Eva Uranga de Zárate, “la señora Zárate”

Sergio Peniche

 

Yo conocí a la señora Zárate cuando ella tenía 52 años. Aunque en realidad el recuerdo más claro en mi memoria es de cuando ella tenía 63 y yo 11. No sé por qué esa edad en particular, pues ella siguió envejeciendo, igual que yo. Pero fue la imagen de esa señora amable que parecía siempre de la misma edad y cocinaba en la tele, la que se quedó conmigo toda la vida.

La señora Zárate fue una gran mujer, y siempre una mujer sencilla que estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto y supo tomar cada oportunidad de vida que le llegó. Alguien la vio dando clases de cocina, le gustó su personalidad y carisma y la invitó a hacerlo en la televisión local. Y fue su carácter y determinación, menos común en las mujeres a finales de los años cincuenta, lo que la llevó a cambiar su vida sencilla por la de una figura pública por los siguientes 49 años, al conducir el programa de cocina con mayor duración en la historia de la televisión.

Eva Vicenta Uranga Roig nació en la Ciudad de México el 5 de julio de 1920, en una familia de artistas: hija de Lauro D. Uranga (violinista y compositor conocido por su canción “Alborada”) y la actriz Vicenta Roig Plaza, quien más tarde se casaría con el torero y también actor Víctor Vigiola Torquito, y sobrina de Emilio D. Uranga (compositor de “La negra noche”, entre otras canciones).

Comenzó a trabajar desde muy joven, incluyendo un papel como asistente personal de la actriz Gloria Marín durante algunos años, lo que a lo largo del tiempo asentó las bases de una amistad que más tarde la llevó a ser comadre de ella y Jorge Negrete, quienes fueron padrinos de bautismo de su hija mayor, Gloria del Carmen.

Su encanto e inteligencia fueron irresistibles para varios pretendientes en esa época en la que ella decía que nunca se casaría. Contaba, entre sus secretos de juventud, que en ocasiones tenía que despedir a uno de sus galanes en turno por la puerta delantera, y salir corriendo por la puerta de atrás de la casa para encontrarse con otro.

Decía su madre que mientras su hermana Fernanda era más guapa, Eva era la inteligente y simpática. En alguna ocasión, incluso el actor Andrés Soler, 22 años mayor que ella, la invitó a salir a pesar de la diferencia de edad que existía entre ellos, ante el desagrado de la familia de la joven Eva Vicenta.

Si bien ella decía que no se iba a casar, lo hizo en 1948, pero no con un hombre del medio artístico, sino con un militar, el general José Fernando Zárate Meneses, y juntos tuvieron dos hijas (Gloria del Carmen y Margarita Guadalupe) y un hijo (José Fernando).

 

“A mí no me gusta cocinar”

En 1954 un cambio de asignación para su esposo, “el General”, como siempre lo llamó su familia, aun en casa, los llevó a todos de la Ciudad de México a Guadalajara. Acostumbrada al trabajo desde joven, Eva siguió en busca de nuevas formas de seguir activa. Trabajó vendiendo productos Stand Home e impartía clases de cocina en su casa. Hacia 1957 lo hacía de forma más profesional en diferentes tiendas departamentales donde organizaba sesiones de “demostración” de las baterías de cocina Lamex, la compañía para la que trabajaba.

Un día Alberto Aguilar, gerente del incipiente Canal 6 de Televisión Tapatía, la invitó a dar clases en televisión. Fue el 1 de diciembre de 1960 cuando “Cocina al minuto” comenzó sus trasmisiones al aire, producida por Leandro Blanco, en un formato simple que en esencia se mantuvo por muchos años en los programas de cocina: una mujer en un set parecido a la cocina de su casa, platicándole a sus amigas las recetas del día y respondiéndoles las inquietudes que externaban a través de cartas o llamadas telefónicas. Su licencia fue la No. 125 de Locutor o Comentarista otorgada por la sep después de obtener su certificado de locución.

Antes de figuras como Julia Child (1912–2004) en los Estados Unidos, o de Chepina Peralta (1931) en la televisión nacional mexicana, y mucho antes de la proliferación de programas e incluso canales internacionales de televisión sobre cocina o los chefs celebridades, la Señora Zárate dio vida al primer programa de cocina en México y el más longevo en su género en la historia de la televisión mundial, el cual alcanzó a más de tres generaciones de televidentes, particularmente en Guadalajara y los estados del occidente de México.

No era una chef de televisión como las versiones de hoy, modernas y sofisticadas. No buscaba la elaboración complicada de los platillos. Ella daba clases de recetas tan fáciles de preparar, con ingredientes tan fáciles de conseguir, que cualquiera podía hacerlas. Las creaba, las adaptaba o las traducía de libros en inglés o francés que leía durante las noches, con la intención de que fueran parte de un menú simple y cotidiano con sabor de hogar.

En 1963 la señora Zárate migró con todo y su cocina a Televicentro, contratada por el señor Mario Rincón, director de Televisa Guadalajara, y su programa comenzó una nueva etapa con el nombre “Cocine Mejor”, en el Canal 4, que se convertiría en su casa durante los siguientes 47 años. Este nuevo programa comenzó el lunes inmediato a la terminación de “Cocina al minuto” en Canal 6, lo que significó que ella nunca interrumpió su trabajo en televisión. El formato permaneció por muchos años siendo prácticamente el mismo, hasta que en 1984 el programa sufrió varias modificaciones con la adición de otras secciones de entrevistas, entretenimiento y reportajes, ampliando su duración de 30 a 90 minutos pero siempre en vivo (excepto en contadas ocasiones en las que se grababa con anticipación por vacaciones, o que se tenía que repetir algún capítulo por cuestiones de salud), y manteniendo la clase de cocina como eje del programa. Su nuevo nombre dado por el señor José Luis Guasch, director general en turno de Televisa Guadalajara, fue “Hasta la Cocina”, que se mantuvo hasta su finalización en el año 2010.

La señora Zárate contaba que cocinar no era su actividad favorita. Incluso decía que la última tunda que le tocó en su casa siendo niña fue por no ser capaz de cocinar algo que su mamá le había pedido.

En la era actual, la era del contenido de entretenimiento en medios digitales, la era del snapchat y donde la información en redes sociales es rápida y desechable, no es fácil comprender que un programa de televisión se haya mantenido al aire durante tantos años. Pero la simplicidad del mensaje, la frescura y autenticidad de la conductora y, más importante aún, las clases de cocina tan básicas que la gente esperaba con ansia todas las semanas, de lunes a viernes, la hicieron permanecer en el gusto y el estómago de las familias tapatías. El encanto de su programa residía en que era una mujer ordinaria, cercana, platicaba con la gente, sus “amigas”, como ella las llamaba. Y contaba chistes a las chicas de maquillaje mientras la preparaban para salir al aire, chistes que también contaría mientras preparaba la receta del día. O hacía bromas durante el programa con Rutilio, José, Raúl o “el Muñeco”, los jefes de piso que trabajaron tantos años con ella, o con los camarógrafos en el estudio desde donde trasmitían.

Fueron casi 50 años los que la señora Zárate se mantuvo al frente de su programa de cocina, acompañada de su nieta Martha Olveda durante los últimos 20 años, y que se convirtió en su pareja inseparable en la pantalla. En el año 2003, época en la que el programa era producido por Jorge Monné, la señora Zárate se hizo acreedora a dos Récords Guinness: uno, por ser la conductora de cocina con mayor tiempo al aire, y otro por ser el programa en su género con mayor tiempo al aire de trasmisión. Al 28 de enero de ese año había cumplió 6,610 horas de trasmisión y 11,232 trasmisiones, aunque continuó otros siete años más, de forma ininterrumpida, hasta su retiro el 17 de enero del 2010, cuando su salud ya no le permitía la misma libertad que antes, y ella junto con su familia tomaron la decisión de dejar la televisión.

La señora Zárate fue muy querida por toda la gente con la que trabajó. Su carácter cariñoso y simpático se ganaba a quienes la rodeaban. En “el Canal”, como familiarmente se refieren a la estación de televisión, le llamaban cariñosamente “la Abue”, o “mi Abue”. La gente relacionaba su imagen amigable con Sara García, aquella actriz de la época dorada del cine mexicano. Normalmente ella llevaba a su casa la comida que había cocinado, eso si no lo compartía con el staff de producción, o era devorada por el resto de los empleados de oficina o de los otros estudios en la televisora, que cuando veían el programa en los diferentes monitores, si se veía bueno y antojable, siempre corrían a “saludarla” al final de la transmisión.

Si uno piensa en la señora Zárate, hay una característica que viene inmediatamente a la mente: su memoria prodigiosa. Era una biblioteca de recetas ambulante. Su memoria fue su mejor arma durante todos esos años. No había receta que le preguntaran al aire, por teléfono, en una carta o en la calle de la que no supiera describir sus ingredientes y preparación. Y si no la sabía, respondía con tal seguridad que no dejaba dudas de su experiencia.

Además de los dos récord Guinness que ella y su programa obtuvieron en el año 2003, se le hicieron en vida innumerables reconocimientos a su trayectoria, entre los cuales destaca una figura de cera en el Museo de Cera de la ciudad de Guadalajara, que fue develada el 22 de febrero del 2006, y el nombramiento de una calle en su honor por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, en el fraccionamiento Los Artistas, al noreste de la ciudad, el 1 de diciembre de 2008, como parte de la celebración por el Aniversario 48 del programa de televisión. Fueron más de seis meses en la elaboración de la figura de cera, desde la toma de fotografías y su desarrollo, hasta las últimas etapas en las que se requirió su presencia varias horas al día para lograr el mayor parecido, un proceso que le fue muy divertido, incluso les proporcionó el vestuario y accesorios que la figura utilizaría.

Televisa Guadalajara renombró al Estudio “C”, donde se producía el programa de “Hasta la cocina” como “Estudio Señora Zárate”, así como el Museo Infantil Trompo Mágico, donde también se colocó una placa con su nombre en su estudio de televisión interactivo.

 

El cariño por su audiencia

Su mayor preocupación siempre fueron los televidentes. Recibía cientos de cartas por semana en la que le pedían o le mandaban recetas, y más de alguna señora recién casada agradecía sus clases porque eso la había “ayudado a salvar su matrimonio”. Tres generaciones de mujeres, tres generaciones de familias fueron sumándose como audiencia.

Cada año, para las épocas decembrinas hacía su llamada “Fiesta de las canastas”, en la que conseguía que todos sus patrocinadores aportaran diversos productos para las despensas que regalaba a sus televidentes a través de un concurso de recetas. Había ocasiones en las que las invitaba a cocinar en vivo durante el programa la receta que hubiera ganado el concurso en turno. Y durante los veranos, aprovechando las vacaciones escolares, invitaba a los hijos de la teleaudiencia a cocinar sus platillos favoritos, así fuera a preparar un huevo estrellado o un pan francés.

Y, ante todo, fue muy comprometida con sus clientes, sus anunciantes. Le ponía amor a sus menciones en vivo. Los anunciantes no pagaban por el anuncio: pagaban porque ella lo dijera y mejor aún cuando ella ponía su “sazón” al guion, porque sabía cómo llegarle a su audiencia de la manera más natural y auténtica.

Jamás se le subió a la cabeza la fama. Siempre tuvo detalles para la gente que se acercaba a saludarla con cariño en donde la encontraran. Siempre con una sonrisa. Yo lo sé porque trabajé con ella.

Pero tuve la gran fortuna de que también fue mi abuela. De que crecí teniendo su amor todos los días de mi infancia, y su consejo ya más grande. Era mi amiga y mi cómplice. Y su experiencia con la cocina además nos fue de mucha utilidad para fines didácticos. Para una clase de ciencias naturales nos dejaron de tarea hacer la típica maqueta de la célula, y cuando ella nos vio en casa a un par de compañeros y a mí haciéndola en plastilina, nos detuvo y nos llevó a la cocina para preparar una célula de gelatina verde con un huevo cocido por núcleo, fideos por ribosomas, frijoles por mitocondrias, etc., cubiertas por una capa de grenetina trasparente.

Naturalmente, era también una amante del buen comer, pero particularmente de los postres. Cuentan que cuando estaba embarazada de su segunda hija le cuidaban mucho la alimentación, particularmente con los dulces, y que en alguna ocasión se salió a caminar al parque, y al regresar, su marido la cuestionó con una gran sonrisa porque el suéter negro que llevaba puesto estaba cubierto de granos de azúcar y migajas del pan dulce que se había comido a escondidas.

Sus platillos favoritos eran milanesa con puré de papás y espagueti. Todas las noches cenaba su café con leche y su concha, y tenía su vaso de agua a mano. Eran su pequeño capricho antes de dormir para acompañar su infaltable sesión vespertina de las “comedias”, como ella se refería a las telenovelas de la noche. De vez en cuando un tequilita, y si se enfiestaba, un par más la hacían cantar con todo sentimiento la “Cruz de olvido”.

Dicen que “la vida comienza a los 40”. Para la señora Zárate fue así. Fue precisamente a esa edad cuando su vida cambió y redefinió su carrera comenzando la etapa que la consolidó como figura pública entre los jaliscienses. Publicó dos libros de recetas de cocina. Incursionó también en la industria del servicio de alimentos: tuvo un restaurante de comida tradicional mexicana enfocada en cocina del mar, además de un servicio de cocina económica.

Vivió una buena vida, larga y rica en experiencias y reconocimientos. Fue muy querida por la gente y sobre todo por su familia. Fue un gran ejemplo de mujer que enviudó joven y sacó adelante a sus tres hijos con esfuerzo, dedicación y cariño. Tiene 8 nietos y 13 bisnietos. Y fueron 49 años ininterrumpidos del programa al aire.

Su sentido del humor la acompañó hasta el final. Aun con su salud ya menguada, cada visita al doctor, cuando este estaba por ponerle el estetoscopio, jugueteaba diciéndole que primero la invitara a salir.

La señora Eva Uranga viuda de Zárate murió el 28 de marzo del 2015, a los 94 años de edad. “Una leyenda de la televisión en Jalisco”, “pionera de la televisión mexicana”, se refirieron a ella los diarios al publicar la noticia de su muerte.

Le diría ella con una gran sonrisa para despedirse: “Que le vaya, ¡pero muy bonito!”

 

Referencias bibliográficas

Aceves González, F. (1987). La Televisión en Guadalajara: génesis y desarrollo. Guadalajara. Universidad de Guadalajara.

Guinness Records, Agreement Regarding Record Attempts. Claim id 15534 / 15837, Membership No. 15380 / 15711 (marzo de 2003). Guinness World Record Limited.

Guinness World Records (2004). Guinness World Record Limited, Londres; Editorial Planeta, Barcelona.

Uranga de Zárate, E. (1993). Las Recetas de la Sra. Zárate. Guadalajara.

“La señora Zárate se despide de la televisión” (2010, 2 de febrero). El Informador.

“Muere la señora Zárate” (2015, 28 de marzo). El Informador.

“Fallece la señora Zárate… en paz descanse” (2015, 29 de marzo). El Occidental.

Zazueta, O. (2015, 29 de marzo). “La última receta de la Señora Zárate”. Mural.

Revista Actitud XXI México (2008). “Ayuntamiento de Guadalajara felicitó a la Señora Zarate por los 48 años de su programa Hasta la Cocina”. 2 de diciembre. Disponible en: http://actitud21.blogspot.mx/2008/12/ayuntamiento-de-guadalajara-felicit-ala.html

Redacción Proyecto Diez (2015). “La cocina tapatía no será igual: Murió la Señora Zárate”. 28 de marzo de 2015. Disponible en: http://www.proyectodiez.mx/la-cocina-tapatia-no-sera-igual-murio-la-senora-zarate/

Aguilar, G. (2015). “Dan último adiós a la ‘Señora Zárate’, pionera de la TV mexicana”. 29 de marzo. Disponible en: http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1503/dan-ultimo-adios-senora-zarate-pionera-tv-mexicana/

Serna Terán, C. (2013). Tragones TV. Diario de un Tragón. 19 de agosto. Disponible en: https://csernat.wordpress.com/tag/la-senora-zarate/

Redacción Proyecto Diez (2015). “Tapatíos recuerdan a la #SeñoraZarate en Twitter”. 28 de marzo del 2015. Disponible en: http://www.proyectodiez.mx/tapatios-recuerdan-a-la-senorazarate-en-twitter/

La iniciativa ciudadana #Ley3de3

Ana Vicencio Huerta

 

Desde 2012 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los ciudadanos, al igual que el Presidente de la República y los legisladores, tienen el derecho de iniciar leyes. En 2013 la iniciativa “Internet Libre Para Todos” fue la primera en reunir el apoyo de más de 0.13% de la lista nominal y entregar su proyecto al Senado junto con 120 mil firmas de respaldo; aunque la iniciativa jamás se dictaminó o discutió.

Con un antecedente poco esperanzador la llamada #Ley3de3 logró hacerse paso entre la agenda pública y en tan solo seis semanas reunió el apoyo de más de 640,000 mexicanos. Una inteligente campaña que permitió la movilización de distintos grupos de la sociedad civil; un objetivo claro, sensible y apremiante; una iniciativa técnicamente sólida y la voluntad de los actores políticos de acogerla fueron la mezcla de condiciones que posibilitaron el éxito de la primera iniciativa ciudadana hecha ley.

Durante su promulgación la celebración no se vivió plena. El amargor de la traición y la decepción todavía producen dificultad en algunos para reconocer un balance positivo. Aunque casi en su totalidad se aprobó la iniciativa propuesta por la sociedad civil, los legisladores fallaron en cumplir el centro mismo: asegurar la máxima publicidad de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, conforme a los formatos propuestos.

Sin duda, y a pesar de lo anterior, la aprobación de la #Ley3e3 y las otras seis leyes que conforman ahora el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es un logro histórico, uno que vale la pena reconocer en todas sus dimensiones. Este artículo recorre el proceso desde la creación de la iniciativa hasta su promulgación haciendo énfasis en la participación que tuvo Jalisco y en lo que corresponde hacer en la entidad.

 

La corrupción como foco rojo

Definir el término corrupción y sus características básicas es una tarea compleja dados los diversos comportamientos que implica y las múltiples circunstancias en las que se presenta. Una sencilla definición describe a la corrupción como “un fenómeno que permanece oculto e implica la apropiación de recursos públicos para obtener beneficios privados” (Transparencia Internacional, en Jaime, Avendaño y García, s.f.).

