igual forma la vida, seguridad, la percepción, las oportunidades y los derechos de las sociedades. Sus acciones no afectan solamente a lo público, también a lo privado.

La seguridad de las calles y el bienestar de los ciudadanos es responsabilidad de las policías de los tres órdenes de gobierno. No obstante, también hace falta que las propias empresas mediáticas volteen a verse a sí mismas para evaluar si los mecanismos de protección que tienen hacia sus propios periodistas están en el camino correcto para prevenir o responder ante alguna agresión por parte de los grupos del narcotráfico (Ramírez, 2011). A partir de esta constante violencia hacia quienes trabajan en los medios, estos tuvieron que adaptarse para sobrevivir.

En este contexto, esta observación es un esfuerzo por comprender y analizar de qué forma se representa la violencia producida por el crimen organizado en cuatro medios de comunicación locales: las versiones digitales de El Informador y Diario NTR y los portales informativos Partidero y Guardia Nocturna. En la segunda mitad de 2022 el área metropolitana de Guadalajara presenció en sus calles momentos críticos de violencia. Por ello, seleccionamos para esta observación tres eventos relevantes por su gravedad, el alcance en el número de afectados y por alterar de forma significativa la movilidad en los espacios públicos. El primero fueron los bloqueos sobre Periférico Norte ocurridos el 9 de agosto; el segundo fue el enfrentamiento entre la Guardia Nacional y el Cártel Jalisco Nueva Generación que tuvo lugar el 2 de octubre en Plaza Andares, y el tercero fue el atentado contra un policía en Coyula, Tonalá, el 24 de octubre.

Comenzamos esta investigación con la hipótesis de que en la producción de notas sobre seguridad no se ofrece suficiente información a los lectores para poder entender qué significan estos hechos ni se ofrece un contexto que les permita ligar los acontecimientos actuales con hechos anteriores. Se prioriza la elección de titulares impactantes y se publican datos que pueden revictimizar a los afectados.

De acuerdo con un capítulo de ETIUS sobre la cobertura de los medios en temas de seguridad en Jalisco, la mayoría de la información que los medios jaliscienses ofrecen a los lectores se limita a dar cuenta de acontecimientos y describirlos (Vallejo, 2009). No se realizan análisis o se explica el porqué de los acontecimientos relacionados con la violencia. A su vez, el capítulo explica que varios periódicos han publicado intencionalmente notas sobre violencia con el objetivo de generar mayores ventas y tráfico en sus sitios de Internet.

La elección de estos cuatro medios busca ofrecer una perspectiva diversa que pudiera mostrar el tipo de cobertura de un medio tradicional como El Informador; un medio enfocado en el área de seguridad como Guardia Nocturna; la de Diario NTR, porque es uno de los medios con mayor producción noticiosa, y, por último, la de Partidero, portal que ha resaltado por tener en su agenda información política y que podría profundizar en el discurso de las autoridades.

 

Metodología

Este trabajo de observación utilizó la metodología de análisis de contenido (Krippendorff, 1990), la cual tiene un enfoque de investigación para poder analizar datos, información y personajes de forma cuantitativa, es una representación exacta y objetiva de los resultados de la investigación.

Para conocer de qué manera los cuatro medios digitales representaron la violencia en los tres atentados seleccionados recopilamos las notas informativas publicadas en cada medio del 9 al 15 de agosto, y del 2 al 8 y 24 al 30 de octubre; es decir, desde el día del evento y seis días posteriores para poder observar cómo evolucionó la cobertura periodística.

En cada nota registramos su titular, la sección en la que apareció (local o de seguridad), el nombre del autor o autora de la nota, el enfoque general de la nota (positivo, negativo o neutral) y las instituciones y actores que fueron mencionados.

Adicionalmente, nuestra observación intentó responder a las siguientes preguntas:

• ¿Los hechos violentos fueron mencionados en la nota dentro de un contexto más amplio, es decir, se les relacionó con otros eventos pasados o presentes?

• ¿La nota ofreció un análisis prospectivo sobre aquellas consecuencias que podrían desencadenarse tras el atentado?

• ¿Se mencionaron rutas o alternativas para resolver la crisis de inseguridad?

• ¿Qué fuentes fueron citadas en el cuerpo de la nota?

• ¿Existió diferencia en la manera de reportar hechos delictivos de diferentes zonas de la ciudad?

• ¿Existió una reproducción de los discursos de violencia dictados por el crimen organizado?

• ¿Los medios hicieron uso del “narcolenguaje” en las notas?

Por narcolenguaje comprendemos a ese conjunto de palabras que se originó y es común entre los grupos delictivos, cuyo uso se ha expandido en nuestra sociedad, por ejemplo: arremangado, encajuelado, encobijado, ensillado, levantado, narcofosa, pozolear, narcobloqueo, plaza, halcones, etc. Consideramos que el lenguaje es un elemento de estudio crucial, puesto que construye y refleja nuestra realidad, una realidad que en los últimos años ha adoptado estas expresiones (Velasco, 2017).

Con estos cuestionamientos buscamos tener pistas sobre cómo los medios del área metropolitana de Guadalajara exponen los acontecimientos respecto de la violencia relacionada con el crimen organizado en general, no solo estos hechos particulares. Asimismo, buscamos conocer cuáles son las instituciones o actores que se citan, o aquellos que se señalan como responsables en la redacción periodística. También nos interesó conocer las diferencias de la cobertura, dependiendo de la zona donde ocurrieron los hechos delictivos: en el oriente o el poniente de nuestra ciudad.

Al terminar la observación, optamos por entrevistar a tres periodistas que firmaron las notas de los periódicos Diario NTR y El Informador para poder tener mayor conocimiento sobre cómo se reportan y escriben las notas de violencia en la ciudad. Las entrevistas sucedieron entre el 17 y el 23 de noviembre del 2022. Por cuestión de respeto a los datos personales y que es un tema sensible en términos de seguridad, los nombres reales de los periodistas quedarán en anonimato.

 

Cobertura y titulares

La cobertura que dieron los periódicos a los bloqueos del 9 de agosto en Periférico Norte fue la mayor, comparada con la que obtuvieron los otros dos acontecimientos que se analizaron. Sobre esta serie de eventos se publicaron 58 notas en todos los periódicos, ya que se extendieron más de un día y afectaron a gran escala la movilidad de la ciudad. Las imágenes que se compartieron sobre los bloqueos tuvieron una viralización rápida, especialmente los videos en los que se observaba a una familia que era sacada de su vehículo antes de ser incendiado.

El enfrentamiento entre la Guardia Nacional y el Cártel Jalisco Nueva Generación tuvo seguimiento de la prensa en 39 notas. Por otro lado, el atentado a un policía en Coyula fue el que menos atención tuvo con solo ocho notas publicadas en los cuatro medios. Incluso Guardia Nocturna, medio especializado en temas de seguridad, careció de publicaciones que hicieran referencia a este hecho.

Tras analizar las palabras en los titulares de los periódicos se puede observar una coincidencia en el énfasis que hicieron los medios a cada evento: le dieron gran relevancia a los lugares donde ocurrieron los hechos. Por ejemplo, se destacaron las palabras “Puerta de Hierro”, donde ocurrió el enfrentamiento entre la Guardia Nacional y el Cártel Jalisco Nueva Generación. “Puerta de Hierro” es un sitio donde viven familias de clase alta. En contraste, los titulares sobre el ataque en Coyula hicieron énfasis en “Tonalá”, que es el municipio donde ocurrió el hecho, mas no una colonia específica como fue el caso de “Puerta de Hierro”. Aquí es notorio que, en el primer caso, el valor noticioso fue el lugar donde ocurrió, pues es una zona pudiente muy específica. Por el contrario, Coyula, que es un barrio pobre, fue referido a través del nombre del municipio al que pertenece. Además, en este último caso, los titulares no se enfocaron en detalles relevantes de lo ocurrido, por ejemplo, que se trató de un ataque directo a un policía.

Otra hipótesis por la cual creemos que hubo coberturas diferentes en los tres casos es por el momento en que se realizaron los acontecimientos. Tanto el tiroteo en Puerta de Hierro como los bloqueos en Periférico Norte ocurrieron a plena luz del día y varios civiles fueron testigos de los hechos, mientras que el ataque a un policía en Coyula ocurrió de noche, sin público presente.

 

Mención a instituciones

La institución con más menciones, tanto en el caso de los bloqueos en carretera a Saltillo como en la balacera en Plaza Andares, fue la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con 31 menciones por parte de todos los medios, junto con el Ejército Mexicano (25) y la Guardia Nacional (17). Aunque las últimas dos entidades son pertenecientes a la Sedena, se presentaron con diferentes encuadres en los medios. La Sedena recibió un encuadre positivo en 8 de las notas en las que fue mencionada, 20 neutrales y 3 negativas, mientras que la Guardia Nacional no recibió ninguna positiva y tuvo 11 menciones neutrales y 6 negativas (véase la figura 9.1).

Tanto los bloqueos en la carretera a Saltillo como el atentado en Plaza Andares ocurrieron cuando el presidente, Andrés Manuel López Obrador, promulgó la reforma a la Ley de la Guardia Nacional y Seguridad Pública que le otorgó a la Sedena el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, por lo que esto pudo influir en el encuadre que esta tuvo en los periódicos observados. La cobertura positiva de la Sedena en ocho notas se debió a que se le señaló como la autoridad que ayudó a prevenir más daños y pudo hacer frente al crimen organizado, mientras que a la Guardia Nacional se le reprochó no estar lo suficientemente preparada o no actuar con rapidez.

Diario NTR fue el único periódico que criticó a la Sedena y al Ejército Mexicano por no proponer un protocolo para la seguridad y protección a civiles en este tipo de hechos violentos. Al Ejército Mexicano se le mencionó solo como autoridad presente en ambos acontecimientos, principalmente de forma neutral en 99% de las notas. Solo se mencionó una vez con encuadre positivo debido a una cita del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien reconoció la rapidez con la que actuó ante el tiroteo en Plaza Andares.

Debido a que el ataque en Coyula no tuvo una gran cobertura, decidimos analizar por separado este hecho. En este caso solo se mencionaron cinco instituciones. La más destacada fue la Policía Metropolitana de Guadalajara, a la que se mencionó cinco veces, seguida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que se citó en dos ocasiones como referencia a la violencia que se está viviendo en el estado.

A pesar de que el Cártel Jalisco Nueva Generación no es una institución formal y no buscamos hacer una apología de la violencia legitimándolo como tal, lo tomamos en cuenta dentro de nuestro análisis ya que, al ser un grupo de varios individuos organizados y debido a su relación directa con los hechos, era necesario identificar y contrastar la forma en la que fue mencionado por los medios de comunicación. De las 105 notas que dieron seguimiento a los hechos encontramos que este grupo fue mencionado tan solo cuatro veces y señalado como responsable por los hechos ocurridos tanto en la balacera en Plaza Andares como en los bloqueos en carretera a Saltillo.

El periodista que entrevistamos de El Informador explicó que desde hace diez años los medios han incorporado prácticas y protocolos en la redacción noticiosa como evitar mencionar a los posibles victimarios o escribir completo el nombre del cártel (utilizando alternativas como “el cártel de las cuatro siglas”, o solo “CJNG”) para evitar llamar al grupo criminal por el estado de donde procede.

Mención a actores

Enrique Alfaro Ramírez, al ser el gobernador de Jalisco, la máxima autoridad del estado, fue el actor más mencionado en la cobertura que dieron los cuatro medios a los tres hechos delictivos. De las 30 notas en las que aparece observamos que recibió un encuadre negativo en 13 notas que lo llegaron a culpabilizar de la violencia ocurrida en Jalisco o exigieron medidas de protección para los civiles (véase la figura 9.2).

Solo en El Informador Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, recibió más menciones que el gobernador, sin embargo, se coloca en segundo lugar en el número total de menciones, con 19 apariciones. En tres de ellas se le califica en un encuadre negativo, aunque en el resto como neutral. Aquellas notas en las que apareció aludieron a su participación en la mañanera, donde dio su análisis y opinión respecto a cómo las autoridades correspondientes manejaron los casos. El presidente incluso utilizó el tema para abrir conversación respecto a la militarización en el país.

El tercer actor en relevancia, pero muy por debajo de los dos anteriores, fue Ricardo Sánchez Beruben, titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad en Jalisco, quien fue la fuente y autoridad más citada por los periodistas en la cobertura a los tres acontecimientos: los medios replicaron textualmente sus palabras en ocho de las diez notas en las que fue mencionado.

De acuerdo con un periodista del Diario NTR, la mayoría de los reporteros realizan sus notas a partir de la información obtenida en las declaraciones que realizan las autoridades competentes o quienes se encuentran en la escena, como paramédicos y bomberos. Muchas veces esto se hace por seguridad de los periodistas, ya que no pueden acercarse al área mientras se investigan los acontecimientos.

Aunque las notas que dieron cobertura a estos hechos mencionaron a Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, y a Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, observamos que únicamente aparecieron en 4% de las notas con cuatro menciones cada uno, una de ellas con un encuadre negativo y tres neutrales. No contaron con una participación activa en los hechos e incluso fueron mencionados por los medios por la ausencia de las autoridades en los municipios correspondientes.

Resultó interesante que, además de las autoridades públicas, también fueron protagonistas los presuntos culpables que provocaron los bloqueos en Periférico Norte y el tiroteo en Plaza Andares. De acuerdo con lo reportado en los medios, se trata de cinco miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación: Ricardo Ruiz Velazco “Doble R”, Luis Raúl “V”, Jonathan Everardo “T”, Nemesio Oseguera Cervantes “el Mencho” y Gerardo González Ramírez “el Apá”. Los tres primeros fueron mencionados en siete notas, con lo que superaron la presencia en prensa de los alcaldes metropolitanos.

La mención de estos personajes nos sorprendió porque teníamos la hipótesis de que los periódicos no hacen alusión a integrantes del crimen organizado o del narcotráfico por seguridad. La periodista de El Informador compartió en entrevista que en su medio sí existe protocolo de seguridad, y para evitar hacer apología del delito, la indicación de no mencionar al Cártel Jalisco Nueva Generación o el nombre de narcotraficantes, salvo en sucesos donde intervengan autoridades como la Sedena o cuando la Fiscalía del Estado directamente los señale, como fue el caso. La reportera explicó que, desde el punto de vista de las y los periodistas: “No es nuestro trabajo hacerle el trabajo a la Fiscalía. Nuestro cometido es decir que pasó algo para que no se invisibilice, y la investigación le toca a la Fiscalía”.

Contexto político y social en las notas

Como parte de los objetivos de esta investigación se observó si las notas ofrecieron contexto de los hechos mencionados, si los relacionaron con otros, si profundizaron en su análisis o si mencionaron alternativas de solución a la crisis de inseguridad.

Se encontró que de las 105 notas codificadas (en las que 33 son Diario NTR, 12 de Partidero, 46 de El Informador y 14 de Guardia Nocturna), solo 35 conectaron los hechos actuales con otros sucesos violentos que ocurrieron durante 2022. Sin embargo, no hicieron referencia a acontecimientos ocurridos en años anteriores. Diez notas en Diario NTR, El Informador y Partidero sí ofrecieron un análisis prospectivo. Catorce notas mencionaron alternativas a la situación de violencia que se vive en Jalisco. De la cobertura a los tres hechos solo se tuvo registro de la mención explícita a cinco culpables integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación.

 

Reproducción de discursos de violencia y uso de narcolenguaje

Ninguno de los medios reprodujo en el cuerpo de las notas discursos de violencia, aunqe sí observamos dentro de diez titulares el uso del narcolenguaje.

En Partidero se publicaron ocho notas con respecto al tema de los bloqueos a la carretera Saltillo y en todos sus titulares hicieron uso de la palabra “narcobloqueos”, como los siguientes: “Narcobloqueos en carretera a Saltillo y Bosques de San Isidro en Zapopan”, “ESPECIAL: Videos; Narcobloqueos golpean a Jalisco y Guanajuato”, “Confirman dos civiles muertos en Jalisco por narcobloqueos del martes”, entre otros. Diario NTR hizo también uso de este lenguaje en dos titulares, mencionando en las palabras “narcobloqueos” y “narcoterrorismo”.

Una nota de El Informador y otra de Guardia Nocturna mencionaron el concepto “Camión monstruo”, vehículos con blindaje artesanal empleados comúnmente por el crimen organizado.

De acuerdo con el periodista de Diario NTR, los reporteros o medios pueden llegar a replicar este lenguaje porque son palabras que ya utilizan policías, testigos o instituciones que entrevistan y que son las principales fuentes a la hora de redactar las notas.

 

Protocolos para la cobertura sobre violencia y seguridad

México vive una situación de violencia fuerte contra las y los periodistas. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), en agosto ya se consideraba 2022 como el año más violento para los comunicadores, ya que se contabilizaban 14 muertes de periodistas en los primeros ocho meses del año. RSF ha registrado, desde el inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, 36 asesinatos de periodistas y dos desapariciones. La mayoría de estos asesinatos se concentran en los estados con mayor presencia del crimen organizado y la corrupción: Michoacán, Sonora y Veracruz, con cinco casos cada uno. En la mayoría de ellos la impunidad es casi total (Reporteros sin Fronteras, 2022).

Como resultado de esta situación, los medios han creado protocolos para proteger a sus periodistas; uno de ellos, el de no firmar las notas de seguridad que redactan, a menos que los periodistas decidan lo contrario. El periodista de El Informador que entrevistamos afirma que él decide cuándo firmar sus notas y, en casos donde siente comprometida su seguridad, prefiere que solamente se publique el nombre del medio.

Un periodista del Diario NTR explicó que las notas que su medio publica en la sección de seguridad no llevan firma, aunque, cuando se publican en la sección local, sí salen con el nombre de quien las redactó, incluso cuando su contenido refiere a eventos relacionados con el crimen organizado. Sobre lo anterior compartió lo siguiente: “Yo mandaba mi nota y ya en automático no me la firmaban porque yo estaba en seguridad. Luego me pasé a la sección local. Hay una balacera, te toca ir a cubrir porque estás en la local. O sea, ahí hay una falta de criterio de en cuáles sí y en cuáles no es conveniente firmar”.

