Gilberto Magaña Hernández
Brenda Guadalupe Ramos Villaseñor
Julio Alejandro Ríos Gutiérrez
En el presente capítulo actualizamos y abordamos algunas formas de violencia que afectan a periodistas, recogemos el diálogo entablado entre académicos, periodistas y el equipo de la diputada del partido Futuro, Susana de la Rosa, y mostramos el principal contenido de la iniciativa de reforma de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, presentada en el Congreso local durante 2022. Sostenemos que ampliar la discusión, una nueva estructura y recursos públicos permitirían conferir mayor seguridad al oficio periodístico y a las personas defensoras en Jalisco.
Dividimos nuestra exposición en tres partes: en la primera abordamos el contexto en el cual las agresiones a periodistas en el estado han conformado un clima adverso a la comunicación, incluso con una legislación vigente que debería facilitar la protección de quienes ejercen el periodismo. En la segunda, describimos la trayectoria que la propuesta de reforma legal ha llevado, abarcando el marco nacional inclusive. Mientras que, en la tercera, proponemos un abordaje a los puntos clave de la iniciativa de Futuro y señalamos el reto que supone, para concluir exhortando al trabajo de legislación, en el entendido de que es urgente salir de una parálisis operativa frente a tensiones como las actuales.
Contexto de las agresiones a periodistas en Jalisco
De acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas, México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión. En 2022 se ubicó en segundo lugar después de Ucrania, país que se encuentra en un conflicto bélico contra Rusia. Artículo 19 documentó 157 asesinatos de periodistas, del año 2000 a 2022, de los cuales 145 son hombres y 12 son mujeres (Artículo 19, 2022a).
En el “Informe Especial 2022 sobre la situación de violencia contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos de Jalisco”, elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), se contabilizan 168 casos con características de agresión contra medios de comunicación y periodistas, de 2000 a 2022 (CEDHJ, 2022).
Entre los hechos más graves están el ataque a las antenas de comunicación de Canal 44 —que costó la vida de un guardia de seguridad— en diciembre de 2021 (Canal 44, 2021), y la agresión contra la directora de Radio Universidad en Puerto Vallarta, Susana Mendoza Carreño (Huerta, 2022).
El 1 de julio de 2022 Susana fue herida por un sujeto que la atacó con arma blanca. Luego de varios días en terapia intensiva la periodista sobrevivió. Ella ha participado frecuentemente en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde suele denunciar la depredación de recursos ambientales por parte de los desarrolladores inmobiliarios en Puerto Vallarta.
Muertes violentas de periodistas en Jalisco
De acuerdo con una revisión hemerográfica, en Jalisco han asesinado a tres periodistas, cuyos casos exponemos a continuación:
• 14 de septiembre de 2005. El cadáver del periodista José Reyes Brambila fue hallado en la cajuela de un vehículo Ford Fiesta abandonado en la colonia Niños Héroes, de Guadalajara. Estaba envuelto en una cobija, con tres puñaladas en el cuello, una en el tórax y tres golpes en la cabeza, las manos atadas y los ojos vendados. Reyes Brambila se desempeñaba como editor del suplemento de sociales “pv Gente” del periódico Milenio (Rodríguez, 2012).
• 11 de noviembre de 2009. El periodista José Emilio Galindo Robles fue encontrado muerto en su casa, con las manos atadas, envuelto en una cobija y con golpes en la cabeza. “Pepe” Galindo, como era mejor conocido, residía en Ciudad Guzmán donde encabezaba la estación de Radio Universidad de Guadalajara. Según se relata en un capítulo publicado en el Informe de Medios del entonces Observatorio Quid del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores y de Occidente (ITESO), “las investigaciones de las corporaciones policiacas señalaron que se trató de un asesinato de odio y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) solicitó esclarecer su homicidio” (Ramírez, 2010, p. 32).
• 15 de mayo de 2017. El periodista de nota roja en El Costeño, Jonathan Rodríguez, fue asesinado a tiros en las calles del municipio de Autlán, Jalisco. Cuando circulaba en su vehículo una camioneta se le cerró y cinco sujetos le dispararon. Además de la muerte del reportero, su madre Sonia Córdova fue lesionada. Héctor Rodríguez, padre de la víctima y director del semanario, confirmó que días antes habían recibido amenazas en las oficinas de la redacción. Por su parte, Roberto García Orozco (2019, p. 316) escribió que “Jonathan hubiera celebrado su cumpleaños número 26 el 9 de octubre de 2017”.
