Transparencia en Jalisco, ¿un paso adelante?

Por Paloma Robles Muro

 

Atrás quedaron esos años en donde ciudadanos, académicos, periodistas y uno que otro incauto se sorprendían por la novedad de que por fin se podía preguntar sobre los asuntos públicos y mejor aún, que todo funcionario estaba obligado a responder. La aprobación a finales de 2004 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y la creación de un Instituto de Transparencia e Información Púbica (ITEI), se veía como la posibilidad de crear mejores relaciones entre ciudadanía y gobierno, tras décadas de opacidad y desinformación.

El derecho a la información ha ganado espacio entre los ciudadanos: la encuesta sobre “Conocimiento del derecho de acceso a la información pública en la Zona Metropolitana de Guadalajara”, realizada por el ITEI, explica que 79 por ciento de los encuestados sabe que tienen derecho a solicitar información pública, aunque sólo cinco por ciento la ha solicitado.[1] En cuatro años han sido atendidas 26 mil 180 solicitudes de información por los más de 700 sujetos obligados que apunta la Ley, de las cuales 43 por ciento han sido dirigidas al Ejecutivo del estado y 39 por ciento a los municipios según datos del cuarto informe anual de actividades del ITEI.

Sin embargo, a pesar de algunos resultados positivos, no han faltado piedras en el camino que minen el ejercicio ciudadano de fiscalización, contraloría y la propia obtención del derecho de acceso a la información, tal como lo explica Alfonso Hernández Valdez, politólogo y profesor investigador del ITESO:

“la transparencia gubernamental, es incómoda para los funcionarios públicos, porque a nadie le gusta que lo estén vigilando, que le estén revisando su trabajo. La transparencia y el derecho a la información acercan al ciudadano a información que de alguna manera sirve para evaluar a sus gobiernos”.

Sólo de agosto de 2008 a junio de 2009, la garantía del derecho a la información se tuteló a través de los 545 recursos de revisión que llegaron al ITEI; de los cuales en casi 350 casos se falló a favor de los solicitantes y sólo 153 a favor del sujeto obligado. En el mismo año, el Instituto propuso 29 sanciones, de las cuales 18 se derivaron del incumplimiento a una resolución del Consejo del ITEI y once por falta de envío de informes de negativa al Instituto. Estos ejemplos dieron cuenta de lo incómodo que resultó el ITEI para los poderes del Estado, ya que les exigía la entrega de información.

A cuatro años de la aprobación de la Ley de Transparencia e Información pública del Estado de Jalisco y el nacimiento del ITEI, el devenir de esta institución ha pasado por aciertos y desaciertos que abonan y a veces limitan el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas en Jalisco. Lo cierto es que el año 2009 fue decisivo en el desarrollo de esta garantía constitucional en nuestra entidad y se reconoce una nueva situación. Este fue un año cargado de lucha de intereses, de funcionarios “quemados” y protagonismos desmedidos. Esta politización del derecho a la información fue en su propio detrimento; tuvo una consecuencia no deseada pues provocó la reducción del presupuesto para el ITEI. Las disputas que sostuvo el titular del instituto con el Poder Legislativo terminaron con una designación, para muchos viciada, de un nuevo presidente del Instituto de Transparencia e Información Púbica. Esta elección puso en duda la legitimidad de este organismo público, que con dificultades se ha integrado al mosaico institucional de la democracia local. Así lo confirma Rubén Alonso González, titular de la oficina de Transparencia del Gobierno del Estado, al objetar el último proceso de elección a presidente del ITEI, pues considera que fue un acto de simulación orquestado desde las cúpulas del poder. Señala que “el empoderamiento que ofrece la Ley (a los ciudadanos) se está convirtiendo en un problema cada vez más serio para el gobierno, el legislativo, el poder judicial, partidos políticos, Universidad de Guadalajara y que con la elección a presidente perdemos todos, sobre todo el Instituto y su legitimidad, pero el derecho es nuestro”.