El periodista de El Informador comentó que prefiere firmar sus notas en temas de seguridad porque le gusta generar confianza con sus lectores: “Después de todo este tiempo trabajando, sé que la gente cree en lo que hago y tengo la responsabilidad de solamente llevarle cosas veraces o reales que a mí me constan, porque sé que están confiando en mi nombre y en el trabajo que yo hago”.

Ciertamente, cuando se trata de la cobertura a hechos ocurridos en la vía pública, como los tres casos analizados en este trabajo, el riesgo de represalias es menor que cuando se investigan a fondo otros temas policiacos.

De las 105 notas observadas, 44 no fueron firmadas. En Guardia Nocturna no se publicó el nombre de los periodistas que redactaron las notas, sino solo sus iniciales. Como lo explicaron los reporteros entrevistados, en este oficio a veces se prefiere quedar en el anonimato que correr riesgos por la información expuesta.

Otro protocolo que se utiliza para reportar los acontecimientos policiacos y de seguridad pública, confirmado por los tres periodistas entrevistados, es compartir información en grupos de WhatsApp. Existen algunos grupos con personas involucradas en labores de seguridad, como paramédicos, bomberos o personal de protección civil, en los que se reporta a los periodistas cuando sucede un hecho para que puedan ir con las fuentes y entrevistarlas.

Hay otros grupos de WhatsApp que funcionan a partir de las redes de apoyo entre todos los periodistas de Guadalajara para coordinarse cuando ocurren este tipo de eventos y puedan movilizarse para cubrirlos entre todos.

Por último, también hay grupos de WhatsApp creados por las mismas instituciones de seguridad pública para medios de comunicación. Ahí los periodistas pueden preguntar la información que quieran conocer o se les dirige con las personas autorizadas para dar declaraciones. Por ejemplo, en el caso de la policía municipal, solo los comisarios pueden dar entrevistas; cualquier comunicación con un policía tiene que ser extraoficial. Cuando se trata de un hecho importante, como el tiroteo en Plaza Andares o los bloqueos en la carretera a Saltillo, los periodistas van directo a donde sucedieron los hechos y entrevistan a los testigos, siempre dejando en el anonimato a sus fuentes.

En las entrevistas que realizamos se comentó que los protocolos para cubrir notas de seguridad comenzaron a llevarse a cabo y a reforzarse desde 2013, cuando el 17 de abril de ese año dos sujetos armados lanzaron dos granadas a la entrada de las instalaciones del periódico Mural (Larrosa–Fuentes, 2013). A pesar de que en el atentado no hubo lesionados, este evento provocó que las redacciones comenzaran a preguntarse cuál era la forma menos riesgosa de cubrir temas de seguridad, ya que el ataque se dio en medio de un contexto de violencia en el que varias instalaciones del Grupo Reforma a lo largo del país ya habían sido amenazadas o violentadas.

 

Conclusiones

La observación a El Informador, Diario NTR, Partidero y Guardia Nocturna nos enseña cómo se hace la cobertura de noticias en relación con los temas de seguridad y crimen organizado en Jalisco. Se tenía pensado que los periódicos podrían hacer una reproducción del narcolenguaje o replicar discursos de violencia o, por el contrario, que se había omitido mencionar al crimen organizado. Sin embargo, al leer las notas y en las entrevistas con los periodistas de seguridad, comprendimos cómo es el proceso para escribirlas y su resultado.

El planteamiento de las notas sobre seguridad implica cuidado, puesto que, al referirse a un crimen, naturalmente se habla de un perpetrador, lo cual puede exponer la seguridad de los periodistas, por lo que es diferente cómo se obtiene la información para hacer este tipo de cobertura.

También es peligroso acercarse a la zona de conflicto. El protocolo establece ir directamente con las fuentes oficiales o personas que trabajan en protección civil, bomberos y policías municipales. Las primeras notas explican lo que las fuentes describen, porque en ellas es importante la rapidez con la que se publican. Después, los periodistas suelen dirigirse a testigos civiles y a las autoridades correspondientes para conocer los hechos.

La cantidad de entrevistas realizadas a representantes del gobierno federal o estatal, entre ellos a la Fiscalía del Estado, produce que algunas notas repliquen el discurso oficialista. En las notas observadas se puede identificar que la voz que más se repite es de las distintas autoridades, ya que dependen de ellas para la redacción de las notas. En esta práctica también se puede llegar a replicar el lenguaje con el que se expresan las distintas fuentes, incluyendo palabras del narcolenguaje, como fue el caso de Partidero, Diario NTR y Guardia Nocturna, que utilizaron la palabra “narcobloqueos” en sus notas y titulares. Una alternativa para presentar la problemática desde diferentes perspectivas y facilitar su comprensión sería la de considerar a los testigos y a las víctimas de violencia como fuentes decisivas en este tipo de cobertura.

Solo 4% de las notas observadas hicieron mención del Cartel Jalisco Nueva Generación. Su escasa aparición, siendo el único grupo delictivo al que se le relacionó con los hechos, comprueba que se ponen en práctica las normas editoriales recomendadas para este tipo de coberturas, según la información ofrecida por un periodista: evitar escribir el nombre completo de los cárteles y, en ocasiones, evitar mencionarlos por completo.

Encontramos que medios como Guardia Nocturna y Partidero, después de publicar las notas iniciales, no dieron seguimiento al tema, lo que impidió que profundizaran en el análisis u ofrecieran un contexto de la situación. El Informador y Diario NTR sí aportaron contexto sobre situaciones similares en las publicaciones posteriores; sin embargo, en nuestra observación no identificamos que ningún medio haya elaborado un análisis profundo para ayudar a entender cuáles implicaciones tienen este tipo de actos en Jalisco. Consideramos que las diferencias encontradas se deben al enfoque o estilos de los medios; mientras los dos primeros suelen dedicarse a la cobertura de hechos delictivos o accidentes, El Informador y Diario NTR suelen tener un seguimiento más amplio.

De acuerdo con la observación, la cobertura que realizan los medios de las notas de seguridad del oriente y el poniente de la ciudad son distintas. El hecho delictivo en Plaza Andares fue el que tuvo mayor seguimiento por parte de los tres medios analizados, probablemente debido a que la zona tiene más plusvalía que aquellas donde ocurrieron los otros dos actos. Los bloqueos en la carretera a Saltillo tuvieron gran importancia a escala nacional porque junto con Jalisco, el estado de Guanajuato también fue afectado. Aun así, la balacera en la plaza comercial tuvo mayor cobertura en los periódicos, por lo que pensamos que el lugar donde ocurre es lo que le da la importancia al hecho. Es decir, el lugar es un valor noticioso que estructura la producción de este tipo de coberturas.

La situación de los periodistas en México es difícil por la violencia que hay en torno a la profesión. Muchos han sido amenazados, han sufrido represalias e incluso han perdido la vida por informar a la sociedad respecto al crimen organizado, por lo que existen algunos protocolos para reportar los hechos de inseguridad y violencia: hablar primero con fuentes oficiales para conocer la situación, apoyarse entre todos los periodistas para obtener información o no mencionar responsables o culpables hasta que se obtenga confirmación por parte de la Fiscalía, entre otros. Consideramos que aún se tiene que hacer un mayor esfuerzo para garantizar la seguridad de los periodistas que publican nota roja, para que puedan realizar su trabajo de manera libre y otorgar a los ciudadanos información y análisis completos alrededor de este tipo de temas.

 

Referencias

Krippendorff, K. (1990). Metodología de análisis de contenido: Teoría y práctica. Grupo Planeta (GBS).

Larrosa–Fuentes, J. S. (2013, 22 de abril). Los ataques a Mural y a la libertad de expresión. Sistema Autorreferencial. http://autorreferencial.wordpress.com/2013/04/22/los-ataques-a-mural-y-a-la-libertad-de-expresion/

Ramírez, F. (2011). La cobertura de la (in)seguridad pública en la prensa local. En J. S. Larrosa–Fuentes (Coord.), Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2010 (pp. 85–100). ITESO.

Reguillo, R. (2021). Necromáquina: Cuando morir no es suficiente. ned Ediciones.

Reporteros Sin Fronteras. (2022). Balance anual 2022 de periodistas encarcelados, asesinados, secuestrados y desaparecidos. Reporteros Sin Fronteras. https://rsf.org/es/noticias/el-numero-de-periodistas-encarcelados-arbitrariamente-crece-un-20-en-2021-488-estan-hoy-0

Vallejo, M. (2009). Periodismo en tiempos de guerra… contra el narcotráfico. En J. S. Larrosa–Fuentes (Coord.), Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2009 (pp. 73–81). ITESO.

Velasco, O. (2017, 23 de noviembre). “Narcolenguaje”, así irrumpió la violencia en el léxico de los mexicanos. Vice. https://www.vice.com/es/article/bj7qj4/vice-news-narcolenguaje-asi-irrumpio-la-violencia-en-el-lexico-de-los-mexicanos

Gilberto Magaña Hernández
Brenda Guadalupe Ramos Villaseñor
Julio Alejandro Ríos Gutiérrez

 

En el presente capítulo actualizamos y abordamos algunas formas de violencia que afectan a periodistas, recogemos el diálogo entablado entre académicos, periodistas y el equipo de la diputada del partido Futuro, Susana de la Rosa, y mostramos el principal contenido de la iniciativa de reforma de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, presentada en el Congreso local durante 2022. Sostenemos que ampliar la discusión, una nueva estructura y recursos públicos permitirían conferir mayor seguridad al oficio periodístico y a las personas defensoras en Jalisco.

Dividimos nuestra exposición en tres partes: en la primera abordamos el contexto en el cual las agresiones a periodistas en el estado han conformado un clima adverso a la comunicación, incluso con una legislación vigente que debería facilitar la protección de quienes ejercen el periodismo. En la segunda, describimos la trayectoria que la propuesta de reforma legal ha llevado, abarcando el marco nacional inclusive. Mientras que, en la tercera, proponemos un abordaje a los puntos clave de la iniciativa de Futuro y señalamos el reto que supone, para concluir exhortando al trabajo de legislación, en el entendido de que es urgente salir de una parálisis operativa frente a tensiones como las actuales.

 

Contexto de las agresiones a periodistas en Jalisco

De acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas, México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión. En 2022 se ubicó en segundo lugar después de Ucrania, país que se encuentra en un conflicto bélico contra Rusia. Artículo 19 documentó 157 asesinatos de periodistas, del año 2000 a 2022, de los cuales 145 son hombres y 12 son mujeres (Artículo 19, 2022a).

En el “Informe Especial 2022 sobre la situación de violencia contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos de Jalisco”, elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), se contabilizan 168 casos con características de agresión contra medios de comunicación y periodistas, de 2000 a 2022 (CEDHJ, 2022).

Entre los hechos más graves están el ataque a las antenas de comunicación de Canal 44 —que costó la vida de un guardia de seguridad— en diciembre de 2021 (Canal 44, 2021), y la agresión contra la directora de Radio Universidad en Puerto Vallarta, Susana Mendoza Carreño (Huerta, 2022).

El 1 de julio de 2022 Susana fue herida por un sujeto que la atacó con arma blanca. Luego de varios días en terapia intensiva la periodista sobrevivió. Ella ha participado frecuentemente en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde suele denunciar la depredación de recursos ambientales por parte de los desarrolladores inmobiliarios en Puerto Vallarta.

 

Muertes violentas de periodistas en Jalisco

De acuerdo con una revisión hemerográfica, en Jalisco han asesinado a tres periodistas, cuyos casos exponemos a continuación:

• 14 de septiembre de 2005. El cadáver del periodista José Reyes Brambila fue hallado en la cajuela de un vehículo Ford Fiesta abandonado en la colonia Niños Héroes, de Guadalajara. Estaba envuelto en una cobija, con tres puñaladas en el cuello, una en el tórax y tres golpes en la cabeza, las manos atadas y los ojos vendados. Reyes Brambila se desempeñaba como editor del suplemento de sociales “pv Gente” del periódico Milenio (Rodríguez, 2012).

• 11 de noviembre de 2009. El periodista José Emilio Galindo Robles fue encontrado muerto en su casa, con las manos atadas, envuelto en una cobija y con golpes en la cabeza. “Pepe” Galindo, como era mejor conocido, residía en Ciudad Guzmán donde encabezaba la estación de Radio Universidad de Guadalajara. Según se relata en un capítulo publicado en el Informe de Medios del entonces Observatorio Quid del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores y de Occidente (ITESO), “las investigaciones de las corporaciones policiacas señalaron que se trató de un asesinato de odio y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) solicitó esclarecer su homicidio” (Ramírez, 2010, p. 32).

• 15 de mayo de 2017. El periodista de nota roja en El Costeño, Jonathan Rodríguez, fue asesinado a tiros en las calles del municipio de Autlán, Jalisco. Cuando circulaba en su vehículo una camioneta se le cerró y cinco sujetos le dispararon. Además de la muerte del reportero, su madre Sonia Córdova fue lesionada. Héctor Rodríguez, padre de la víctima y director del semanario, confirmó que días antes habían recibido amenazas en las oficinas de la redacción. Por su parte, Roberto García Orozco (2019, p. 316) escribió que “Jonathan hubiera celebrado su cumpleaños número 26 el 9 de octubre de 2017”.

 

Agresiones desde el poder

El gobernador actual del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se ha caracterizado por su escasa tolerancia a la crítica de parte de los medios de comunicación y en foros públicos ha usado frases como “periódicos basura” o “mentirosos” para descalificar a sus críticos, tal y como lo relata Jorge Enrique Rocha Quintero en Medios de Comunicación y Derecho a la Información en Jalisco, 2017, publicado por el ITESO.

En 2019 la organización internacional Artículo 19 y el Capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) emitieron pronunciamientos en los que solicitaban a Enrique Alfaro tolerar el escrutinio público, cesar “la crispación irreflexiva”, conducirse con respeto a la libertad de expresión y favorecer el derecho a la información de la sociedad.

El gobernador ignoró las recomendaciones y el 1 de noviembre de 2022, en su informe en materia de seguridad, acusó a los medios de intentar “desestabilizar a su gobierno”, y a Carlos Álvarez del Castillo (dueño de El Informador) y Alejandro Díaz (propietario de Radio Metrópoli y Notisistema) de “chantajear al gobierno” y “dañar al estado”. El gobernador arguyó que la molestia de estos propietarios de medios se debe a que “no reciben dinero público en publicidad del gobierno”.

De acuerdo con una bitácora elaborada por el periodista Jonathan Ávila, publicada en su cuenta de Twitter (Ávila, 2020), desde 2009 a 2021 se registran al menos 31 agresiones verbales de Enrique Alfaro contra periodistas o medios de comunicación. Entre las empresas periodísticas agraviadas están NTR, Notisistema, Aristegui Noticias, Mural, El Informador, Milenio y la extinta La Jornada Jalisco.

Nueve agresiones fueron contra mujeres periodistas, seis contra hombres y el resto contra medios de comunicación. Entre las personas agredidas están Anabel Hernández, Elsa Martha Gutiérrez, Gloria Reza Muñoz, Claudia Manuela Pérez, Martha Hernández Fuentes, Rocío López Fonseca, José Luis Escamilla, Rubén Martín, Lauro Rodríguez, Jorge Octavio Navarro “Jonás” y Mario Muñoz de Loza.

El 23 de noviembre de 2021, en un comunicado público, la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó al gobernador Enrique Alfaro, junto con sus homólogos de Puebla y Guerrero, a respetar “la actividad periodística y a que se asegure el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información” (CNDH, 2022, parr. 11).

 

Despidos múltiples, otra modalidad de agresión

El salario promedio de un periodista en México es de 5,499 pesos mensuales, “muy por debajo del mínimo profesional de 8,277 pesos que ordena la Ley Federal de Trabajo” (Hernández, 2020). De acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, citado por Rodelo (2022), de 30,491 personas que desempeñan labores periodísticas, alrededor de 22 mil no cuentan con seguridad social, trabajan en promedio 13 horas al día, sin pago de horas extras ni apoyo de transporte.

En Jalisco la situación es similar. A esta precarización se suma la inestabilidad laboral, pues es común que en las empresas periodísticas los colaboradores sean llamados a las oficinas de recursos humanos para anunciarles su despido abrupto. En varias ocasiones, estas salidas se convierten en desbandadas.

En Jalisco los eventos de despidos múltiples registrados han sido de hasta 44 trabajadores, como sucedió en Televisión Azteca Jalisco en enero de 2020. Otros despidos considerables han sido los de El Diario NTR Guadalajara y Mural, con más de 30 trabajadores despedidos en cada una de estas organizaciones (Rodelo, 2022).

Varias organizaciones tuvieron dos o hasta tres despidos múltiples en un periodo de cinco años. En Medios de Comunicación y Derecho a la Información en Jalisco 2021, la investigadora Frida Rodelo documentó 15 despidos múltiples en medios de comunicación de 2015 a junio de 2021 (Rodelo, 2022, p. 141).

Un secreto a voces que ronda en los corrillos profesionales es la injerencia y la intromisión que tienen los gobiernos en las empresas periodísticas, que ante la dependencia cada vez más alta de las pautas de publicidad oficial, obedecen exigencias de los directores de comunicación social, quienes se han convertido en una especie de “jefes de información” de facto. Este fenómeno no es nuevo y data de los gobiernos panistas y priistas, según documentan autores como Hernández Ramírez (2016) y Gómez Méndez (2015).

Uno de los casos más recientes es el de los periodistas Víctor Magaña, Adrián Montiel, Fátima Aguilar y Érika Arriaga, quienes integraban el equipo informativo de MVS Noticias Jalisco. De acuerdo con la organización Artículo 19, fueron despedidos el 5 de febrero de 2021 sin explicaciones y sin liquidación por presión del Gobierno del Estado de Jalisco (Artículo 19, 2022a).

 

Otras agresiones graves a periodistas y medios de comunicación

A continuación presentamos una relación de las más graves agresiones según el reporte de la CEDHJ, el cual contempla un periodo de 2010 a 2022.

• 24 de octubre de 2010. Periodistas que cubrían un conflicto en la playa de Tenacatita, en el municipio de la Huerta, fueron rociados por gas pimienta y golpeados por la Policía Auxiliar de Jalisco (Martínez, 2016).