Agresiones desde el poder
El gobernador actual del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se ha caracterizado por su escasa tolerancia a la crítica de parte de los medios de comunicación y en foros públicos ha usado frases como “periódicos basura” o “mentirosos” para descalificar a sus críticos, tal y como lo relata Jorge Enrique Rocha Quintero en Medios de Comunicación y Derecho a la Información en Jalisco, 2017, publicado por el ITESO.
En 2019 la organización internacional Artículo 19 y el Capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) emitieron pronunciamientos en los que solicitaban a Enrique Alfaro tolerar el escrutinio público, cesar “la crispación irreflexiva”, conducirse con respeto a la libertad de expresión y favorecer el derecho a la información de la sociedad.
El gobernador ignoró las recomendaciones y el 1 de noviembre de 2022, en su informe en materia de seguridad, acusó a los medios de intentar “desestabilizar a su gobierno”, y a Carlos Álvarez del Castillo (dueño de El Informador) y Alejandro Díaz (propietario de Radio Metrópoli y Notisistema) de “chantajear al gobierno” y “dañar al estado”. El gobernador arguyó que la molestia de estos propietarios de medios se debe a que “no reciben dinero público en publicidad del gobierno”.
De acuerdo con una bitácora elaborada por el periodista Jonathan Ávila, publicada en su cuenta de Twitter (Ávila, 2020), desde 2009 a 2021 se registran al menos 31 agresiones verbales de Enrique Alfaro contra periodistas o medios de comunicación. Entre las empresas periodísticas agraviadas están NTR, Notisistema, Aristegui Noticias, Mural, El Informador, Milenio y la extinta La Jornada Jalisco.
Nueve agresiones fueron contra mujeres periodistas, seis contra hombres y el resto contra medios de comunicación. Entre las personas agredidas están Anabel Hernández, Elsa Martha Gutiérrez, Gloria Reza Muñoz, Claudia Manuela Pérez, Martha Hernández Fuentes, Rocío López Fonseca, José Luis Escamilla, Rubén Martín, Lauro Rodríguez, Jorge Octavio Navarro “Jonás” y Mario Muñoz de Loza.
El 23 de noviembre de 2021, en un comunicado público, la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó al gobernador Enrique Alfaro, junto con sus homólogos de Puebla y Guerrero, a respetar “la actividad periodística y a que se asegure el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información” (CNDH, 2022, parr. 11).
Despidos múltiples, otra modalidad de agresión
El salario promedio de un periodista en México es de 5,499 pesos mensuales, “muy por debajo del mínimo profesional de 8,277 pesos que ordena la Ley Federal de Trabajo” (Hernández, 2020). De acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, citado por Rodelo (2022), de 30,491 personas que desempeñan labores periodísticas, alrededor de 22 mil no cuentan con seguridad social, trabajan en promedio 13 horas al día, sin pago de horas extras ni apoyo de transporte.
En Jalisco la situación es similar. A esta precarización se suma la inestabilidad laboral, pues es común que en las empresas periodísticas los colaboradores sean llamados a las oficinas de recursos humanos para anunciarles su despido abrupto. En varias ocasiones, estas salidas se convierten en desbandadas.
En Jalisco los eventos de despidos múltiples registrados han sido de hasta 44 trabajadores, como sucedió en Televisión Azteca Jalisco en enero de 2020. Otros despidos considerables han sido los de El Diario NTR Guadalajara y Mural, con más de 30 trabajadores despedidos en cada una de estas organizaciones (Rodelo, 2022).
Varias organizaciones tuvieron dos o hasta tres despidos múltiples en un periodo de cinco años. En Medios de Comunicación y Derecho a la Información en Jalisco 2021, la investigadora Frida Rodelo documentó 15 despidos múltiples en medios de comunicación de 2015 a junio de 2021 (Rodelo, 2022, p. 141).
Un secreto a voces que ronda en los corrillos profesionales es la injerencia y la intromisión que tienen los gobiernos en las empresas periodísticas, que ante la dependencia cada vez más alta de las pautas de publicidad oficial, obedecen exigencias de los directores de comunicación social, quienes se han convertido en una especie de “jefes de información” de facto. Este fenómeno no es nuevo y data de los gobiernos panistas y priistas, según documentan autores como Hernández Ramírez (2016) y Gómez Méndez (2015).