 

Boicot a la Ley

Entrevistado sobre su trayectoria en la cobertura del tema de la transparencia, José David Estrada Ruiz Velasco, periodista de Mural, explica que la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco ha sido boicoteada desde diversas instancias del poder en el Estado: “si no hay voluntad de los que gobiernan para dar información, no sirve de nada [la ley]”.

En los últimos dos años, la transparencia ha tomado importancia en el gobierno del estado, quien recibió un puntaje de 94 por ciento de efectividad, según la evaluación al ejercicio fiscal que realiza la consultora Aregional (www.aregional.com/mexico/). Jalisco obtuvo el quinto lugar en disponibilidad fiscal y financiera por la misma consultora. Pero para el periodista de Mural, el derecho a la información no sólo es transparencia y fiscalización sino también rendición de cuentas y es allí donde el Ejecutivo no es claro. Advierte que: “Sabemos en qué gasta el dinero [el gobierno], pero no sabemos cómo se toman esas decisiones, por qué se toman o cómo influir en esa toma de decisiones: allí estamos atorados”.

Para muestra de lo anterior basta decir que el gobernador ha regalado 67 millones de pesos a la empresa Televisa para “Espacio 2007”; otros 20 millones de pesos para financiar la ceremonia de los Premios MTV Latinoamérica; 15 millones de pesos a los Bancos de Alimentos de la Iglesia Católica; otros 12 millones de pesos a Televisa para pagar parte de la producción de la telenovela “Las tontas no van al cielo”; 4.1 millones para el programa de TV Azteca denominado “Trece Maravillas de México”; así como poco más de 12 millones de pesos más para un torneo de golf; y 3.5 millones para “Juguetón” de TV Azteca, tal como lo informa una columna de Pedro Mellado (Mural, 29/12/2008). El Poder Judicial del Estado se suma a la opacidad y al derroche, por ejemplo: hoy es posible consultar su nómina, pero no saber en qué se basan para aumentar sus salarios (230 mil pesos al mes por cada Consejero). David Estrada comenta: “los jueces y magistrados tienen la suerte de que no generan demasiado interés, no hay mucha presión social para conocer qué hacen, pero también tienen resistencias en dar información”. El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco (CJE) no quiso revelar los datos solicitados respecto a unas quejas interpuestas en contra de jueces y el desarrollo de las mismas que había solicitado un ciudadano (Mural, 15/04/2009). Entre agosto de 2008 y junio de 2009 el CJE atendió 961 solicitudes de las cuales en 78 por ciento de los casos entregó información, el uno por ciento fue parcialmente entregada y en 21 por ciento de los casos no entregó.

En el Congreso, los pasos van todavía más atrás, el reportero explica que los legisladores no quieren decir en qué se gastan el dinero: “hay un caso allí de la partida ocho mil, que fluctúa entre 40 y 60 millones de pesos al año y que se entregan entre diputados mes a mes, no quieren decir en qué se lo gastan, han hecho todo para no decirlo. Se han ido a controversias constitucionales a la Corte y no hacen caso a las órdenes del ITEI”. El periodista agrega que están denunciados penalmente: “pero la Procuraduría se encarga de la investigación y la archiva, eso realmente no les preocupa a los diputados, ni que les pregunten ni que los denuncien, lo que les importa es que no los quemen, les preocupa mucho los periodicazos, como a los perros”.

Precisamente fue a través de los medios de comunicación, y en especial de la prensa escrita, que la batalla de poder por la defensa del ejercicio del derecho de acceso a la información tomó lugar en la opinión pública. Para algunos como Rubén Alonso, el ITEI en el último año: “se pervirtió, terminó constituyéndose en un Instituto de confrontación, que se conocía más por un pleito que por una propuesta”.

En el monitoreo de notas que realizó el observatorio de medios del ITESO de octubre de 2008 a octubre de 2009 de la prensa local (Público-Milenio, Mural, El Informador), las 120 noticias que sobre el tema de transparencia fueron consultadas denotan el carácter opaco de ciertas instituciones gubernamentales, mismas que fueron motivo de conflicto. Se observa que las pugnas que emprendió el ITEI a través de su ex presidente Augusto Valencia López contra diversos órganos de gobierno, y que en algunas ocasiones resultaron grescas personales que incluso dejaban de lado el asunto del derecho a la información.