• 17 de abril de 2013. A las 3:24 de la mañana desconocidos lanzaron una granada de fragmentación a las instalaciones del diario Mural, la cual explotó sin dejar daños. Casi dos minutos después, otro artefacto explotó en la puerta principal.

• 23 de septiembre de 2016. Ocho periodistas fueron secuestrados cuando realizaban una cobertura en el poblado de San Sebastián Teponahuaxtlán. Un grupo de ganaderos de Nayarit que disputaban tierras con los habitantes wixárikas los retuvieron durante diez horas y fueron liberados una vez que los captores negociaron con las autoridades el compromiso de realizar mesas de diálogo para terminar con el conflicto territorial.

• 29 de diciembre de 2021. Individuos armados intentaron ingresar a las instalaciones de la estación de transmisión del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, ubicadas en el Cerro del Cuatro, en Tlaquepaque. Los guardias de seguridad lo impidieron y los agresores les dispararon, provocando la muerte de dos de ellos.

 

Las clases de agresiones y los municipios de Jalisco, según la CEDHJ

En cuanto a las modalidades de agresión, el ya citado informe de la CEDHJ realiza una clasificación y contabiliza su porcentaje de la siguiente manera:

Los cinco municipios que encabezan la lista de agresiones son: Ocotlán (13.3%), Lagos de Moreno (12%), Zapotlán El Grande (9.3%), Autlán de Navarro (8%), La Huerta (8%) y Puerto Vallarta (6.7%) (CEDHJ, 2022, p. 46). Aunque Guadalajara sí está en la lista, son estos municipios los que concentraron en las últimas dos décadas las agresiones. El informe subraya que se trata de “ciudades medias, situadas en zonas fronterizas y/o estratégicas, con desplazamientos constantes” (CEDHJ, 2022).

En camino hacia una propuesta de reforma legal

El 25 de enero de 2022 la diputada de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, Susana de la Rosa, del partido Futuro Jalisco, lanzó un planteamiento por medio de su cuenta de Twitter en el que invitaba a los periodistas de la entidad a hacer una revisión del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco,

[…] a fin de mejorar su legislación y garantizar que cuente con presupuesto y facultades para brindar: a) acceso inmediato a medidas de protección sin depender de la voluntad de gobernantes en turno; b) cubrir reubicaciones temporales, transporte, salud mental y acompañamiento para acceso a justicia a periodistas amenazadas, c) seguimiento diario a cada caso (De la Rosa, 2022).

La propuesta surgió luego de los homicidios del fotoperiodista Margarito Martínez y la reportera Lourdes Maldonado, ambos en Tijuana, Baja California, y de José Luis Gamboa Arenas, en Veracruz, a principios de 2022 (Ojendi, 2022), los cuales detonaron una serie de protestas encabezadas por miembros del gremio en diversas ciudades del país. Apenas en agosto de 2022 la Organización Reporteros Sin Fronteras informó que fue la anualidad con más periodistas asesinados en la historia de México (Reporteros Sin Fronteras, 2022).

El llamado de Susana de la Rosa fue retomado por el investigador Gilberto Magaña, quien congregó a un grupo de académicos y periodistas que sostuvieron tres encuentros con la diputada y su equipo de trabajo para dialogar sobre la configuración de una propuesta de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco.

Entre estos académicos participaron los profesores del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Brenda Guadalupe Ramos Villaseñor, Julio Alejandro Ríos Gutiérrez y Mayra Torres de la O. También estuvieron involucrados otros académicos de la UdeG como Rocío Morgan Franco y Frida Viridiana Rodelo Amezcua; así como Bernardo Masini, del ITESO, y periodistas locales como Elizabeth Rivera y Mayeli Mariscal. Además de la diputada, estuvieron presentes los miembros de su equipo Érick Ochoa y Francisco Campos.

En total se realizaron tres reuniones y también hubo trabajo asincrónico. La primera fue el 16 de febrero de 2022 para encuadrar el alcance de la colaboración. La segunda el 6 de mayo para aterrizar los aspectos específicos susceptibles de reformulación en la propuesta de reforma. La tercera y última cita se llevó a cabo el 22 de junio de ese año, en la que el equipo de la diputada presentó una propuesta para recibir retroalimentación.

Durante la segunda reunión se estableció que una justificación para la reforma es que, en el Consejo Consultivo actual del mecanismo estatal, el gremio no tiene representación y existe una ruptura entre los gobiernos locales y los periodistas, lo que dificulta la operación del mecanismo.

Los principales cambios giraron en torno a la constitución y operación del Consejo, con el objetivo de que pasase de ser un ente que solo emite opiniones cuando se le piden, a uno con capacidad de agencia para tomar decisiones de manera autónoma, ponerlas en operación y vigilar su cumplimiento. El argumento del equipo de la diputada Susana de la Rosa fue que, por lo general, los consejos consultivos en organismos de este tipo suelen estar desarticulados, volviéndose en algunos casos inoperantes y, en las situaciones más extremas, se corre el riesgo de que sus miembros sean cooptados por fuerzas políticas y entonces respondan a intereses privados y no a la misión del organismo que representan.

Una de las insistencias del equipo de Susana de la Rosa fue que el Consejo no fuera solamente ciudadano, pues de lo contrario su presencia se vuelve prácticamente simbólica y poco vinculante. Finalmente, se propuso que se integrase por cinco personas ciudadanas con reconocida experiencia en el periodismo y los derechos humanos.

En suma, en el primer borrador de la iniciativa se pretendía que el mecanismo pudiera operar mediante la creación de una nueva unidad dependiente de la Secretaría General de Gobierno, similar a lo que sucede en el ámbito federal.

La tercera y última reunión fue posterior a la realización del séptimo diálogo de la gira nacional sobre la propuesta de una nueva ley general para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en un foro organizado por la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), los días 30 y 31 de mayo de 2022 en el Instituto Cultural Cabañas (Artículo 19, 2022b).

En ese contexto, se determinó la necesidad de aclarar las diferencias entre los mecanismos estatal y federal. El equipo de Susana de la Rosa precisó que, después de lo discutido en el foro de la Segob, quedó claro que el mecanismo federal es insuficiente para atender las demandas que están surgiendo por todo el país para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Por ello, la ley estatal seguiría siendo complemento a la federal.

En la versión de la iniciativa que se presentó en esa tercera reunión se propuso la creación de un fondo presupuestal para la operación del mecanismo, el cual se destinaría a apoyar económicamente a las personas acogidas, así como a algunas acciones de promoción y profesionalización del periodismo y la defensa de los derechos humanos, e incluso para financiar proyectos de periodismo de investigación en Jalisco.

El fondo se nutriría de un porcentaje del presupuesto destinado a comunicación social del gobierno del estado y se buscaría enriquecerlo por medio de convenios con medios de comunicación, municipios e instancias del gobierno federal (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, p.18). Asimismo, se incluían cambios a los códigos civil y penal para eliminar los delitos que afectan al ejercicio del periodismo (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, pp. 7–8).

Otro de los puntos que se debatieron fue la propuesta de crear un registro de agresores tanto de servidores públicos como de particulares y mapearlos para hacer un atlas de riesgos en el estado, de manera que una persona que estuviera en ese registro no podría estar sujeta a ser un candidato o candidata en un proceso electoral.

Uno de los señalamientos que se hizo a esa propuesta fue la posible colisión con los derechos humanos de los agresores, por lo que finalmente se propuso un mapa de agresiones que permitiera identificar geográficamente las regiones de mayor riesgo.

A raíz de la aprobación en mayo de 2022 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa por el Congreso de Sinaloa, la cual, entre otros cambios, contempla la creación de un organismo con carácter autónomo para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos (Iniciativa Sinaloa, 2022), se discutió la posibilidad de que esta fuera la apuesta para la ley en Jalisco.

De acuerdo con el artículo 55 de esa ley, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas tiene “personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, presupuestal y de gestión” (Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, 2022).

El Instituto tiene entre sus funciones programar y coordinar medidas preventivas y de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, vigilar el cumplimiento de las medidas por parte de las autoridades competentes, levantar quejas y denunciar a servidores públicos que no cumplan con las medidas que les corresponden, así como vincularse con la sociedad civil para labores de capacitación y colaboración en el tema, entre otras.

Aunque la coyuntura de la administración en turno del gobierno jalisciense no es favorable, ante la desaparición de al menos siete institutos y consejos como el Instituto Jalisciense de las Mujeres o el Instituto Jalisciense de la Juventud, finalmente la idea de que el mecanismo funcionara por medio de una unidad de la Secretaría General de Gobierno maduró en la propuesta de creación de un organismo público descentralizado, cuyas funciones se describen más adelante en este capítulo.

 

El contenido de la iniciativa propuesta por Futuro

Decidimos abordar el fenómeno que el cambio legislativo estatal implica, conscientes de la compleja labor que esto representa y dado que no encontramos evidencias de que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el plano federal, y articulado con los estatales respectivos, como existe hoy, vaya a cambiar.

La idea de crear el “Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco” (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, pp. 4–5) está en el documento: “Iniciativa de Ley que abroga la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, expide una nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, y reforma el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, así como el Código Civil de Jalisco”, que es al que nos referimos ahora.

Podemos resumir en tres sus grandes objetivos:

1) “Dotar de herramientas y legitimidad al Estado para combatir la violencia contra personas periodistas y defensoras de derechos humanos” (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, p. 5).

2) Reemplazar funciones que recaen en la Secretaría General de Gobierno, según la legislación estatal vigente (Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, art. 4, 1, XXV), mediante la creación del Instituto.

3) Reforzar la participación social y su propia gobernanza mediante una “Junta de Gobierno” vinculante a la vez que funcional (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, pp. 11 y 20–22).

Como se observa, los dos primeros atañen a funciones y al alcance que pueda lograr el Instituto, y el tercero resulta un complemento importante a este.

Por otra parte, hay dos aspectos significativos que la nueva propuesta cambiaría de la ley estatal vigente:

a) que el Consejo Consultivo tendría una relevancia menor, y

b) que la “cooperación” con el mecanismo de protección de la Segob dependería más de que los actantes sociales se involucren en los procesos de legislar, conformar y operar un Instituto como el propuesto.
Expondremos los requisitos para dirigirlo, y los cambios en la estructura administrativa propuestos:

 

Funciones y miembros del instituto

El nuevo instituto tendría responsabilidades sobre las solicitudes de manera análoga a las leyes vigentes —Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas expedida por el Congreso de la Unión, y la estatal de Jalisco—, por ser materia de “interés público” y aceptado universalmente (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, pp. 12–17). Así, el Instituto debería activar, en un plazo de entre tres y nueve horas, “medidas urgentes de protección” para aquellas solicitudes en las que “el peticionario declare que su vida, integridad física o la de su cónyuge, concubina, pareja, hijos, familiares, amigos, compañeros de trabajo o empresa se encuentran en peligro inminente” (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, pp. 13–14). Además, deberá compartir con su equipo, con la “Junta de Gobierno”, e incluso dar vista al ministerio público de los hechos punibles perseguibles de oficio a los que haga frente (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, p. 14). La iniciativa establece también plazos para que la Junta esté informada con prontitud, haya un seguimiento puntual y evaluaciones “periódicas” (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, p. 15).

El instituto quedaría sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, su plan de trabajo debería entregarlo anualmente a la junta, los funcionarios serían servidores públicos, habría un órgano de vigilancia y presentaría un informe ante el Congreso del Estado de Jalisco.

Al instituto le correspondería un patrimonio, respecto del cual se establece un piso presupuestario no menor “al 5% del gasto destinado al concepto general presupuestal ‘3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad’ del Poder Ejecutivo”, y la posibilidad de gestionar otros ingresos (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, p. 18).

Para dirigirlo, el partido Futuro propuso una persona que sería nombrada por el Congreso del Estado, dentro de una terna, y permanecer por cinco años; además de requisitos como tener “experiencia verificable de al menos cinco años en materia de defensa de los derechos humanos o de la libertad de expresión y periodismo” y no tener filiaciones políticas vigentes, ni haber desempeñado cargos de elección popular en años recientes, entre otros (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, p. 20).

 

La Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo

La Junta de Gobierno es definida en esta iniciativa como “la instancia máxima del Instituto y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Jalisco” (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, p. 20).

De sus nueve integrantes con derecho a voz y voto, cinco serían miembros del Consejo Consultivo, incluido quien presida al Instituto; otros dos pertenecerían a dependencias del gobierno estatal (Secretaría General y “Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado de Jalisco”) con nivel mínimo de titular de Subsecretaría, y los dos restantes provendrían de la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Según la iniciativa: “Quien presida el Consejo Consultivo presidirá la Junta de Gobierno y en aquellos casos en que no sea posible su presencia se elegirá una presidenta o presidente sustituto de entre el resto de las consejerías ciudadanas del Consejo Consultivo para esa única ocasión” (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, p. 21). La Junta tendría una presidencia rotativa, de dos años, mientras que su “secretaría técnica” recaería en la persona titular del instituto, y solo tendría derecho a voz. Las sesiones ordinarias de la Junta serían una vez al mes (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, p. 22). Entre sus atribuciones directas estarían: aprobar el plan de trabajo del Instituto, su informe, sus reglas de operación y presupuesto, resolver inconformidades, solicitar y atender consultas, realizar presentaciones de mapas de riesgo, difundir el informe del Consejo, impulsar reformas legislativas y políticas públicas, o remitir al mecanismo federal las medidas solicitadas, decretadas, modificadas y suspendidas; además de la capacidad de determinar la ruta administrativa para iniciar los procesos de sanción en “casos en los que el instituto, o alguno de los servidores públicos dependientes de ella sean la parte agresora” (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, pp. 21–22).

El “Consejo Consultivo” sería otro de los integrantes del Instituto (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, pp. 10, 17 y 23–24) y estaría integrado también por nueve miembros nombrados por el Congreso previa convocatoria, que durarían en su cargo cuatro años, con posible reelección. De entre sus atribuciones destacamos: la remisión de incorformidades a la Junta, el comisionar estudios independientes, la promoción e intercambios, y la elaboración de su guía de procedimientos (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, pp. 23–24).

 

Otros aspectos

La iniciativa plantea reformas al Código Penal relativas al endurecimiento de las penas por abuso de autoridad, especificando el motivo de las actividades, como tales, de personas defensoras y periodistas; agregar las medidas de protección a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, como excepciones al considerar la discriminación, y determinar como “homicidios calificados” a los de personas defensoras y periodistas (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, pp. 7–8).

Y respecto al Código Civil de Jalisco, sus propuestas son: restringir el concepto de “daño moral”, protegiendo el trabajo reporteril y las reproducciones de información previamente dadas a conocer por terceros, y añadir las “acciones derivadas de la defensa de los derechos humanos, la defensa de los espacios públicos y el medio ambiente”, con la finalidad de limitar las “ofensas al honor” actualmente vigentes (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, pp. 8–9).

 

Conclusiones

Nos ha parecido importante destacar que la ley de protección y su mecanismo federal vigentes son un recurso de última instancia, pero con incapacidades operativas y lastres discrecionales, aumentados con una ley estatal similar, y que con elementos como los que conforman esta iniciativa, en esta coyuntura, permitirían, de ser aprobada, beneficiar a periodistas en Jalisco.

La iniciativa fue presentada ante el Pleno del Congreso el 30 de junio de 2022. El que permanezca en “la congeladora” (sin dictámenes de comisiones, ni discusión) viola la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco, refleja la falta de compromiso de los distintos grupos parlamentarios hacia el gremio periodístico y muestra desdén por los derechos humanos.

Aunque está pendiente la presentación de la iniciativa de la ley general, es decir, aquella por la que se hicieron los diálogos de la Segob en diversos estados de la república, con la cual tendrían que estar armonizadas las leyes estatales, cabe destacar que ello no impidió el avance de la ley en Sinaloa y la creación del instituto estatal, el cual ya tiene presidenta y cuya junta de gobierno ya fue integrada. En contraste, los legisladores jaliscienses no han mostrado el menor interés por revisar la iniciativa presentada por la diputada Susana de la Rosa, pese a que la violencia contra los periodistas y los defensores continúa en diversas partes del país.

Si bien la iniciativa local aún debe incorporar aspectos puntuales —como precisar los términos y plazos en que la Secretaría General de Gobierno debe emitir la convocatoria para formar el Consejo—, exhortamos al Congreso a legislar lo más pronto posible con perspectiva en esta materia, transparentemente, respondiendo así a la urgencia de esta problemática.

 

Referencias

Artículo 19. (2022a) (2022, 1 de junio). Urgen a autoridades de Jalisco tomar acciones concretas para garantizar la labor de periodistas y personas defensoras de DH. Recuperado de: https://articulo19.org/urgen-a-autoridades-de-jalisco-tomar-acciones-concretas-para-garantizar-
la-labor-de-periodistas-y-personas-defensoras-de-dh/

Artículo 19. (2022b). Periodistas asesinadas/os en México. Recuperado de: https://articulo19.org/periodistasasesinados/

Ávila, J. [@JonathanAvilaG]. (2020, 25 de febrero). Desde hace algunos meses hemos estado sistematizando las agresiones y confrontaciones de @EnriqueAlfaroR con periodistas y medios de comunicación. Existen al menos 24 hechos ocurridos entre 2009 y lo que va de 2020. Acá la sistematización: https://bit.ly/2SYL8EJ [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/JonathanAvilaG/status/1232385530425434117

Canal 44. (2021). Atacan instalaciones de Canal 44 en el Cerro del Cuatro; matan a dos guardias de seguridad. https://udgtv.com/noticias/atacan-instalaciones-canal-44-cerro-cuatro-matan-dos-guardias-seguridad/

CEDHJ. (2022). Informe Especial 3/2022 sobre la situación de violencia contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos de Jalisco. http://historico.cedhj.org.mx/recomendaciones/inf.%20especiales/2022/Informe%20especial%203-2022%20Periodistas%20y%20defensores%20dh%20-%20Mayo.pdf

CEPET/IFEX. (2012). Elementos policiacos agreden a siete periodistas que cubrían protesta. https://ifex.org/es/elementos-policiacos-agreden-a-siete-periodistas-que-cubrian-protesta/

CNDH. (2021). CNDH solicita a autoridades de Jalisco, Puebla y Guerrero respetar la actividad periodística y la libertad de expresión.  https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-11/Com_2021_306.pdf

Congreso del Estado de Jalisco. (2022a, 30 de junio): “Iniciativa de Ley que ABROGA la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, EXPIDE una nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, y REFORMA el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, así como el Código Civil de Jalisco”. INFOLEG / 1048 – LXIII. Disponible en: https://congresoweb.congresojal.gob.mx/infolej/agendakioskos/documentos/sistemaintegral/estados/133365.pdf (descargado el 4/07/2022).