Uno de los casos más recientes es el de los periodistas Víctor Magaña, Adrián Montiel, Fátima Aguilar y Érika Arriaga, quienes integraban el equipo informativo de MVS Noticias Jalisco. De acuerdo con la organización Artículo 19, fueron despedidos el 5 de febrero de 2021 sin explicaciones y sin liquidación por presión del Gobierno del Estado de Jalisco (Artículo 19, 2022a).
Otras agresiones graves a periodistas y medios de comunicación
A continuación presentamos una relación de las más graves agresiones según el reporte de la CEDHJ, el cual contempla un periodo de 2010 a 2022.
• 24 de octubre de 2010. Periodistas que cubrían un conflicto en la playa de Tenacatita, en el municipio de la Huerta, fueron rociados por gas pimienta y golpeados por la Policía Auxiliar de Jalisco (Martínez, 2016).
• 17 de abril de 2013. A las 3:24 de la mañana desconocidos lanzaron una granada de fragmentación a las instalaciones del diario Mural, la cual explotó sin dejar daños. Casi dos minutos después, otro artefacto explotó en la puerta principal.
• 23 de septiembre de 2016. Ocho periodistas fueron secuestrados cuando realizaban una cobertura en el poblado de San Sebastián Teponahuaxtlán. Un grupo de ganaderos de Nayarit que disputaban tierras con los habitantes wixárikas los retuvieron durante diez horas y fueron liberados una vez que los captores negociaron con las autoridades el compromiso de realizar mesas de diálogo para terminar con el conflicto territorial.
• 29 de diciembre de 2021. Individuos armados intentaron ingresar a las instalaciones de la estación de transmisión del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, ubicadas en el Cerro del Cuatro, en Tlaquepaque. Los guardias de seguridad lo impidieron y los agresores les dispararon, provocando la muerte de dos de ellos.
Las clases de agresiones y los municipios de Jalisco, según la CEDHJ
En cuanto a las modalidades de agresión, el ya citado informe de la CEDHJ realiza una clasificación y contabiliza su porcentaje de la siguiente manera:
Los cinco municipios que encabezan la lista de agresiones son: Ocotlán (13.3%), Lagos de Moreno (12%), Zapotlán El Grande (9.3%), Autlán de Navarro (8%), La Huerta (8%) y Puerto Vallarta (6.7%) (CEDHJ, 2022, p. 46). Aunque Guadalajara sí está en la lista, son estos municipios los que concentraron en las últimas dos décadas las agresiones. El informe subraya que se trata de “ciudades medias, situadas en zonas fronterizas y/o estratégicas, con desplazamientos constantes” (CEDHJ, 2022).
En camino hacia una propuesta de reforma legal
El 25 de enero de 2022 la diputada de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, Susana de la Rosa, del partido Futuro Jalisco, lanzó un planteamiento por medio de su cuenta de Twitter en el que invitaba a los periodistas de la entidad a hacer una revisión del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco,
[…] a fin de mejorar su legislación y garantizar que cuente con presupuesto y facultades para brindar: a) acceso inmediato a medidas de protección sin depender de la voluntad de gobernantes en turno; b) cubrir reubicaciones temporales, transporte, salud mental y acompañamiento para acceso a justicia a periodistas amenazadas, c) seguimiento diario a cada caso (De la Rosa, 2022).
La propuesta surgió luego de los homicidios del fotoperiodista Margarito Martínez y la reportera Lourdes Maldonado, ambos en Tijuana, Baja California, y de José Luis Gamboa Arenas, en Veracruz, a principios de 2022 (Ojendi, 2022), los cuales detonaron una serie de protestas encabezadas por miembros del gremio en diversas ciudades del país. Apenas en agosto de 2022 la Organización Reporteros Sin Fronteras informó que fue la anualidad con más periodistas asesinados en la historia de México (Reporteros Sin Fronteras, 2022).
El llamado de Susana de la Rosa fue retomado por el investigador Gilberto Magaña, quien congregó a un grupo de académicos y periodistas que sostuvieron tres encuentros con la diputada y su equipo de trabajo para dialogar sobre la configuración de una propuesta de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco.
Entre estos académicos participaron los profesores del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Brenda Guadalupe Ramos Villaseñor, Julio Alejandro Ríos Gutiérrez y Mayra Torres de la O. También estuvieron involucrados otros académicos de la UdeG como Rocío Morgan Franco y Frida Viridiana Rodelo Amezcua; así como Bernardo Masini, del ITESO, y periodistas locales como Elizabeth Rivera y Mayeli Mariscal. Además de la diputada, estuvieron presentes los miembros de su equipo Érick Ochoa y Francisco Campos.