Aunque esta definición se circunscribe al abuso del poder público, es decir, en el escenario que interesa a este texto, no se limita solo a los actos realizados por funcionarios públicos sino también a los de un particular en relación con la ley. Si hablamos de manera general de actos que ocurren en la sociedad, la propuesta de María Amparo Casar sería definir a la corrupción como “el desvío del criterio que debe orientar la conducta de un tomador de decisiones a cambio de una recompensa o de una persona en relación con sus obligaciones como ciudadano” (Casar, 2015 p.9).

Es claro que al hablar de “desvío” Casar indica que se trata un comportamiento indeseable, negativo, como también lo hace otra propuesta de definición del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que añade además que la corrupción debe prevenirse, controlarse y sancionarse por un tercer agente “porque tiene efectos negativos sobre otros miembros del sistema y sobre el buen funcionamiento de las instituciones” (BID, en Jaime, Avendaño y García, s.f. p.15).

México forma parte de la mitad de los países del mundo más corrupta. El índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional nos ubica en el lugar 95 de 167; el índice del estado de derecho del World Justice Project en el lugar 88 de 102, y el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial en el lugar 103 de 140 (Ríos, octubre 2016).

Realmente no hace falta voltear a ver estadísticas internacionales para evidenciar el grado en que la corrupción ha permeado todas las esferas de gobierno, para darnos cuenta de que “vivimos en una democracia donde la política sirve para hacer dinero y el dinero sirve para hacer política”, como lo escribió Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en abril de 2016.

El escándalo de la familia presidencial en 2014 cuando se publicó que esta habitaba una mansión de 86 millones de pesos adquirida a Grupo Higa, empresa ganadora de la licitación del tren México–Querétaro y otras obras realizadas en el Estado de México; las 21 empresas fantasma del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, con las que desvió más de 645 millones de pesos entre 2012 y 2013; los 10 millones de pesos embolsados como “aguinaldo” por el auditor superior de Jalisco en 2007 y 2008 (junto con el resto de gastos injustificados de la Auditoría del estado) son todos casos emblemáticos, una pequeña muestra de tantos que siguen lastimando la credibilidad de las instituciones y acrecentando la brecha entre ciudadanos y representantes.

El índice nacional de corrupción y buen gobierno, elaborado por Transparencia Mexicana, reveló que en 2010 los hogares mexicanos destinaron 14% de su ingreso en mordidas para recibir algún servicio público, facilitar un permiso o evitar ser infraccionados. Este porcentaje significó un incremento de casi el doble de frente a los resultados de las mediciones entre 2001 a 2007 y un cálculo nacional de 32,000 millones de pesos destinados a la corrupción. En esta evaluación, Jalisco se encuentra en el promedio nacional, pero es la octava entidad peor calificada con un índice de 10.3 que refleja el número de veces que alguien ofreció un soborno entre las veces que fueron utilizados los servicios.[1]

Quizá por la fragilidad evidenciada, desde el inicio de este sexenio las estrategias para combatir la corrupción fueron parte de la agenda de gobierno. A finales de 2013 el Senado aprobó la propuesta del presidente para la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, uno de los acuerdos logrados por el Pacto por México. Contrario a celebrarlo, especialistas de la sociedad civil particularmente los integrantes de la Red por la Rendición de Cuentas, destacaron que el problema de la corrupción no podía atacarse solo observando sus consecuencias a través de un nuevo órgano designado por el Ejecutivo. Para estos especialistas estaba claro que el combate a los pequeños y grandes actos de corrupción debía realizarse procurando la coordinación entre instituciones y cubriendo los huecos legales desde lo elemental: definir la corrupción en las leyes.

Con el dedo de la sociedad civil puesto en el renglón, en marzo de 2015 el Congreso de la Unión y los Congresos locales aprobaron una nueva propuesta de reforma constitucional para la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, lo que obligaba la creación de dos nuevas leyes antes de mayo de 2016: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La primera regularía la relación entre siete instituciones: la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y dos nuevas instancias, una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y un Comité de Participación Ciudadana. La segunda, las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, sanciones y procedimientos para su aplicación.

 

El periodo electoral, momento de comprometer

Todo comenzó como una iniciativa cívica llamada #3de3, impulsada por el IMCO y Transparencia Mexicana, que proponía a los aspirantes a puestos de elección popular en 2015 hacer públicas sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses. La primera para conocer si los candidatos se encontraban al día con el pago de sus impuestos, la segunda para evitar que se incurriera en enriquecimiento inexplicable después de asumir un cargo público, y la novedosa tercera, para conocer los vínculos empresariales, comerciales, familiares o de asociación que podrían derivar, en algún momento, en conflicto de interés.

La campaña, para ganar a través de la presión social, invitó a condicionar el voto de los ciudadanos a la publicación de los tres documentos en la plataforma Candidato Transparente. La participación de Jalisco, fruto de la insistencia de los ciudadanos y la competencia electoral, comenzó pronto con la publicación de las declaraciones de varios candidatos a munícipes o diputados contendientes por la misma demarcación (Guadalajara, Zapopan o el Distrito 10). A 15 días del lanzamiento de la plataforma había ya 100 participantes de los cuales 16 eran candidatos jaliscienses; más de un mes después, hacia el final del periodo de campañas, la participación llegó a 366 candidatos transparentes, 39 en Jalisco.

 

De iniciativa cívica a propuesta legislativa: #Ley3de3

Ya desde mayo de 2015, antes incluso de las elecciones, un grupo de organizaciones de la sociedad civil comenzó a trabajar en una propuesta para la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una ley aplicable a los tres órganos de gobierno para regular con 94 artículos la conducta de los servidores públicos. Josefina Cortés Campos, académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Max Kaiser Aranda, integrante del IMCO, y José Roldán Xopa, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se identificaron como los redactores apoyados por 23 expertos pertenecientes a Transparencia Mexicana, IMCO, Red por la Rendición de Cuentas, Causa en Común, Colegio de Abogados, Academia Mexicana de Protección de datos Personales, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Tecnológico de Monterrey, CIDE, ITAM y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La iniciativa, al darse a conocer, aprovechó el posicionamiento del ejercicio cívico y adoptó popularmente el nombre de #Ley3de3. Entre sus principales contenidos, además de la obligación para todo funcionario de presentar y hacer públicas sus tres declaraciones, se creó la categoría de responsabilidad administrativa grave y dentro de ella se enlistaron y definieron 10 actos de corrupción: soborno, peculado (o desvío de fondos públicos), tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso de información falsa o confidencial, nepotismo[2] y conspiración para cometer actos de corrupción.

Además, se establecieron directrices para la conducta ética de los funcionarios, la existencia de un registro público para servidores públicos sancionados,[3] capacidades para la investigación, sanciones severas para quienes participen en actos de corrupción, mecanismos e incentivos de denuncia anónima y protección para denunciantes,[4] y mecanismos de coordinación entre autoridades. Dado que se entiende a la corrupción como un fenómeno de redes, la iniciativa redefinió los sujetos obligados por la ley, con lo que además de los servidores públicos alcanzó a los líderes sindicales, equipos de transición, candidatos a puestos de elección popular[5] y personas físicas o morales privadas.

Para que la propuesta pudiera ser entregada al Senado como iniciativa ciudadana, en febrero de 2015 comenzó a escala nacional una campaña de recolección de firmas. El objetivo era reunir al menos las 120,000 necesarias para cubrir el requisito constitucional.

Según el portal de la iniciativa administrado por IMCO, se sumaron a la campaña al menos 74 organizaciones en el país. En Jalisco ese instituto registró la participación de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Guadalajara, Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco en Guadalajara y Puerto Vallarta, Wikipolítica Jalisco, Jalisco Cómo Vamos, Consejo para la Seguridad, Transparencia y Buen Gobierno, ac, Unión de Sociedades de Alumnos del ITESO (USAI), Jurimetría Iniciativas para el Estado de Derecho, ac, Pro Biblioteca de Vallarta, ac, Centro de Estudios Universitarios Arkos (Puerto Vallarta), la Fundación Sierra Laguna por el Desarrollo Integral Comunitario, ac (Sayula) y dos organizaciones que se prestaron como puntos de entrega de firmas, el despacho jurídico Recht Legal Guadalajara, y la empresa de venta de refacciones Zapata Camiones. Además, se sabe de la participación activa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Occidente (ITESO) y del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, y la promoción desde organizaciones como Tómala, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Jalisco (Amedi–Jalisco) y el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) Jalisco.

La campaña se realizó de manera muy intensa en redes sociales con el hashtag #Ley3de3, la producción de infografías y productos informativos generados desde decenas de organizaciones diferentes, y la difusión de fotografías de los firmantes, incluidos personajes públicos. Durante el periodo de recolección de firmas Cinépolis trasmitió en sus salas el spot publicitario de la iniciativa y diversos diarios imprimieron en sus páginas el formato para la recolección.

Es de destacar la atinada estrategia de comunicación que originaron las organizaciones promotoras, las cuales simplificaron un mensaje complejo (el extenso contenido de una iniciativa de ley) en ideas puntuales y sensibles para los ciudadanos. Era difícil olvidar que, aunque no exclusivamente, la iniciativa buscaba hacer públicas tres de tres declaraciones; era difícil oponerse a la transparencia como una estrategia contra la corrupción; era casi imposible no querer hacer algo para combatirla.

Gracias a los aliados, pero sobre todo a la movilización de la sociedad civil y la confianza y convicción de miles de ciudadanos, se sumó el apoyo de 643,143 firmantes. Se desconoce qué porcentaje del apoyo se generó desde el estado de Jalisco, pues dada la inmensa cantidad de formatos que recibieron en pocos días los integrantes del IMCO y Transparencia Mexicana fue imposible registrar la proveniencia de cada uno de ellos. A partir de los datos que compartieron algunas organizaciones se tiene conocimiento de al menos 20,000 firmas de jaliscienses que se sumaron a la iniciativa.[6]

El amplio apoyo de los ciudadanos evidenció una sociedad civil despierta. “Se dejó de lado el hartazgo estéril para dar paso a una propuesta innovadora y constructiva. La protesta pública se convirtió en participación cívica”, mencionó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, en su discurso durante la entrega de la iniciativa ciudadana al Senado.

 

Proceso de parlamento abierto

La primera victoria dio paso a otra. Los expertos ciudadanos ganaron el derecho de participar a la discusión no solo de la iniciativa ciudadana sino también del resto de las leyes base del SNA. Para ello, senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) junto con organizaciones de la sociedad civil acordaron adoptar prácticas de parlamento abierto: dar máxima publicidad al proceso legislativo, convocar a especialistas en la materia para aportar conocimientos técnicos, publicar el origen de las propuestas presentadas y argumentar la redacción final.

En abril de 2016 los senadores integrantes de las comisiones unidas de Anticorrupción, Participación Ciudadana, Justicia y Estudios Legislativos junto con la sociedad civil trabajaron en cuatro mesas de trabajo, a las que le siguieron decenas de reuniones entre los especialistas y todos los grupos parlamentarios para avanzar en la redacción de un dictamen de ley. Los senadores del PAN y PRD asumieron la iniciativa ciudadana original a la cual le añadieron algunos artículos; los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a través de Pablo Escudero y Raúl Cervantes, elaboraron por su parte un documento de trabajo para cinco de las siete leyes.

A pesar del trabajo de varias semanas, el periodo ordinario concluyó sin ningún dictamen para discusión. Tras la activación de los ciudadanos en redes con #PeriodoExtraordinarioYa, se establecieron fechas para un periodo extraordinario, el cual posibilitó que la madrugada del 15 de junio, habiendo terminado el plazo constitucional para la creación de leyes reglamentarias, el Senado aprobara la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 

Dos reveses de último minuto

La Ley de General de Responsabilidades Administrativas fue aprobada en el Senado en lo general con 94 votos a favor y 23 en contra. No obstante, hubo reservas al artículo 29 que establece que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas “salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”. El artículo añade que el Comité Coordinador del SNA, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, será el responsable de diseñar y aprobar los formatos para las declaraciones, y no, como se hubiera esperado, los propuestos por la sociedad civil.

La primera parte del artículo mencionado ya estaba dentro de la propuesta ciudadana, es decir, se contemplaba que, si bien las declaraciones estarían disponibles al público, los datos personales calificados así por la ley serían resguardados. La vaguedad de la formulación del artículo como quedó, sin embargo, se presta al debate sobre lo que significaría aquello que pueda afectar la vida privada. Por otra parte, se reprochó que la decisión sobre los formatos para la elaboración de las declaraciones se haya postergado, lo que significó pausar una batalla que ya había logrado avances desde el punto de vista ciudadano y abandonar su diseño a interpretaciones de un nuevo comité o futuras presiones de la clase política.

Cincuenta senadores se mostraron a favor de reservar el artículo para retomar la propuesta original, pero 59 de ellos, integrantes de los grupos parlamentarios del PRI y PVEM se opusieron y el dictamen quedó en los términos originales. Los tres senadores por Jalisco le dieron la espalda a la voluntad de los más de 640,000 firmantes: Arturo Zamora Jiménez y Jesús Casillas Romero votaron en contra, mientras que José María Martínez Martínez se ausentó argumentando motivos de salud.

Durante la madrugada, el senador Manuel Cárdenas Fonseca, del Partido Nueva Alianza (Panal), propuso modificaciones al Artículo 32 para obligar a los particulares que hacen negocios con el gobierno y a toda persona que recibiera recursos públicos a presentar sus tres declaraciones. Aunque la propuesta fue aprobada con 90 votos, pronto se hicieron notar los excesos. El artículo tal como había quedado habría asumido que todos los empleados de una empresa con contratos con el gobierno, becarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) o incluso beneficiarios del programa federal Prospera serían sujetos obligados, lo que “más allá de lograr transparencia llevaría a la incertidumbre jurídica”, como más tarde expuso Juan Pablo Castañón en representación del Consejo Coordinador Empresarial al presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos.

La respuesta de los medios, sociedad civil y los grupos parlamentarios del PAN, PRD y el partido Movimiento Ciudadano (MC) fue fuerte y calificaron la votación de ambos artículos como una traición, una “venganza contra los ciudadanos”, en palabras de Juan Pardinas. En un juego de poderes, la última palabra de los legisladores se hizo más fuerte y el valor de la victoria ciudadana se afectó con un ataque directo al #3de3, “el corazón simbólico de la iniciativa”, como interpretó Eduardo Bohórquez.

A pesar de las críticas y la manifestación de empresarios afiliados a la Coparmex frente al Ángel de la Independencia, el 17 junio en la Cámara de Diputados también se rechazaron las reservas a 47 artículos, entre ellos el 29 y 32. El dictamen, sin modificaciones, se votó en lo particular con 241 votos a favor y 212 votos en contra.

No admitieron las reservas los diputados jaliscienses del PRI y PVEM Ramón Bañales, Arámbula, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Laura Valeria Guzmán Vázquez, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Francisco Javier Santillán Oceguera, Rafael Yerena Zambrano, Evelyng Soraya Flores Carranza y Jesús Sesma Suárez; se ausentaron los diputados priistas Martha Lorena Covarrubias Anaya, Laura Nereida Plascencia Pacheco, María Esther de Jesús Scherman Leaño y Jesús Zúñiga Mendoza. En el lado opuesto, 19 diputados de Jalisco del PAN, MC, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Encuentro Social (PES) sí buscaron la máxima publicidad de las declaraciones con los formatos ya utilizados hasta ese momento por funcionarios y candidatos.

El 5 de julio, Humberto Castillejos Fernández, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, anunció a nombre del presidente un veto a las fracciones b y c del artículo 32 y otros 15 artículos más relacionados con él. Argumentó que esta disposición generaba problemas a la operatividad del SNA y que se trataba de una medida “contraria a los derechos humanos al afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de datos personales”. El veto presidencial fue aprobado en ambas cámaras y se eliminaron las fracciones señaladas, sin embargo, el presidente eligió no modificar el artículo 29 de la ley.

 

Respuesta en Jalisco

El 22 de junio se realizó en el Congreso de Jalisco el foro “Diálogos contra la corrupción” para iniciar la discusión hacia la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción. En el foro, diputados, representantes del Poder Judicial, funcionarios estatales, presidentes de partidos, empresarios y miembros de la sociedad civil firmaron un compromiso contra la corrupción, aunque sorprendió que se sumara también el auditor superior Alonso Godoy Pelayo, señalado desde hace casi una década por prácticas corruptas.

En el discurso inaugural el gobernador Aristóteles Sandoval lamentó que los senadores no hubieran tomado en cuenta la voluntad de los ciudadanos y se pronunció a favor de la obligatoriedad y máxima publicidad de las tres declaraciones. Desde el mes de abril el gobernador había realizado ya sus declaraciones en la plataforma #3de3; sin embargo, al declarar poseer una casa con valor de 50,000 pesos de 1974 y no contar con automóvil alguno, despertó el debate sobre la necesidad de rectificar la información de las declaraciones y sancionar las omisiones y falsedades.

Hubo varias voces en Jalisco que se pronunciaron en un sentido similar al del gobernador. Dos semanas después del foro en el Congreso y a raíz del veto presidencial, el diario El Informador convocó a debate a los diputados Ismael del Toro Castro y Pedro Kumamoto Aguilar, a Guillermo Muñoz Castro, coordinador de Transparencia del Gobierno de Jalisco, a Cynthia Cantero Pacheco, presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), y José Medina Mora Icaza, presidente de la  Coparmex Jalisco. Todos coincidieron en que, a diferencia de lo establecido en la legislación federal, en Jalisco la ley tendría que hacer obligatoria la publicidad de las tres declaraciones. Los legisladores Pedro Kumamoto e Ismael del Toro coincidieron también en que el éxito de la estrategia anticorrupción requería de la participación y el involucramiento constante de los ciudadanos. Cantero, por su parte, propuso a los partidos políticos que se involucraran estableciendo como requisito a sus futuros candidatos la presentación de sus declaraciones.

La publicación voluntaria de las declaraciones de 71 funcionarios jaliscienses en la plataforma #3de3 hace evidente la acogida de la iniciativa en el estado, de manera particular en el área metropolitana de Guadalajara. De los 745 funcionarios que a octubre de 2016 habían participado en el portal oficial, son de Jalisco el gobernador Aristóteles Sandoval y 27 integrantes de su gabinete, el senador Jesús Casillas, 12 diputados federales, 17 diputados locales; el alcalde de Guadalajara Enrique Alfaro, 12 miembros de su gabinete y seis regidores; el alcalde de Zapopan Pablo Lemus y una regidora; la alcaldesa de Tlaquepaque María Elena Limón y dos regidoras; el alcalde de Zapotlanejo Héctor Álvarez y tres regidores; el alcalde de Tonalá Sergio Armando Chávez, el alcalde de Ocotlán Paulo Gabriel Hernández, una regidora en Puerto Vallarta, un regidor en Tlajomulco y el consejero del ITEI Pedro Vicente Viveros.