Congreso del Estado de Jalisco. (2022b). Anuncian iniciativa para garantizar seguridad a periodistas. https://www.congresojal.gob.mx/boletines/anuncian-iniciativa-para-garantizar-seguridad-periodistas

De la Rosa, S. [@SusanaDeLaR]. (2022, 25 de enero). A las personas que ejercen el periodismo en Jalisco, con total respeto a su causa, les hago el siguiente planteamiento [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/susanadelar/status/1485994918086684673

EFE. (2009, 26 de noviembre). Hallan el cadáver del periodista José Galindo Robles en Jalisco. El Mundo.

Escamilla, J. (2021). Gobernador califica de cuentos los señalamientos de violencia contra secretario del Trabajo. Notisistema. https://www.notisistema.com/noticias/gobernador-califica-de-cuentos-los-senalamientos-de-violencia-contra-secretario-del-trabajo/

García, O. (2022, 2 de noviembre). En año preelectoral, Alfaro va por gasto de más de 600 mil pesos diarios en su imagen. Medios UdeG.  https://udgtv.com/noticias/en-anio-preelectoral-alfaro-va-por-gasto-de-mas-de-600-mil-pesos-diarios-en-su-imagen/

García, R. (2017). Jonathan Rodríguez Córdova. En G. Bernal (Coord.), Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2017 (pp. 316–318). https://informedemedios.iteso.mx/wp-content/uploads/sites/148/2021/03/16_Jonathan-Rodriguez.pdf

Gómez, G., & Cortés, M. (2015). Cobertura de la violencia ante la contención informativa: el retorno del pri y sus viejas prácticas de control periodístico en la Zona Metropolitana de Guadalajara. En C. Del Palacio (Coord.), Violencia y periodismo regional en México. https://www.researchgate.net/publication/305172775_Cobertura_de_la_violencia_ante_la_contencion_informativa_el_retorno_del_PRI_y_sus_viejas_practicas_de_control_periodistico_en_la_Zona_Metropolitana_de_Guadalajara

Hernández, M. (2016) Relaciones prensa–gobierno en las administraciones panistas en Jalisco: golpe de timón y reviraje (1995–2012). En J. S. Larrosa–Fuentes y J. Rocha (Coords.), 18 años de gobiernos panistas en Jalisco. Siete ensayos académicos. https://rei.iteso.mx/handle/11117/3267

Hernández, R. (2020, 28 de septiembre). Que ningún periodista siga ganando menos que un burócrata. Eje Central. https://n9.cl/aaz9h

Huerta, J. (2022) Agreden a la periodista Susana Carreño en Puerto Vallarta: Esto sabemos sobre el caso. El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/07/02/agreden-a-la-periodista-susana-carreno-en-puerto-vallarta-esto-sabemos-sobre-el-caso/

Iniciativa Sinaloa. (2022, 24 de mayo). Un día histórico: se aprueba Ley de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en Sinaloa. https://iniciativasinaloa.org.mx/un-dia-historico-se-aprueba-ley-de-proteccion-de-periodistas-y-personas-defensoras-de-derechos-humanos-en-sinaloa/

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reformada, Diario Oficial de la Federación [DOF], 28 de abril de 2022 (México).

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, Periódico Oficial del Estado de Jalisco, 20 de diciembre de 2016 (México).

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, 27 de mayo de 2022 (México).

Martínez, J. (2016, 23 de septiembre). Ganaderos nayaritas retienen a periodistas. Milenio. https://www.milenio.com/policia/ganaderos-nayaritas-retienen-a-periodistas

Ojendi, A. (2022, 3 de agosto). Asesinatos de periodistas en México: 2022 es ya el año más mortífero desde que se tiene registro. El Financiero.  https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/08/03/asesinatos-de-periodistas-en-mexico-2022-es-ya-el-ano-mas-mortifero-desde-que-se-tiene-registro/

Ramírez, F. (2010). La cobertura de la (in)seguridad pública en la prensa local. En J. S. Larrosa–Fuentes (Coord.), Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2010 (pp. 85–100).  https://informedemedios.iteso.mx/wp-content/uploads/sites/148/2021/05/08_CoberturaDeInseguridadPublicaEnPrensaLocal-FabianRamirezFlores_2010.pdf

Ramírez, J. (2021, 3 de septiembre). Reportera denuncia acoso sexual y laboral en Canal 6 y Milenio: “Me destrozaron”. Perimetral.  https://perimetral.press/reportera-denuncia-acoso-sexual-y-laboral-en-canal-6-y-milenio-me-destrozaron/

Reporteros Sin Fronteras. (2022, 25 de julio). 2022 es ya el año más mortífero para los periodistas en la historia de México. https://rsf.org/es/2022-es-ya-el-a%C3%B1o-m%C3%A1s-mort%C3%ADfero-para-los-periodistas-en-la-historia-de-m%C3%A9xico

Rocha, J. (2017). Historia de una tortuosa relación. Enrique Alfaro y los medios de comunicación en Jalisco. En G. Bernal (Coord.), Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2017 (pp. 165–181).  https://informedemedios.iteso.mx/wp-content/uploads/sites/148/2021/03/08_Historia-de-una-tortuosa-relacion.pdf

Rodelo, F. V. (2020). El lado visible de los procesos de cambio en el periodismo contemporáneo: los despidos múltiples en las organizaciones informativas de Guadalajara. En J. S. Larrosa–Fuentes (Coord.), Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2020 (pp. 129–155).  https://informedemedios.iteso.mx/wp-content/uploads/sites/148/2022/02/7_El-lado-visible-de-los-procesos-de-cambio.pdf

Rodríguez, L. (2021, 9 de diciembre). Alfaro Ramírez vuelve a arremeter vs. la prensa. El Diario NTR. https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=175415

Rodríguez, X. (2012). José Reyes Brambila. http://nuestraaparenterendicion.com/tuyyocoincidimosenlanocheterrible/index.php/component/k2/item/73-jose-reyes-brambila#.Y5n_YH1BzIU

Universidad de Guadalajara. (2011, 28 de marzo) Un enemigo de los medios. Gaceta UdeG. http://www.gaceta.udg.mx/Un-enemigo-de-los-medios/

Vázquez, J. (2017, 18 de mayo). Jonathan Rodríguez, asesinado pese a denunciar amenazas previas contra semanario El Costeño. https://articulo19.org/jonathan-rodriguez-asesinado-pese-a-denunciar-amenazas-previas-contra-el-semanario-costeno/

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Elizabeth Rivera Avelar

 

Un mayor control de los grupos de la delincuencia organizada sobre el territorio, caciques y líderes políticos que se creen todopoderosos, lazos familiares y amistades conocidos por todo el pueblo, corporaciones policiacas sin infraestructura y la poca atención mediática cuando ocurre un crimen, hacen que ejercer el periodismo en poblaciones pequeñas o en ciudades medias implique mayor riesgo que ser reportero en una gran zona urbana.

La vulnerabilidad de sentir que está en peligro tu vida y la de tu familia y que son limitadas las opciones que tienes para obtener ayuda la vivió el periodista Lauro Rodríguez en 2018 y 2019, cuando él y su equipo recibieron amenazas de muerte y actos de intimidación que los obligaron a realizar un desplazamiento forzoso. Como él mismo lo dijo:

No es lo mismo ser reportero en la ciudad que ser reportero en una región, si nos llega a pasar algo a los reporteros de la ciudad habría un poco más de visibilidad que si nos llegara a pasar algo a los reporteros de las regiones. Al menos eso quiero pensar, que, por sus aspiraciones políticas, o lo que sea, no les va a convenir el agredir a un periodista que está más visible en la ciudad que los que están en las regiones. En las regiones te desaparecen y nadie se da cuenta, pero en una ciudad grande creo yo es un poquito más complejo.

Lauro recibió las primeras amenazas en 2018, cuando residía y trabajaba en Ciudad Guzmán, municipio de la región sur de Jalisco. Esto ocurrió en el contexto de un proceso electoral en el que habían secuestrado a un candidato y amenazado a otro más.

Mientras Lauro Rodríguez y su equipo trabajaban en un reportaje para El Suspicaz, el medio de comunicación independiente que este periodista fundó en Ciudad Guzmán, sobre un posible fraude electoral en Zapotlán el Grande, fueron amedrentados en diversas ocasiones. “Hubo varios aspectos de inseguridad, vehículos que nos seguían mientras hacíamos la investigación, llamadas para amenazar, nos decían que lo que nos pasara a nosotros también le iba a pasar a toda la familia”, dijo.

A partir de estas agresiones contactó a la organización Artículo 19, que expuso su caso ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, el organismo del gobierno federal respondió 14 días después, pero solo con una llamada. El representante del Mecanismo de Protección Federal únicamente le ofreció un número de teléfono al que debía comunicarse en “caso de que pasara algo más”; después nadie lo volvió a buscar y las amenazas cesaron solo cuando dejaron de investigar el tema.

En 2019 regresaron las intimidaciones para la redacción de El Suspicaz después de la publicación del 25 de agosto sobre el avance de la producción de aguacate y sus consecuencias ambientales en el deterioro de los bosques, así como de los vínculos que tienen actores políticos de la región sur con las empresas aguacateras (Rodríguez, 2019): “A raíz de eso volvió nuevamente el hostigamiento de personas en vehículos, algunos de ellos sin placas que comenzaron a vigilarnos a nosotros y a la familia. Notamos que ellos querían que nos diéramos cuenta de que nos estaban vigilando”, narra Rodríguez.

Lauro explicó que en ese entonces su trabajo e ingreso principal era otro medio de comunicación, una televisora local en donde publicaba trabajos diferentes a los que difundía en El Suspicaz.

El entonces presidente municipal y también productor aguacatero, José de Jesús Guerrero, quien actualmente es el director de Infraestructura Rural en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Jalisco, acudió a la televisora local a presionar para que Lauro Rodríguez detuviera las publicaciones del tema aguacatero o de lo contrario dijo que retiraría el apoyo de la publicidad oficial a la televisora. Enseguida el director de la televisora habló con él y luego lo hizo el alcalde, con muchos reclamos.

Sobre este punto, solicitamos vía correo electrónico y telefónica una entrevista con José de Jesús Guerrero. Su respuesta fue la siguiente: “Respecto al contenido del correo y en atención al mismo, no tengo nada que comentar al respecto. Si desean abundar sobre el tema los espero con mucho gusto en las oficinas de la Secretaría en la cual me desempeño actualmente”. Dado que quienes integramos el Colectivo Desde Provincia estamos en diferentes estados, se le solicitó una entrevista virtual, vía Zoom, sin obtener respuesta.

Aunque ya lo habían amenazado antes, Lauro tiene en la memoria el día en que sintió más temor:

[…] una ocasión, que salí en la noche a comprar algo para cenar y estaba la calle completamente sola. Yo iba por la banqueta y un vehículo se fue paralelo a mí, a la misma velocidad que yo sin tener tráfico adelante, podía avanzar a la velocidad que quisiera. Cuando yo entro al puesto de comida el vehículo acelera; era una clara señal de que nos estaban vigilando. A raíz de toda esta situación, de bloqueos informativos y demás, también de algunas alertas que nos comenzaban a llegar de la familia diciéndonos que ellos también veían personas raras cerca de sus domicilios, buscamos hacer el desplazamiento por seguridad.

En esa ocasión se comunicaron con él del Mecanismo Estatal, pero solo le dijeron que si pasaba algo más él les llamara. En septiembre de 2019 el hostigamiento los obligó a desplazarse y salir de Ciudad Guzmán para garantizar su seguridad física.

Con el apoyo de la organización Periodistas de a Pie Lauro se trasladó a Guadalajara, la capital de Jalisco. El reportero nunca tuvo un ofrecimiento para ingresar al Mecanismo de Protección Federal ni para recibir algún apoyo de las autoridades estatales. La ayuda fue externa aun cuando a escala federal y estatal existen mecanismos que se supone lo debían respaldar.

En la entidad existe el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco, pero nadie lo dirige desde el 23 de agosto de 2021. En esta fecha vencieron todos los nombramientos de los integrantes. Sumado a esto, lleva tres años sin sesionar. En la respuesta a la solicitud de transparencia número 140278121000377 y que hicimos a la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, esta institución reconoció que los nombramientos se vencieron y no fueron renovados.

Por esa vía el gobierno estatal informó que “en las sesiones del Consejo Consultivo existieron peticiones de atención de los casos de tres personas, dos defensores de derechos humanos y un periodista, todos hombres y de cuya edad no se cuenta con el dato”. El Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco fue instalado el 23 de agosto de 2017, en la administración del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, del Partido Revolucionario Institucional (pri), quien ocupó el cargo del 1 de marzo de 2013 al 5 de diciembre de 2018 (Secretaría General de Gobierno, 2017).

La Secretaría General de Gobierno de Jalisco confirmó que la fracción iv del artículo 8 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco rige al Consejo Consultivo. Este consejo puede emitir a la junta de gobierno del Mecanismo directamente, o a través de la Secretaría General de Gobierno, inconformidades presentadas por peticionarios o beneficiarios sobre la instrumentación de medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección, pero no solicitudes de incorporación, desincorporación o para dar seguimiento a casos, por lo que la instancia local informó que no añadió a ninguna persona al Mecanismo. La respuesta no aclara qué fue lo que pasó con esas peticiones de atención.

Este Consejo nació cuando el Congreso del Estado de Jalisco aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco, que establece

[…] la cooperación del estado con la Federación para implementar y operar las medidas de prevención, preventivas y urgentes de protección para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que tengan algún riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo (Congreso de Jalisco, 2016).

El consejo surgió cuando en Jalisco se recrudeció la crisis de inseguridad y de violación a derechos humanos, periodo en el que incrementó la desaparición de personas y hubo un alto número de homicidios dolosos. De acuerdo con las estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el sexenio de Sandoval Díaz en Jalisco se registraron 5,347 casos de personas desaparecidas y no localizadas. Esta cifra contrasta con las 1,338 desapariciones que hubo en el sexenio anterior.

Uno de esos asesinatos fue el del secretario de Turismo estatal, Jesús Gallegos Álvarez, quien tenía apenas ocho días en el cargo. Otros de esos homicidios fueron los de 15 elementos de la Fuerza Única Regional, emboscados por el Cártel Jalisco Nueva Generación en San Sebastián del Oeste en abril de 2015.

Esto ocurría mientras el Consejo Consultivo de Jalisco sesionó únicamente en diez ocasiones; nueve encuentros en 2018, una sesión en todo 2019 y desde entonces no han tenido ninguna sesión de 2020 a la fecha.

Dos de los puntos reiterados en las reuniones fueron la petición de presupuesto para la operación del consejo y la demanda de capacitación a los integrantes.

El consejo estuvo conformado por nueve consejeros honoríficos. El entonces secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, tomó la protesta al cargo que tendrían durante cuatro años a Pedro Ernesto Gómez–Limón y González como presidente y a los consejeros Juan Manuel Estrada Juárez, Fascinación Eydie Beirut Jiménez Figueroa, Hans Jurado Parres, Esperanza Loera Ochoa, Arturo Martínez Madrigal, Moisés Mora Cortés y Jesús Ramírez Zúñiga.

El día de la instalación del Consejo Consultivo, López Lara afirmó que “los integrantes son expertos en la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, el periodismo o academia en la materia”. En una revisión sobre los perfiles de los consejeros encontramos que Moisés Mora Cortés ha trabajado como periodista y actualmente es el responsable de Comunicación Social de la V Región Militar, mientras que Pedro Ernesto Gómez–Limón y González cuando fue consejero era rector de la Universidad Univer y ahora es director de Negocios Estratégicos del Grupo Nacer–Global–El Economista.

De los hoy exmiembros del Consejo Consultivo solo de dos se conocen públicamente sus actividades como defensores de derechos humanos: Juan Manuel Estrada Juárez, quien preside la Fundación Nacional de Niños Desaparecidos (FIND), enfocada a la recuperación de niños robados y desaparecidos, y Fascinación Jiménez Figueroa, con activismo a favor de los derechos de la población LGBTI+ por medio de la asociación Unión Diversa de Jalisco (UDJ), que preside.

 

Sin presupuesto y sin sesionar en la administración actual

Desde su creación el Consejo Consultivo nunca tuvo presupuesto, como se confirmó en la respuesta del gobierno de Jalisco a solicitudes de transparencia. Incluso, durante las sesiones varios miembros solicitaron al gobierno estatal asignar recursos económicos para su operación, pero nunca recibieron una respuesta positiva.

En el contexto de un consejo sin presupuesto, sus acciones fueron limitadas, únicamente aprobó una Guía de Procedimientos en la tercera sesión del 21 de marzo de 2018 y el Plan de Trabajo en la cuarta sesión ordinaria de fecha 25 de abril de 2018.

En el único informe que emitió el Consejo Consultivo se refirió que la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas comunicó “la incorporación directa de 11 beneficiarios quienes radican en el estado de Jalisco”, y notificó “la continuidad y modificación del plan de protección de dos personas defensoras de derechos humanos, mismos que deberán continuar en tanto sean sujetos de una nueva evaluación” (Consejo Consultivo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, 2018).

Las autoridades locales informaron, a través del oficio OAST/4411–12/2021, en la respuesta a la petición de transparencia que “actualmente dicho Consejo Consultivo no tiene miembros elegidos”. Por lo tanto, en la administración actual del gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, solo sesionaron una vez.

La última sesión del Consejo Consultivo fue el 29 de marzo de 2019. Esa vez el entonces consejero presidente, Pedro Ernesto Gómez–Limón y González, tomó la palabra para señalar que esperaba que la actual administración estatal “los tomara en cuenta como el consejo que son en las solicitudes que puedan presentarse sobre el tema”, pero ya nunca volvieron a sesionar.