En total se realizaron tres reuniones y también hubo trabajo asincrónico. La primera fue el 16 de febrero de 2022 para encuadrar el alcance de la colaboración. La segunda el 6 de mayo para aterrizar los aspectos específicos susceptibles de reformulación en la propuesta de reforma. La tercera y última cita se llevó a cabo el 22 de junio de ese año, en la que el equipo de la diputada presentó una propuesta para recibir retroalimentación.
Durante la segunda reunión se estableció que una justificación para la reforma es que, en el Consejo Consultivo actual del mecanismo estatal, el gremio no tiene representación y existe una ruptura entre los gobiernos locales y los periodistas, lo que dificulta la operación del mecanismo.
Los principales cambios giraron en torno a la constitución y operación del Consejo, con el objetivo de que pasase de ser un ente que solo emite opiniones cuando se le piden, a uno con capacidad de agencia para tomar decisiones de manera autónoma, ponerlas en operación y vigilar su cumplimiento. El argumento del equipo de la diputada Susana de la Rosa fue que, por lo general, los consejos consultivos en organismos de este tipo suelen estar desarticulados, volviéndose en algunos casos inoperantes y, en las situaciones más extremas, se corre el riesgo de que sus miembros sean cooptados por fuerzas políticas y entonces respondan a intereses privados y no a la misión del organismo que representan.
Una de las insistencias del equipo de Susana de la Rosa fue que el Consejo no fuera solamente ciudadano, pues de lo contrario su presencia se vuelve prácticamente simbólica y poco vinculante. Finalmente, se propuso que se integrase por cinco personas ciudadanas con reconocida experiencia en el periodismo y los derechos humanos.
En suma, en el primer borrador de la iniciativa se pretendía que el mecanismo pudiera operar mediante la creación de una nueva unidad dependiente de la Secretaría General de Gobierno, similar a lo que sucede en el ámbito federal.
La tercera y última reunión fue posterior a la realización del séptimo diálogo de la gira nacional sobre la propuesta de una nueva ley general para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en un foro organizado por la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), los días 30 y 31 de mayo de 2022 en el Instituto Cultural Cabañas (Artículo 19, 2022b).
En ese contexto, se determinó la necesidad de aclarar las diferencias entre los mecanismos estatal y federal. El equipo de Susana de la Rosa precisó que, después de lo discutido en el foro de la Segob, quedó claro que el mecanismo federal es insuficiente para atender las demandas que están surgiendo por todo el país para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Por ello, la ley estatal seguiría siendo complemento a la federal.
En la versión de la iniciativa que se presentó en esa tercera reunión se propuso la creación de un fondo presupuestal para la operación del mecanismo, el cual se destinaría a apoyar económicamente a las personas acogidas, así como a algunas acciones de promoción y profesionalización del periodismo y la defensa de los derechos humanos, e incluso para financiar proyectos de periodismo de investigación en Jalisco.
El fondo se nutriría de un porcentaje del presupuesto destinado a comunicación social del gobierno del estado y se buscaría enriquecerlo por medio de convenios con medios de comunicación, municipios e instancias del gobierno federal (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, p.18). Asimismo, se incluían cambios a los códigos civil y penal para eliminar los delitos que afectan al ejercicio del periodismo (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, pp. 7–8).
Otro de los puntos que se debatieron fue la propuesta de crear un registro de agresores tanto de servidores públicos como de particulares y mapearlos para hacer un atlas de riesgos en el estado, de manera que una persona que estuviera en ese registro no podría estar sujeta a ser un candidato o candidata en un proceso electoral.
Uno de los señalamientos que se hizo a esa propuesta fue la posible colisión con los derechos humanos de los agresores, por lo que finalmente se propuso un mapa de agresiones que permitiera identificar geográficamente las regiones de mayor riesgo.
A raíz de la aprobación en mayo de 2022 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa por el Congreso de Sinaloa, la cual, entre otros cambios, contempla la creación de un organismo con carácter autónomo para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos (Iniciativa Sinaloa, 2022), se discutió la posibilidad de que esta fuera la apuesta para la ley en Jalisco.
De acuerdo con el artículo 55 de esa ley, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas tiene “personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, presupuestal y de gestión” (Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, 2022).