 

La promulgación y el camino por delante

El 18 de julio el Ejecutivo promulgó el paquete de las siete leyes que conforman el SNA. Además de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se expidió la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y se reformaron la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En el acto protocolario tomó la voz como representante de la sociedad civil Eduardo Bohórquez, quien fue contundente en su mensaje: “Vamos por más”. Las organizaciones promotoras de la iniciativa están ya a la espera de la reforma de 22 leyes más y los ajustes estatales que puedan fortalecer el SNA. Para la instrumentación de las reformas, el IMCO y Transparencia Mexicana diseñaron un documento para explicar cuáles son las funciones de los nuevos órganos, los perfiles de quienes los integrarán, su proceso de nombramiento y las prioridades de arranque. Max Kaiser, director Anticorrupción del IMCO y uno de los redactores de la iniciativa ciudadana, ha mencionado que “la ciudadanía tiene la obligación de estar pendiente del SNA porque en la implementación está el éxito del sistema”.

El comité que seleccionará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA ya está conformado. Como representante del sector académico participa Cynthia Cantero Pacheco, a propuesta de la Universidad de Guadalajara, junto con María Elena Morera Mitre, Juan Pardinas Carpizo, Pedro Salazar Ugarte y José Luis Juan Caballero Ochoa; como representantes de la sociedad civil participan Sergio López Ayllón, Edna Jaime Treviño, Antonio Carlos Gómez Espiñeira y Viridiana Ríos Contreras. Este grupo de notables tendrá la responsabilidad de estudiar los perfiles de quienes podrían presidir el Comité Coordinador del SNA y quienes además ya tienen una tarea pendiente: elegir los formatos para las declaraciones de los funcionarios públicos.

A partir de la promulgación de las leyes del SNA todos los estados tienen un año para armonizar su legislación. En el Congreso de Jalisco, en septiembre de 2016, se aprobaron las primeras reformas constitucionales para crear el Sistema Anticorrupción del Estado en las cuales se enuncia ya el #3de3; sin embargo, tal como fue aprobado el artículo 92, nuestra Constitución no especifica todavía que las declaraciones de los funcionarios tienen que ser públicas. Existen en el Congreso dos iniciativas para reglamentar el #3de3 que aún no han sido dictaminadas: la del diputado priista Oswaldo Bañales Orozco, que busca la obligatoriedad para la entrega de las tres declaraciones, y la del diputado emeceísta Alejandro Hermosillo González, que retoma la propuesta original para que estas sean públicas.

El seguimiento a estas iniciativas y a todo al proceso de creación de leyes secundarias para el Sistema Anticorrupción del Estado se vuelve una tarea apremiante para los jaliscienses que firmamos la iniciativa ciudadana. Fueron meses de intenso trabajo, pero aún no es momento de bajar la guardia: en Jalisco podemos aspirar a más y enriquecer el piso mínimo del SNA con lo que faltó. Existen de palabra, al menos, indicios de que hay voluntad y compromiso de nuestros representantes.

 

Conclusiones

En entrevista para Letras Libres Eduardo Bohórquez destacó que a pesar del camino con tropiezos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las que conformaron el SNA lograron numerosos cambios positivos en proporciones que todavía no hemos dimensionado; que probablemente nos tomará algún tiempo sopesarlos y comprobar sus resultados, pero más allá de ellos el proceso completo nos dejó tres grandes lecciones: los ciudadanos ya encontraron un vehículo para cambiar el país desde la vía institucional, derrocaron mitos porque demostraron confiar entre ellos, y se quitaron un estigma porque, aunque lo haya dicho el presidente, la corrupción no es cultural.

Ciertamente, la necesaria y tan esperada victoria ciudadana es un aliciente para motivar futuras activaciones, un gran ejemplo de incidencia de una comunidad capaz de coordinarse hacia el mismo objetivo. También, y no debemos pasarlo por alto, es tal vez el inicio de cambios mayores que se avecinan. La transparencia como mecanismo de combate a la corrupción no había sido nunca tan clara a los ojos de los ciudadanos y a la vez tan sencilla y efectiva para señalar a perfiles sospechosos: lo son si no publican de manera completa sus declaraciones, una evaluación a partir de la sabiduría popular que reza “El que nada debe, nada teme”.

La iniciativa #3de3 tiene una última y valiosa aportación al alimentar el debate público. ¿Qué tipo de información es la que consideramos que atenta contra la vida privada?, ¿cuál es deseable que se dé a conocer y cuál debe resguardarse?, ¿es suficiente la obligación de publicar tres declaraciones si no hay capacidad de rectificar la información que contienen?, ¿qué debe suceder cuando se encuentran en ellas falsedades u omisiones?, ¿quién y cómo debe darles seguimiento para señalar en algún momento enriquecimiento ilícito o conflicto de interés?

Hay muchos cuestionamientos que necesitan atención y que invitan a la reflexión en común. La forma que irá tomando el SNA y la aplicación que tendrá la Ley General de Responsabilidades Administrativas son un reto que emociona y convoca; la movilización y el apoyo alcanzado me hacen pensar que somos muchos los que no nos mantendremos ajenos.

 

Referencias

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[1] Para facilitar el análisis el cociente es multiplicado por 100.

[2] La ley promulgada no incluyó finalmente al nepotismo como un tipo de corrupción.

[3] La ley promulgada no definió la obligatoriedad de consultar lista de funcionarios sancionados para otorgar candidaturas.

[4] La ley promulgada no contempló recompensas a denunciantes.

[5] La ley promulgada no obligó a los candidatos a presentar sus declaraciones.

[6] 8,884 de Coparmex Jalisco, 2,722 del ITESO y la USAI, un aproximado de 3,000 del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, 3,000 del Consejo para la Seguridad, Transparencia y Buen Gobierno y Coparmex Puerto Vallarta, 1,618 de Wikipolítica Jalisco y 683 de Jalisco Cómo Vamos.

Transparencia, entre armonizar y no retroceder

José Rubén Alonso González

 

La cuarta “ley de transparencia” de Jalisco, como la ley federal y las respectivas de todas las entidades de México, quedaron sujetas al nuevo marco constitucional de 2014 en materia de derecho de acceso a la información pública y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2015. Ante ello, en Jalisco se fijó un objetivo: no dar pasos hacia atrás, e incluso explorar nuevos mecanismos para abrir más la toma de decisiones públicas a través del acceso a la información pública gubernamental, enfrentando resistencias entre los tomadores de decisiones. El resultado, una armonización construida desde fuera hacia dentro.

 

Antecedentes

El nuevo marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la información surgió en el “Pacto por México” el 2 de diciembre de 2012. Al día siguiente de asumir la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto, los tres principales partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), firmaron con él cinco acuerdos con 95 compromisos que marcarían la agenda política y económica de México en torno a una sociedad de derechos y libertades; crecimiento económico, empleo y competitividad; seguridad y justicia; transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, y gobernabilidad democrática. En materia de transparencia se firmaron dos compromisos: “Se impulsará una reforma constitucional para hacer del IFAI un órgano constitucional autónomo, con facultades ante todos los poderes públicos federales, facultades de revisión de las resoluciones de los órganos locales y de atracción de casos de relevancia nacional”, y “los órganos estatales serán autónomos, colegiados y especializados en transparencia”.[1]

Luego de consultas y propuestas de organismos ciudadanos y el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IFAI), el 7 de febrero de 2014 se aprobó en ambas cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular el artículo 6°, en materia de acceso a la información pública. Las nuevas reformas y adiciones estuvieron en la línea de la del 20 de julio de 2007,[2] cuando se sentaron los principios y bases del derecho de acceso a la información, con vistas a reducir las asimetrías que ese derecho mostraba en las legislaciones locales. La nueva reforma, entre los puntos más trascendentes, implicó lo siguiente: otorgarle autonomía constitucional al IFAI, ampliarle facultades al convertirlo en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) con injerencia en los ámbitos locales para conocer de oficio o a petición de parte, incluidos los organismos locales y particulares, sobre resoluciones en materia de acceso a la información que por su “interés y trascendencia así lo ameriten”; se amplió el catálogo constitucional de sujetos obligados, incorporando a partidos políticos, sindicatos, a particulares que reciban o manejen recursos públicos, y como singular novedad a quienes “realicen actos de autoridad”; los organismos locales, como el nacional, además de contar con autonomía constitucional tendrán la facultad para interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad sobre transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, y se incorpora la figura de Consejo Consultivo.

Con las disposiciones constitucionales en el Congreso de la Unión se avanzó en la construcción de una ley general, “de observancia general en toda la República”, y “reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información”, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015,[3] y el plazo de un año para que la Federación y las 32 entidades federativas armonizaran sus respectivas leyes. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además de ampliar y puntualizar “obligaciones de transparencia” de los sujetos obligados (información fundamental, como se le identifica en Jalisco), estableció criterios para la publicación y disposición de información pública, como el que sea “accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna” y que atienda “las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona”; que tenga “un lenguaje sencillo para cualquier persona”, que su accesibilidad y traducción esté en lenguas indígenas, en perspectiva de género, que los sujetos obligados realicen los “ajustes razonables” para garantizar su acceso a personas con discapacidad, y que se ofrezca en “datos abiertos”.

Aunado a lo anterior, con la Ley General se creó el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT) para “coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con lo señalado en la presente Ley y demás normatividad aplicable” e integrándose por el INAI, los organismos garantes de las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y que operará como Consejo Nacional; además, como instrumento operativo para estandarizar y homogeneizar el acceso y disposición de información pública se creó la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la que estará conformada por cuatro sistemas: de solicitudes de información, gestión de medios de impugnación, de Portales de Obligaciones de Transparencia y de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados de todo el país.

Para el 4 de mayo de 2016, fecha límite para que la Federación y las entidades federativas hicieran los ajustes a sus normatividades locales y así armonizarlas a las disposiciones constitucionales y la Ley General, solo Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Durango y San Luis Potosí, lo hicieron;[4] en tanto, el inai, que siguió todos los procesos de armonización, interpuso ante la scjn acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes aprobadas en los estados de Querétaro, Tabasco, Oaxaca, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz.[5]

 

Jalisco en la ruta

A partir de 2001 Jalisco se colocó a la vanguardia en el derecho de acceso a la información. El 22 de enero de 2002, antes de las definiciones a escala federal, se publicó la primera Ley de Transparencia e Información Pública. Una ley simple, con limitaciones frente a lo que se discutía en el ámbito nacional, pero abrió el debate local y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública para construir gobiernos trasparentes.[6] A esta primera ley le siguió otra de particular calado, acompañada de una reforma constitucional, con aprobación por el Congreso del Estado de Jalisco el 16 de diciembre de 2004, y que entró en vigor el 23 de septiembre de 2005. Las particularidades de esta segunda ley anticiparían dos elementos novedosos que luego se incorporarían a escala federal y en otras entidades federativas: se amplían las obligaciones de transparencia (información fundamental) y el organismo garante, Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI), además de carácter de órgano constitucional autónomo, sus resoluciones serían “definitivas e inatacables”. Luego, para 2011, a iniciativa del PRI se propuso una tercera ley de transparencia, la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que con “dispensa de trámites y estrechamiento de términos”, en la noche del 8 de diciembre de 2011, el Congreso del Estado de Jalisco la aprobó, entrando en vigor el 1 de abril de 2012,[7] burocratizando el acceso a la información pública en Jalisco.

En 2013, cuando a escala federal se discutían los cambios constitucionales en materia de acceso a la información, el diputado local del pan Hernán Cortés Berumen presentó la cuarta Ley de Transparencia para Jalisco y que llamó “ley vitrina”. Con propuestas y apoyo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Jalisco (Amedi–Jalisco) y el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra),[8] el 19 de julio de 2013 el congreso local aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, entrando en vigor el 9 de agosto de ese año, ampliando las obligaciones de transparencia, incorporando la figura de Consejo Consultivo, definido como un “órgano colegiado y plural, integrado por varios sectores de la sociedad civil que tiene como propósito proponer, analizar y opinar al Congreso del Estado y al Instituto, en materia de transparencia y acceso a la información” y, en particular, ser el filtro en el proceso de selección de aspirantes a consejeros (ahora comisionados) del ITEI, mediante mecanismos de evaluación para que el Congreso del Estado elija entre los mejor calificados.[9] La figura de Consejo Consultivo fue retomada luego a escala federal e incorporada en la Constitución federal.

Concluida la reforma a la Constitución federal y con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diputado Cortés Berumen retomó el tema para “armonizar” la “ley vitrina” con la presentación de su iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios el 21 de abril de 2015. Un mes después, luego de “circular” su iniciativa entre organismos ciudadanos y especialistas en el tema, realizó el primer foro de consulta en el congreso local “Un Jalisco transparente, trabajo de todos los días”, con la participación de Gabriela Andalón Becerra, diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Cynthia Cantero Pacheco, consejera presidenta del ITEI; Gilberto Tinajero Díaz, del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco (Cesjal); José Bautista Farías, presidente del Consejo Consultivo del ITEI; José Rubén Alonso González, por Amedi–Jalisco; Fabián Villaseñor Rivera, director general de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales del Gobierno del Estado, e Ignacio González Hernández, coordinador de Cimtra.

Al término del primer foro el diputado Cortés Berumen propuso a los participantes realizar mesas de trabajo para analizar la iniciativa con base en las disposiciones de la Constitución federal, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada el 4 de mayo de ese año, y con el objetivo de no realizar retrocesos. La conducción de las mesas de trabajo estuvo a cargo de Francisco Castillo Rodríguez, director del Órgano Técnico de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Jalisco, e instancia que redactaría la propuesta de dictamen que surgiera de esos trabajos, con el apoyo de la asesora de Cortés Berumen, Paulina Rubio. Castillo Rodríguez, para el tema, contaba con una característica particular: conoció y participó directamente en el Congreso de Jalisco en dictaminación de la primera, segunda y cuarta “ley de transparencia” de Jalisco, y como director general de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo, conoció la tercera “ley de transparencia”.

Durante cinco sesiones de trabajo, en las oficinas de la Dirección del Órgano Técnico de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Jalisco, en la Universidad del Valle de Atemajac (Univa) y en el Cesjal, con la participación del diputado Hernán Cortés Berumen, de integrantes de Amedi–Jalisco, Cimtra, Cesjal, los comisionados del ITEI Pedro Vicente Viveros Reyes y Francisco Javier González Vallejo, y las propuestas que hizo llegar la comisionada presidenta del ITEI, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, se enriqueció la iniciativa de armonización que presentó el diputado Cortés Berumen; mientras, el 10 de julio 2015 se efectuó en el Club de Industriales de Jalisco, con la participación de titulares de Unidades de Transparencia del estado, el segundo foro “Un Jalisco transparente, trabajo de todos los días”. En el segundo foro participaron como ponentes Óscar Guerra Ford, comisionado del INAI; Laura Rojas Hernández, senadora de la República; Agustín Ramírez Ramírez, presidente de Amedi, y Ricardo Jiménez González, coordinador de CIMTRA nacional.

En medio de este proceso de armonización en Jalisco, a escala federal y local trascurrían procesos electorales para renovar la Cámara de Diputados, el Congreso local y los 125 ayuntamientos de Jalisco. Dos actores claves en la armonización participaron en ello: Hernán Cortés Berumen, candidato por la vía plurinominal a diputado federal, autor e impulsor de la iniciativa y trabajos de armonización, presidente de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, y Verónica Delgadillo García, candidata a diputada federal por el Distrito 8 y presidenta de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana, Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ambas comisiones tendrían que analizar y dictaminar la iniciativa con propuestas de armonización.

El 7 de junio de 2015 se realizaron las jornadas electorales federal y local en Jalisco. Cortés Berumen, en la posición 13 de la lista de candidatos por la vía plurinominal de la Circunscripción 1, aseguró su triunfo para una curul en la Cámara de Diputados Federal hasta comienzos de agosto; mientras, Delgadillo García a la semana de la jornada electoral tenía confirmado su triunfo. Como diputados federales electos, tendrían que separarse de su encargo local, solicitar licencia como diputados de Jalisco e incorporarse a la LXIII Legislatura federal que comenzaría sus funciones el 1 de septiembre de 2015, dejando las comisiones que presidían y dictaminarían la armonización en manos de otros diputados. En tanto, la LX Legislatura de Jalisco entraba en su recta final, el 30 de octubre concluiría sus funciones pues el 1 de noviembre entrarían nuevos diputados para integrar la LXI Legislatura de Jalisco.

El acelerador legislativo se encendió. Cortés Berumen, desde la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, dictaminó la reforma a la Constitución de Jalisco para armonizarla a las disposiciones de la Constitución federal, en particular trasformar la figura de consejero ciudadano del ITEI a comisionado. La minuta de dictamen con la reforma constitucional aprobada en el pleno del Congreso el 25 de agosto de 2015 muestra que solo la mayoría de los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos la firmó; en tanto los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la Información Pública no lo hicieron.[10] Aprobada la reforma constitucional, se remitió a los ayuntamientos de Jalisco para su aprobación o rechazo. Para el 17 de diciembre de 2015, con 93 votos a favor de ayuntamientos, quedó aprobada en definitiva la reforma constitucional, publicándose en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 19 de diciembre siguiente.[11]

Con la reforma constitucional en curso se registró un proceso similar con la armonización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El 23 de julio de 2015, antes de que el promotor Cortés Berumen y Delgadillo García solicitaran licencia a su diputación local para ocupar su nuevo cargo como legisladores federales, se presentó para primera lectura el dictamen de reforma de la ley, producto del trabajo coordinado por el Órgano Técnico de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado. Sobre la mesa pública ya estaba un trabajo de armonización con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la ampliación de obligaciones en materia de transparencia.Entre las novedades planteadas en la reforma construida y consensuada con ciudadanos y organismos sociales fue la incorporación como información fundamental la publicación de “las pólizas de los cheques expedidos, con identificación del número de cheque o transferencia, monto y nombre del beneficiario, indicando el motivo de la erogación, en el que de manera detallada y completa se indique para qué se erogó el recurso público, o en su caso la descripción que aparezca en la factura correspondiente; siempre y cuando con ello se aporten los elementos cualitativos y cuantitativos de la finalidad del cheque o transferencia”, una práctica ordinaria que se hizo en el Ayuntamiento de Guadalajara en la Administración 2004–2006, y luego en la Administración del Poder Ejecutivo 2007–2013, incluyendo en esta última además todo el soporte documental digitalizado sobre los cheques expedidos; en materia de información sobre nuevos fraccionamientos, su autorización y cambios de uso de suelo, se puso como obligatorio que esa información debería contener “las consultas públicas realizadas con los colonos y la integración del expediente respectivo, en los términos del Código Urbano para el Estado de Jalisco”, con lo que los expedientes de esos desarrollos inmobiliarios deberán estar disponibles para toda persona sin mediar solicitud de información; incorporar como sujeto obligado al Colegio de Notarios, además, incorporar a la información proactiva ya contenida en la Ley General, la “información focalizada”, considerada esta “sobre prácticas específicas con el fin de hacer posible la evaluación oportuna, comparativa, sobre servicios, proyectos o políticas que establezcan o ejecuten los sujetos obligados, sobre un tema específico o relevante, que permita unificar criterios y generar información general y significativa de forma sistematizada y ordenada”, y se incorporó como facultad de cualquier ciudadano que pudiera “proponer a los sujetos obligados la determinación de transparencia focalizada en los temas de su interés”.