La carencia de un Consejo Consultivo estatal viola lo establecido en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco y el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018–2024, que establece la meta de “fortalecer los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos”.

La exintegrante del Consejo, Fascinación Jiménez Figueroa, confirmó en entrevista que con la llegada de la administración estatal en curso terminaron las actividades del grupo y la existencia de este en sí:

Como mecanismo no teníamos incidencia, pues no podíamos hacer mucho frente al tema nacional y no había absolutamente un solo peso como recurso destinado a este Mecanismo, ni por parte de la federación, ni por parte del gobierno del estado. Sesionamos, ahora sí que nos desahogábamos en cada sesión, porque obviamente cada una y cada uno desde su ámbito, vivíamos contextos de violencia, hacia periodistas, activistas, etcétera, pero poco podíamos hacer. A partir de la llegada de Movimiento Ciudadano jamás se volvió a sesionar, varias compañeras y compañeros solicitamos que nos convocaran para sesionar, y ya jamás tuvimos la oportunidad de sesionar.

La activista explicó que las autoridades ni siquiera les informaron que el nombramiento de los consejeros había caducado ni efectuaron una sesión de cierre, ni siquiera de forma virtual.

Fascinación Jiménez añadió que, ante la falta de un Consejo, cuando conocen de algún caso de riesgo lo derivan a asociaciones civiles o al Mecanismo de Protección Federal. También confirmó que el Consejo carecía de teléfono y de oficina, pues sesionaba en algún salón que les “prestaba” la Secretaría General de Gobierno.

Este colectivo preguntó, a través de correo electrónico, al gobierno de Jalisco sobre el nombramiento de nuevos integrantes del Consejo, la falta de asignación presupuestal y de las acciones emprendidas por los casos de agresiones a periodistas. Hasta el momento no ha habido respuesta.

 

Informar cuando el gobernador agrede

Mientras el Consejo no opera ni tiene presupuesto, la situación de seguridad para los periodistas en Jalisco ha ido empeorando.

El 30 de noviembre de 2021 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado para solicitar a las autoridades de Jalisco, Puebla y Guerrero que respetaran la actividad periodística y aseguraran el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información:

Este Organismo Nacional manifiesta su preocupación ante la reciente declaración realizada por el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien señaló que los medios de comunicación locales deben limitar la información y dejar de hacer publicaciones sobre los delitos de alto impacto porque lastiman el turismo en Puerto Vallarta, circunstancia que no abona al libre desempeño periodístico […]

advirtió la CNDH (2021) y enfatizó que ante la persistente agresión contra periodistas y trabajadores de los medios era urgente que las autoridades federales, estatales y municipales aplicaran las medidas necesarias para que la labor informativa no fuera afectada de manera directa o indirecta y que el funcionario debía evitar expresiones que coartaran los derechos fundamentales de las y los periodistas.

La carrera política del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha estado marcada por varios desencuentros con periodistas y medios de comunicación locales. Como ejemplos están las múltiples ocasiones en las que ha llamado “mentirosos” a diferentes medios de comunicación. En junio de 2017, cuando era presidente municipal de Guadalajara, calificó de “basura” a los periódicos Mural, El Diario NTR Guadalajara y Crónica.

Yo quiero ver a todos esos que escriben tantas cosas de mí, al periódico Mural, al NTR, a La Crónica, todas esas basuras, que escriben cosas todos los días, denigrando, ofendiendo, atacando. ¿Qué han hecho aparte de criticar, de atacar, de ofender, de mentir? Eso es lo que hay que cambiar (Carapia & Aquino, 2017).

En enero de 2018 Alfaro arrancó su campaña a la gubernatura en el programa radiofónico “Forma y Fondo”, de Notisistema, con un expediente físico de todos los comentarios negativos que los conductores hicieron en su contra cuando fue alcalde. El funcionario les reprochó a los periodistas lo que catalogó de “ataques” y les dio la fecha exacta de cada uno de los comentarios. En aquel programa les dijo: “Traigo una carpeta grandotota”, “Ustedes hicieron menciones de un servidor en 385 programas, de esas 242 fueron negativas” (Hernández, 2018).

En tanto que el 6 de febrero de 2019, la organización Artículo 19 emitió un comunicado en el que recordó que Enrique Alfaro Ramírez se expresó públicamente en diversas ocasiones en contra de El Diario NTR Guadalajara (Vázquez, 2019). El caso en específico surgió a partir de una nota periodística que cuestionó la determinación de desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres, para convertirlo en una Secretaría del Gobierno. Cuando el mandatario estatal fue cuestionado respondió: “Siguiente pregunta; eso contéstenselo ustedes solos; no les contesto a mentirosos”, “Al medio que tú representas no les voy a contestar más”, “Se acabó el tema”, “Porque no le contesto a mentirosos”.

Artículo 19 sostuvo que sus declaraciones eran “estigmatizantes” y añadió que las descalificaciones en contra de medios de comunicación y periodistas “generan un clima que impide una deliberación plural y robusta sobre los asuntos públicos” y, además, en un contexto de violencia como el que atraviesa México, “esas conductas incrementan la vulnerabilidad de las y los periodistas” (Vázquez, 2019), tal como lo ha señalado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El llamado de atención no fue atendido por el gobernador y en abril de 2019 calificó como “periodiquito” a El Diario NTR Guadalajara, luego de que este reveló un conflicto de interés en la licitación de maquinaria pesada.

El incidente más reciente fue el 8 de diciembre de 2021 cuando acusó a la reportera de Canal 44, Rocío López Fonseca, de “tratar de reventar” un evento, al tiempo que ordenó al secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, que cancelara “la entrevista banquetera” que estaba dando, llevándose al servidor público.

Tras estos últimos hechos, periodistas protestaron virtualmente bajo el lema “Cuestionar no es atacar”. En la manifestación contra el asesinato de periodistas en México del 25 de enero de 2022, en la plaza de Armas de Guadalajara, a la que acudieron más de 200 personas entre periodistas, camarógrafos, fotoperiodistas, trabajadores de medios de comunicación y estudiantes de periodismo, los asistentes también reprobaron las descalificaciones, la censura y los ataques por parte del Gobierno del Estado de Jalisco al trabajo de los periodistas locales. Para subrayar esta postura los participantes se colocaron con pancartas frente a las puertas de Palacio de Gobierno.

En opinión del periodista jalisciense Ricardo Balderas, quien pertenece a la organización PODER Latam, la creación del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco es una farsa.

Son políticos [quienes conforman el Consejo], las elecciones son políticas, el Consejo no es ciudadano, no hay participación de periodistas. De las estructuras regulares, sí hay gente con su página, [pero] tiene intereses políticos o están gentes que ocuparon cargos en las oficinas de derechos humanos estatales, que está secuestrada por el PAN. Es decir, es una cosa política, allí está, pero en casos y en rendición de cuentas está en la misma circunstancia que la federal: es nula.

Las estadísticas del Mecanismo de Protección Federal de abril de 2021 sobre la protección de personas defensoras y periodistas informan que hay 29 solicitudes de adhesión admitidas procedentes de Jalisco de 2012 a abril de 2021. Asimismo, habría 81 personas beneficiarias de este estado (44 mujeres y 37 hombres) casi en su totalidad dedicadas a la defensa de derechos humanos, solo una persona periodista. Jalisco es uno de los estados donde proceden los casos de defensores de derechos humanos que buscan protección con 79 casos.

Al reclamo por el respeto al ejercicio periodístico se sumó la Universidad de Guadalajara (UdeG). El 14 de diciembre de 2021 esta casa de estudios anunció la creación de un Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas. La UdeG refirió que en 2021 en Jalisco se registraron 24 ataques a periodistas por parte de autoridades de gobierno y particulares: “El observatorio es un aporte más de la Universidad en un país que parece que nos están robando de las manos. En ocasiones, vemos a gobernantes poco sensibles, mal asesorados, con políticas públicas muy endebles en temas de seguridad” (Jáuregui, 2021), dijo el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí.

Como parte de esas agresiones están las sufridas por el periodista Lauro Rodríguez, quien relató que él únicamente recibió el apoyo de la organización Periodistas de a Pie, que a su vez cuenta con el respaldo de organismos internacionales. Esta organización lo becó por seis meses para movilizarse a Guadalajara, donde luego le ofrecieron un trabajo para laborar en un diario local.

El reportero consideró que la respuesta de Periodistas de a Pie sí fue muy rápida, sin burocracia y efectiva, a diferencia de las instancias de gobierno que solo le hicieron dos llamadas, para saber cómo estaba, y además la del Mecanismo de Protección Federal fue muy tarde, dos semanas después. “Mi experiencia fue mala porque no hubo, al menos del Mecanismo Federal, una respuesta inmediata y creo yo que para ese tipo de situaciones en donde uno siente que está en riesgo su integridad física sí tendría que haber una respuesta más inmediata”, dijo.

Lo que vivió Lauro es similar a lo que han pasado otros periodistas en México, como lo documenta el “Diagnóstico sobre las Personas que en el Ejercicio de su Derecho a la Libertad de Expresión se Encuentran en Situación de Desplazamiento Forzado en la Ciudad de México” (Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 2020), donde se refiere que el Mecanismo Federal informó que, de 2013 al 27 de enero de 2020, se tenían identificados 40 casos de hombres y mujeres periodistas en contextos de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en el país, lo que representa un total de atención a 112 personas. El último caso fue atendido en enero de 2020.

Mientras que del 1 de enero de 2012 al 15 de enero de 2020 la CNDH reportó que registraron 18 expedientes de queja y primero de orientación directa en donde las personas periodistas estaban desplazadas. De estos expedientes de queja, dos son mujeres y 16 son hombres. El último expediente de queja registrado sobre una persona periodista desplazada es del día 5 de diciembre de 2019.

Desde el 2017 al 22 de octubre de 2019 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) respondió que en el área de asesoría Jurídica Federal tenía 245 expedientes de víctimas directas, entre periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Son 50 expedientes de personas defensoras de derechos humanos y el resto son periodistas, es decir 195 expedientes. En el caso de personas periodistas desplazadas en el país son 26 expedientes. La CEAV cuenta con información sobre personas periodistas que se desplazaron por sus propios medios, sin el respaldo del Mecanismo de Protección Federal (Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 2020).

Esta revisión documental confirma que el desplazamiento forzado interno de Lauro Rodríguez no quedó registrado en las anteriores estadísticas. Para él existen varias fallas en los Mecanismos Estatal y Federal: hace falta que les den mayor difusión de qué son, qué hacen y cómo tener contacto directo con ellos, no solo para los periodistas que están en riesgo, sino con todos, para que sepan que existe y cómo comunicarse con esos sistemas.

Lauro Rodríguez lamentó que el Mecanismo de Protección Federal nunca haya tenido una sola sesión en Jalisco, y considera que lo debería de hacer, además de visitar las regiones de la entidad donde los periodistas están más expuestos:

Lo ideal sería -que crearan ese ambiente de confianza, que en realidad sí hubiera resultados, para que los periodistas cuando nos sucediera una acción de inseguridad, pues dijéramos “Voy a hablar al Mecanismo para que ellos me digan qué hacer”; que esa fuera la primera reacción que tuviéramos, y para eso, pues hace falta primero que lo conozcamos.

Después de ese episodio, aun y cuando por seguridad se desplazó de su comunidad, siguió haciendo periodismo. Actualmente, Lauro y su equipo continúan publicando en El Suspicaz, espacio que cumplió cinco años de informar. Además, desde hace dos años y medio Lauro trabaja en El Diario NTR Guadalajara, donde continúa aplicando su pasión por el periodismo de investigación y de análisis de datos.

 

Referencias

Carapia, F., & Aquino, M. (2017, junio 3). Truena Alfaro por la ley Kumamoto. Mural.

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. (2020). Diagnóstico sobre las personas que en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión se encuentran en situación de desplazamiento forzado en la Ciudad de México. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. https://piensadh.cdhdf.org.mx/index.php/libros-1/diagnostico-sobre-las-personas-que-en-el-ejercicio-de-su-derecho-a-la-libertad-de-expresion-se-encuentran-en-situacion-de-desplazamiento-forzado-en-la-ciudad-de-mexico

Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2021). CNDH solicita a autoridades de Jalisco, Puebla y Guerrero respetar la actividad periodística y la libertad de expresión.

Congreso de Jalisco. (2016). Aprueban la ley de protección a defensores de los derechos humanos y periodistas. https://www.congresojal.gob.mx/boletines/aprueban-la-ley-de-protecci-n-defensores-de-los-derechos-humanos-y-periodistas

Consejo Consultivo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco. (2018). Informe 2018. Consejo Consultivo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco. https://drive.google.com/file/d/1LoDpNBr2tvD71XUvb6-7egtY4FbnJc-Y/view

Hernández, J. C. (2018, 4 de enero). Con expediente en mano, Alfaro sale a ajustar cuentas con los periodistas. Marcatextos. https://marcatextos.com/con-expediente-en-mano-alfaro-sale-a-ajustar-cuentas-con-los-periodistas/

Jáuregui, I. (2021, 14 de diciembre). Crea UdeG Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas. Gaceta UDG. http://www.gaceta.udg.mx/crea-udeg-observatorio-sobre-libertad-de-expresion-y-violencia-contra-periodistas/

Rodríguez, L. (2019, 26 de agosto). Los políticos que postergan la regulación de la agroindustria tienen aguacateras. El Suspicaz. https://elsuspicaz.com/los-politicos-postergan-regulacion-de-agroindustria-tienen-aguacateras/

Secretaría General de Gobierno. (2017). Se instaló el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. https://sgg.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/1004

Vázquez, A. J. (2019, 6 de febrero). Como gobernador, Enrique Alfaro está obligado a tolerar el escrutinio público. Artículo 19. https://articulo19.org/como-gobernador-enrique-alfaro-esta-obligado-a-tolerar-el-escrutinio-publico/

 

^[*]  La presente publicación fue elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Colectivo Desde Provincia y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea. La investigación fue publicada originalmente en lado b: https://www.ladobe.com.mx/comisiones-de-papel/

José Bautista Farías
Dulce Nataly Figueroa Santana

 

Contexto y propósito del programa “A Toda Máquina”

Al inicio de la administración en marzo de 2019, y en cumplimiento a un compromiso de campaña, Enrique Alfaro Ramírez (EAR), gobernador de Jalisco, anunció la creación del programa “Entrega de módulos de maquinaria” bajo el lema: La Refundación ¡a toda máquina!, con una inversión de 3 mil 634 millones de pesos a implementarse en 121 municipios del estado.^[1] El programa se llevaría a cabo junto con los municipios bajo la dirección de la Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), a cargo de Alberto Esquer Gutiérrez (El Financiero, 2019).

El programa, conocido en los medios de comunicación como “A Toda Máquina” (ATM), consiste en la entrega de 641 máquinas a 121 municipios de Jalisco a través de la firma de convenios en formato comodato por tiempo indefinido, que tiene como condiciones que el municipio se haga cargo del pago del diésel y de la nómina de los operadores. Incluye los servicios de mantenimiento, seguro, GPS y capacitación para los operadores de la maquinaria. De acuerdo con la Sader (2019), el programa ATM se instrumentará a través de los Consejos Municipales de Desarrollo Municipal,^[2] “que establecerá una agenda del empleo de la maquinaria para responder a las prioridades en forma transparente e incluyente para toda la población; y con ello prevenir abusos de todo tipo.

El programa tiene como objetivo “incrementar la productividad del sector agroalimentario y rural que permita hacer frente a contingencias de tipo natural, a reparar, ampliar y abrir caminos, restaurar cauces de cuerpos de agua, construir bordos, abrevaderos, entre otras acciones de importancia en la economía y conectividad rural” (Sader, 2019). Los criterios para la selección de los municipios fueron los siguientes: a) capacidad económica del municipio; b) población; c) índice de marginación, y d) productividad.

La maquinaria, arrendada a Operadora de Servicios Mega, del empresario Guillermo Romo Romero, comprende 144 retroexcavadoras, 79 excavadoras hidráulicas, 43 vibrocompactadores, 104 motoniveladoras, 21 tractores, 67 pipas y 183 camiones con volteo. La Sader informó que estos equipos realizarían diversas acciones como “la reparación, ampliación y apertura de caminos, la restauración de cauces en los cuerpos de agua y la realización de abrevaderos, entre otras acciones de gran importancia en la economía y la conectividad rural, junto con las tareas de protección civil ante los meteoros y otros desastres naturales” (Sader, 2019). Alberto Esquer, secretario de la Sader, destacó, como una ventaja del programa ATM, que al finalizar el contrato de arrendamiento, y cubierto el pago, las máquinas arrendadas pasarán a ser propiedad del Gobierno del Estado (El Informador, 2019).

Con la finalidad de evitar el mal uso y el robo de la maquinaria la Sader cuenta con un centro de monitoreo que permite la vigilancia de las 641 máquinas, en tiempo real, así como el avance de las obras realizadas en los municipios. Con ello se busca que “exista transparencia en el uso de cada una de las unidades y que los 121 municipios, que tienen la maquinaria en comodato, respeten los lineamientos del programa” (Siker, 2021).

 

Irregularidades del programa ATM

Desde el inicio de ATM se evidenciaron irregularidades que, posteriormente, se sustentaron en una auditoría realizada por la Contraloría del Estado de Jalisco, empezando por la modificación de las bases de la convocatoria elaborada por funcionarios que presidieron la junta de aclaraciones, sin tener atribuciones para intervenir en este proceso; la ausencia de representantes de la Sader en la resolución de la asignación de las obras, la selección de las empresas finalistas; la violación a la ley de compras y su reglamento; el ocultamiento de información y la ausencia de un estudio que sustentara la existencia de este programa, entre otros (Serrano, 2021a).

En el “Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa” (IPRA), elaborado por Irma Alejandra Oropeza Ramos, directora del Área de Denuncia y Autoridad Investigadora de la Contraloría del Estado de Jalisco, de fecha 10 de junio de 2019, publicado en la página web del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJ), se da cuenta de las siguientes irregularidades:

• • Incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación: no se presentó el Manifiesto de personalidad (declaración de no conflicto de interés por parte de las empresas participantes y una de las empresas presentó información falsa).
  • Modificaciones a la fundamentación y a las bases de la licitación: se agregaron 10 máquinas y equipos en la junta de aclaraciones sin la participación del área requirente.
  • Participación indebida de personas en el proceso: diversos actos administrativos fueron realizados por personas que no son servidores públicos de la Unidad de compras convocante.
  • Una de las empresas no entregó información sobre los requerimientos técnicos, sin embargo, se validaron como presentados. La ley de compras obliga a evaluar al menos dos propuestas.
  • En el fallo de la licitación se omite el nombre del responsable de la evaluación administrativa de las proposiciones.