El Instituto tiene entre sus funciones programar y coordinar medidas preventivas y de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, vigilar el cumplimiento de las medidas por parte de las autoridades competentes, levantar quejas y denunciar a servidores públicos que no cumplan con las medidas que les corresponden, así como vincularse con la sociedad civil para labores de capacitación y colaboración en el tema, entre otras.
Aunque la coyuntura de la administración en turno del gobierno jalisciense no es favorable, ante la desaparición de al menos siete institutos y consejos como el Instituto Jalisciense de las Mujeres o el Instituto Jalisciense de la Juventud, finalmente la idea de que el mecanismo funcionara por medio de una unidad de la Secretaría General de Gobierno maduró en la propuesta de creación de un organismo público descentralizado, cuyas funciones se describen más adelante en este capítulo.
El contenido de la iniciativa propuesta por Futuro
Decidimos abordar el fenómeno que el cambio legislativo estatal implica, conscientes de la compleja labor que esto representa y dado que no encontramos evidencias de que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el plano federal, y articulado con los estatales respectivos, como existe hoy, vaya a cambiar.
La idea de crear el “Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco” (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, pp. 4–5) está en el documento: “Iniciativa de Ley que abroga la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, expide una nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, y reforma el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, así como el Código Civil de Jalisco”, que es al que nos referimos ahora.
Podemos resumir en tres sus grandes objetivos:
1) “Dotar de herramientas y legitimidad al Estado para combatir la violencia contra personas periodistas y defensoras de derechos humanos” (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, p. 5).
2) Reemplazar funciones que recaen en la Secretaría General de Gobierno, según la legislación estatal vigente (Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, art. 4, 1, XXV), mediante la creación del Instituto.
3) Reforzar la participación social y su propia gobernanza mediante una “Junta de Gobierno” vinculante a la vez que funcional (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, pp. 11 y 20–22).
Como se observa, los dos primeros atañen a funciones y al alcance que pueda lograr el Instituto, y el tercero resulta un complemento importante a este.
Por otra parte, hay dos aspectos significativos que la nueva propuesta cambiaría de la ley estatal vigente:
a) que el Consejo Consultivo tendría una relevancia menor, y
b) que la “cooperación” con el mecanismo de protección de la Segob dependería más de que los actantes sociales se involucren en los procesos de legislar, conformar y operar un Instituto como el propuesto.
Expondremos los requisitos para dirigirlo, y los cambios en la estructura administrativa propuestos:
Funciones y miembros del instituto
El nuevo instituto tendría responsabilidades sobre las solicitudes de manera análoga a las leyes vigentes —Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas expedida por el Congreso de la Unión, y la estatal de Jalisco—, por ser materia de “interés público” y aceptado universalmente (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, pp. 12–17). Así, el Instituto debería activar, en un plazo de entre tres y nueve horas, “medidas urgentes de protección” para aquellas solicitudes en las que “el peticionario declare que su vida, integridad física o la de su cónyuge, concubina, pareja, hijos, familiares, amigos, compañeros de trabajo o empresa se encuentran en peligro inminente” (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, pp. 13–14). Además, deberá compartir con su equipo, con la “Junta de Gobierno”, e incluso dar vista al ministerio público de los hechos punibles perseguibles de oficio a los que haga frente (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, p. 14). La iniciativa establece también plazos para que la Junta esté informada con prontitud, haya un seguimiento puntual y evaluaciones “periódicas” (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, p. 15).
El instituto quedaría sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, su plan de trabajo debería entregarlo anualmente a la junta, los funcionarios serían servidores públicos, habría un órgano de vigilancia y presentaría un informe ante el Congreso del Estado de Jalisco.
Al instituto le correspondería un patrimonio, respecto del cual se establece un piso presupuestario no menor “al 5% del gasto destinado al concepto general presupuestal ‘3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad’ del Poder Ejecutivo”, y la posibilidad de gestionar otros ingresos (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, p. 18).
Para dirigirlo, el partido Futuro propuso una persona que sería nombrada por el Congreso del Estado, dentro de una terna, y permanecer por cinco años; además de requisitos como tener “experiencia verificable de al menos cinco años en materia de defensa de los derechos humanos o de la libertad de expresión y periodismo” y no tener filiaciones políticas vigentes, ni haber desempeñado cargos de elección popular en años recientes, entre otros (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, p. 20).
La Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo
La Junta de Gobierno es definida en esta iniciativa como “la instancia máxima del Instituto y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Jalisco” (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, p. 20).