Después del 23 de julio de 2015 el Congreso del Estado realizó siete sesiones extraordinarias y una ordinaria del Pleno de Diputados; en tres ocasiones se agendó el dictamen de reformas y adiciones, pero se solicitó “retirar” el dictamen para su votación definitiva en Segunda Lectura. Dos factores se conjugaron: la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana, Transparencia y Acceso a la Información Pública, en manos del partido Movimiento Ciudadano (MC) se había sustraído en el proceso de armonización y pretendía mostrar su interés en el tema, aunque fuera de última hora; en tanto, “intereses externos” al Poder Legislativo que consideraban “excesivas” las “novedades” porque no estaban incluidas en la Ley General preparaban una contrapropuesta con ajustes al dictamen aprobado en primera lectura. El origen de ello fue identificado desde tribuna el 8 de septiembre de 2015 por el panista hasta 2014 y diputado de MC Ricardo Rodríguez Jiménez en “los sótanos del Poder Ejecutivo”.[12]

La sesión de aprobación de armonización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se realizó el 8 de septiembre de 2015 en sesión extraordinaria del Congreso. Marcado el dictamen con el punto 5.1 del “Orden del día” para el que fueron convocados a sesión del Pleno, pero en el momento de ser sometido a votación el presidente de la Mesa Directiva, Juan Manuel Alatorre Franco, del PRI, anunció: “Ha llegado a esta Presidencia una propuesta de modificación del dictamen marcado con el número 5.1”, asegurando a la par que ya era de conocimiento de diputadas y diputados, por lo que se proponía omitir su lectura íntegra y avanzar en el proceso de discusión y aprobación definitiva, pues quien proponía los cambios era el presidente de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, el panista José Luis Munguía Cardona, quien había sustituido en esa función a su compañero de bancada Hernán Cortés Berumen, quien ya ocupaba una curul como diputado federal.

El emecista Ricardo Rodríguez Jiménez se enfrascó en debate con los panistas Juan Carlos Márquez Rosas y Juan José Luis Munguía Cardona. El primero reclamaba las eliminaciones al dictamen original aprobado en la comisión y en Primera Lectura, en particular las novedades y los avances que en materia de transparencia y acceso a la información representaban, y los segundos defendían genéricamente las modificaciones–eliminaciones al dictamen original, sin precisar por qué en cada cambio.[13] Al final, en menos de cuatro horas se aprobó un dictamen que eliminó los avances en materia de transparencia y acceso a la información en Jalisco, construidos con la participación ciudadana, con 29 votos a favor, una abstención, y siete votos en contra de 35 diputados presentes de los 39 que integran el Poder Legislativo de Jalisco: 18 votos del PRI, 10 del PAN y 1 del PVEM a favor del nuevo dictamen; 2 de MC y 1 del PAN (Guillermo Martínez Mora) en contra; 2 abstenciones, una del PAN (Juan José Cuevas García) y otra del PAN (Celia Fausto Lizaola). Ausentes en esa sesión: Alberto Esquer Gutiérrez (MC) y Edgar Enrique Velázquez González (PRD).

Al día siguiente la minuta de decreto fue enviada al titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco, y 24 horas después, la Amedi–Jalisco, manifestó su rechazo al dictamen aprobado y exhortó al ITEI, así como a su Consejo Consultivo, “a valerse de sus atribuciones y considerar una eventual acción de inconstitucionalidad de la reforma que pueda promoverse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, y al titular del Poder Ejecutivo, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a que ejerciera su facultad de observaciones (veto) sobre el dictamen aprobado. La Amedi–Jalisco indicó que el nuevo dictamen se basó en “una propuesta del Ejecutivo estatal, que se superpuso al trabajo previo que el propio Congreso venía realizando desde mayo pasado en diálogo con diversos actores de la sociedad civil y especialistas en la materia. Lo anterior constituye una contradicción a la lógica de funcionamiento del gobierno abierto que retóricamente pregona el Ejecutivo, y que supone el trabajo colegiado entre funcionarios públicos y la ciudadanía organizada en materia de transparencia”, y que con la reforma hecha se contravenía

[…] el principio de transparencia proactiva que la Ley General prescribe a las leyes de las entidades federativas, que consiste en hacer lo necesario para publicar más información que la que la propia Ley General señala como piso. Además al aprobar esta iniciativa el Congreso del Estado daña su propia autonomía, pues concede prioridad a la propuesta del Poder Ejecutivo sobre un proceso abierto de consultas conducidas por los diputados de las comisiones correspondientes. Pero sobre todo estimamos que se dio lugar a un lamentable retroceso por lo que respecta a los principios de máxima publicidad y mínima formalidad que deben prevalecer en la ley.[14]

 Diez días después, en el mismo sentido se pronunciaron conjuntamente Amedi–Jalisco, Cesjal y Cimtra: que el Ejecutivo haga observaciones (veto) al dictamen aprobado o bien, el Consejo Consultivo “analice la pertinencia de interponer una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, en la sesión que estaba por realizar el 24 de septiembre siguiente”.[15]

El 18 de septiembre, antes del pronunciamiento conjunto, José Tomás Figueroa Padilla, por instrucciones del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, entró en comunicación con integrantes de la Amedi–Jalisco con la instrucción de escuchar y recoger los elementos que propusieran los ciudadanos para “mejorar” el dictamen. Figueroa Padilla aún no asumía oficialmente la encomienda que comenzaba a operar como subsecretario de Enlace Legislativo y Concertación Social.

Como primera acción, la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Roberto López Lara, auxiliándose de la consejera presidenta Cynthia Cantero Pacheco, quien conocía y mantenía comunicación con quienes se habían pronunciado en contra del dictamen aprobado, convocó a las organizaciones ciudadanas y al Cesjal a una reunión para el 22 de septiembre en Palacio de Gobierno, donde se acordó que en el Consejo Consultivo del ITEI se presentaran y acordaran las propuestas de “mejora” para que el Ejecutivo las recibiera de ese órgano ciudadano del ITEI.

El 24 de septiembre, en sesión pública del Consejo Consultivo del ITEI, se recibieron observaciones sobre el dictamen aprobado por los diputados por parte de los órganos técnicos del ITEI, de la Amedi–Jalisco a través de Bernardo Masini; Cesjal, con Gilberto Tinajero; Harold Dutton Treviño, académico de la UdeG; Rubén Alonso González, por la Univa; José Bautista, por el ITESO; Ignacio González, de Cimtra, entre otros, expusieron sus propuestas, que el Consejo Consultivo del ITEI integró y pasó al pleno del Consejo del ITEI, aprobándolas en sesión del 30 de septiembre siguiente y remitiéndolas ese día al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.[16] En sentido estricto, las observaciones, salvo algunas de forma, apuntaban a mantener el Dictamen de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios aprobado en primera lectura en el mes de julio.

Dos semanas después, el 15 de octubre de 2015, en un salón anexo de Expo Guadalajara, momentos antes de que el gobernador instalara el Secretariado Técnico del Gobierno Abierto, se reunió con integrantes de Amedi–Jalisco, Cesjal y Cimtra para comunicarles que asumía las propuestas ciudadanas y realizaría observaciones al dictamen aprobado por los diputados, recordando que se mantenía en la línea de lo que fue la segunda Ley de Transparencia de Jalisco y que representó un avance incluso nacional, pues en la Legislatura que la aprobó en 2004 él era diputado y participó en su confección como integrante de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana. Así, al término de la instalación del Secretariado Técnico del Gobierno Abierto, en conferencia de prensa acompañado de consejeros del ITEI, el secretario general de Gobierno, representantes de Cesjal, Cimtra y Amedi–Jalisco, anunció que observaría el Decreto de reforma a la Ley de Transparencia aprobado por los diputados con base en las propuestas que hicieron los organismos ciudadanos y especialistas, quienes calificaron el hecho como histórico y sin precedentes en un proceso de participación ciudadana, convirtiendo ese “veto” en el primero “ciudadano”.[17]

Al día siguiente, el 16 de octubre, el Congreso del Estado de Jalisco recibió las observaciones (veto) que hizo el gobernador,[18] y el 22 de octubre, dispensando trámites, los diputados aprobaron íntegras las observaciones hechas por el gobernador Sandoval Díaz,[19] publicándose en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 10 de noviembre siguiente,[20] para entrar en vigor el 20 de diciembre luego de que publicaron las reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia de transparencia un día anterior.[21]

El proceso de armonización legislativa concluyó en ocho meses. Se avanzó en su andamiaje jurídico en materia de transparencia y acceso a la información pública, abriendo tareas pendientes: armonizar los reglamentos de los sujetos obligados que establece la ley, diseñar lineamientos que se establecen en la ley para Jalisco, como la información focalizada, para hacer con ellos operativos los principios constitucionales sobre el derecho de acceso a la información, la construcción de gobiernos trasparentes y abiertos, que rindan cuentas y se favorezca la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.

 

[1] Pacto por México. Compromisos. 2 de diciembre de 2012. Disponible en: http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXICO-25.pdf

[2] Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 20 de julio de 2007. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4994148&fecha=20/07/2007

[3] Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 4 de mayo de 2015. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5391143&fecha=04/05/2015

[4] Incumplen 8 entidades con armonización de leyes de transparencia. El Financiero, 5 de mayo de 2016. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/incumplen-entidades-con-armonizacion-de-leyes-de-transparencia.html

[5]  INAI. Acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Disponible en: http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AccionesYControversias.aspx

[6] La Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco se publicó en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 22 de enero de 2002 y entró en vigor cuatro meses después, el 21 de mayo de 2002; véase: http://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/01-22-02-iv.pdf; en tanto, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, entró en vigor al día siguiente, pero su operación comenzó un año después, en 2003, de acuerdo con los artículos transitorios del decreto que le dio vida. Véase: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lftaipg/LFTAIPG_abro.pdf

[7] Periódico oficial El Estado de Jalisco. Decreto 23936/LIX/11 que expide la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco y de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, y abroga la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. 22 de diciembre de 2011, Número 36. Sección XXXIV, Tomo CCCLXXI. Disponible en: http://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/12-22-11-xxxiv.pdf

[8] Amedi–Jalisco y Cimtra dan respaldo a “ley vitrina”. El Informador, 17 de julio de 2013. Disponible en: http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/472440/6/amedi-jalisco-y-cimtra-dan-respaldo-a-ley-vitrina.htm

[9] Periódico oficial El Estado de Jalisco. Decreto 24450/lx/13 que expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal, del Código Electoral y de Participación Ciudadana y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, todos ordenamientos del Estado de Jalisco. 8 de agosto de 2013. Número 41. Sección II. Tomo ccclxxvi. Véase: http://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/08-08-13-ii.pdf

[10] Información Legislativa del Estado de Jalisco. Dictamen de Decreto que reforma los artículos 4º, 9º, 15, 35, 97, 100 y 111 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia de transparencia. 12 de diciembre de 2016. Disponible en: http://congresoweb.congresojal.gob.mx:8012/agendakioskos/documentos/sistemaintegral/estados/51817.pdf

[11] Periódico oficial El Estado de Jalisco. Decreto 25437/LX/15 que reforma los artículos 4º, 9º, 15, 35, 97, 100 y 111 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia de transparencia. 19 de  diciembre de 2015. Número 11. Sección LVII. Tomo ccclxxxiv. Disponible en: http://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/12-19-15-lvii.pdf

[12] Congreso del Estado de Jalisco. Diario de los Debates. LX Legislatura. 8 de septiembre de 2015. Año III, Tomo XXXVI, Número 195, p. 421. Disponible en: https://issuu.com/congresodpl/docs/dd_aiii_txxxvii_n195_8_septiembre_1

[13] Congreso del Estado de Jalisco. Diario de los Debates. lx Legislatura. 8 de septiembre de 2015. Año III, Tomo XXXVI, Número 195, pp. 391–432. Disponible en: https://issuu.com/congresodpl/docs/dd_aiii_txxxvii_n195_8_septiembre_1

[14] Amedi–Jalisco. Comunicado: “Amedi Jalisco rechaza opacidad en la reforma a la Ley de Transparencia”. 10 de septiembre de 2015. Disponible en: http://www.amedijalisco.org.mx/comunicados/amedi-jalisco-rechaza-opacidad-en-la-reforma-a-la-ltaipejm/

[15] Amedi–Jalisco, Cesjal, Cimtra. “Pronunciamiento de Cimtra, Amedi–Jalisco y Cesjal sobre reforma a ley de transparencia”. 20 de septiembre de 2015. Disponible en: http://www.amedijalisco.org.mx/comunicados/pronunciamiento-sc-reforma-transparencia-jalisco/

[16] Consejo Consultivo del ITEI. Acuerdo General del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco mediante el cual se remiten al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco las propuestas de mejora realizadas por el Consejo Consultivo en el que se incluyen las propias del Consejo del ITEI al Decreto que Reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, aprobado el pasado 8 de septiembre de 2015 por el Congreso del Estado de Jalisco, con la finalidad de que se apliquen las que considere conducente. 30 de septiembre de 2015. Disponible en: http://www.itei.org.mx/v3/documentos/art8-6k/acuerdo_observaciones_ley.pdf

[17] “Gobernador veta reformas a Ley de Transparencia en Jalisco”. Milenio, 15 de octubre de 2015. Disponible en: http://www.milenio.com/region/Ley_deTransparencia_Jalisco-veto_gobernador_transparencia-Aristoteles_Sandoval_0_610139214.html

[18] Información Legislativa del Estado de Jalisco. Observaciones a la Minuta de Decreto Número 25456/XL/15 mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Disponible en: http://congresoweb.congresojal.gob.mx:8012/agendakioskos/documentos/sistemaintegral/estados/54657.pdf

[19] Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos. Dictamen de Decreto que resuelve las observaciones del Gobernador a la Minuta de Decreto número 25456/xl/15 mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Disponible en: http://congresoweb.congresojal.gob.mx:8012/agendakioskos/documentos/sistemaintegral/estados/54947.pdf

[20] Periódico oficial El Estado de Jalisco. Decreto 25653/LX/15 que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. 10 de noviembre de 2015. Número 44. Sección III. Tomo CCCLXXXIII. Disponible en: http://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/11-10-15-iii.pdf

[21] Periódico oficial El Estado de Jalisco. Decreto 25437/LX/15 que reforma los artículos 4º, 9º, 15, 35, 97, 100 y 111 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia de Transparencia. 19 de diciembre de 2015. Número 11. Sección LVII. Tomo CCCLXXXIV. Disponible en: http://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/12-19-15-lvii.pdf

La elección de comisionados del ITEI: balance y propuestas. Claroscuros de la elección de comisionados del ITEI 2016

José Bautista Farías[*]

 

El 24 de agosto de 2016 el Congreso del Estado designó como comisionados propietarios del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) a Salvador Romero Espinosa y a Pedro Antonio Rosas Hernández, y como suplentes a Juan Carlos Campos Herrera y Claudia de María Constanza Padilla, después de la realización de tres exámenes con fuertes señalamientos y críticas, tanto al papel del Consejo Consultivo del ITEI (CCI) como al Congreso del Estado de Jalisco (CEJ). ¿Qué novedades tuvo esta elección de comisionados del ITEI? ¿Qué papel desempeñaron el CCI y el CEJ en esta designación? ¿Qué aciertos y desaciertos tuvo este proceso? ¿Qué propuestas de mejora al proceso de designación de comisionados del ITEI se plantean? ¿Cuáles  cambios requiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPJM) para favorecer un mejor perfil de estos comisionados?

A continuación se presenta un balance del proceso de designación de comisionados del ITEI, así como propuestas para modificar el marco normativo de la elección, poniendo énfasis en la ampliación de los criterios así como mayores atribuciones y apoyos al CCI. Para la realización de este trabajo se utilizaron las actas de sesiones del CCI, notas periodísticas y entrevistas a algunos actores claves y personas involucradas en este tema.

 

Importancia y contexto del ITEI

El ITEI es un organismo público autónomo con personalidad jurídica propia e independencia en sus decisiones, que tiene como funciones: promover la transparencia, garantizar el acceso a la información pública y proteger la información reservada y confidencial.[1] Esto significa que por ley el ITEI no está subordinado a ninguna autoridad y sus resoluciones son vinculantes, definitivas e inatacables para todos los sujetos obligados. Está concebido para defender a los ciudadanos cuando la autoridad les niegue información pública, así como para proteger los datos personales y la seguridad del estado y de los individuos. Este órgano garante se creó a partir de la segunda ley de transparencia del estado de Jalisco que entró en vigor en septiembre de 2005.

En Jalisco la figura de los organismos públicos autónomos (OPA)[2] es relativamente nueva y han adquirido visibilidad debido a la relevancia de los temas y derechos que tutelan, como son los procesos electorales, las consultas populares, los derechos humanos, el derecho a la información y la participación en los planes de desarrollo del estado. En teoría, la constitución de los opa forma parte de los procesos de democratización del estado de Jalisco con el fin de propiciar un mayor acercamiento, diálogo y confianza entre gobierno y ciudadanos. En la práctica, esto no siempre se logra (Ackerman, 2007; Monsiváis, 2007; Regalado y Moloeznik, 2007).

El Consejo del ITEI es el órgano máximo de autoridad, está integrado por un comisionado presidente y dos comisionados ciudadanos, con sus respectivos suplentes. Dentro de sus atribuciones destacan: aprobar los reglamentos, lineamientos, planes, programas y presupuestos; designar y remover a los servidores públicos de ese instituto; aprobar las resoluciones de los recursos de revisión, de transparencia y oficiosas, así como imponer sanciones en caso de incumplimientos, entre otros. Se encarga de interpretar y hacer valer la ley de transparencia en todas las dependencias del gobierno, incluyendo los organismos descentralizados y autónomos.