Además, a cuatro días de anunciar el arranque del programa ATM, El Diario NTR Guadalajara publicó, en su primera plana, la imagen del gobernador junto con la diputada Mirza Flores Gómez y el empresario Guillermo Romo Romero, presidente del Consejo de Administración de la Operadora de Servicios Mega, en las primeras filas de un juego de básquetbol de los Lakers, celebrado en Los Ángeles, California. La nota destaca que el empresario, con residencia en California, acompañó al mandatario en su gira de trabajo por municipios de Jalisco que realizó a finales de febrero de 2019, “resultó beneficiado con el contrato más importante en lo que va de la actual administración estatal, 3 mil 634 millones de pesos, para el arrendamiento de maquinaria pesada, equipo y accesorios para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)” (Serrano, 2019).

En la nota se detalla que el gobierno del estado, en su página web, lanzó la licitación pública LPL 01/2019, el 25 de enero de 2019, en la que participaron cuatro empresas, de las cuales tres cumplieron los requisitos y el fallo (publicado el 12 de febrero de 2019) favoreció a la empresa Operadora de Servicios Mega, SA de CV, Sofom ER, por 3,634’047,329.90 pesos. De las empresas participantes, Avancap y Mega, fueron seleccionadas como finalistas y simularon que cumplían con los requisitos, a fin de que en el proceso de licitación se evaluaran al menos dos proposiciones (Serrano, 2019).

En el dictamen de “propuestas técnicas y apertura de propuestas económicas” del IPRA se precisa que la empresa Avancap incumplió con los siguientes requerimientos técnicos: a) no pertenece a una sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom); b) nunca fue una entidad regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNV); c) no entregó las dos calificaciones crediticias vigentes; d) no demostró experiencia de 10 años en el mercado de arrendamientos; e) no demostró experiencia de arrendamientos con gobiernos, y f) no entregó carta compromiso de cumplir en plazo y término de las bases.

En una auditoría efectuada por la Contraloría del Estado del Gobierno de Jalisco, presidida por María Teresa Brito Serrano,

puntualizó que Avancap no estaba en el Padrón Único de Proveedores y Contratistas y su representante no acreditó esta condición. Además, no cumplió con los requisitos que exigía la convocatoria y, a pesar de eso, los funcionarios que estuvieron al frente de la licitación mintieron al establecer en las actas que sí entregó los documentos indispensables […] también en el fallo de la licitación no se incluyó el nombre del responsable de la evaluación administrativa (Serrano, 2021a).

Ante lo anterior, la Contraloría del Estado, concluyó que,

analizados los hechos irregulares […] de la totalidad de la información recabada, la misma resulta apta y suficiente para presumir el actuar irregular de los servidores públicos integrantes de la Unidad Centralizada de Compras de la convocante Secretaría de Administración, en el desarrollo de licitación pública local 01/2019, para el Servicio de Arrendamiento Puro de Maquinaria Pesada, Equipo y Accesorios para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Serrano, 2021a).

Después de hacerse públicas las irregularidades del programa ATM, la coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso de Jalisco, Erika Pérez García, junto con otros diputados,^[3] denunció al gobernador y otros funcionarios^[4] ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Jalisco y ante la Auditoría Superior de la Federación por presuntos actos de corrupción en el citado programa. Por su parte, el dirigente estatal de Morena, Hugo Rodríguez, declaró que el gobierno ha estado bloqueando la transparencia de este programa y solicitó a la Contraloría del Estado, a la Fiscalía Anticorrupción y al Control Interno del Congreso tomar cartas en este asunto y sancionen a los servidores públicos implicados.

Para el Fiscal Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, no existen elementos para iniciar una investigación en torno a las presuntas irregularidades en la licitación para el arrendamiento de maquinaria del programa ATM, ya que en su opinión “solo se trata de una nota nada más” (Hernández, 2019). No obstante, para el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJ), presidido por Annel Vázquez Anderson (en 2020), el programa ATM es considerado “un caso paradigmático de posibles hechos de corrupción”.

En la revisión de la cuenta pública del gobierno de Jalisco 2019, realizada por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), ratificó las irregularidades presentadas en el programa ATM y propuso fincar responsabilidades administrativas en contra de los funcionarios involucrados. En su informe de auditoría presentado ante el Congreso reportó que no pudieron aclararse observaciones relacionadas con el arrendamiento de la maquinaria pesada con la empresa Operadora de Servicios Mega; determinó que en el proceso de licitación local LPL 01/2019 se detectaron inconsistencias. La ASEJ advirtió que un servidor público del Comité de Adquisiciones pudiera haber dejado de atender las disposiciones previstas en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que se presume de la existencia de responsabilidades administrativas. También se encontraron deficiencias en la planeación de ATM, ya que no se define qué se entiende por infraestructura rural a desarrollar ni se identifica a la población que se ve afectada con el problema. La ASEJ señaló que hay una vinculación parcial entre las causas del problema y las soluciones planteadas por el programa, también observó que algunos objetivos planteados, como la rehabilitación de los caminos rurales, la limpieza y desazolve de cauces y cuerpos de agua, son tareas que corresponden al municipio (Serrano, 2021b).

Derivado de la investigación realizada por la Contraloría del Estado, se presentó una denuncia por presuntos hechos de corrupción al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Jalisco. Al respecto, José Ramón Jiménez Gutiérrez, magistrado presidente de ese Tribunal,

explicó que se determinó por parte de la primera instancia (Tercera Sala) que no existían elementos suficientes para sancionar por corrupción […] (el pasado 15 de diciembre de 2020), misma que fue apelada y derivada a la segunda instancia: la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (Gómez, 2021).

En un análisis de la resolución del TJA, efectuado en una mesa de análisis sobre “Resoluciones y sanciones administrativas” en torno al caso ATM, por el CPS del SEAJ, se concluyó que este no había recurrido a todas las facultades que le otorga la ley para profundizar en el asunto, por ejemplo, solicitar y ampliar la información del caso, revisar otras aristas del asunto, con el fin de allegarse de más elementos para fundamentar una decisión más integral sobre el tema.

 

El acceso a la información del programa ATM

La transparencia es un derecho humano y constitucional que, desde el punto de vista jurídico, refiere al conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales las autoridades y todo aquel que maneje o administre recursos públicos, es decir, los sujetos obligados, tienen el deber de poner a disposición de las personas la información que poseen, sin necesidad de que la soliciten (véase Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 2013, arts. 4, fracción XXI). Incumplir con este derecho o negar el acceso a la información, por incompetencia o de manera intencional, se considera un acto de opacidad sujeto a sanciones.

Acceder a información es una condición indispensable para la rendición de cuentas por parte de los gobiernos, quienes además deben ofrecer razones de sus actos con la finalidad de que los gobernados los aprueben o sancionen. En este sentido, la rendición de cuentas alude a la obligación que tienen los políticos y los funcionarios públicos de informar sobre sus acciones y decisiones, así como de justificarlas públicamente a fin de ser reconocidos o sancionados, según el parecer de los representados (Schedler, 2005).

Como parte de un esfuerzo académico colectivo para conocer el nivel de transparencia en la instrumentación del programa ATM y ejercer el derecho a la información, se planteó una investigación a las y los alumnos de la licenciatura en Gestión Pública y Políticas Globales del ITESO,^[5] a través de solicitudes de información a los municipios incluidos en el programa ATM por parte de la Sader. Para efectos prácticos, el trabajo se distribuyó entre cinco grupos, a los cuales se les asignaron regiones de Jalisco que abarcaran un número homólogo de municipios. De tal forma, cada grupo recabó información a través de uno o dos sets de tres preguntas. Los grupos se dividieron de la siguiente manera:

• • Grupo 1 (4 integrantes). Regiones Norte, Sureste y Costa Norte, 23 municipios.
  • Grupo 2 (4 integrantes). Regiones Sur y Altos Norte, 24 municipios.
  • Grupo 3 (4 integrantes). Regiones Valles y Centro, 24 municipios.
  • Grupo 4 (5 integrantes). Regiones Altos Sur y Ciénega, 24 municipios.
  • Grupo 5 (5 integrantes). Regiones Sierra de Amula, Sierra Occidental y Costa Sur, 25 municipios.

Las preguntas se formularon para comprobar si el programa ATM está sustentado en un estudio previo de factibilidad o impacto ambiental, social o económico; saber si el programa se identifica con el mismo nombre para cada municipio, revisar el número de convenios firmados y publicados; verificar el alcance de población y avances registrados con la iniciativa; si hay Consejos Municipales de Desarrollo Sustentable activos y prestos a la vigilancia de ATM, así como conocer los nombres de los responsables de evaluar los resultados y atender las denuncias de programa.

Las solicitudes de información se realizaron en los apartados de transparencia, en los sitios web de los ayuntamientos, de agosto a noviembre del 2021. Después de solicitar y recibir la información se elaboró una base de datos con los folios, el estatus de las solicitudes, las preguntas formuladas, si contaron o no con una respuesta, si requerían anteponer recursos de revisión y un resumen de cada oficio.

Los alumnos organizados por grupos y divididos por región enviaron solicitudes de información a 119 municipios (de los 121 donde opera el programa).^[6] En la tabla 6.1 se presenta un esquema con la clasificación de los tipos de respuesta recibidas por los sujetos obligados.

Como puede observarse en la tabla 6.1, una tercera parte de los municipios (36%) no respondió las solicitudes de información. Si sumamos este porcentaje con el criterio “respuesta deficiente”, 46.21% de solicitudes no atendieron debidamente el derecho a la información, lo que significa el incumplimiento de un derecho fundamental ciudadano.

En este caso, dos de cada tres solicitudes de información fueron atendidas. Además de las solicitudes formuladas a los ayuntamientos, se incluyó también a la Sader y a la Secretaría de Hacienda Pública (SHP), lo que da un total de 76 solicitudes contestadas, lo que corresponde a 63%. No obstante, la calidad de las respuestas en los 76 oficios osciló entre tres características: a) satisfactoria; b) parcialmente satisfactoria, y c) deficiente. Las solicitudes fueron clasificadas con calidad satisfactoria cuando se entregaban vía electrónica, en formato pdf, eran legibles, claras y atendidas en el tiempo estimado. Se consideró con calidad poco satisfactoria a información deficiente, presentada en un formato inaccesible, con archivo borroso o redacción confusa, si no resolvía una o más de las dudas o si se entregaba fuera del tiempo previsto, que para las solicitudes de información pública es de 10 días hábiles.

 

“A Toda Máquina”, un programa con poca luz

Las respuestas de los municipios a las solicitudes pueden tener distintas lecturas. Una sugiere que tanto la supervisión del programa como los sistemas de las unidades de transparencia locales están a merced de la poca atención de las autoridades municipales, las que además de garantizar los medios para poder conocer a profundidad las condiciones de este programa estatal deberían tomar el pulso de una iniciativa financiada con recursos públicos del estado, como lo es Módulos de Maquinaria.

Dentro del contenido más relevante de las solicitudes hay respuestas que distan unas de otras frente a la misma duda. Por ejemplo, se le preguntó a los Ayuntamientos de Mezquitic y Totatiche: “¿El programa ATM está sustentado en un estudio previo de factibilidad o sustentabilidad? En su caso, ¿está publicado?, ¿cuándo y quiénes lo realizaron?” Mientras que Mezquitic aseguró que no existe ningún estudio previo por parte del municipio o del Gobierno del Estado de Jalisco, la respuesta de Totatiche apunta a que sí hubo un estudio particular para su municipio, a iniciativa de su Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable y que está publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. A pesar de la afirmativa, la dependencia no adjuntó ningún enlace o archivo que permitiera constatar la información.

Aunque es posible inferir que los estudios de factibilidad quedan a deliberación de cada uno de los consejos municipales, el Ayuntamiento de Cabo Corriente, por ejemplo, refirió a la Sader como la dependencia responsable de haber realizado un estudio formal que proporciona datos de los alcances y resultados de ATM y que se puede consultar en la página web de la dependencia. No hay ningún estudio, local o estatal, que se haya publicado y que refiera a los alcances o número de población beneficiada con ATM (a diciembre de 2022). Las respuestas del resto de los municipios, al igual que en los casos anteriores, afirman que no se aplicó ningún estudio o que el Gobierno Estatal fue el responsable de realizar el supuesto análisis.

En relación con la conformación de los Consejos Municipales de Desarrollo Sustentable se interrogó a los municipios de las regiones Sur y Altos Norte sobre quiénes los integran y qué papel desempeña cada participante. Del total de 24 municipios entre ambas regiones 12 sí respondieron, pero de estos solo seis resuelven la duda satisfactoriamente, al confirmar que sí existe ese consejo, la fecha en la que comenzaron sus funciones, si ha experimentado reestructuraciones, los días en los que sesiona para la toma de decisiones o el desglose de los diferentes perfiles de la sociedad civil que fungen como concejales para la vigilancia y funcionamiento óptimo de atm en su municipio.

Hay otro tipo de réplicas que incluso niegan la existencia de Módulos de Maquinaria, como sucedió con el Ayuntamiento de La Barca, o que presumen apenas haber puesto en marcha el programa. Tal es el caso del Ayuntamiento de Villa Guerrero cuando se le preguntó cómo mide el funcionamiento del programa en su demarcación; el sujeto interpeló que no fue hasta el 18 de octubre de 2021, ya renovado el convenio para la administración 2021–2024, cuando el Gobierno del Estado de Jalisco hizo entrega de la maquinaria, por lo que no había comenzado a realizar ninguna de las actividades para las que se arrendó desde la pasada administración o a registrar las obras que se realizaran.

Otro tipo de información proporcionada propone que sí hay claridad y capacidad por parte de las unidades de transparencia de los ayuntamientos para detallar satisfactoriamente otro tipo de información. Tres de 22 municipios especificaron cuáles y cuántas máquinas han requerido y en qué proyectos públicos rurales las han empleado. Colotlán, por ejemplo, aclaró que “se han requerido cinco equipos de maquinaria para rehabilitar caminos rurales, desazolve de bordos de abrevadero, construcción de bordos de abrevadero, cubrir el vertedero municipal”. Una respuesta todavía más completa se encuentra en el oficio emitido por Huejúcar:

La maquinaria requerida que se ha utilizado hasta el momento es un vibro compactador, una motoconformadora, una retroexcavadora y un camión de volteo. Los proyectos que se han realizado con el módulo son muy diversos pero mencionaré los más sobresalientes: 1. Con este programa se ha trabajado con el programa de empedrados, realizando diferentes calles como son Adolfo López Mateos, Miguel Hidalgo en la localidad de Tlalcosahua, Vicente Guerrero en la cabecera municipal, 24 de Febrero en la comunidad de la Mesa María de León, calle Principal en la localidad de San José de los Márquez y una que está por iniciar en la cabecera municipal (Raúl González).

Ocotlán también resolvió la duda: “Apoyo a sacar cosechas, compactación de la Zona Rural del Municipio, y limpiezas de arroyos como de desazolve del Río Zula”.

De los 19 oficios —de 24 recibidos— por parte de las autoridades de las regiones Altos Sur y Ciénega enfocados en dilucidar a quién rinden cuentas del programa y ante quienes, los municipios refirieron a la Sader como la dependencia principal de llevar el control. Acerca de la pregunta sobre la población beneficiaria por parte del programa, la Sader proporcionó una ficha básica del programa pero que no responde a la pregunta formulada. También ubicó el enlace electrónico donde se encuentra información de todos los programas de la dependencia, entre ellos el programa: “Programa Módulos De Maquinaria. ¡A Toda Máquina!” que se limita a una infografía sobre la inversión realizada (3,650’000,000), así como de las características generales del tipo de maquinaria pesada arrendada.^[7]

Finalmente, tras una nueva ronda de dos solicitudes realizadas durante octubre del 2022 para esclarecer cuál ha sido el impacto cuantificable en el ámbito económico o social, se obtuvieron nuevas y distintas respuestas por parte de la Secretaría de Hacienda Pública y de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico del Estado de Jalisco.

El par de solicitudes presentaron cuestionamientos generales: el avance parcial, suspendido o concluido del programa, y la petición de un balance que rindiera cuentas del presupuesto ejercido por cada municipio hasta agosto de 2022. Para el primer cuestionamiento la Coordinación Estratégica afirma que el programa se encuentra en “avance parcial”, pero no detalla otros aspectos que permitan comprender este concepto. Respecto del segundo cuestionamiento, las dependencias señalaron sitios electrónicos interactivos para consulta desglosada del presupuesto ejercido y los resultados del programa tomando en cuenta los kilómetros rehabilitados en la entidad. Los sitios que adjuntan son Transparencia Gubernamental (jalisco.gob.mx) y el Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE).

El sitio de Transparencia Gubernamental permite explorar el avance presupuestal preliminar por eje o por programa. La información del interés para este capítulo se encontró bajo el nombre “Desarrollo Rural” y no “Módulos de Maquinaria” para los años 2020, 2021 y 2022. Dentro de esta categoría, a la fecha de consulta, que es diciembre del 2022, el sitio arroja los siguientes datos, sin posibilidad de aplicar más filtros, como sería por municipalidad. La consulta en este sitio no resuelve satisfactoriamente el cuestionamiento, pues no se adjunta ningún glosario y la navegación deja poco a la intuición.

Si consideramos la suma de las cantidades de las asignaciones modificadas del 2020 a 2022 (la cual asciende a 5 mil 430 millones 701 mil 517 pesos), esta es superior a la asignación inicial (de 3 mil 262 millones 653 mil 124 pesos), da una diferencia de 2 mil 168 millones 48 mil 393 pesos, lo que representa un incremento de 66.45%, cantidad muy significativa. Pero no es posible afirmarlo toda vez que no existe claridad en la información proporcionada por la Sader en relación con este programa.

