Por Cristina Romo Gil
Hace cincuenta años, en 1959, se discutía en la Cámara de Diputados la iniciativa de una ley para regular a la radio y la televisión. Aunque la radio ya contaba con cuarenta años instalada en el país e incluso ya había pasado su época de oro, y la televisión tenía diez años en los hogares mexicanos, por primera vez se atendía formalmente la normatividad de esos medios. No es de extrañar, puesto que los empresarios de los mismos lo último que deseaban era la existencia de una ley que limitara sus prerrogativas. Fue hasta ese momento que ellos mismos se interesaron en proponer esta legislación. Resulta que la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR), integrada por los industriales del ramo de la región, había ya establecido unas bases para que en todo el continente existieran leyes acordes con ellas y encargaban a sus socios lograr que en cada país se aprobaran leyes con ese sustento. Se trataba de evitar que la radio y la televisión fueran consideradas como un servicio público, bastaba con señalar que eran de “interés público”; el Estado sería solamente un vigilante de la adecuada utilización de las frecuencias para que no sufrieran interferencias; las frecuencias operadas por el Estado u otras instancias de derecho público, por ningún motivo pueden hacer propaganda comercial, y desconocer o pasar por alto que las frecuencias son propiedad de la Nación y una vez otorgadas, el Estado no puede intervenir.
Algunos autores como Fernando Mejía Barquera o Antonio Castro Leal, quien era diputado federal entonces, dan cuenta de la habilidad que tuvieron los industriales mexicanos de la radio y la televisión para colocar a sus personeros en adecuadas y estratégicas curules para defender sus intereses y cuidar que las bases de la AIR se incorporaran a la nueva ley. Así, a partir del 19 de enero de 1960 contamos con una ley que nació obsoleta, puesto que no tomaba en cuenta la variedad de radiodifusoras que existían en México, pero muy adecuada a los intereses industriales.
Desde 1974 hay constancia hemerográfica de una solicitud de revisión de esa ley, cuando Miguel Álvarez Acosta, quien era subsecretario de radiodifusión en la Secretaría de Gobernación la calificó de “anacrónica y hasta obsoleta”, y demandaba mayor injerencia del Estado en los medios para salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Esa era la posición del presidente Echeverría; sin embargo, no aprovechó la oportunidad de hacer una buena revisión a la ley y sólo se limitó a publicar en 1973 un Reglamento que solamente afirma lo contenido en la LFRT.
Ahora, en 2009, la situación es igual. Cincuenta años después, el escenario en la Cámara de Diputados es similar al de entonces. En posiciones estratégicas y dominando la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía hay, por lo menos, una docena de diputados colados hábilmente a través del Partido Verde Ecologista de México jóvenes entusiastas, bien entrenados por las dos principales cadenas de televisión, para que impidan las reformas que urgen a la normatividad de los medios de comunicación; pero, sobre todo, que trabajen de manera que se revierta la reforma electoral de 2007 que impide a los medios cobrar las grandes cantidades de dinero que les dejaba la propaganda política en cada proceso electoral.
No hay tema, ni siquiera el petróleo que haya sido más discutido y consultado en este país que el de la legislación para la radio y la televisión. Tanto en los espacios académicos y empresariales, como oficiales, el tema ha sido central. Ninguno de los interesados ha dejado de estar de acuerdo en que la LFRT debe ser reformada, completada y actualizada. Desde 1977 cuando se discutió y aprobó la reforma constitucional para garantizar el derecho a la información se ha propuesto una reforma de fondo a la ley. Consultas y discusiones públicas se han realizado desde entonces. En 1983 para elaborar el plan de desarrollo de Miguel de la Madrid; en 1995, convocada por la Cámara de Diputados sobre una Ley de Comunicación Social; en 2001 en la Mesa de Diálogo para la Reforma Integral de la Legislación de los Medios Electrónicos organizada por la Secretaría de Gobernación, de donde salió una iniciativa ciudadana completa, asumida por un grupo de senadores, abruptamente cancelada por “el decretazo” de Vicente Fox en octubre de 2002, que puso en evidencia lo coludido de su gobierno con los poderes fácticos mediáticos. A partir de entonces, el trabajo se hizo más fuerte e intencionado y se consultó y se volvió a consultar sobre un nuevo proyecto. Desde la Cámara de Senadores y con la participación de organismos académicos, profesionales y sociales se llevaron a cabo conferencias internacionales en las que se discutieron todos los temas relacionados con la democratización de los medios en el marco de una reforma del estado. Posteriormente, en 2006, la controvertida reforma a la ley vigente, también provocó nuevas consultas que tuvieron una amplia difusión.
Al comenzar el sexenio de Felipe Calderón, en el Senado de la República el tema de los medios electrónicos no desapareció. La aprobación de una reforma electoral en septiembre de 2007, que prohíbe la contratación de propaganda electoral en los medios electrónicos, abrió la perspectiva de que una reforma sustancial era posible. Así, en ese mismo año se estableció el Grupo Plural, conformado por senadores de todos los partidos con la finalidad de presentar al pleno la iniciativa de una nueva ley de medios que diera cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la inconstitucionalidad de la reforma a la ley vigente. Por supuesto, el Grupo volvió a consultar a las organizaciones involucradas, a expertos en tecnologías y ciudadanos interesados. El presidente del Grupo, el senador Carlos Sotelo, en diversas ocasiones ha manifestado que tienen lista una propuesta completa, que no ha sido aceptada para su discusión; más aún, ha dicho que si no se puede presentar, se compromete a que, por lo menos, quede aprobado lo relativo a la radio y la televisión de servicio público, que hasta nuestros días no están incluidas en la ley.