La primera batalla fue entre el ITEI, el Gobierno del Estado y el Congreso por el presupuesto limitado que le concedían al Instituto para cumplir con sus atribuciones. Sólo le otorgaron 15 millones 282 mil pesos para el ejercicio de 2009, aún cuando a partir de julio de 2008 se contaba con Consejeros de tiempo completo. La confrontación se llevó a lo personal contra el coordinador de la bancada panista, Jorge Salinas Osornio, por su opacidad en la administración del Congreso y la negativa de esclarecer el asunto de la partida ocho mil. El pleito se tornó más álgido durante las elecciones, cuando intervino el Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCJ), David Gómez Álvarez, y le llamó la atención a Valencia López por sus declaraciones respecto a los candidatos. En su momento, Augusto Valencia señaló que: “de una autoridad electoral sesgada, ya no acepta ningún llamado de atención”. (Público-Milenio 11/06/2009).

En ese mismo sentido tuvo roces con el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco, Eduardo Rosales Castellanos y contra el ex gobernador y ahora diputado federal Francisco Ramírez Acuña, con quién ya había discutido en 2005 por la negativa de entregar la copia de su cheque de nómina solicitada por un ciudadano y que derivó en una denuncia penal, después archivada por órdenes del Procurador del Estado Tomás Coronado Olmos. Valencia advirtió que la Procuraduría era negligente en su obligación de investigar las denuncias contra de autoridades opacas.

Otro enfrentamiento en defensa del derecho a la información pública fue con el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, cuando el pleno del ITEI determinó que todas las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) eran de carácter público. El ombudsman se negó a acatar la resolución.

El protagonismo de Augusto Valencia, ayudado por los medios de comunicación, levantó fuertes acusaciones sobre su persona, mismas que no le brindaron la mínima atención en el Congreso para ser considerado por un segundo periodo en la presidencia del ITEI como lo establece el artículo 31, capítulo VI del Reglamento Interior del ITEI. Valencia, quien deseaba permanecer en el puesto, elaboró una estrategia legal a través de un amparo que le permitió una suspensión definitiva por parte del Juzgado Primero de Distrito, misma que fue declarada nula por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y se regresó al juzgado para su estudio. Todavía no se tiene la resolución final en el asunto.

 

La Rifa del Tigre

El artículo 43 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco explica que el nombramiento del Presidente y los Consejeros es un proceso que debe realizarse al menos tres meses antes de la fecha en que concluya el periodo del Presidente en turno. A su vez, el Congreso del Estado debe mandar el asunto a la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana y Acceso a la Información Pública, encargada de analizar si el Presidente es sujeto a ratificación. Augusto Valencia no fue confirmado en su puesto y los diputados echaron a andar un proceso de elección de un nuevo presidente para el ITEI, emitieron la convocatoria, recibieron las propuestas de distintos candidatos, realizaron la votación y ninguno de los aspirantes al puesto reunió dos terceras partes de los sufragios. El mismo artículo advierte que en caso de que alguno de los candidatos no reúna los votos requeridos en la segunda ronda de votación, se realizará un tercera y si ninguno reúne los votos, se cumplirá una insaculación entre todos los candidatos participantes en las tres rondas anteriores.

Jorge Gutiérrez Reynaga fue elegido presidente del ITEI, el 30 de junio de 2009, a través de un proceso de insaculación que paradójicamente fue muy poco transparente. Las sospechas sobre la legalidad del sorteo en el que resultó electo surgieron de inmediato, pues curiosamente, entre 13 candidatos resultaron elegidos los que fueron respaldados por las fracciones del PAN y PRI en las rondas anteriores. Aunque el voto fue secreto, la bancada de Acción Nacional ya había expuesto abiertamente que apoyaría a Esteban Garaiz Izarra, quien resultó electo como presidente suplente del instituto.