Respecto al Monitoreo de Indicadores de Desarrollo de Jalisco (MIDE), la información sobre los kilómetros de caminos rurales rehabilitados, como única métrica sugerida para observar los resultados de este programa, se encontró bajo la categoría “Desarrollo y Crecimiento Económico/Campo”. El sitio reporta 14 mil 491.36 km al 30 de septiembre de 2022. La meta para 2022, expone el sitio, es de 17 mil 333 kilómetros rehabilitados. Esto significa que el programa lleva 85% de la meta cumplida. Los datos desplegados en este indicador son más claros, pues refieren la fuente y definiciones a conceptos como “kilómetros rehabilitados”, incluye una gráfica de avance, una tabla con valores históricos, la periodicidad y otras características del indicador.

 

Conclusión

Como puede constatarse en este estudio, el programa conocido como “A Toda Máquina” presentó irregularidades desde su inicio, que salieron a la luz pública a través del trabajo periodístico y que fueron constatadas tanto por la Contraloría del Estado como por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. No obstante, tanto el Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial como la Fiscalía Anticorrupción (que depende de la Fiscalía General del Estado), el 23 de marzo de 2021 decidieron que no había “suficientes elementos para sancionar por corrupción” (Ramírez, 2021).

Por lo que respecta al grado de transparencia en la instrumentación del programa ATM, si en 43 solicitudes de información, de un total de 119, dirigidas a los municipios no recibieron respuesta (36%), y que en 12 (10%) de estas se contestó de manera deficiente, tenemos que en 46% de las peticiones se incumplió con el derecho de acceso a la información (cerca de una de dos peticiones), lo que puede interpretarse como negligencia, incapacidad u opacidad por parte de las autoridades locales y en donde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) tienen responsabilidad.

La Secretaría de Hacienda Pública incumple con información actualizada del presupuesto ejercido en este programa, pues no es clara y no se pueden aplicar filtros, más allá del año y del programa gubernamental, que se presenta bajo distintos nombres, ninguno corresponde al denominado “Módulos de Maquinaria”. Además, no es posible saber a cuánto asciende el presupuesto asignado y ejercido por cada uno de los municipios involucrados en este programa debido a que dispersaron el presupuesto en los gobiernos locales y no se reporta el concentrado de los datos, lo que sin duda dificulta la supervisión de ATM. Aunado a lo anterior, llama la atención el incremento de 66.45% del monto inicial y modificado en los tres años que lleva el programa.

Para los alumnos del ITESO que participaron de este ejercicio colectivo quedó claro que el programa ATM presenta más opacidad que luces en su operación, no solo por la falta de respuestas las solicitudes de información formuladas a los municipios, sino también por el tipo de respuesta que obtuvieron y la cantidad de irregularidades que se presentaron desde la licitación de este programa. Además, los sitios consultados en las páginas web de las dependencias, tanto de la Sader como de los municipios, no fueron de fácil acceso.

 

Referencias

El Informador. (2019, 26 de marzo). Alfaro triplica recursos para el campo. El Informador. https://www.informador.mx/Alfaro-triplica-recursos-para-el-campo-l201903260001.html

Gómez, R. (2021, 14 de abril). Tribunal de Justicia Administrativa absuelve a funcionarios denunciados por corrupción por el caso ATM. La Crónica de Hoy Jalisco. https://www.cronicajalisco.com/notas-tribunal_de_justicia_administrativa_absuelve_a_funcionarios_denunciados_por_corrupcion_por_el_caso_atm-107807-2021

Hernández, J. C. (2019, 2 de abril). Licitación: Se hacen bolas. NTR Guadalajara. https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=122833

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 86 (2013). https://info.jalisco.gob.mx/gobierno/documentos/7411

Ramírez, V. (2021, 14 de abril). Sin sanciones para servidores del Gobierno de Jalisco por ATM: Tribunal de Justicia Administrativa. El Occidental. https://www.eloccidental.com.mx/local/sin-sanciones-para-servidores-del-gobierno-de-jalisco-por-atm-tribunal-de-justicia-administrativa-6599317.html

El Financiero. (2019, 25 de marzo). Jalisco lanza programa “A toda Máquina” con inversión de 3,600 mdp. El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/jalisco-lanza-programa-a-toda-maquina-con-inversion-de-3-600-mdp/

Sader. (2019, marzo 25). ¡A toda máquina! Entrega de maquinaria a 121 municipios. https://sader.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/2528

Schedler, A. (2005). ¿Qué es la rendición de cuentas? (Vol. 3). INAI. https://infocdmx.org.mx/capacitacion/documentos/JURIDICO08/LECTURAS/MODULO%202/RENDICIONDECUENTAS.pdf

Serrano, S. (2019, 29 de marzo). Va al básquetbol… y gana licitación. NTR Guadalajara. https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=122574

Serrano, S. (2021a, 14 de abril). ATM fue irregular, señala Contraloría. ntr Guadalajara. https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=164949

Serrano, S. (2021b, 26 de agosto). Auditoría encuentra anomalías en ATM. NTR Guadalajara. https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=170893

Siker. (2021, 9 de agosto). Monitorean las unidades de “A Toda Máquina”. Siker. https://siker.com.mx/la-perla/monitorean-las-unidades-de-a-toda-maquina/

 

^[1]   No incluye a los Municipios de Guadalajara, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque y Zapopan.

^[2]  Según la Sader, estos consejos están conformados por representantes de las autoridades, organizaciones de productores, colegios de profesionistas y comisarios, entre otros entes que pudieran integrarse.

^[3]  Los diputados Bruno Blancas Mercado, María Esther López, Arturo Lemus Herrera, Norma Valenzuela Álvarez y Patricia Meza Núñez.

^[4]  Los funcionarios denunciados fueron: Luis Arturo López Sahagún, presidente del Comité de Adquisiciones; Raymundo Andrade Beltrán, secretario técnico del Comité de Adquisiciones; Roberto Navarro Arias, representante de la Contraloría Estatal en el Comité de Adquisiciones; Rodolfo Espinoza Preciado, director de Recursos Materiales y Financieros de la Sader; Agustín de la Fuente, director administrativo de la Sader y Carlos Salinas Osornio, funcionario de la Sader.

^[5]  Participaron 21 alumnos de la materia Transparencia y Rendición de Cuentas del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos en el periodo Otoño 2021, a cargo del profesor José Bautista Farías, con la asistencia de Dulce Nataly Figueroa Santana.

^[6]  A los municipios de Jamay y Tomatlán no se solicitó información debido a problemas de coordinación de los equipos. Jamay se ubica en la región Ciénega, tiene una población de 24,894, y Tomatlán se localiza en la región Costa Norte de Jalisco, con una población de 36,316.

^[7]  Véase https://sader.jalisco.gob.mx/infraestructura-rural/2525

 

Alberto Bayardo Pérez Arce

 

El acceso a la información pública es un recurso muy importante para el control democrático del ejercicio del poder político, de ahí que en el caso mexicano, dada su configuración institucional, tenga un valor estratégico muy alto la designación de quienes tienen la titularidad de los órganos encargados de garantizar el derecho de acceso a la información (DAI), debido a que pueden o no ejercer con diligencia sus atribuciones y de esa manera facilitar, o impedir en los hechos, que el público acceda a la información de su interés.

Debido a lo anterior, dado que cuando pueden las élites de gobierno prefieren realizar su labor tras una “ventana polarizada” que maximice la opacidad de sus acciones al mismo tiempo que se minimiza la privacidad de los ciudadanos (Holmes, 2007, p. 14), es claro que los actores políticos siempre tendrán la tentación de intervenir indebidamente en la designación de los titulares de los órganos garantes del DAI, con la finalidad de asegurar que recaiga en alguien que opere a favor de los funcionarios públicos, y de manera directa e indirecta niegue el acceso a la información. Cuando esos actores logran imponer en uno de estos órganos a una persona que vele por sus intereses particulares, en contra del interés público, se dice que lograron “capturarlo”.

En el caso de Jalisco, el órgano garante del DAI es el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), cuyo órgano de gobierno, el pleno, está constituido por tres personas con el cargo de comisionada(o)s, y es presidido por una de ellas. Sus integrantes, conforme a la ley^[1], deben renovarse de manera escalonada cada cinco años, esto con el objetivo de conservar el aprendizaje organizacional.

El ITEI cuenta además con un Consejo Consultivo (CC), integrado por representantes de los sectores empresarial, académico y de la sociedad civil, cuya finalidad es proponer, analizar y opinar en materia de transparencia y acceso a la información, tanto al Poder Legislativo de Jalisco, como al propio ITEI, y que, asimismo, tiene la función fundamental de gestionar la aplicación de un examen a quienes aspiran a ocupar un puesto dentro del pleno del órgano de gobierno del ITEI, como parte del proceso de designación. Y es fundamental debido a que, por ley, solo son elegibles quienes acrediten una calificación mínima de 80 puntos sobre 100 en ese examen.

Es importante comentar que tanto la existencia del CC, como el que tenga la atribución de gestionar la realización del examen de conocimientos antes mencionado, son una innovación democrática, incorporada en la ley debido al impulso de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia en el estado, principalmente la Asociación Mexicana de Derecho a la Información capítulo Jalisco (Amedi Jalisco), y Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) Jalisco, así como por integrantes de la academia.

Es dado suponer que esa innovación tiene la intención de limitar el control de los actores políticos sobre el proceso de designación de quienes integran el pleno del ITEI y de esa manera favorecer que ocupen esos puestos personas con suficiente capacidad e idoneidad para evitar su captura.

Ahora bien, en el periodo que nos ocupa, 2022, pudimos atestiguar el intento de capturar al ITEI, proceso que quedó interrumpido, y hasta el momento de redactar estas líneas todavía no se había resuelto si el intento prosperaría o sería detenido por los actores ciudadanos involucrados.

Para comprender mejor lo que ocurrió, abordaremos este proceso en dos etapas: en la primera describiremos el accidentado cierre de la gestión de Cynthia Cantero como presidenta del ITEI, y en la segunda el proceso de elección de la nueva consejera presidenta.

 

El accidentado cierre de la presidencia de Cynthia Cantero

Contexto previo

Cynthia Cantero Pacheco fue la primera mujer designada como presidenta del pleno del ITEI en 2013, y al vencer su nombramiento, en 2017, se postuló para un segundo periodo, en igualdad de circunstancias que el resto de quienes aspiraban a ocupar ese puesto. Como resultado, fue designada como comisionada presidenta por un segundo periodo de cinco años, mientras que Natalia Mendoza Servín fue nombrada como suplente por el mismo periodo (Congreso del Estado de Jalisco, 2017), el cual terminaría a mediados de 2022.

Durante su segundo periodo al frente del ITEI, Cynthia Cantero tomó un gran protagonismo público en los temas relacionados con la transparencia y el acceso a la información, los procesos de gobierno abierto, así como en lo relativo al control de la corrupción, dado que, por ley, formaba parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

Sin embargo, de manera imprevista, a finales de 2021, a poco más de medio año para que venciera su nombramiento, decidió postularse como aspirante para ocupar la titularidad de la Contraloría Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara. Cantero obtuvo este nuevo puesto. Este movimiento provocó una crisis en el itei, y sirvió de pretexto para que hubiera injerencias indebidas del Congreso del Estado de Jalisco en su operación.

 

Proceso

Desde noviembre y principios de diciembre de 2021 había rumores de que Cynthia Cantero podría dejar el ITEI para hacerse cargo de la Contraloría Ciudadana de Guadalajara, a invitación de su alcalde, Pablo Lemus (Cabañas, 2021a, 2021b). Los rumores se confirmaron cuando Cantero se postuló, en una convocatoria exclusiva para mujeres, y obtuvo el puesto con 16 de 19 votos posibles (Pérez Vega, 2021).

A partir de ahí trascendió que Cantero solicitó una licencia por 60 días, a partir del 31 de diciembre, plazo en el que presentaría su renuncia al Congreso del Estado de  Jalisco, para que se llamara a su suplente, Natalia Mendoza, quien debería presidir el ITEI hasta junio de 2022, cuando se vencería su nombramiento, y debía haberse designado a la nueva comisionada presidenta (Alonso, 2021). Se anticipaba que la presidencia recaería provisionalmente en el Comisionado Salvador Romero, siguiente en el orden alfabético por las iniciales de su apellido, hasta que el congreso le tomara protesta a Mendoza, quien entonces pasaría a ser la presidenta.

 

Estrategia

Efectivamente, al inicio de 2022 el comisionado Romero asumió la presidencia del ITEI, sin embargo, con el pretexto de que había diputados enfermos de covid (Pérez, 2022b), el Congreso del Estado de Jalisco demoró casi un mes en tomar protesta a Natalia Mendoza, la suplente de Cantero, y esto después de recibir la presión de la sociedad civil (Rodríguez, 2022a), lo que dio oportunidad a que hubiera despidos y cambios en el personal adscrito al ITEI, de modo que se desplazó de los puestos estratégicos, como la Secretaría Ejecutiva, a personas ligadas con Cantero.

Inmediatamente, a principios de marzo, en algunos medios de comunicación se criticó el hecho de que Cantero hubiera rendido protesta como contralora ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara, el 18 de enero, sin que su renuncia, presentada el 25 de febrero, hubiera sido aceptada por el congreso (Equipo Editorial, 2022a; Quadratín Jalisco, 2022; Redes Guadalajara, 2022), especialmente porque al vencerse su licencia también se vencía el interinato del comisionado Romero. Sin embargo, como bien lo planteó la propia Cantero, era responsabilidad del propio congreso atender su renuncia, ya que no se le podía obligar a continuar en un puesto que no era su voluntad conservar y proceder en consecuencia (Aguilar, 2022a), omisión que fue subsanada el 5 de marzo (Congreso del Estado de Jalisco, 2022), cuando se aceptó formalmente la renuncia de Cantero, y se nombró presidente suplente a Romero.

Esto último suscitó una controversia, ya que, como argumentaba la oposición en el Congreso, la comisionada Mendoza había recibido el nombramiento como presidenta suplente, por lo que a ella le correspondía ocupar ese puesto. Sin embargo, la mayoría de Movimiento Ciudadano (MC), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) se impuso (Aguilar, 2022b). Desde la sociedad civil hubo coincidencia con la postura de la oposición (Levario, 2022).

En general, parecía que la maniobra llevada a cabo para no reconocerle a la comisionada Mendoza el derecho a ejercer la presidencia del pleno del ITEI tendría varias motivaciones. Por un lado, tener la posibilidad de desplazar al personal ligado a Cantero, o a la Universidad de Guadalajara (Chávez, 2022), al tiempo que se le otorgaba más poder al comisionado Romero, a quien se le ubica como una cuota del pan, partido aliado a MC, mientras que la Universidad pasó de ser aliada a opositora por lo menos desde el 2020.

De hecho, a mediados de julio trascendió que los comisionados Romero y Rosas estarían a punto de hacer modificaciones al reglamento interno del ITEI, y entre los cambios previstos estaba restarle facultades a la futura presidenta (Allá en la Fuente, 2022), lo que en principio fue detenido por el Consejo (Ortiz, 2022), si bien el comisionado Romero desmintió que esa fuera la intención, y retiró la propuesta de modificación, para turnarla al CC, que, en uso de sus atribuciones, la retroalimentaría (Mora, 2022). Sin embargo, no se volvió a tocar el tema.

 

Resultados

Como se verá en el siguiente apartado, esto podría haber repercutido en que se perdiera la experiencia acumulada en la interacción con el cc en cuanto a su participación en el proceso de designación de los comisionados del Instituto, dado que antes se había despedido a Miguel Hernández, quien fuera el secretario ejecutivo durante la presidencia de Cantero, quien también era el secretario técnico del Consejo y le había auxiliado en cuatro procesos anteriores, realizados en 2016, 2017, 2020 y 2021.

Es importante señalar lo anterior debido a que se puede decir que la memoria institucional del cc es conservada por el personal de planta del ITEI que le atiende, dado que los consejeros tienen una mayor rotación, y al ser sus puestos honoríficos no tienen la posibilidad de dedicar tanto tiempo a las labores del Instituto. En ese sentido, la renovación abrupta de los funcionarios implica una pérdida inmediata de la experiencia organizacional acumulada.

Se podrá argumentar, con razón, que esa situación fue propiciada por la renuncia de Cantero, que dejó un vacío que fue aprovechado por los actores políticos con interés en intervenir más directamente en la designación de la nueva comisionada presidenta.

Adicionalmente, podemos considerar que, al romperse los equilibrios existentes dentro del ITEI este pudo haber sido capturado por los actores detrás de los comisionados Romero y Rosas, quienes lograron desplazar al personal que no era cercano a ellos, y que, presumiblemente, habría colaborado con Natalia Mendoza si el Congreso le hubiera reconocido su nombramiento como presidenta suplente.

 

Proceso de designación de la nueva comisionada presidenta

Contexto previo

Se puede asumir una falta de compromiso con el DAI por parte del Congreso del Estado de Jalisco si se toma en consideración que desde diciembre de 2021 fue público el hecho de que Cantero había sido designada como contralora ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara, y que ya había solicitado una licencia para poder ocupar ese cargo. Incluso se tuvo que presionar al Congreso para que tomara protesta a la suplente y completara el pleno del ITEI, y que en ese periodo la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público (CPCTESP), a la que corresponde atender lo referente al Instituto, no había acusado recibo de la situación ni había elaborado y emitido la convocatoria para designar a la nueva consejera presidenta.

Fue hasta el 23 de marzo de 2022 cuando la Comisión informó que ya estaba lista la convocatoria (Pérez, 2022a), aunque no la turnó al pleno sino hasta el 27 de abril, con la intención de culminar el proceso en la segunda quincena de junio (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a).

Como se mencionó más arriba, en el caso de Jalisco la designación de quienes integran el pleno del ITEI tiene un filtro, que consiste en la aplicación de un examen, cuya organización, incluyendo el temario, la invitación a quienes lo elaboran y califican, así como los horarios y demás aspectos del procedimiento, corren a cargo de su CC. De esta manera se ofrece mayor certeza de imparcialidad a quienes participan en las convocatorias y se favorece que solo quienes acrediten tener los conocimientos necesarios puedan ser elegibles.