De sus nueve integrantes con derecho a voz y voto, cinco serían miembros del Consejo Consultivo, incluido quien presida al Instituto; otros dos pertenecerían a dependencias del gobierno estatal (Secretaría General y “Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado de Jalisco”) con nivel mínimo de titular de Subsecretaría, y los dos restantes provendrían de la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Según la iniciativa: “Quien presida el Consejo Consultivo presidirá la Junta de Gobierno y en aquellos casos en que no sea posible su presencia se elegirá una presidenta o presidente sustituto de entre el resto de las consejerías ciudadanas del Consejo Consultivo para esa única ocasión” (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, p. 21). La Junta tendría una presidencia rotativa, de dos años, mientras que su “secretaría técnica” recaería en la persona titular del instituto, y solo tendría derecho a voz. Las sesiones ordinarias de la Junta serían una vez al mes (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, p. 22). Entre sus atribuciones directas estarían: aprobar el plan de trabajo del Instituto, su informe, sus reglas de operación y presupuesto, resolver inconformidades, solicitar y atender consultas, realizar presentaciones de mapas de riesgo, difundir el informe del Consejo, impulsar reformas legislativas y políticas públicas, o remitir al mecanismo federal las medidas solicitadas, decretadas, modificadas y suspendidas; además de la capacidad de determinar la ruta administrativa para iniciar los procesos de sanción en “casos en los que el instituto, o alguno de los servidores públicos dependientes de ella sean la parte agresora” (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, pp. 21–22).
El “Consejo Consultivo” sería otro de los integrantes del Instituto (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, pp. 10, 17 y 23–24) y estaría integrado también por nueve miembros nombrados por el Congreso previa convocatoria, que durarían en su cargo cuatro años, con posible reelección. De entre sus atribuciones destacamos: la remisión de incorformidades a la Junta, el comisionar estudios independientes, la promoción e intercambios, y la elaboración de su guía de procedimientos (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, pp. 23–24).
Otros aspectos
La iniciativa plantea reformas al Código Penal relativas al endurecimiento de las penas por abuso de autoridad, especificando el motivo de las actividades, como tales, de personas defensoras y periodistas; agregar las medidas de protección a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, como excepciones al considerar la discriminación, y determinar como “homicidios calificados” a los de personas defensoras y periodistas (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, pp. 7–8).
Y respecto al Código Civil de Jalisco, sus propuestas son: restringir el concepto de “daño moral”, protegiendo el trabajo reporteril y las reproducciones de información previamente dadas a conocer por terceros, y añadir las “acciones derivadas de la defensa de los derechos humanos, la defensa de los espacios públicos y el medio ambiente”, con la finalidad de limitar las “ofensas al honor” actualmente vigentes (Congreso del Estado de Jalisco, 2022a, pp. 8–9).
Conclusiones
Nos ha parecido importante destacar que la ley de protección y su mecanismo federal vigentes son un recurso de última instancia, pero con incapacidades operativas y lastres discrecionales, aumentados con una ley estatal similar, y que con elementos como los que conforman esta iniciativa, en esta coyuntura, permitirían, de ser aprobada, beneficiar a periodistas en Jalisco.
La iniciativa fue presentada ante el Pleno del Congreso el 30 de junio de 2022. El que permanezca en “la congeladora” (sin dictámenes de comisiones, ni discusión) viola la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco, refleja la falta de compromiso de los distintos grupos parlamentarios hacia el gremio periodístico y muestra desdén por los derechos humanos.
Aunque está pendiente la presentación de la iniciativa de la ley general, es decir, aquella por la que se hicieron los diálogos de la Segob en diversos estados de la república, con la cual tendrían que estar armonizadas las leyes estatales, cabe destacar que ello no impidió el avance de la ley en Sinaloa y la creación del instituto estatal, el cual ya tiene presidenta y cuya junta de gobierno ya fue integrada. En contraste, los legisladores jaliscienses no han mostrado el menor interés por revisar la iniciativa presentada por la diputada Susana de la Rosa, pese a que la violencia contra los periodistas y los defensores continúa en diversas partes del país.
Si bien la iniciativa local aún debe incorporar aspectos puntuales —como precisar los términos y plazos en que la Secretaría General de Gobierno debe emitir la convocatoria para formar el Consejo—, exhortamos al Congreso a legislar lo más pronto posible con perspectiva en esta materia, transparentemente, respondiendo así a la urgencia de esta problemática.