Es facultad del CEJ designar a los integrantes del Consejo del ITEI; desde su creación la elección de los comisionados se ha prestado a polémica y disputa entre los partidos políticos representados en el Congreso. Académicos, periodistas y representantes de organismos civiles han criticado el “reparto de cuotas” con que ha operado la designación de cargos por parte de la clase política en este y otros organismos públicos (Bautista, 2012; Robles, 2009). A partir de estos señalamientos, el CEJ poco a poco ha abierto espacios a la participación de los ciudadanos en la designación de los comisionados del ITEI. En junio de 2012, por ejemplo, el CEJ invitó a especialistas en la materia a elaborar, aplicar y calificar un examen de conocimientos a los aspirantes al cargo de dos comisionados del ITEI.[3] Asimismo, en junio de 2013, para la elección del comisionado presidente, se repitió este procedimiento.

La intervención de los especialistas ha sido muy limitado; estos fueron elegidos por los diputados (se desconocen los criterios) y al final de cuentas prevalecía el interés y los arreglos entre los partidos políticos y el gobernador para la designación de los comisionados del ITEI, aun cuando obtuvieran altas calificaciones (como fue el caso de Olga Navarro Benavides en junio de 2012). La designación de los comisionados de ese organismo en agosto de 2016 tuvo algunos cambios que innovaron este proceso, pero al final resultó igual: los partidos impusieron sus intereses. A continuación se describe y analiza una parte de esta historia y se plantean propuestas de mejora.

 

Novedades y papel del Consejo Consultivo y del Congreso del Estado

A diferencia de las designaciones anteriores de los comisionados del ITEI, en esta ocasión intervino por primera vez un órgano ciudadano, el CCI,[4] en aspectos muy puntuales de este proceso, y por parte del CEJ la elección estuvo encabezada por el diputado independiente Pedro Kumamoto Aguilar, quien preside la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana, Transparencia y Acceso a la Información (CLPCTAI). En el pasado esta comisión intervenía en la mayor parte de la elección. Pero hubo otras novedades: tanto el examen como las sesiones del cci fueron públicas, se abrió un espacio para la atención de reclamos y aclaraciones de los aspirantes, se publicaron los resultados de los exámenes de manera inmediata (a partir del segundo y tercer examen) y se proporcionó información a los medios de comunicación ipso facto. También el cci se hizo cargo del resguardo de los expedientes de todos los aspirantes, así como de proporcionar los nombres de los aprobados para el cargo al CEJ.

No obstante lo anterior, la designación tuvo errores y cuestionamientos tanto por los medios de comunicación, los aspirantes al cargo así como de actores políticos y organismos civiles. Uno de los señalamientos que destacaron los medios fue que la designación se hizo a través de la vieja tradición del “reparto de cuotas” entre los partidos políticos representados en el Congreso. A Salvador Romero se le relacionó con el Partido Acción Nacional (PAN), ya que era el director jurídico de ese partido, y a Pedro Rosas con Movimiento Ciudadano (MC), por ser extitular de la Unidad de Transparencia del Municipio de Zapopan (gobernado por ese partido) (véase Hernández, 2016). Con esta lógica, se parte del supuesto de que al Partido Revolucionario Institucional (PRI) le corresponderá la presidencia del ITEI en 2017.

De acuerdo con la LTAIPJM (artículos 54, fracciones, y 58, fracción, incisos a, b y c), el CCI tiene como atribuciones —referidas al proceso de designación de comisionados del ITEI —: a) proponer al Consejo los mecanismos de evaluación y calificación del desempeño del Instituto, y b) remitir al Congreso del Estado la lista de aspirantes que hubieren acreditado el examen correspondiente, de al menos 80 puntos sobre 100. Asimismo, para la elaboración, calificación y publicación del resultado de los exámenes, el cci debe sujetarse a ciertos lineamientos: I) convocar al menos a cinco especialistas y académicos reconocidos en la materia para la elaboración y calificación del examen; II) aplicar el examen en un lugar que permita el acceso de observadores ciudadanos; III) otorgar una clave a los aspirantes que presentan el examen a fin de mantener en anonimato la calificación, publicándose solo la clave y el resultado del examen, y IV) revisar los requisitos de elegibilidad y remitir al Congreso la lista de los aspirantes que hayan obtenido la calificación igual o mayor a 80 sobre 100, así como publicar la lista de los resultados. De estas atribuciones el CCI incumplió con proponer mecanismos de evaluación y calificación del desempeño del ITEI, lo cual podría servir de base para argumentar a favor o en contra de una posible ratificación en el cargo de los comisionados Pedro Vicente Viveros Reyes y Francisco González Vallejo. No obstante, en la ley no establece qué curso le darían los diputados a una posible evaluación del desempeño del ITEI, ni la CLPCTAI demandó un reporte de este tipo.

Por su parte, al CEJ le corresponde: a) emitir una convocatoria pública cuando menos dos meses de anticipación a la fecha de renovación del cargo de comisionado;[5] b) una vez recibida la lista de los aspirantes aprobados, en votación por cédula, depositada en una urna trasparente y con el voto de al menos las dos terceras partes de los diputados que integran la asamblea, elegirán a los comisionados titulares y suplentes; c) de no alcanzar la mayoría requerida, se realizará una segunda, y en su caso, hasta una tercera votación. De no lograrse una mayoría, se elegirá mediante insaculación con una urna trasparente (LTAIPEJM, artículo 58, fracciones I, IV, V y VI).[6]

Queda claro que es facultad del congreso elegir a los comisionados presidente y ciudadanos del ITEI y del papel limitado que tiene el cci en este asunto (convocar a especialistas y remitir al CEJ la relación de aspirantes que hayan cubierto los requisitos). Para ser comisionado del ITEI la LTAIPEJM establece: I) ser originario del estado o residente por lo menos cinco años; II) tener título profesional; III) haber desempeñado tareas sociales, profesionales, empresariales o culturales que denoten compromiso y conocimiento en la materia; IV) acreditar el examen de conocimiento (con al menos 80 de calificación);[7] V) presentar cartas de recomendación por instituciones con prestigio en la materia; VI) no haber sido condenado por delito doloso; VII) no haber ejercido cargo de dirigencia partidista nacional, estatal o municipal durante los cinco años anteriores al nombramiento; VIII) no haber contendido para un cargo de elección popular durante los cinco años anteriores a su nombramiento; IX) no haber sido miembro de los órganos de gobierno de algún ente público durante los cinco años antes del nombramiento; X) no haber sido asociado o fundador del Consejo Consultivo del ITEI durante los tres años anteriores de su nombramiento (artículo 43). De los puntos VII al X se comprobó mediante una simple carta bajo “protesta de decir verdad”, de acuerdo con la convocatoria. ¿A quién le corresponde verificar la veracidad de esta información? ¿a los diputados que integran la CLPCTAI o al CCI? No está establecido.

Si bien el papel del CCI es limitado y adolece de los recursos humanos y materiales para realizar su labor, no deja de ser un “filtro” que debe considerarse en el proceso de designación de comisionados del ITEI. Pero la principal limitación se encuentra en establecer como requisito fundamental la aprobación de un examen de “conocimientos”, entre otros aspectos que no son valorados y que a continuación se mencionan.

 

Limitaciones, aciertos y desaciertos

Como es del conocimiento público, los aspirantes al cargo de comisionados del ITEI tuvieron que realizar tres exámenes diferentes para que el CEIJ los eligiera debido a que los dos primeros fueron declarados desiertos por parte de los diputados. ¿Cuáles fueron las principales limitaciones y cuestionamientos que se señalaron en torno a esta elección? ¿Qué aciertos y desaciertos tuvo el CCI en  la designación de los comisionados del ITEI?

 

Limitaciones del Consejo Consultivo del ITEI

El CCI es un órgano colegiado, plural, honorífico, de carácter consultivo y de asesoría del ITEI, conformado por representantes del sector empresarial, universitario, organismos civiles y ciudadanos.[8] Se apoya en el personal y recursos (materiales y financieros) del ITEI para su funcionamiento. Además de su reciente creación (19 de septiembre de 2013) enfrenta serias dificultades —al igual que otros organismos similares— para cumplir con sus atribuciones, empezando por las complicaciones de las agendas de sus integrantes, la poca disponibilidad de tiempo y la falta de recursos. Sesiona cada tres meses y está organizado en comisiones permanentes.

Para cumplir con lo estipulado en la primera convocatoria emitida por el CEJ para nombrar a los comisionados del ITEI se utilizaron los archivos, instalaciones y personal de este organismo. Lo que derivó en cuestionamientos sobre el conflicto de interés dado que personal del ese organismo recibió documentación y al mismo tiempo participaran como aspirantes al cargo, como fueron los casos de Ricardo Alfonso de Alba Moreno y Alfonso Hernández Godínez, entre otros.[9]

A continuación se presentan los datos de aspirantes y aprobados de los tres exámenes realizados (véase la tabla 9.1).

Al primer examen de los aspirantes a comisionados del ITEI, efectuado en las instalaciones de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), se presentaron 26 personas de las 28 anotadas, de los cuales solo cuatro obtuvieron una calificación igual o superior a 80: Natalia Mendoza (83), Ricardo de Alba Moreno y Alfonso Hernández Godínez (ambos con 82) y Gilberto Tinajero (80). Sin embargo, el 16 de junio, un correo anónimo dirigido a Alberto Bayardo, presidente del Consejo Consultivo del ITEI —con copia a todos los integrantes del consejo así como a los integrantes de la CLPCTAI— filtró los resultados de la calificación con el siguiente mensaje:

Cómo es posible que se haya violado el proceso de secrecía del examen de evaluación a aspirantes comisionados del ITEI, ya que desde temprana hora el día de hoy circula la versión de que hay 4 aspirantes aprobados, los cuales enlisto: -Alfonso Hernández -Ricardo Alfonso de Alba -Gilberto Tinajero y -Natalia Mendoza.
Esto derivado a que el Consejo Consultivo sesiona hasta el día de mañana, y en teoría los examinadores no conocía el nombre del aspirante y que los resultados eran resguardados solamente por el presidente de Consejo Consultivo aumentando la gravedad del tema el hecho de que también se conocen las calificaciones que son: uno con 83, dos con 82 y uno con 80.
Por lo que deja abierta la posibilidad fundada y razonada de que sí esto se confirma el día de mañana a la hora de que se deben entregar los resultados al Consejo Consultivo, no solamente se pudo dar a conocer esta información, sino, y es evidente, que se pudo filtrar el examen, se pudieron manipular las calificaciones y como evidentemente sucedió se rompió la secrecía del procedimiento lo cual es elemento suficiente para que se valore la reposición del mismo.

El correo señala como asunto: “filtración de datos – proceso opaco”; bajo el nombre de un “jalisciense vigilando a los opacos” cuestiona también el carácter de expertos en la materia de las personas que elaboraron y aplicaron el examen de conocimientos. Este mensaje tuvo eco en los trascendidos de algunos medios de comunicación (Mural y Milenio, 17 de junio de 2016). La respuesta de Alberto Bayardo fue inmediata:

Jalisciense:
Lo que usted plantea es muy serio, por lo que en nombre del combate a la opacidad que pregona le pido que se identifique, y que nos haga llegar las pruebas de que disponga para sustentar sus afirmaciones.

No hubo respuesta del jalisciense anónimo; pero sirvió de base para que en los medios de comunicación criticaran los resultados y para que el diputado Augusto Valencia —uno de los actores que más criticaron la elección— reclamara la reposición del proceso y cuestionara tanto a la CLPCTAI como al CCI: “La comisión o el consejo ciudadano no tienen la capacidad para llevar a cabo las acciones que por ley pidieron que se les dieran, fue un exceso de atribuciones en un consejo que no tiene estructura” (Página 24, 22 de junio de 2016). También se criticó el tipo de examen realizado (con preguntas abiertas), la subjetividad al calificar, entre otros. Por su parte el CCI apuntó que la difusión anticipada de las calificaciones no afectó la legalidad y la imparcialidad en la evaluación debido a que los expertos en ningún momento conocieron la identidad de los participantes y se comprometió a garantizar la transparencia del proceso.[10] Además, señaló, que de ser cierta la versión del jalisciense anónimo, de que los exámenes se filtraron a algunos aspirantes, se habrían obtenido calificaciones de 100, lo que no ocurrió.[11] Un dato impreciso del jalisciense anónimo es que las calificaciones las conocieron no solamente el presidente del CCI sino también los siete expertos que calificaron los exámenes.[12]

En la IV sesión extraordinaria pública y abierta del CCI (17 de junio de 2016) trasmitida en vivo por la Internet, en la que estuvieron presentes algunos periodistas y especialistas,  estos últimos informaron sobre los criterios que tomaron en cuenta para el diseño del examen, la calificación colegiada de este, resaltando que en ningún momento hubo un juicio personal al momento de calificar ni se conocían los nombres de las personas que realizarían el examen.[13] En esa sesión los integrantes del CCI revisaron los criterios de elegibilidad solo de las personas que obtuvieron una puntuación igual o superior a 80, resultando que solo tres de los cuatro aprobados cumplían con los requisitos de ley: Natalia Mendoza, Ricardo Alfonso de Alba y Gilberto Tinajero. Alfonso Hernández Godínez omitió presentar una carta de no haber sido condenado por delito doloso, con lo que incumplió con la cláusula segunda inciso G de la convocatoria. Durante la sesión citada Hernández Godínez solicitó hablar con los integrantes del Consejo con el fin aclarar el punto, pero estos se negaron. La decisión final del cci fue enviar los nombres de las cuatro personas que aprobaron el examen al CEJ señalando que uno incumplió con un requisito menor, con la pretensión de que este resolviera el caso.

El CEJ resolvió declarar desierto la primera convocatoria con el argumento de que solo tres aspirantes habían cubierto todos los requisitos jurídicos y la norma establece cuatro como mínimo.[14] ¿El documento faltante se podría subsanar presentándolo posteriormente? Considero que el CEJ sí pudo tomar la decisión de subsanar el requisito faltante y elegir a los comisionados con base en la relación enviada por el CCI pero corría el riesgo de que se impugnara la elección, como de hecho ocurrió. No obstante, el asunto de fondo es que los partidos políticos con representación en el congreso vetaron a las personas aprobadas.

El segundo examen se llevó a cabo el 7 de julio de 2016 en las instalaciones del Congreso; a diferencia del primero, los reactivos incluyeron respuestas de opción múltiple (así lo determinaron los diputados desde la convocatoria) y los resultados se hicieron del conocimiento público de manera inmediata. El resultado sorprendió a todos: ninguno de los aspirantes obtuvo una puntuación de 80 (26 tuvieron calificaciones entre 60 y 74 puntos). Dado que los derechos de los que aprobaron el primer examen se respetaron, el cci acordó, por mayoría de votos, enviar los nombres de las cuatro personas que pasaron la primera prueba. La segunda convocatoria estableció la posibilidad de un examen extraordinario en caso de que no se alcanzara el número de aprobados requerido, pero a juicio de algunos integrantes del CCI no había condiciones para su realización en el plazo señalado por la convocatoria (al día siguiente). La inconformidad de algunos aspirantes y de los partidos se expresó nuevamente, cuestionado el tipo de examen, a los especialistas y el papel del CCI.

La elección se judicializó; de los 38 aspirantes que hicieron el segundo examen, 24 presentaron un escrito de inconformidad ante el cci e igual número de amparos, y 20 recursos de revisión ante el Tribunal Administrativo del Estado (TAE).[15]  Ramón Becerra Reynoso envió una solicitud de amparo a los tribunales federales por considerar que hubo anomalías e inequidad entre el primero y segundo examen (al ser exámenes diferentes se favoreció a los primeros que lo aprobaron, se argumentó). Alejandro Verduzco y Vicente Viveros, también aspirantes, señalaron que hubo improvisación al momento de calificar y que se incumplió con lo establecido en la convocatoria (Milenio Jalisco, 10 de julio de 2016).[16]

Desde el primer examen se cuestionó el hecho de que Ricardo Alfonso de Alba Moreno, responsable de archivos del ITEI, recibiera los expedientes de los aspirantes (los dos primeros) y después participara y aprobara el examen, se señaló “conflicto de interés”, aprovechamiento de las circunstancias y favoritismo. Al respecto, De Alba Moreno aseguró que no había considerado participar y lo hizo de última hora con el fin de “probarse”.[17]  Las críticas se incrementaron: hubo solicitudes de información de los exámenes de las personas que lo aprobaron —en el primero y segundo examen—, y en el caso particular de Ricardo de Alba, recibió correos, ataques en los medios de comunicación y llamadas telefónicas acusándolo de indecente, de haber obtenido el examen previamente y de ser favorecido en la calificación. “Cuando los ataques pasaron al ámbito familiar, que se metieron con mi pareja y cuando me enteré que Alfonso Hernández Godínez había desistido, decidí no continuar”.[18] En los medios trascendió que el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, había intervenido para “convencer” a estos dos aspirantes (Ricardo de Alba y Alfonso Hernández) de renunciar a su derecho de ser comisionados del ITEI (De Alba Moreno negó esta versión). Al desistir dos de los cuatro aspirantes, los diputados declararon desierta la segunda convocatoria y lazó una tercera.[19]

En la tercera evaluación (efectuada el 17 de agosto de 2016) hubo ajustes importantes desde la convocatoria, los diputados fueron más específicos en el tipo de examen que se haría (preguntas de opción múltiple, máxime de tres opciones debiendo ser una la correcta, con base en un temario), establecieron un solo modelo de examen, abrieron un espacio para aclaraciones en caso de inconformidad con la calificación, se incluyó una entrevista (no vinculante) con los candidatos elegibles por parte de la CLPCTAI, entre otros aspectos. Se invalidó también la aprobación de los primeros aspirantes, obligándolos a realizar de nuevo el examen de conocimientos. Con ello los amparos contra el proceso perdieron argumento jurídico.[20]

De los 48 aspirantes que hicieron el tercer examen, 23 aprobaron con notas iguales o superiores a 80 puntos sobre 100. De estos solamente 21 cumplieron con los requisitos de elegibilidad que establece la ley de acuerdo con la revisión que hizo el CCI. Hubo 12 personas que solicitaron revisión de examen y derivado de esto cinco incrementaron su calificación.[21] El 24 de agosto los candidatos elegibles acudieron al Congreso para una entrevista con los diputados que integran la CLPCTAI. El 25 de agosto los diputados, en sesión del pleno, eligieron a Pedro Antonio Rosas Hernández y Salvador Romero Espinosa como comisionados titulares y como suplentes a Claudia de María Konstanza Barbosa y Juan Carlos Campos Herrera, el primero por un periodo de cinco años y el segundo de cuatro, respectivamente. ¿Qué elementos tomaron en cuenta los diputados para la designación de los comisionados del ITEI? Según el diputado independiente Pedro Kumamoto prevaleció el reparto de cuotas partidista.[22]

En el tercer examen se invitó como expertos a los que habían participado en los anteriores, además de los titulares de órganos garantes de transparencia de otros estados,[23] tanto en la formulación de los reactivos como en la calificación, lo cual generó críticas ya que esto pudo favorecer a Vicente Viveros por su relación con ellos, se dijo. Sin embargo, al igual que en los exámenes anteriores, los expertos desconocían tanto el examen final así como los nombres de los evaluados. También se cambió el orden de las respuestas.