En entrevista, Garaiz Izarra narra cómo fue que se involucró como candidato en esta elección. Un día recibió una llamada telefónica de un personaje vinculado con el gobierno del estado, quien lo animó a presentar su candidatura a la presidencia del ITEI. En las semanas siguientes recibió telefonemas de Antonio Gloria Morales, Alonso Ulloa Vélez, Fernando Guzmán Pérez Peláez y hasta del mismo gobernador del estado, Emilio González Márquez, en los que le manifestaron apoyo político para su candidatura. Luego de reflexionarlo, Garaiz Izarra llegó a dos conclusiones: “la primera es que mi posición política no era muy coincidente con la del gobierno; y la segunda fue la inquietud de si el asunto [la candidatura] había quedado debidamente concertado entre quienes habrían de tomar la decisión en el Congreso. Fernando Guzmán me dijo que sí. Como es sabido, luego resultó que no.”

Don Esteban Garaiz, finalmente, aceptó presentarse como candidato para presidir el ITEI. Ordenó sus papeles y los llevó al Congreso. El jueves 30 de mayo fue citado por los diputados para recibir su nombramiento, pues se habían hecho las negociaciones necesarias para que él tuviera la mayoría de votos en la elección. Garaíz se presentó al recinto legislativo y estuvo esperando en una sala contigua al salón de sesiones. Recuerda que los diputados entraban y salían, que no hubo en ningún momento una reunión donde se sentaran todos alrededor de la mesa a discutir el tema. “Después de algunas horas, Enrique Alfaro entonces diputado del PRD, hoy electo presidente municipal de Tlajomulco me dijo: ‘Esteban: esto no funcionó’. Supe que se había suspendido la sesión”. Minutos más tarde supo que la elección se había empantanado por su negativa de cabildear la presidencia del ITEI ante Raúl Padilla López: “el cabildeo es una perversión para la democracia”, argumentó Garaiz.

Semanas después a este incidente, se eligió a Gutiérrez Reynaga como Presidente. La urna de la elección (un bote de dulces) fue armada por los coordinadores de las fracciones del Congreso Local. Tres funcionarios que participaron en el proceso, incluyendo un diputado, confirmaron que en la urna sólo estaban los nombres de quienes fueron electos como titular y suplente. Incluso, un funcionario del Congreso del Estado dijo que hubo un error, porque se mezclaron las papeletas y aunque se buscaba que Esteban Garaiz Izarra saliera como titular y Jorge Gutiérrez Reynaga como suplente, sucedió al revés (Público-Milenio, 03/07/2009). Garaiz se enteró por los medios de comunicación que se había realizado una sesión y que había resultado electo como suplente y tomó la determinación de no aceptar el cargo debido a la opacidad de los comicios.

El académico Alfonso Hernández, señala que la designación del nuevo presidente no ayuda a la transparencia: “no sabemos realmente cuál vaya ser su posición al final de cuentas, pero, el proceso estuvo viciado. Hubo allí algunas irregularidades y eso no le ayuda a la transparencia. Me parece muy sospechoso que los únicos dos candidatos que verdaderamente tenían posibilidades para ser presidentes del ITEI, hayan sido los que quedaron como titular y suplente en la presidencia, ¡cuando el proceso fue a través de una urna!”.

Este universitario cuestiona la probabilidad de que los dos personajes que tenían posibilidades, casualmente fueron electos: “si tú me preguntas a mí, yo creo que el proceso estuvo amañado porque la probabilidad es bajísima y no, resulta que los diputados nos dijeron: ‘pues fíjense qué casualidad, los dos candidatos con serias posibilidades, a la hora del sorteo, fueron electos’, la verdad es que nos toman por niños pequeños”.