Referencias
Artículo 19. (2022a) (2022, 1 de junio). Urgen a autoridades de Jalisco tomar acciones concretas para garantizar la labor de periodistas y personas defensoras de DH. Recuperado de: https://articulo19.org/urgen-a-autoridades-de-jalisco-tomar-acciones-concretas-para-garantizar-
la-labor-de-periodistas-y-personas-defensoras-de-dh/
Artículo 19. (2022b). Periodistas asesinadas/os en México. Recuperado de: https://articulo19.org/periodistasasesinados/
Ávila, J. [@JonathanAvilaG]. (2020, 25 de febrero). Desde hace algunos meses hemos estado sistematizando las agresiones y confrontaciones de @EnriqueAlfaroR con periodistas y medios de comunicación. Existen al menos 24 hechos ocurridos entre 2009 y lo que va de 2020. Acá la sistematización: https://bit.ly/2SYL8EJ [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/JonathanAvilaG/status/1232385530425434117
Canal 44. (2021). Atacan instalaciones de Canal 44 en el Cerro del Cuatro; matan a dos guardias de seguridad. https://udgtv.com/noticias/atacan-instalaciones-canal-44-cerro-cuatro-matan-dos-guardias-seguridad/
CEDHJ. (2022). Informe Especial 3/2022 sobre la situación de violencia contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos de Jalisco. http://historico.cedhj.org.mx/recomendaciones/inf.%20especiales/2022/Informe%20especial%203-2022%20Periodistas%20y%20defensores%20dh%20-%20Mayo.pdf
CEPET/IFEX. (2012). Elementos policiacos agreden a siete periodistas que cubrían protesta. https://ifex.org/es/elementos-policiacos-agreden-a-siete-periodistas-que-cubrian-protesta/
CNDH. (2021). CNDH solicita a autoridades de Jalisco, Puebla y Guerrero respetar la actividad periodística y la libertad de expresión. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-11/Com_2021_306.pdf
Congreso del Estado de Jalisco. (2022a, 30 de junio): “Iniciativa de Ley que ABROGA la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, EXPIDE una nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, y REFORMA el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, así como el Código Civil de Jalisco”. INFOLEG / 1048 – LXIII. Disponible en: https://congresoweb.congresojal.gob.mx/infolej/agendakioskos/documentos/sistemaintegral/estados/133365.pdf (descargado el 4/07/2022).
Congreso del Estado de Jalisco. (2022b). Anuncian iniciativa para garantizar seguridad a periodistas. https://www.congresojal.gob.mx/boletines/anuncian-iniciativa-para-garantizar-seguridad-periodistas
De la Rosa, S. [@SusanaDeLaR]. (2022, 25 de enero). A las personas que ejercen el periodismo en Jalisco, con total respeto a su causa, les hago el siguiente planteamiento [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/susanadelar/status/1485994918086684673
EFE. (2009, 26 de noviembre). Hallan el cadáver del periodista José Galindo Robles en Jalisco. El Mundo.
Escamilla, J. (2021). Gobernador califica de cuentos los señalamientos de violencia contra secretario del Trabajo. Notisistema. https://www.notisistema.com/noticias/gobernador-califica-de-cuentos-los-senalamientos-de-violencia-contra-secretario-del-trabajo/
García, O. (2022, 2 de noviembre). En año preelectoral, Alfaro va por gasto de más de 600 mil pesos diarios en su imagen. Medios UdeG. https://udgtv.com/noticias/en-anio-preelectoral-alfaro-va-por-gasto-de-mas-de-600-mil-pesos-diarios-en-su-imagen/
García, R. (2017). Jonathan Rodríguez Córdova. En G. Bernal (Coord.), Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2017 (pp. 316–318). https://informedemedios.iteso.mx/wp-content/uploads/sites/148/2021/03/16_Jonathan-Rodriguez.pdf
Gómez, G., & Cortés, M. (2015). Cobertura de la violencia ante la contención informativa: el retorno del pri y sus viejas prácticas de control periodístico en la Zona Metropolitana de Guadalajara. En C. Del Palacio (Coord.), Violencia y periodismo regional en México. https://www.researchgate.net/publication/305172775_Cobertura_de_la_violencia_ante_la_contencion_informativa_el_retorno_del_PRI_y_sus_viejas_practicas_de_control_periodistico_en_la_Zona_Metropolitana_de_Guadalajara
Hernández, M. (2016) Relaciones prensa–gobierno en las administraciones panistas en Jalisco: golpe de timón y reviraje (1995–2012). En J. S. Larrosa–Fuentes y J. Rocha (Coords.), 18 años de gobiernos panistas en Jalisco. Siete ensayos académicos. https://rei.iteso.mx/handle/11117/3267
Hernández, R. (2020, 28 de septiembre). Que ningún periodista siga ganando menos que un burócrata. Eje Central. https://n9.cl/aaz9h
Huerta, J. (2022) Agreden a la periodista Susana Carreño en Puerto Vallarta: Esto sabemos sobre el caso. El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/07/02/agreden-a-la-periodista-susana-carreno-en-puerto-vallarta-esto-sabemos-sobre-el-caso/
Iniciativa Sinaloa. (2022, 24 de mayo). Un día histórico: se aprueba Ley de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en Sinaloa. https://iniciativasinaloa.org.mx/un-dia-historico-se-aprueba-ley-de-proteccion-de-periodistas-y-personas-defensoras-de-derechos-humanos-en-sinaloa/
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reformada, Diario Oficial de la Federación [DOF], 28 de abril de 2022 (México).