Según registros del ITEI, durante todo el proceso de la elección de comisionados se presentaron un total de 37 solicitudes de información (véase la tabla 9.2). ¿Sobre qué temas versaron esas solicitudes?: datos curriculares de los especialistas y los criterios para su selección por parte del cci; la documentación que presentaron los aspirantes (actas, cartas, etc.) y los exámenes aplicados. Del total de solicitudes recibidas, 34 se contestaron a favor del demandante y tres se declararon improcedentes por solicitar información de los exámenes sin contar con la autorización del titular.

¿Cuál es el balance de esta elección? ¿Cuáles aciertos y desaciertos tuvo el CCI en su primera intervención en este proceso de elección de comisionados del ITEI? Si tomamos en cuenta lo que dicen los medios, algunos aspirantes al cargo y actores políticos, el balance es negativo: tanto en la etapa previa como durante la elección hubo improvisación, errores en el diseño y calificación de los exámenes, deficiencias en la selección de los expertos, entre otros.

Si tomamos en cuenta la versión del propio cci y algunas organizaciones civiles, el balance es otro: la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Jalisco (Amedi–Jalisco) y Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra–Jalisco) por ejemplo, resaltaron involucramiento de la sociedad civil y de los expertos en la formulación, aplicación y calificación de los exámenes como un precedente innovador y democratizador que debe considerarse en otros casos.[24] El presidente del CCI, Alberto Bayardo, defendió la labor de los consejeros y aseguró que se hizo lo que le correspondía al consejo en los márgenes que establece la ley.[25]  En un ejercicio de balance autocrítico y de aprendizaje el cci[26] en seguida se hace un recuento de los aciertos y los desaciertos.

 

Aciertos del Consejo Consultivo del ITEI

  • La participación del cci como filtro en algunas etapas del proceso y la selección de los expertos.
  • La preparación con anticipación de las propuestas para la designación que se hizo llegar a la CLPCTAI.
  • La definición y publicación de los criterios para la elección de los especialistas, así como la posterior invitación a funcionarios de los órganos garantes.
  • La coordinación y el apoyo del secretario técnico en la atención de las solicitudes de información.
  • La trasmisión en vivo del examen y las sesiones del CCI.
  • La formación de una comisión de comunicación y espacio en redes sociales (Facebook y Twitter) para una difusión más oportuna.
  • La publicación inmediata de los resultados del examen a partir de la segunda y tercera vuelta.
  • La apertura de un espacio para la atención de aclaraciones y reclamos de los aspirantes al cargo.
  • La participación de los expertos en cada uno de los exámenes, así como su presencia en las sesiones del cci donde explicaron y dieron cuenta de su intervención.

 

Desaciertos del Consejo Consultivo del ITEI

  • Improvisación en la atención de algunos aspectos no contemplados, por ejemplo: la atención de solicitudes de información, las demandas jurídicas, los cambios de sede para la recepción de la documentación, entre otros.
  • Faltó tomar más en consideración los aspectos políticos, mediáticos y jurídicos del proceso de designación de comisionados con base en escenarios posibles.
  • Faltó mayor coordinación y distribución equitativa del trabajo entre los miembros del cci, previo, durante y posterior al proceso. Estuvo muy concentrado en el presidente y secretario técnico (ejemplo: responsables de logística, examen, comunicación, atención de solicitudes de información, etcétera).
  • Falta de previsión sobre los recursos o apoyos requeridos en ciertas etapas del proceso de elección. Por ejemplo: apoyo de personal, equipo, alimentos, vehículo. Más que demandar recursos económicos, se demandaría otorgar apoyo logístico y jurídico por parte del Congreso, así como personal del ITEI para la atención de las solicitudes de información, entre otros.
  • No hubo respuestas inmediatas a los cuestionamientos y críticas en los medios de comunicación. La comisión de comunicación se creó sobre la marcha y no se nombró un vocero, que habría sido de mucha utilidad para estos casos. Tampoco hubo una respuesta en bloque de parte del CCI a los señalamientos y críticas que descalificaron el trabajo del consejo (en todos los casos los comunicados estuvieron firmados por el presidente de ese consejo).
  • Hubo errores en la formulación y calificación de los tres exámenes por parte de los expertos en algunas preguntas.

Una limitante de la elección de los comisionados del ITEI es que establece como requisito la aprobación de un examen de “conocimientos”, así como la presentación de un conjunto de documentos que no son valorados al momento de tomar decisiones por parte de los diputados. Por ejemplo, no se considera la trayectoria académica, social y laboral de los aspirantes, tampoco sus capacidades para tomar decisiones y resolver conflictos, sus habilidades para comunicarse ni su independencia con respecto a los partidos políticos y las autoridades, entre otros factores. Todo esto dentro de un conjunto de indicadores que deberían tener un valor que debe considerarse dado que se trata del nombramiento de los directivos de un organismo público autónomo. Lo anterior, otorga un amplio margen a los diputados para la negociación política y la decisión opaca, sin rendir cuentas.

 

Propuestas de modificaciones a la ley

Con base en la experiencia y el balance anterior, los integrantes del CCI en su sesión ordinaria del 22 de septiembre de 2016, plantearon algunas propuestas de mejora al marco jurídico, a la convocatoria y al papel del CCI; las cuales se retoman y se incorporan otros puntos que pueden contribuir a elevar el perfil de los candidatos al puesto de comisionados del ITEI, acotar la intervención político–partidista y robustecer la autonomía institucional del órgano garante.

 

Reforma del marco jurídico

  • Tomar en consideración una evaluación de desempeño de los comisionados del ITEI cuatro meses antes de que concluyan su periodo por parte del CCI, para que se analice y discuta por parte de la CPLCTAI del Congreso, en una sesión pública. Ofrecer un espacio a los evaluados para que rindan cuentas y hagan frente a los cuestionamientos sobre su desempeño. Con base en lo anterior, que la CLPCTAI elabore un dictamen público de aprobación o rechazo a la ratificación de los comisionados, motivado y fundamentado, para posteriormente presentarlo al pleno del Congreso.
  • Definir y ampliar indicadores más precisos para la designación de los comisionados del ITEI, por ejemplo, además de la aprobación con una calificación mínima de 80, tomar en consideración: la trayectoria académica, esto es, publicaciones, investigaciones, docencia, conferencias, grado, premiaciones; la experiencia laboral relacionada con la materia, es decir: tipo de encargos, niveles de responsabilidad, años de trabajo, expediente administrativo y evaluación del desempeño; el reconocimiento social referido a la participación en agrupaciones sociales vinculadas al tema; premios y reconocimiento de instituciones públicas y privadas; conocimiento jurídico–administrativos del campo, leyes, reglamentos y lineamientos de transparencia del ámbito estatal y nacional; estructura organizativa y funcionamiento de los organismos público autónomos; competencias en la comunicación y manejo de conflictos, habilidades para la comunicación oral y escrita (presentación de un ensayo), así como conocimientos básicos sobre mediación e intervención en conflictos (análisis de casos); independencia de los partidos y funcionarios públicos, tomar en cuenta la relación laboral, de amistad y el grado de parentesco con funcionarios y políticos, sus antecedentes de trabajo en el gobierno y militancia política, cercanía con altos funcionarios y miembros de la clase política, y comparecencia pública de los que hayan aprobado el examen de conocimientos (de 80 a 100 puntos) frente a los diputados de la CLPCTAI y los integrantes del Consejo Consultivo del ITEI.[27]
  • Que se establezcan criterios claros y precisos, así como valores a considerarse en cada uno de los puntos señalados, en donde la puntuación pueda diferenciarse dependiendo de la calificación obtenida, entre más alta mayor valor en cada indicador, por ejemplo:

    I. aprobación del examen de 80 a 100 puntos: 20%.
    II. trayectoria académica: 15%
    III. experiencia laboral: 15%
    IV. reconocimiento social: 10%
    V. competencias de comunicación y resolución de conflictos: 15%
    VI.independencia política: 15%
    VII. desempeño en la comparecencia pública: 10%

  • Ampliar las atribuciones del CCI para que verifique el cumplimiento y puntuación de los indicadores antes señalados y envíe al Congreso la relación de los aspirantes que hayan alcanzado las notas más altas (de 80 al 100).
  • Hacer público la tabla de indicadores de todos los aspirantes y trasparentar el razonamiento de cada diputado al momento de decidir su voto con base en estos.
  • Que los diputados elijan los niveles más altos de puntuación con base en la valoración del conjunto de los indicadores.

Sobre la convocatoria pública para la elección de los comisionados

  • Que los expedientes de los aspirantes se reciban en el Congreso del Estado en formato digital.
  • Establecer criterios claros para la elaboración de los exámenes (como se hizo en la tercera convocatoria), esto es: con reactivos de opción múltiple y un máximo tres opciones; proporcionar un temario básico; a libro cerrado; con un modelo de examen aplicable para todos; con una plantilla de respuestas; con una clave de identificación en el examen en lugar del nombre; elaborar dos exámenes por parte de los especialistas, para el caso de extraordinarios; la presencia de observadores; controlar (más que impedir) el acceso a los medios de comunicación; con un espacio para la atención de reclamaciones o inconformidades con la calificación, especificando fecha, lugar y hora.
  • Ampliar los requisitos para la elección con base en la aprobación de un  examen de conocimientos, la trayectoria académica, la experiencia laboral, el reconocimiento social, las competencias en comunicación (oral y escrita), la resolución de conflictos, la independencia política, así como el desempeño en la comparecencia pública de las personas que hayan aprobado los requisitos para ser electos comisionados del itei, asignando un valor a cada aspecto.
  • Que la designación se haga entre los que alcancen una mayor puntuación valorando el conjunto de los indicadores.

Sobre el Consejo Consultivo del ITEI

  • Revisar y enriquecer los criterios para la conformación del grupo de expertos.
  • Como se apuntó anteriormente, es posible mejorar en los siguientes aspectos del proceso de elección:
    I) Organización: nombrar comisiones en los aspectos logísticos (lugar y fecha de sesiones y exámenes), administrativos (recepción y resguardo de expedientes, atención de solicitudes de información), comunicación (boletines de prensa, atención de medios, respuesta a cuestionamientos, redes sociales, etc.) y jurídico (cumplimiento de la normativa, asesoría en respuesta a solicitudes de información, atención de impugnaciones y demandas).
    II) División del trabajo: repartir el trabajo previo, durante y posterior al proceso de designación de los comisionados en las comisiones anteriores u otras que se requieran.
    III) Mayor coordinación y apoyo del Secretariado Técnico en la atención de las solicitudes de información y en el cumplimiento de los aspectos normativos del proceso de designación, junto con la comisión jurídica que se nombre (en su caso).
    IV) Prever o tomar en consideración los aspectos políticos, jurídicos y mediáticos que entran en juego en los procesos de designación de los comisionados.
    V) Mayor comunicación y coordinación con la CLPCTAI del Congreso, para tratar todos los asuntos relacionados con el proceso (los imprevistos y lagunas jurídicas).
    VI) Mayor comunicación con los expertos, previo, durante y posterior al proceso.
    VII) Valorar y entregar un reconocimiento (por parte del CCI y del Congreso) a los expertos por su participación en el proceso de designación.

Este balance de aciertos y desaciertos realizado por el CCI identifica los aspectos que requieren de una mayor atención por parte de sus integrantes, así como una interesante agenda de reforma para el marco normativo para la designación de los comisionados del ITEI, que debe someterse a la discusión pública no solo de los diputados, sino también de los actores políticos y sociales vinculados a este tema.

 

A manera de conclusión

No obstante los innegables avances en la transparencia y participación ciudadana en la designación de los comisionados del ITEI en agosto de 2016, al final el balance dejó un sabor amargo: los partidos políticos representados en el Congreso decidieron conforme a sus intereses sin valorar las calificaciones más altas, trayectorias, reconocimientos y experiencia de los aspirantes al cargo. Imperó la simulación, el cálculo político y el reparto de cuotas entre los diputados. ¿Es posible acotar la participación discrecional y opaca de los diputados en este proceso? De acuerdo con la experiencia del CCI la respuesta es afirmativa, si se toman en cuenta las propuestas de reforma a la ley y se corrigen las deficiencias registradas durante el proceso de la elección por del Consejo Consultivo del ITEI y los diputados.

Pero no todo es derrota: el saldo positivo que dejó esta elección es el aprendizaje de los integrantes del cci, la visibilización del tema y una agenda de propuestas de reformas a la LTAIPEJM para la designación de comisionados del ITEI, que pudiera impactar a otros organismos públicos autónomos y del estado (por ejemplo el Poder Judicial y el Auditor Superior del Estado). Estas propuestas de mejora al marco normativo se harán llegar por parte del ITEI al Congreso del Estado por parte de la CLPCTAI que preside el diputado independiente Pedro Kumamoto, quien además propuso la realización de foros de debate sobre el tema.[28]

Para lograr tener mejores perfiles y mayor autonomía en la integración de estos organismos se requerirá de un amplio debate público con participación de diversos actores, a fin de reformar leyes y crear organismos ciudadanos con atribuciones y recursos para ejercer sus funciones de evaluación, vigilancia y control. Pero sobre todo, será menester elevar el costo político de las decisiones que tomen los partidos representados en el Congreso en estos temas. La tarea no será fácil, urge hacerlo.

 

Referencias

Libros

Ackerman, John M. (2007), Organismos autónomos y democracia. El caso de México. unam, Siglo XXI, México.

Bautista Farías, José (2012), “El diálogo en el diseño institucional y en la designación de los titulares de los organismos públicos autónomos de Jalisco. Propuestas para replantear su elección”, en Acosta García, Raúl (coord.), El diálogo como objeto de estudio. Aproximaciones a un proceso cotidiano y a su calidad. ITESO, México (pp. 335–358).

Monsiváis Carrillo, Alejandro (2007). El desempeño de los organismos públicos autónomos y la rendición de cuentas en México: un análisis de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (1993–2006). CIESAS, Universidad Veracruzana, México.

Robles, Paloma (2009). “Transparencia en Jalisco, ¿un paso adelante?”, en Informe sobre medios de comunicación y libertad de expresión en Jalisco, 2009. Quid: Observatorio de Medios – ITESO.

Regalado Santillán, Jorge y Moloeznik, Marcos Pablo (2007). “Derechos humanos y alternancia política (1993–2006): el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco”, en Cuadernos para la Democratización No. 7, CIESAS, Universidad de Veracruz, México.

 

Actas y acuerdos

Acta de sesión ordinaria del Consejo Consultivo del ITEI, 22 de septiembre de 2016.

Acta de la novena sesión extraordinaria del Consejo Consultivo del ITEI, 19 de agosto de 2016, pp. 7–10.

Acta de la IV Sesión Extraordinaria del Consejo Consultivo del ITEI, 17 de junio de 2016, pp. 4–8, disponible en: http://www.itei.org.mx/v4/nosotros/consultivo

Acuerdos Legislativos 331–LXI–2016 y 470–LXI–2016, del día 23 de julio del 2016.

Acuerdo legislativo 600–LXI–2016 del Congreso del Estado de Jalisco del 12 de julio del 2016.

 

Notas de prensa

Anda, Francisco, “Defiende Bayardo labor de consejeros”, Mural, Comunidad, 18 de julio de 2016.

Aquino, Martín, “Repiten vicios”, Mural, Comunidad, 28 de agosto de 2016.

Ávila, Jonathan, “Continúa disputa por el ITEI”, Reporte Índigo, 17 de julio de 2016.

Bautista Farías, José, “Lo nuevo y lo viejo de la elección”, publicación electrónica Tercera Vía, 30 de agosto de 2016. http://terceravia.mx/2016/08/lo-nuevo-lo-viejo-la-eleccion-del-itei/

Hernández, Fabiola, “Congreso nombra a comisionados del ITEI”, El Informador, 25 de agosto de 2016.

Puértolas, Miguel Ángel, “Se va a tribunales la elección de comisionados del ITEI”, Milenio Jalisco, 18 de julio de 2016.

 

Comunicados

Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Capítulo Jalisco del 22 de agosto de 2016, comunicado publicado en: http://www.amedijalisco.org.mx/comunicados/comunicado-sobre-el-proceso-de-relevo-de-dos-comisionados-del-itei/

Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra–Jalisco), comunicado del 25 de julio de 2016, en: http://cimtrajalisco .org/info/2016/07/llamado-la-congruencia/

Comunicado del Consejo Consultivo del ITEI, del 23 de junio de 2016, firmado por Alberto Bayardo Pérez–Arce.

 

Leyes

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 23 de julio de 2013.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 15 de abril de 2015.

 

[*] Académico del Centro de Investigación y Formación Social del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) e integrante del Consejo Consultivo del ITEI.

 

[1]  Véase artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (noviembre de 2015).

[2] En Jalisco son opa: el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEYPC); la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ); el ITEI y el Consejo Económico y Social para el Desarrollo y la Competitividad (Cesjal).

[3] En esa ocasión participó un representante de la Universidad Panamericana (UP), del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Cuauhtémoc, de la Universidad Pedagógica Nacional, del Centro Universitario UTEG y del Cesjal.

[4] El Consejo Consultivo del ITEI es un órgano honorífico de consulta y asesoría de ese instituto, integrada por representantes de la Coparmex–Jalisco, la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, el iteso, la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana, sociedad civil y ciudadanos con reconocimiento moral y experiencia.

[5] En la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (23 de julio de 2013) se refiere a los consejeros. A partir de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (4 de mayo de 2015), tanto en el plano federal como en los estados, se modifica el nombre a “comisionados” (véase artículo tercero, fracción iii de esa ley).