 

Un dique para el ejercicio ciudadano

El Centro Empresarial de Jalisco (COPARMEX), el Parlamento de Colonias, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) en su capítulo Jalisco, Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA Jalisco), el Congreso Ciudadano, Ciudad para Todos, el Comité Promotor Anulo mi Voto, el No Grupo, Profesionales por la Ética, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el Colectivo Ecologista de Jalisco, Un Salto de Vida y otras dieciséis asociaciones civiles desconocieron el nombramiento de Gutiérrez Reynaga. Acusaron abiertamente irregularidades en el proceso, entre las cuales destacan: la falta de análisis de los perfiles de los candidatos; que las tres votaciones no alcanzaron la mayoría calificada requerida para el nombramiento y que éstas no se llevaron a cabo en sesiones subsecuentes, como lo marca la Ley de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Público-Milenio, 08/07/2009).

El perfil del ahora presidente del ITEI no da muestras claras de su preparación sobre asuntos de transparencia. Es licenciado en Administración Pública y maestro en Finanzas por la Universidad de Guadalajara. Fue director de Auditoría en Tlaquepaque y contralor en el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Zapopan. En 2006 contendió sin éxito para convertirse en el Auditor Superior del Estado, también fungió como auditor y jefe de Programación y Control Presupuestal en el Congreso del Estado. Su gran mérito en la materia es haber ganado el primer lugar de ensayo sobre transparencia en 2008.

La designación del nuevo presidente del ITEI alarma a Rubén Alonso, hoy titular de transparencia en el gobierno del estado, pero por años promotor del derecho a la información en Jalisco y miembro de la AMEDI. Según dice, el problema viene de tiempo atrás. “¿Qué hemos hecho del Instituto? Le hemos quitado su cualidad fundamental que es ser ciudadano”. Expresa que el carácter de ciudadano “tiene que ver con su independencia frente a grupos de interés político y gubernamental”. La desnaturalización del ITEI fue manifiesta desde la designación del consejero Guillermo García Murillo en 2008: “el Instituto se degeneró por el perfil de quienes lo integran y lo encabezan; todo indica al menos que su actuar responde a intereses de grupos externos o ajenos a la transparencia, a intereses de grupos políticos”.

García Murillo es vinculado con el grupo Universidad, “personaje controvertido, denunciado ante el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT, por haber plagiado decenas de artículos de una iniciativa de Ley Federal de Comunicación, así como obras del investigador Miguel Carbonell, para realizar su tesis de doctorado y convertirse en miembro del SNI” (Mural, 20/03/2009).

Rubén Alonso concluye que: “estamos en la frontera de que el ITEI mas que ser un garante del derecho sea un obstáculo y eso es mucho más grave que no tenerlo. Estamos ante un Instituto que está para legitimar a grupos en el poder impidiendo el acceso a la información y legitimando la opacidad”. Concluye: “preferible no tener nada a tener un dique de esa naturaleza”.

Pero las tareas para el Instituto no terminan y todos los entrevistados coinciden en que el compromiso con el derecho a la información debe ser exigido y vigilado con mayor detenimiento por parte de los ciudadanos. Alfonso Hernández comenta que todavía hay retos y pendientes: “uno de ellos es tener una política de transparencia mucho más proactiva y eso implica trabajar en varios frentes: el primero, que la información tiene que ser más accesible para el ciudadano. Otro reto muy importante es tratar de llegar a la población que no tiene acceso a internet y eso implica un desafío enorme sobre todo fuera de las ciudades, y no veo que haya muchas estrategias para poder revertir esa brecha que existe entre la capital del estado y las ciudades medias o el ámbito rural.”

El politólogo argumenta que se ha hecho un gran avance en la aprobación de todas estas leyes: “y sobre todo con la institucionalización del tema, con ello me refiero a la creación de estos organismos, como el ITEI. El problema no es nada más que existan, sino que funcionen, con presupuesto, con legitimidad, con funcionarios capaces, y allí es donde está el gran reto, donde están los principales problemas de la transparencia no sólo en Jalisco sino en el país.”

 

[1]. ITEI (2009) Conocimiento del derecho de acceso a la información pública en la Zona metropolitana de Guadalajara. Consultado en: www.itei.org.mx/v2/boletines/bol019_2009/anexos/Encuesta_ITEI_2009%20Vers%20def10mzo09.pdf Página consultada el 17 de octubre de 2009.