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, Periódico Oficial del Estado de Jalisco, 20 de diciembre de 2016 (México).
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, 27 de mayo de 2022 (México).
Martínez, J. (2016, 23 de septiembre). Ganaderos nayaritas retienen a periodistas. Milenio. https://www.milenio.com/policia/ganaderos-nayaritas-retienen-a-periodistas
Ojendi, A. (2022, 3 de agosto). Asesinatos de periodistas en México: 2022 es ya el año más mortífero desde que se tiene registro. El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/08/03/asesinatos-de-periodistas-en-mexico-2022-es-ya-el-ano-mas-mortifero-desde-que-se-tiene-registro/
Ramírez, F. (2010). La cobertura de la (in)seguridad pública en la prensa local. En J. S. Larrosa–Fuentes (Coord.), Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2010 (pp. 85–100). https://informedemedios.iteso.mx/wp-content/uploads/sites/148/2021/05/08_CoberturaDeInseguridadPublicaEnPrensaLocal-FabianRamirezFlores_2010.pdf
Ramírez, J. (2021, 3 de septiembre). Reportera denuncia acoso sexual y laboral en Canal 6 y Milenio: “Me destrozaron”. Perimetral. https://perimetral.press/reportera-denuncia-acoso-sexual-y-laboral-en-canal-6-y-milenio-me-destrozaron/
Reporteros Sin Fronteras. (2022, 25 de julio). 2022 es ya el año más mortífero para los periodistas en la historia de México. https://rsf.org/es/2022-es-ya-el-a%C3%B1o-m%C3%A1s-mort%C3%ADfero-para-los-periodistas-en-la-historia-de-m%C3%A9xico
Rocha, J. (2017). Historia de una tortuosa relación. Enrique Alfaro y los medios de comunicación en Jalisco. En G. Bernal (Coord.), Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2017 (pp. 165–181). https://informedemedios.iteso.mx/wp-content/uploads/sites/148/2021/03/08_Historia-de-una-tortuosa-relacion.pdf
Rodelo, F. V. (2020). El lado visible de los procesos de cambio en el periodismo contemporáneo: los despidos múltiples en las organizaciones informativas de Guadalajara. En J. S. Larrosa–Fuentes (Coord.), Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2020 (pp. 129–155). https://informedemedios.iteso.mx/wp-content/uploads/sites/148/2022/02/7_El-lado-visible-de-los-procesos-de-cambio.pdf
Rodríguez, L. (2021, 9 de diciembre). Alfaro Ramírez vuelve a arremeter vs. la prensa. El Diario NTR. https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=175415
Rodríguez, X. (2012). José Reyes Brambila. http://nuestraaparenterendicion.com/tuyyocoincidimosenlanocheterrible/index.php/component/k2/item/73-jose-reyes-brambila#.Y5n_YH1BzIU
Universidad de Guadalajara. (2011, 28 de marzo) Un enemigo de los medios. Gaceta UdeG. http://www.gaceta.udg.mx/Un-enemigo-de-los-medios/
Vázquez, J. (2017, 18 de mayo). Jonathan Rodríguez, asesinado pese a denunciar amenazas previas contra semanario El Costeño. https://articulo19.org/jonathan-rodriguez-asesinado-pese-a-denunciar-amenazas-previas-contra-el-semanario-costeno/