Ahora bien, es cuestión de especulación determinar si el hecho de que se hubiera desplazado al equipo que colaboraba con Cantero afectó la capacidad del cc para organizar el examen de conocimientos de manera óptima, pero no habría sido raro que así hubiera sido, dado que fue la primera ocasión en que este procedimiento se llevó a cabo con el apoyo de Ximena Guadalupe Raygoza, la nueva secretaria técnica, quien carecía de la experiencia acumulada por el anterior secretario, Miguel Hernández, que, como ya se mencionó, acompañó al Consejo en cuatro procesos previos.

 

Proceso

Dado que en el ámbito público se debe mantener la equidad de género en las designaciones públicas, y los comisionados del ITEI en funciones eran varones, la convocatoria fue exclusivamente para mujeres. Se registraron 18 aspirantes, todas provenientes del ámbito público, y varias con experiencia laboral en las Unidades de Transparencia e Información de diversos sujetos obligados de la ley de transparencia (Rivas, 2022a).

Conforme a la convocatoria (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a), las aspirantes se presentaron al recinto legislativo el 27 de mayo para que se evaluaran sus conocimientos. El examen fue por escrito, de opción múltiple, sobre las siguientes temáticas: transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, archivos, gobierno abierto y sistema anticorrupción, que son las áreas de responsabilidad del ITEI.

Para que el proceso de designación pudiera seguir su curso era necesario que por lo menos dos aspirantes obtuvieran una calificación igual o mayor a 80 puntos sobre 100. Sin embargo, no fue así. Solo una aspirante, la comisionada Natalia Mendoza, lo logró, al obtener 87.1 puntos, por lo que fue necesario declarar desierta la convocatoria (Aguilar, 2022c; Rivas, 2022b).

Esta situación causó inquietud en el Congreso del Estado de Jalisco (CPCTESP, 2022a), pese a que había antecedentes: la primera ocasión en la que el Consejo organizó el examen, en 2016, hubo necesidad de emitir tres convocatorias, a fin de que se obtuviera el número de aspirantes elegibles suficiente para continuar con el proceso, que culminó en tiempo y forma.

En el caso que nos ocupa, al decir de una de las aspirantes, Guadalupe Plasencia (2022), aprobar el examen era muy difícil, dado que el temario era sumamente extenso. En efecto, constaba de 53 temas específicos, 47 normas diversas y 30 referencias bibliográficas. Sin embargo, no era imposible aprobarlo, puesto que una aspirante lo logró, y fundamentalmente era el mismo que se había utilizado en procesos anteriores, como se puede constatar en el micrositio en Internet del Consejo Consultivo (ITEI, s/f).

 

Estrategia

El hecho es que la situación sirvió de pretexto para que el 15 de junio la CPCTESP interviniera en el proceso, introduciendo modificaciones en la segunda convocatoria, aduciendo que de esa manera el procedimiento fluiría de mejor manera. Es de suponer que estas modificaciones fueron propuestas por el diputado José María Martínez, vocal en esa Comisión, y coordinador de la bancada de Morena, a la que corresponde la presidencia de la Comisión, dado que fue quien las defendió en la sesión, y no así la diputada Leticia Pérez, también integrante de Morena, quien la preside. Las modificaciones fueron aprobadas pese a los señalamientos de la posible ilegalidad que implicarían, realizados por la vocal Susana de la Rosa, diputada de Futuro Jalisco (CPCTESP, 2022b).

El diputado Martínez criticó en esa sesión las tendencias de los especialistas y académicos que elaboraron el examen previsto, y además planteó la necesidad de cambiar la ley, al considerar que lo que era una innovación en su momento, la participación del CC, ahora no estaba funcionando.

La segunda convocatoria fue aprobada al día siguiente por el Pleno del Poder Legislativo, con 27 votos a favor, seis abstenciones y dos en contra, mediante el Acuerdo 161/LXIII/22.

Los principales cambios introducidos fueron los siguientes: se mantuvo el requisito de aprobar un examen de conocimientos^[2], consistente en 50 preguntas de opción múltiple, al que se le asignó 33% de la puntuación global; se añadió la presentación de un ensayo, que se entregaría junto con la postulación, y que tendría 34% de la calificación y, finalmente, se integró una evaluación oral, en la que las aspirantes deberían responder a una pregunta formulada de manera conjunta por el Consejo Consultivo y los especialistas y académicos convocados para realizar la evaluación, asignándole 33% de la calificación. Además, el Congreso especificó que los cinco especialistas que llevarían a cabo la evaluación de las aspirantes tendrían que elegirse de entre los 10 que aparecían en la lista incluida (Congreso del Estado de Jalisco, 2022b).

Las modificaciones introducidas resultaron suficientemente significativas como para alterar el curso del proceso de evaluación de las aspirantes. Para empezar, al incluir elementos de evaluación adicionales se le quitó peso específico al examen, el cual quedaba prácticamente anulado dado que los otros dos aspectos a considerar se evaluarían de manera subjetiva, con una escala de “Cumple/No cumple”. Además, en caso de que alguna aspirante solo obtuviera “No cumple” en todos los rubros, recibiría 50% de la calificación máxima esperada. El hecho de que el ensayo se entregara junto con la postulación no permitía verificar quién lo había redactado.

Por otra parte, la especificación de quiénes eran las personas expertas que podrían ser convocadas para llevar a cabo la evaluación implicó, en los hechos, un veto legislativo para quienes no aparecieron en la lista, puesto que de las ocho personas especialistas que participaron en la primera convocatoria solo se incluyó a tres en la segunda: Annel Vázquez, José Bautista y Vicente Viveros. Es de suponer que las personas no incluidas son a las que el diputado Martínez criticó.

Como se ve, la segunda convocatoria abría la posibilidad de incluir entre las elegibles a aspirantes que no hubieran acreditado su capacidad con una calificación alta el examen, lo que favorecería que se designara como comisionada presidenta a una persona no apta para el puesto, que estaría, entonces, a las órdenes de quienes se lo otorgaron, con lo que se consumaría la captura del ITEI.

Por eso no es extraño que esas disposiciones invadieran el área de competencia del CC, dado que le indicaban cómo debería hacer la evaluación, algo que la ley le atribuye al propio Consejo, junto con las personas expertas a las que convoque, y, por otro lado, acotaba quiénes podían ser esas personas, evitando que tuviera el margen de actuación suficiente para evadir el intento de capturar la presidencia del Instituto.

Esa manera de intervenir en un proceso, torciendo lo dispuesto por la ley, coincide con la manera en que el diputado Martínez suele operar, algo que es público y notorio, y de lo que, en el marco de lo que aquí se analiza, dio cuenta el columnista Diego Petersen (2022).

El mismo día de la aprobación de la segunda convocatoria la bancada del partido Hagamos Jalisco denunció públicamente que era ilegal (Lattuada, 2022), y el propio Consejo Consultivo se pronunció en el mismo sentido (CCITEI, 2022; Rodríguez, 2022b), motivo por el cual decidió no seguir participando en el proceso (De Anda, 2022a), pese a la presión que recibió de parte de algunos diputados, así como del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (Chávez, 2022).

De este modo, en vista de que, pese a las irregularidades denunciadas, se presentaron 23 aspirantes (Rivas, 2022c), el Congreso desestimó los llamados a llegar a un acuerdo con el CC (Pérez, 2022c), y el 30 de junio acordó continuar, encomendándolo a la CPCTESP, amparándose en lo que la propia ley establece en caso de que el CC no entregue en tiempo y forma la lista de personas elegibles para el puesto (Congreso del Estado de Jalisco, 2022c; Rivas, 2022d).

Sin embargo, ese mismo día Natalia Mendoza, la única aspirante que aprobó el examen de la primera convocatoria, se amparó contra la nueva, y obtuvo una suspensión del procedimiento, pese a lo cual la CPCTESP acordó hacerse cargo de este (Rivas, 2022e), ajustando los plazos, dado que los previstos suponían que el Consejo se haría cargo (Ríos, 2022).

De este modo, el procedimiento siguió adelante y las aspirantes fueron evaluadas el 13 de julio. De manera previsible, el número de aprobadas se incrementó notoriamente, ya que 11 lograron acreditar su elegibilidad en los términos de la segunda convocatoria (Rivas, 2022h).

Por su parte, los tres sectores que integran al cc, empresarial, académico y social, se pronunciaron públicamente a favor de su negativa a participar, demandaron que se cancelara la segunda convocatoria y exigieron que se emitiera una que respetara lo establecido en la ley, a lo que el Congreso prestó oídos sordos (De Anda, 2022b; Equipo Editorial, 2022b; Levario & Pérez, 2022; Rivas, 2022g).

 

Resultados

Finalmente, el 19 de julio prosperó la suspensión definitiva del proceso, promovida por Natalia Mendoza, y el Congreso acató la orden de no continuar con el procedimiento hasta que se resolviera su procedencia (Saldaña, 2022).

Se esperaba que el tribunal de distrito que concedió la suspensión continuara con el juicio a principios de agosto, con la audiencia respectiva, pero, por motivos desconocidos, se pospuso en varias ocasiones (Pérez, 2022d; Rivas, 2022f, 2022i, 2022j), de manera que 2022 terminó sin que se pudiera designar a la nueva comisionada presidenta del ITEI (Pérez, 2022f).

En el ínter, Natalia Mendoza tuvo que dejar el ITEI el 2 de julio, al vencerse su nombramiento, lo que implicó un aumento en la carga de trabajo para los dos comisionados restantes (Pilar, 2022e), por lo que la garantía del DAI en Jalisco quedó más limitada a lo largo de todo el segundo semestre de 2022, y al momento de redactar estas líneas, aún no se sabe qué pasará.

Por lo pronto, el intento por capturar al ITEI quedó interrumpido y permanece como un reto para la sociedad civil, la academia y la iniciativa privada hacer lo necesario para evitarlo.

 

Conclusiones

La renuncia de Cantero a su nombramiento, para poder ocupar otro, rompió los equilibrios políticos al interior del ITEI, lo que propició su captura temporalmente y favoreció la creación de condiciones que le dificultaron al CC hacerse cargo de la logística de su parte del proceso de designación de la nueva titular, al mismo tiempo que se debilitó la capacidad del órgano de garantizar el DAI, ya que el pleno se quedó incompleto.

Quienes deciden dentro del Congreso del Estado de Jalisco utilizaron como pretexto la circunstancia de que solo una aspirante aprobó el examen de la primera convocatoria para sabotear la labor del CC, el cual decidió no legitimar un procedimiento violatorio de la ley y decidió no continuar formando parte del proceso, lo que resultó benéfico para quienes querían capturar al ITEI, mediante la aplicación de un procedimiento de evaluación del conocimiento de las aspirantes subjetivo, además de violatorio de la ley, que permitiría que más mujeres fueran elegibles, aunque no tuvieran suficientes conocimientos. El intento de captura estuvo a punto de lograrse, pero la decisión de ampararse por parte de la aspirante Natalia Mendoza dejó el proceso interrumpido.

 

Referencias

Aguilar, F. (2022a, 1 de marzo). Ante vacío legal en el ITEI, su expresidenta justifica que “era su derecho renunciar”. Canal 44 TV.

Aguilar, F. (2022b, 5 de marzo). Diputados aprueban renuncia de Cynthia Cantero del ITEI; oposición señala que se extralimitaron. Canal 44 TV.

Aguilar, F. (2022c, 27 de mayo). Repetirán proceso para elegir presidenta del ITEI; solo una aspirante logra calificación requerida. Canal 44 TV.

Allá en la Fuente. (2022, 13 de julio). Otro madruguete en el Instituto de Transparencia. El Informador.

Alonso, R. (2021, 20 de diciembre). ITEI a prueba y en piloto automático. Milenio.

Cabañas, S. (2021a, 10 de noviembre). Cúpula. Mural.

Cabañas, S. (2021b, 3 de diciembre). Cúpula. Mural, 8.

CC–ITEI. (2022). Oficio CC–ITEI/029/2022.

Chávez, J. (2022, 4 de julio). Deja fuera ITEI a grupo ligado a la UdeG. El Occidental.

Chávez, V. (2022, 21 de junio). Diputados y organismos presionan al Consejo Consultivo reconsidere su participación en elección de presidenta del ITEI. Canal 44 TV.

Congreso del Estado de Jalisco. (2022, 5 de marzo). Avalan a Comisionado Suplente del ITEI. Congreso del Estado de Jalisco.

Congreso del Estado de Jalisco. (2022a, 28 de abril). Acuerdo 157/LXIII/22. El Estado de Jalisco. Periódico Oficial, 17–30.

Congreso del Estado de Jalisco. (2022b). Acuerdo 161/LXIII/22. Congreso del Estado de Jalisco.

Congreso del Estado de Jalisco. (2022c). Acuerdo 165/LXIII/22.

CPCTESP. (2022a). Tercera Sesión Extraordinaria. Congreso del Estado de Jalisco.

CPCTESP. (2022b). Cuarta Sesión Extraordinaria. Congreso del Estado de Jalisco.

De Anda, F. (2022a, 20 de junio). Declinan ciudadanos participar en designación del ITEI. Mural.

De Anda, F. (2022b, 18 de julio). Exigen restablecer legalidad en designación del ITEI. Mural.

Equipo Editorial. (2022a, 2 de marzo). La salida de Cynthia Cantero sin renunciar podría ser tipificado como delito. Canal 44 TV.

Equipo Editorial. (2022b, 24 de junio). El ITESO respalda al Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia de Jalisco. UdeGTV.

Holmes, S. (2007). Presentación. En Organismos autónomos y rendición de cuentas: el caso de México (1a ed., pp. 13–15). Siglo XXI Editores / IIJ–UNAM.

ITEI. (s/f). Consejo Consultivo. Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. https://www.itei.org.mx/v4/nosotros/consultivo

Lattuada, M. F. (2022, 16 de junio). Con oposición de Hagamos, aprueban nueva convocatoria para designar presidenta del ITEI. Canal 44 TV.

Levario, J. (2022, 16 de marzo). Ven riesgos tras elección de presidente del ITEI. NTR Guadalajara.

Levario, J., & Pérez, J. P. (2022, 6 de julio). Cúpulas piden cambiar convocatoria para ITEI. NTR Guadalajara.

Mora, Y. (2022, 13 de julio). Son rumores los ajustes al cargo de titular del ITEI, dice comisionado presidente. El Informador.

Ortiz, E. (2022, 13 de julio). Consejo Consultivo detiene cambios al reglamento del ITEI. Canal 44 TV.

Pérez, I. (2021, 15 de diciembre). Eligen a Cynthia Cantero como la nueva contralora ciudadana de Guadalajara. Canal 44 TV.

Petersen, D. (2022, 28 de julio). El estilo personal de torcer la ley. El Informador.

Pérez, J. P. (2022a, 23 de marzo). Convocatoria para nueva titular de ITEI ya está lista. NTR Guadalajara.

Pérez, J. P. (2022b, 8 de junio). Convocatoria para renovar presidencia de ITEI, desierta. NTR Guadalajara.

Pérez, J. P. (2022c, 30 de junio). Descartan escuchar a voces críticas de elección. NTR Guadalajara.

Pérez, J. P. (2022d, 3 de agosto). Posponen audiencia de amparo sobre ITEI. NTR Guadalajara.

Pérez, J. P. (2022e, 8 de agosto). Salida de Mendoza dejó hasta 700 pendientes. NTR Guadalajara.

Pérez, J. P. (2022f, 29 de diciembre). Intel e IJA se quedan sin nuevos titulares. NTR Guadalajara.

Plascencia, G. [@Gu4d1]. (2022, 27 de mayo). Hoy saqué 74.30 sobre 100 en el examen para comisionada presente del @ITEIJal. Twitter. https://twitter.com/Gu4d1/status/1530364583008944128

Quadratín Jalisco. (2022, 1 de marzo). Incurre Cynthia Cantero en delito al dejar el ITEI sin aval del Congreso. Quadratín Jalisco.

Redes Guadalajara. (2022, 3 de marzo). Redes de poder GDL: El desbarajuste de Cantero Pacheco. Reporte Índigo.

Ríos, E. (2022, 1 de julio). Modifican plazos para evaluar a aspirantes a la presidencia del ITEI. El Occidental.

Rivas, R. (2022a, 17 de mayo). ITEI: Se perfilan 18 candidatas a la presidencia del organismo. El Informador.

Rivas, R. (2022b, 7 de junio). ITEI: Declaran desierta convocatoria para elegir a la presidenta del organismo. El Informador.

Rivas, R. (2022c, 24 de junio). ITEI: Pese a críticas a la convocatoria, 23 candidatas buscan la presidencia del organismo. El Informador.

Rivas, R. (2022d, 30 de junio). Diputados toman control del proceso para seleccionar presidenta del ITEI. El Informador.

Rivas, R. (2022e, 30 de junio). ITEI: Judicializan elección de la presidencia del organismo. El Informador.

Rivas, R. (2022f, 1 de julio). ITEI: Aplazan evaluación a candidatas a la presidencia del organismo. El Informador.

Rivas, R. (2022g, 5 de julio). ITEI: Congreso ignora llamados a modificar la convocatoria y sigue con proceso para elegir a presidenta. El Informador.

Rivas, R. (2022h, 13 de julio). Aprueban evaluación 11 candidatas a la presidencia del ITEI. El Informador.

Rivas, R. (2022i, 20 de septiembre). ITEI: Dan largas a la definición del amparo por la elección de presidenta del organismo. El Informador.

Rivas, R. (2022j, 5 de octubre). ITEI: Otra vez, aplazan definición del amparo que frena elección de presidenta. El Informador.

Rodríguez, L. (2022a, 24 de enero). Organizaciones exigen acelerar proceso para relevo en el ITEI. NTR Guadalajara.

Rodríguez, L. (2022b, 17 de junio). Convocatoria para presidencia del ITEI no se apega a la Ley. NTR Guadalajara.

Saldaña, H. (2022, 19 de julio). Tras revés de juez en proceso de selección del ITEI, diputados se comprometen a respetar el fallo. Canal 44 TV.

 

^[1] En este texto la ley a la que se hace referencia es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

^[2] Este es el único requisito previsto en la ley para evaluar el conocimiento de las aspirantes, y debido a ello fue el único que se incluyó en la primera convocatoria.