[6] La LTAIPEJM también prevé que en caso de que el Consejo Consultivo del ITEI no remita la lista de aspirantes en el plazo establecido, el Congreso del Estado realizará el procedimiento de elección de conformidad con lo establecido en el numeral de la ley, ajustando los tiempos (artículo 58, fracción VI).

[7] De acuerdo con el artículo 58, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

[8] Véase artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (julio de 2013).

[9] Ricardo Alfonso de Alba Moreno ocupa el cargo de Coordinador General de Archivos, Sustanciación de Procesos y Unidad de Transparencia. También concursaron por el cargo Pedro Vicente Viveros, comisionado, Alfonso Hernández Godínez, director de Investigación y Evaluación, Claudia Patricia Arteaga Arróniz, coordinadora general de Planeación y Proyectos Estratégicos, y Juan Carlos Campos Herrera, director del Centro Educativo y de Capacitación del ITEI; este último quedó finalmente como comisionado suplente.

[10] Véase comunicado del Consejo Consultivo del ITEI del 23/06/2016 firmado por Alberto Bayardo Pérez–Arce.

[11]  Véase acta de la IV Sesión Extraordinaria del Consejo Consultivo del ITEI, 17/06/2016, disponible en: http://www.itei.org.mx/v4/nosotros/consultivo

[12] Los expertos que participaron en el primer examen fueron: Graciela Bernal Loaiza y Cristina Romo Gil del ITESO; Edmundo Hernández Claro de la UdeG; Josefina Isabel Sepúlveda Campos de la unam (y editorialista de Mural); Juan Manuel Barceló Moreno de la Universidad Panamericana y Marcela Velazco Valdivia y José Elías García Parra, ambos de la Univa.

[13] Véase acta de la IV Sesión Extraordinaria del Consejo Consultivo del ITEI, 17/06/2016, pp. 4–8, disponible en: http://www.itei.org.mx/v4/nosotros/consultivo

[14] Véanse los acuerdos legislativos 331–LXI–2016 y 470–LXI–2016, del día 23 de julio de 2016.

[15]  Véase Jonathan Ávila, “Continúa disputa por el ITEI”, Reporte Índigo, 14 de julio de 2016.

[16] Véase Miguel Ángel Puértolas, “Se va a tribunales la elección de comisionados del ITEI”, Milenio Jalisco, 18 de julio de 2016.

[17] Entrevista realizada a Ricardo Alfonso de Alba Moreno efectuada el 18 de octubre de 2016

[18] Véase entrevista citada a Ricardo Alfonso de Alba Moreno.

[19] Véase acuerdo legislativo 600– LXI–2016 del Congreso del Estado de Jalisco del 12 de julio de 2016.

[20] Véase tercera convocatoria para la designación de comisionados del ITEI de la CLPCTAI del 14 de julio de 2016.

[21] Véase acta de la novena sesión extraordinaria del Consejo Consultivo del ITEI, 19 de agosto de 2016, pp. 7–10.

[22] Véase Martín Aquino, “Repiten vicios”, Mural, Comunidad, 19 de agosto de 2016,

[23] Participaron: Rocío Campos Anguiano, comisionada presidente de Colima; Ángel Eduardo Rosales Ramos, comisionado presidente de Nayarit; Norma Julieta del Río Venegas, comisionada presidente de Zacatecas; Augusto Chacón Benavides, director de Jalisco Cómo Vamos, y Freddy Mariñez Navarro, de El Colegio de Jalisco.

[24] Véase el comunicado de la Amedi–Jalisco del 22 de agosto de 2016, publicado en: http://www.amedijalisco.org.mx/comunicados/comunicado-sobre-el-proceso-de-relevo-de-dos-comisionados-del-itei/, así como el Cimtra–Jalisco, del 25 de julio de 2016, en: http://cimtrajalisco.org/info/2016/07/llamado-lacongruencia/

[25] Véase Francisco de Anda, “Defiende Bayardo labor de consejeros”, Mural, 18 de julio de 2016.

[26] Véase acta de sesión ordinaria del Consejo Consultivo del ITEI, 22 de septiembre de 2016.

[27]         Muchos de estos requisitos existen actualmente pero no son considerados por los diputados (no tienen un valor) al momento de tomar decisiones.

[28] Véase minuta de la Asamblea Ordinaria del Consejo Consultivo del ITEI celebrada el 22 de septiembre de 2016 en la que estuvieron presentes el diputado Pedro Kumamoto, Augusto Chacón, del Observatorio Jalisco Como Vamos, y Guillermo Hernández, especialista en la materia.

La alerta de violencia contra las mujeres en Jalisco

Cobertura de medios de febrero a diciembre de 2016

María Guadalupe Ramos Ponce[*]
Elba Núñez [**]

 

La violencia contra las mujeres ha tenido un largo camino para ser reconocida como una problemática social. Transitó de ser violencia doméstica o intrafamiliar a reconocerse como violencia de género, es decir, la violencia que viven las mujeres por su propia condición de ser mujeres.

Reconocer que la violencia de género es una grave violación a los derechos humanos, ha sido y es, hasta la actualidad, parte de este largo y sinuoso recorrido en la exigibilidad del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias.

En Jalisco, el 8 de febrero de 2016 el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, anunció la emisión de la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres (AVCM) en ocho municipios del Estado: Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca.

En este texto se pretende reflexionar sobre la cobertura que los medios impresos de Jalisco y sus publicaciones en línea —y alguno de circulación nacional como El Universal—, han realizado sobre la AVCM, en el periodo comprendido de febrero (mes en que se activa la alerta con el anuncio del gobernador del estado) a diciembre de 2016 (mes en que se dan a conocer avances sustanciales respecto de la implementación y el cumplimiento de la alerta), para detectar si solo reproducen los boletines oficiales o si realizan investigación periodística y análisis de los mismos, así como sobre la contribución que hacen ya sea para visibilizar una problemática social o, por el contrario, naturalizar, justificar e invisiblizar la violencia contra las mujeres como violencia de género.

 

Antecedentes

En 2007 en México se publicó a nivel federal la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, única en su tipo en toda América Latina y el Caribe. Esta ley armoniza instrumentos internacionales de derechos humanos, sobre todo la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belem do Pará.

Uno de los grandes aportes de esta ley es la inclusión de un mecanismo innovador en su artículo 22: la alerta de violencia de género (AVG), que es un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

En el ámbito federal, el proceso para evaluarla, declararla e implementarla involucra a la sociedad civil como peticionaria; a la academia como participante en el grupo de trabajo que analiza el caso y emite recomendaciones, y al gobierno estatal, que debe responder con información a la solicitud y luego cumplir con las recomendaciones en seis meses, o someterse a la declaración de la AVG. Durante el proceso también involucra a instancias federales como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (CONAVIM) y la Secretaría de Gobernación, de cuya voluntad política dependen en gran medida la transparencia y la efectividad del mecanismo.

A nivel local, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco prevé un mecanismo distinto y lo denomina AVCM (Gobierno del Estado de Jalisco, 2008a). En el Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Jalisco (Gobierno del Estado de Jalisco, 2008b), se documenta en los artículos 7 y 8 que la alerta de violencia es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres en un territorio determinado del estado, pudiendo ser ejercido por individuos o por la propia comunidad, a partir de la detención de actos graves y sistemáticos de violación a los derechos humanos de las mujeres. Este mismo texto señala que la alerta de violencia tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.

Desde hace algunos años, las organizaciones de la sociedad civil habían insistido en la importancia de visibilizar la problemática de violencia feminicida y de la emisión de la AVG (en el caso de que se invocara el ordenamiento federal) y de la AVCM (en el caso de que se invocara la legislación estatal). En el Informe sobre la situación de los derechos humanos, Jalisco 2015, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), tanto el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) México como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), así como diversas organizaciones feministas de Jalisco, se señalaba la urgente necesidad de activar la AVG por parte del gobernador del estado (Ramos Ponce, 2016).

Se optó por utilizar la normativa estatal, por lo que el 19 de agosto de 2015, en la XI sesión ordinaria del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CEPAEVIM), el gobernador dio instrucciones para que, en el marco de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, se instalara el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) para el análisis de la situación de violencia contra las mujeres en el estado.

En una nota se orientaba en que consiste el mecanismo de la alerta, el objetivo del GIM, las fechas de publicación de la convocatoria para conformarlo, el periodo de recepción de documentos para la postulación y que la convocatoria se publicaría el viernes 18 de septiembre de 2015 en el periódico oficial El Estado de Jalisco (Gobierno del Estado de Jalisco, 2015a; aunque esto último en realidad se publicó el 24 de septiembre, Gobierno del Estado de Jalisco, 2015b).

Para el 20 de octubre, por medio de un comunicado el Gobierno del Estado dio a conocer la conformación del GIM, integrado por autoridades de distintas dependencias gubernamentales y por cinco personas expertas académicas (Gobierno del Estado de Jalisco, 2015c). Luego de tres meses de trabajo, el 5 de enero de 2016, el GIM entregó el “Informe final” (GIM, 2016).

Ante el retraso en la emisión de la alerta, el 28 de enero de 2016 las organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron para que el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, activara de manera inmediata la alerta (Carrera, 2016).

 

Declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres en Jalisco

Finalmente, el 8 de febrero de 2016 el gobernador anunció la emisión de la declaratoria de la AVCM en ocho municipios de Jalisco: Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca.

En el boletín de prensa, publicado en la página oficial del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), puede leerse lo siguiente: “Emite Jalisco Alerta de Violencia Contra las Mujeres; 25 mdp para atención inmediata. Se implementarán 15 acciones urgentes preventivas y judiciales. Jalisco, primer Estado que crea consejo para elaborar diagnóstico; primero que emite alerta con base en su propia legislación” (IJM, 2016b).

Como se aprecia en las notas periodísticas del 9 de febrero referentes al tema, en la mayoría se reprodujo el boletín oficial.[1] Sin embargo, algunos medios señalaron puntos de reflexión importantes, por ejemplo, en Crónica se reseñó el contexto en que se emitió la alerta, se describió que la sesión se realizó a puerta cerrada, dejando fuera a las organizaciones civiles, así como la tardanza en emitir la declaratoria:

Tarde, pero por fin se activó la alerta de violencia contra las Mujeres en Jalisco, aunque tiene años de retraso, este es un primer paso que celebran organizaciones civiles, que señalaban esto, en defensa de los derechos de la mujer […] Sesión a puerta cerrada. Los Organizaciones Civiles que defienden los derechos de la mujer asistieron a Casa Jalisco, lugar donde se declaró la alerta de violencia, sin embargo, no pudieron ingresar a la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Bajo pretexto de que fue a puerta cerrada, hasta el final de la sesión fue cuando se les permitió el acceso, lo que consideraron una falta de respeto y tacto político por parte del Gobierno del Estado; los reclamos llegaron hasta el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara (Gómez, 2016a).

Por su parte, El Informador el 8 y 9 de febrero publicó una trascripción casi exacta del boletín de prensa (Villaseñor, 2016; “Jalisco declara alerta por violencia a mujeres”, 2016). Sin embargo, en otra nota del mismo 9 de febrero resalta información tomada del diagnóstico para emitir la alerta:

Según datos del diagnóstico para emitir la Alerta […] “Se detecta un alto número de denuncias por violencia intrafamiliar y una disparidad entre el número de denuncias reportadas y el número de órdenes de protección otorgadas… lo que se traduce en desatención, desconocimiento e incluso negligencia, o violencia institucional”, advierte el documento elaborado por expertos.
Las órdenes de protección preventivas y de emergencia son un mecanismo jurídico creado para alejar a las mujeres de sus agresores y salvaguardar así su integridad; sin embargo “siguen teniendo una grave deficiencia en su implementación”, detectó el diagnóstico.
La comparativa identifica que 13 mil 439 denuncias presentadas por mujeres no incidieron en la emisión de la medida de protección por parte de la autoridad ministerial competente. Además, el número de homicidios de mujeres desde hace tres años no bajó de 133 por año (“Fallan en emisión de órdenes de protección para mujeres”, 2016).

De esta manera, este medio visibiliza una problemática más allá del anuncio oficial. En esa misma nota se recupera otro dato importante del diagnóstico: el fracaso del programa estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres:

Aunque Jalisco tiene un programa estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, el cual entró en vigor desde 2008, el diagnóstico que encargó el gobernador Aristóteles Sandoval pone al descubierto el fracaso de este programa.
El grupo de trabajo constató que el programa no ha incidido de “manera contundente” en el logro de sus objetivos, “lo que denota la falta de su aplicación efectiva”. El documento revela que, aunque el programa tiene diversos objetivos, “no se generaron acciones incidentes, quedándose solamente en un documento escrito que no se aplicó en la práctica, al menos no como debió realizarse”, precisa el diagnóstico.
La conclusión es contundente: la mayoría de las acciones que fueron propuestas en dicho programa no fueron realizadas, y las que sí carecen de efectividad. Además, el programa no se encuentra alineado a los objetivos y estrategias del programa nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 2014–2018 (“Fallan en emisión de órdenes de protección para mujeres”, 2016).

Este fue uno de los pocos medios que revisó el diagnóstico para retomar información y datos que contextualizaran la emisión de la AVCM en el estado. Otro diario que hizo lo propio fue El Universal, pues el mismo día en que se anunció la alerta, publicó datos del diagnóstico (Torres, 2016). En tanto que el 9 de febrero Mural recuperó la voz de las organizaciones civiles (Osorio, 2016), al igual que Reporte Índigo (Ávila, 2016a). Por su parte, el 8, 9 y 10 de febrero El Diario NTR publicó notas en las que, además de retomar el boletín de prensa, dio cuenta de las problemáticas específicas en los municipios alertados (“Declaran alerta de violencia de género en 8 municipios de Jalisco”, 2016; Carapia, Pérez Vega y Cielo, 2016; Carapia et al. 2016).

Con todo, a todos los periódicos revisados se les escapó un dato importante: corroborar el anuncio oficial y el boletín de prensa con la publicación del decreto de la AVCM, así como contrastar las conclusiones del diagnóstico que dieron origen a la alerta con las acciones anunciadas por el gobernador. De haberlo hecho, se habrían percatado de que en Jalisco la AVCM no se publicó en su momento en el periódico oficial sino que tan solo quedó en un mero anuncio mediático. Incluso, en la página del Gobierno del Estado creada ex profeso para dar seguimiento al cumplimiento de la AVCM puede leerse:

Como parte de los trabajos que realiza el Gobierno de Jalisco para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, el jefe del Ejecutivo solicitó a un grupo de especialistas, la realización de un informe, para determinar la viabilidad de emitir una alerta de violencia contra las mujeres en nuestro estado.
Luego de conocer las conclusiones del informe, el Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CEPAEVIM), determinó la procedencia de la activación del mecanismo, decretándose la Alerta de Violencia Contra las Mujeres por el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en 8 municipios del Estado e instruyó a tomar 15 acciones inmediatas para atender este tipo de violencia.[2]

Esto es, se habla de un decreto que jamás fue publicado y a los medios no les llamó la atención corroborar la veracidad de la información.

No fue sino hasta que las organizaciones civiles denunciaran públicamente este hecho que los periódicos lo señalaran, como El Universal, que además hizo su propia investigación al respecto: “Vía ley de transparencia, El Universal obtuvo tres oficios del Instituto Jalisciense de las Mujeres, del despacho del gobernador y de la Secretaría General de Gobierno que confirman la inexistencia del documento oficial del decreto” (Melgoza, 2016b).

Hasta junio de 2016 los anuncios oficiales giraban en torno a cuentas alegres y avances sustanciales, de tal manera que se presentaba el semáforo con avances de 57% en el cumplimiento de la alerta al 15 de junio (CEPAEVIM, 2016a, 2016b, 2016c, 2016d).

Pocos medios que habían hecho algún seguimiento, indagaciones o investigaciones a fondo para revisar si era real o no el cumplimiento que se anuncia desde la página oficial. Cabe señalar que en algunos medios se informó de la problemática de los asesinatos de mujeres durante el periodo de la alerta, como Milenio Jalisco (“Asesinan a 28 mujeres tras alerta de género”, 2016), y El Universal, que el 22 de marzo publicó una investigación en la que denunciaba que los feminicidios en Jalisco se habían triplicado (Melgoza, 2016a).

El 6 de julio de 2016, se anunció una reunión entre el gobierno estatal, el Alto Comisionado de la Naciones Unidas en México y las organizaciones de la sociedad civil para revisar el cumplimiento de la alerta. Esto fue comunicado mediante boletín de prensa en la página oficial del Gobierno del Estado que señalaba: “Reconoce onu trabajo de Jalisco en combate a la violencia contra la Mujer. Se buscará elevar a rango constitucional la Alerta de Violencia Contra las Mujeres. Iniciarán mesas de trabajo con organizaciones para que aporten sus experiencias” (Gobierno del Estado de Jalisco, 2016a).

Algunos medios locales reportaron esta reunión, como Crónica, que tituló su nota “Replantean alerta por violencia de género” y destacó los puntos clave tratados en la reunión a través de entrevistas que complementan la información oficial (Gómez, 2016b). Mientras, El Informador publicó “Acuerdan fortalecer alerta de género en Jalisco” y recuperó algunos de los puntos de discusión y acuerdos:

Cuáles fueron las recomendaciones de las ONG
Establecer un decreto para que se formalice la declaratoria de alerta de género.
Que se nombre a un funcionario de alto nivel para que tome decisiones en torno a estas acciones. Cambios de metodología, que se optimicen los recursos humanos y financieros de la Alerta. Generar indicadores de resultado–impacto para conocer los avances de la Alerta (Miranda, 2016).

Asimismo, el 7 de julio El Diario NTR planteó:

“Endereza” la ONU al gobierno estatal
A cinco meses de la declaratoria de la Alerta de Violencia contra las Mujeres (AVM) en ocho municipios del estado, la metodología para medir los resultados e impacto será reorientada frente a la falta de claridad. Para que el estado aceptara modificar algunos aspectos, la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU–DH México) fue clave, así ahora la Secretaría General de Gobierno (SGG) tendrá el control del mecanismo y el Instituto Jalisciense de las Mujeres sólo fungirá como colaborador (Nuño, 2016).

Los tres medios informaron de la reunión por medio de entrevistas directas y de información recabada por sus reporteros de manera personal. Esto es fundamental cuando se comparan las notas periodísticas con lo señalado en el boletín oficial que daba cuenta de la citada reunión, pues hay una diferencia enorme entre “Reconoce ONU trabajo de Jalisco en combate a la violencia contra la Mujer” y “‘Endereza’ la ONU al gobierno estatal”.