La situación de la Ley en la segunda mitad de 2009 es la siguiente:
La ley vigente data de 1960. En ella, además de conceptos ambiguos, indefiniciones y ausencia de los destinatarios y de la radio y la televisión no comerciales, no encontramos más que indicaciones favorables a los concesionarios.
Antes de 2006 la LFRT ha sufrido cuatro reformas, de las cuales sólo la de 1982 es digna de mención por la adición de algunos derechos del público infantil. La reforma más importante fue la que se hizo junto con la Ley Federal de Telecomunicaciones en el año 2006, sin tomar en cuenta ninguna de las aportaciones que hasta ese momento se habían discutido. Esa reforma, conocida como “Ley Televisa” por haber sido elaborada por el personal jurídico de esa empresa, fue considerada inconstitucional un año después por la SCJN, en más de 20 puntos. En consecuencia, la ley vigente es una ley de confusa aplicación, puesto que los puntos señalados como inconstitucionales no han sido revisados.
¿Quién podrá más?, ¿el Grupo Plural del Senado en donde hay información de sobra sobre el tema o la “Telebancada” de la Cámara de Diputados? El primero no logró llevar al pleno la discusión de su propuesta; seguramente la segunda conseguirá las reformas necesarias que permitan revertir todo lo logrado con la reforma electoral en materia de radio y televisión; trabajarán arduamente para lograr el regreso de las campañas políticas a los medios con la consecuente ganancia millonaria para ellos.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y otras organizaciones sociales, además de grupos parlamentarios han hecho propuestas concretas de lo que debe atender la legislación de medios de comunicación acorde con la democratización del país, la situación económica, social, cultural y tecnológica.
Se necesita una ley que no provoque confusión; por lo tanto, lo que se requiere es que sea una sola ley la que regule las telecomunicaciones, la radio y la televisión.
Para evitar la discrecionalidad y el conflicto de intereses ha de establecerse un órgano regulador, autónomo con todo el poder necesario para el otorgamiento de frecuencias, conciliar las dificultades y aplicar las sanciones por el incumplimiento de la ley.
Garantizar el derecho a una información plural, oportuna y veraz, así como la posibilidad de que las audiencias puedan tener opciones de programación que reflejen su realidad, ofrezcan soluciones a sus necesidades y sean oportunidad de enriquecimiento cultural y educativo.
Respetar la libertad de expresión y el derecho a comunicar, no solamente de aquellos que tienen el potencial económico para establecer emisoras en las circunstancias actuales, sino también de aquellas comunidades y grupos ciudadanos que no ven en las frecuencias del espacio radioeléctrico un negocio sino una necesidad social. Por lo tanto, simplificar el otorgamiento de frecuencias para las comunidades, los grupos indígenas y las organizaciones públicas y educativas. Otorgar certeza jurídica y facilidades de operación a las emisoras de servicio público.
Desaparecer la diferenciación entre concesión y permiso, de manera que todas las emisoras de radio y televisión, independientemente de su adscripción, tengan las mismas obligaciones y las mismas posibilidades de sobrevivir con su trabajo.
Evitar las prácticas monopólicas abriendo los espacios a otros operadores.
Todas estas propuestas y muchas más quedan resumidas en estos puntos que la AMEDI hizo llegar al Grupo Plural del Senado para ser incluidas en una nueva ley:
- Los derechos ciudadanos a una comunicación democrática.
- El servicio público que deben prestar los medios electrónicos y los derechos de las audiencias.
- La. rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, propiedad de la nación.
- Aprovechamiento a plenitud de la convergencia digital para todos los sectores de la sociedad.
- Una sola ley en radio, televisión y telecomunicaciones, congruente con la convergencia digital.
- Un órgano regulador autónomo, con atribuciones suficientes y responsabilidades precisas.
- Acceso universal y conectividad a los beneficios de la convergencia digital, anteponiendo el desarrollo social a los intereses empresariales.
- Diversidad de contenidos y promoción de la producción nacional independiente.
- Libertad, pluralidad, responsabilidad en la información; así como diversidad en la operación de los medios.
- Derecho de réplica.
- Integridad de los contenidos que eviten la censura.
- Defensa de los intereses nacionales y transparentar la inversión extranjera en medios de comunicación electrónica.
- Promoción de medios auténticamente públicos, comunitario y para pueblos y comunidades indígenas.
A nadie puede pasarle inadvertida la urgencia de una nueva ley para los medios electrónicos, ni la urgencia de derogar a la vetusta Ley de Imprenta con una nueva ley que garantice el derecho a la información y el respeto a la libertad de expresión; proteja el servicio público que han de prestar los medios de comunicación; así como los derechos y la seguridad profesional de los periodistas y garantizar el derecho de réplica.
Está difícil el trabajo en el Congreso. En la Cámara de senadores hay proyecto a discutir, pero poca voluntad para llevarla a cabo; en la de los diputados hay causa interesada con defensores; pero también están ahí, por lo menos dos diputados a quienes hemos hecho el encargo de defender nuestros derechos de la comunicación: Javier Corral Jurado y Enrique Ibarra Pedroza. Queda un año y medio para librar estas batallas sin que se empalmen con los procesos electorales. Ya no es tiempo de consultar, es tiempo de legislar.