En el breve boletín oficial se limitaba a señalar con adjetivos el “gran avance” del Ejecutivo en el cumplimiento de la AVCM, mientras que en las notas se hizo un recuento amplio de la situación de la alerta a cinco meses de su anuncio. Sobre todo en la de El Diario NTR, resulta relevante la información acerca de la obligatoriedad del gobierno para formalizar el decreto de la declaratoria de la AVCM, debido a que hasta ese momento la activación del mecanismo no se había publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco, pese a que se había declarado el 8 de febrero.

De julio a octubre no se registró mayor cobertura en los medios sobre el tema. Fue hasta noviembre, en el contexto del mes dedicado a la erradicación de la violencia contra las mujeres, con el 25 de noviembre como día internacional para eliminar la violencia contra las mujeres, que algunos medios lo retomaron a partir de varios señalamientos de las organizaciones civiles.

Crónica informó en sus titulares del 4 de noviembre: “Violencia de género, imparable en Jalisco” (Hernández Fuentes, 2016a) y del 24 del mismo mes: “Declaran alerta ciudadana de violencia de género en Jalisco” (Hernández Fuentes, 2016b), mientras que el 23 de noviembre Milenio Jalisco publicó: “Piden a SEGOB declarar Alerta de Violencia de Género en Jalisco” (Ramírez Gallo, 2016); el 7 de noviembre en Reporte Índigo se enfatizó “Fallan en alerta” (Ávila, 2016b) y, el 29 de noviembre, “Alerta ciudadana a favor de ellas” (Ávila, 2016a); el 19 de noviembre El Universal anunció “Jalisco: una alerta de género fantasma” (Melgoza, 2016b); el 25 de noviembre, en varios medios se informó de la publicación del acuerdo de la alerta en el periódico oficial (Gobierno del Estado de Jalisco, 2016b), como lo documentó Milenio Jalisco con “Al fin, la alerta de violencia vs mujeres en el diario oficial” (Rello, 2016b), y el 30 de noviembre El Informador advirtió que: “Después de nueve meses de haber sido declarada la Alerta de Violencia contra las Mujeres (AVM) en ocho municipios de Jalisco, el Gobierno estatal finalmente publicó en el Periódico Oficial del Estado, el acuerdo bajo el cual se establece la estrategia para hacer frente a esta problemática social” (“Publican acuerdo de alerta de violencia contra las mujeres”, 2016).

En general, se pudo constatar que cuando los medios consultados recogieron la información que proporcionan en boletines o ruedas de prensa tanto las instituciones como las organizaciones de la sociedad civil que le dan seguimiento a la AVCM en Jalisco, no hicieron mayores indagatorias e investigaciones periodísticas. Cabe indicar que se detectaron algunas notas como la del 24 de abril de Página 24 (Ríos Chavarría, 2016), en la que se denunciaron “Pocos avances en combate a la violencia contra la mujer”, la ya mencionada investigación de El Universal del 19 de noviembre (Melgoza, 2016b) y el análisis crítico de Reporte Índigo, que en su edición del 29 de noviembre expresó:

Tardía publicación
La atención de este tema por parte de las autoridades llegó a ser tan poco relevante que a poco más de nueve meses de haberse emitido esta alerta, apenas fue publicado este mecanismo estatal en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
Casi 300 días después de haberse emitido la Alerta de Violencia contra las mujeres, en las últimas páginas de la edición especial del pasado viernes 25 de noviembre se publicó el acuerdo DIGELAG ACU 043/2016 sobre la Alerta de Violencia contra las Mujeres (Ávila, 2016a).

Asimismo, tampoco no se advierte continuidad en alguna investigación de fondo respecto de los temas de la alerta, ni de su cumplimiento, ni de las condiciones que motivaron el retraso en la publicación del decreto, ni de la verificación en los avances.

Precisamente respecto a esto último, en la sesión del 8 de diciembre de 2016 del CEPAEVIM, el Gobierno del Estado dio a conocer los avances en el cumplimiento de la alerta. De acuerdo con la información publicada en su portal, en algunos ejes establece hasta 89% de cumplimiento (CEPAEVIM, 2016e). La cobertura que realizaron los medios al respecto, fue la de replicar el boletín de prensa (IJM, 2016a) en algunos casos o de difundir información que a todas luces se encontraba manipulada en el propio boletín oficial, como pasó en Milenio Jalisco, que en su edición del 9 de diciembre, resalta en su titular: “Disminuyen 5% asesinatos de mujeres en 2016” y en el texto de la nota reprodujo el boletín sin realizar ningún cuestionamiento, sobre todo respecto de los datos que titulan la nota, el cual atribuye a una “mayor cultura de la denuncia y una disminución de 5% en el número total de las muertes dolosas a niñas y mujeres en el periodo de enero a noviembre de 2015 a 2016” (Del Castillo, 2016).

En el mismo tenor, El Occidental tituló su nota de ese día: “Disminuyen feminicidios en el estado” y trascribió también el boletín oficial, y Mural publicó “Reportan 5% menos delitos vs mujeres”. Por su parte, El Diario NTR informó “Cumplen apenas 51% en protección de mujeres” con la información del boletín que resulta contradictoria: “No obstante, en materia de seguridad subieron los homicidios dolosos en 23 por ciento, al registrarse 68 casos; en lo que sí hubo una disminución fue en feminicidio, al arrojar 42 asesinatos deliberados contra mujeres por cuestiones de género. También bajó 44 por ciento el parricidio, con cinco casos en el estado” (Meléndez, 2016).

La pregunta entonces debió haber sido: ¿disminuyeron en 5% los asesinatos de mujeres, como lo señaló Milenio Jalisco, El Occidental y Mural, o aumentaron los homicidios dolosos en 23% pero disminuyeron los feminicidios, como lo informó El Diario NTR? A ninguno de estos medios se les ocurrió corroborar la información incluso con el informe del GIM, en donde se señala con claridad que una de las problemáticas del acceso a la justicia en los casos de feminicidio es precisamente las deficiencias en las investigaciones, lo que genera que los casos no se consignen como feminicidios sino como homicidios o parricidios. Entonces, no se trata de una disminución de los feminicidios ni de un aumento de los homicidios de mujeres sino de una deficiente actuación de la administración de la justicia que no permite la consignación adecuada de los asesinatos de mujeres y mucho menos se trata de una disminución en los feminicidios por el logro exitoso de una política pública de prevención del delito.

Continuando con el análisis, en El Informador solo se transcribió sin más la información del boletín de prensa (“Unifican los criterios de atención a las mujeres”, 2016). Esto contrasta con Reporte Índigo, que el 12 de diciembre hizo un recuento crítico del informe en la nota “Alerta: simulado avance” (Ávila, 2016b). Sin transcribir el boletín, presentó entrevistas directas, corroboró la información y no replicó información manipulada respecto de la supuesta disminución de los feminicidios.

Es preocupante que la mayoría de los medios replique la información oficial sin una reflexión ni un análisis periodístico que les permita ofrecer a sus lectores una información veraz y oportuna y, que por el contrario, se contribuya a invisibilizar una problemática que tiene una honda afectación social.

 

Conclusiones

Un seguimiento puntual a la AVCM como acción gubernamental, revela varias deficiencias. Una de ellas es la inexistencia del decreto en el periódico oficial El Estado de Jalisco. Resulta contradictorio que la convocatoria para la conformación del grupo que realizó el diagnóstico que permitió la declaratoria de la alerta se publicara el 24 de septiembre de 2015 en El Estado de Jalisco (Gobierno del Estado de Jalisco, 2015b) y el decreto de la alerta quedara solo en un mero anuncio mediático.

El descuidado proceso de la AVCM en Jalisco, no solo en el discurso sino también en las formalidades que todo acto jurídico emanado del gobierno debe tener, no se advierte en la cobertura mediática un seguimiento que pueda proporcionar a quienes leen los periódicos una visión integral de la problemática.

En temas de derechos humanos y sobre todo cuando se trate de violaciones a los mismos, como lo es la violencia de género, la investigación periodística debe ser acuciosa, sistemática, profunda y con un enfoque en la rendición de cuentas.

La información que proporcionan los medios de comunicación no se debe constreñir a reproducir boletines oficiales sin ninguna mirada reflexiva y sin ningún análisis crítico. Es decir, la labor periodística en temas de derechos humanos, derechos de las mujeres, violencia de género y en este caso de la AVCM o AVG, debe ser más metódica, con un seguimiento constante y sobre todo con una permanente investigación que permita la transparencia y rendición de cuentas en la información.

La AVCM debe ser una oportunidad de análisis y reflexión profunda de quienes ejercen el periodismo, que permita una prensa de investigación capaz de ofrecer información veraz y oportuna de una problemática que afecta el tejido social e impacta de manera negativa en uno de los derechos fundamentales de las mujeres: el derecho a vivir una vida libre de violencia.

Las omisiones contribuyen a invisibilizar las problemáticas sociales y, en cuanto a la violencia contra las mujeres, adquieren mayor relevancia al tratarse de temas que históricamente han sido minimizados o naturalizados en la cultura machista.

 

Referencias

“Activan alerta de género en 8 municipios” (2016). En Proceso, Ciudad de México, 8 de febrero, consultado en: http://www.proceso.com.mx/429287/activan-alerta-de-genero-en-8-municipios-de-jalisco.

“Asesinan a 28 mujeres tras alerta de género” (2016). En Milenio Jalisco, Guadalajara, consultado en: http://www.milenio.com/jalisco/Asesinan-mujeres-emitir-alerta-violencia_0_712728758.html, el 3 de abril de 2016.

Ávila, J. (2016a). “Activan en Jalisco alerta de género”, en Reporte Índigo, Guadalajara, consultado en: http://m.reporteindigo.com/reporte/guadalajara/activan-en-jalisco-alerta-de-genero, el 9 de febrero de 2016.

Ávila, J. (2016b). “Fallan en alerta”, en Reporte Índigo, Guadalajara, consultado en: http://alertaelectoral.reporteindigo.com/reporte/guadalajara/mujeres-osc-organizaciones, el 7 de noviembre de 2016.

Carapia, F. et al. (2016). “Ahora, a llevar la alerta a los municipios”, en El Diario NTR, Guadalajara, consultado en: http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=29842, el 10 de febrero de 2016.

Carapia, F.; Pérez Vega, R. y N. Cielo (2016). “Alerta tardía y con poco dinero”, en El Diario NTR, Guadalajara, consultado en: http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=29724, el 9 de febrero de 2016.

Carrera, A. (2016). “Aristóteles omiso a feminicidios; urgen activar la alerta de género en Jalisco”, en Proyecto Diez, Guadalajara, consultado en: http://www.proyectodiez.mx/aristoteles-omiso-a-feminicidios-urgen-activar-la-alerta-de-genero-en-jalisco/, el 28 de enero de 2016.

Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CEPAEVIM (2016a). “XII sesión ordinaria”, CEPAEVIM, Guadalajara, 29 de febrero, consultado en: http://juntxs.jalisco.mx/sesion-29-febrero-2016.

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[*] Docente investigadora del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I, defensora de los derechos humanos de las mujeres.

[**] Docente investigadora del Instituto de Trabajo Social y encargada de la cátedra de Políticas Sociales II en la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, defensora de derechos humanos de las mujeres.

 

[1]   Las notas registradas, en los distintos medios fueron: Gómez (2016a); “Jalisco declara alerta por violencia a mujeres” (2016); Villaseñor (2016); “Fallan en emisión de órdenes de protección para mujeres” (2016); Torres (2016); Luna (2016); Partida (2016); Osorio (2016); Rello (2016a); “Declaran alerta de violencia de género en 8 municipios de Jalisco” (2016); Carapia, Pérez Vega y Cielo (2016); Carapia et al. (2016); “Activan alerta de género en 8 municipios” (2016); Ávila (2016a); Larios (2016).

[2] Véase la página web: http://juntxs.jalisco.mx/

Las implicaciones del nuevo sistema penal para los medios de comunicación y periodistas

Sonia Serrano Íñiguez

 

¿Cómo se debe mencionar a una persona que cometió un delito? ¿Qué puede hacer un reportero cuando llega al lugar en que se cometió un delito? ¿Cuáles son los límites entre la información y los derechos de las víctimas y de quienes cometieron un delito? ¿Qué es el nuevo sistema penal?

Para los medios de comunicación, la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal adversarial ha implicado cambios en el manejo de la información, en algunos casos de manera radical, como la forma en que se puede cubrir y presentar la nota “roja”, y otros que han sido menos drásticos pero que han representado la modificación de los términos usados en el lenguaje.

Las dudas, que se han tenido que resolver en la práctica, están relacionadas con el papel que desempeñan los medios de comunicación en la difusión de información, pero también en el respeto de los derechos de quienes son parte en un procedimiento, tanto cuando son víctimas como cuando podrían ser los autores de un delito, pero esto no ha sido probado.

El nuevo sistema dio sus primeros pasos desde 2008, cuando se promulgó el decreto del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. A partir de esa fecha comenzó a correr un plazo de ocho años para que los estados lo pusieran en marcha; sin embargo, al igual que la mayoría de las autoridades en las entidades federativas, los medios de comunicación dejaron para el final sus adaptaciones y la capacitación de su personal.

En el caso de Jalisco, desde 2009 se presentó al Congreso del Estado el primer paquete de reformas para la adecuación al nuevo sistema. El responsable de entregarlo a los diputados fue el exgobernador por el Partido Acción Nacional (pan), Emilio González Márquez. Con un plazo de siete años para la puesta en marcha los legisladores no dieron importancia a las iniciativas, que terminaron distribuidas en las diferentes comisiones, sin plazos para dictaminarse.

Fue hasta 2012 cuando las iniciativas comenzaron a revisarse. Para ese entonces, ya también el Congreso de la Unión había avanzado en la modificación de las diferentes leyes y códigos relacionados con la reforma integral al sistema de justicia penal, por lo que se encontró que las propuestas que había presentado Emilio González prácticamente no servían.

Finalmente, en la LX Legislatura local, a finales de 2014, se aprobó la incorporación de Jalisco al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y se hicieron las reformas a todas las leyes relacionadas con el tema.

En esa reforma, Jalisco dividió su territorio en 12 distritos judiciales y aprobó un primer calendario para que el nuevo sistema entrara en vigor de manera gradual. El primer plazo que se puso para que funcionara fue el mes de octubre de 2014, en el distrito cuya cabecera está en Zapotlán el Grande, mientras que el resto terminarían en febrero de 2016. Sin embargo, el trabajo y la disposición de recursos no fue como se esperaba y hubo necesidad de modificar ese calendario en cuatro ocasiones.

De cualquier forma, Jalisco logró estar listo antes de que venciera el plazo de ocho años para poner en marcha el nuevo sistema de justicia penal, en junio de 2016.

Fue hasta los últimos meses, casi durante 2016, cuando los medios de comunicación empezaron a comprender que este nuevo sistema también traería cambios y, en especial, nuevas responsabilidades para ellos y sus trabajadores. De alguna manera, se tuvo el respaldo para la capacitación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Setec), aunque todavía hay dudas y errores.

La misma Setec elaboró una guía para medios de comunicación, que puede consultarse en su página web.

Cubrir información relacionada con el nuevo sistema ha implicado primero conocer los nuevos conceptos sobre los procedimientos penales, desde los más básicos como el que se tiene una carpeta de investigación en lugar de una averiguación previa, hasta la manera correcta de llamar a cada uno de los actores en el procedimiento.

Podría parecer un tema sencillo, pero todavía es común escuchar o leer en los medios de comunicación que entraron en vigor los “juicios orales” para referirse a todo el sistema, cuando la realidad es que el juicio oral es apenas una parte del procedimiento. Esto, sin contar la falta de información sobre las nuevas etapas del procedimiento, las posibilidades de conclusión de este sin necesidad de que llegue al juicio propiamente, así como los diferentes jueces que intervienen, con las atribuciones de cada uno.

 

Responsabilidad ante la presunción de inocencia

Pero lo anterior podría considerarse el menor problema para los medios de comunicación y sus reporteros, pues bastará con hacer consultas al material que se ha publicado sobre el tema y la legislación vigente para conocer con exactitud los conceptos y las etapas de los procesos. El problema central es la participación de los medios de comunicación en la responsabilidad de garantizar la presunción de inocencia y los derechos de las víctimas.

El nivel de riesgo varía según el medio de comunicación. Cuando hablamos de medios como el periódico Metro, editado por grupo Reforma, o los noticieros de televisión, como los de Televisa, con un alto contenido de nota roja, el tema se vuelve más delicado. Estos medios tuvieron que comenzar a cubrir el rostro de las personas que presentaban en sus imágenes, así como evitar usar el nombre completo de quienes eran víctimas o de quienes cometen un delito o falta.

Antes de la entrada en vigor del nuevo sistema era común que las autoridades expusieran a los detenidos ante los medios de comunicación, lo que incluso daba material para programas de televisión relacionados con lo que se conoce como barandilla. Es claro que esta situación contraviene la presunción de inocencia.

El CNPP es claro al establecer que un detenido tiene derecho “a no ser expuesto a los medios de comunicación” y a no ser “presentado ante la comunidad como culpable”.

De manera expresa, en el Código se refiere al derecho que tienen las partes en el procedimiento penal para que se respete su intimidad, su presunción de inocencia, su vida privada y sus datos personales. La única excepción es cuando una persona que es señalada por un delito se sustrae de la justicia.

 

Más información

El nuevo sistema tiene también ventajas para los medios de comunicación. Con las reformas que se hicieron, se incorporaron conceptos relacionados con la libertad de expresión y el acceso a la información, así como la transparencia. Con las restricciones de los datos personales que deben reservarse en un procedimiento ahora se pueden hacer solicitudes de información incluso sobre los procedimientos. Esto, sin contar las nuevas herramientas de información de que ya disponen los poderes judiciales, especialmente el de la Federación, para tener acceso a versiones públicas de los procedimientos.

Lo anterior se suma a la posibilidad que tienen los representantes de los medios de comunicación para ingresar a las salas de juicios orales, siempre y cuando las partes no manifiesten lo contrario.

El artículo 5 del CNPP señala que “Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia, en los casos y condiciones que determine el órgano jurisdiccional”, según lo establecido en la Constitución Federal y en el propio Código.

Esas restricciones, se precisa en el artículo 55, pueden ser por la cantidad de personas que ya estén dentro de la sala de audiencias. Un punto importante que marca la nueva legislación es la necesidad de que los representantes de los medios de comunicación se identifiquen como tales, lo cual contraviene aquellas prácticas de disfrazarse de ciudadano para cubrir información. Además, la legislación también establece restricciones para grabar o trasmitir lo que sucede en una audiencia.

 

El lenguaje y los puntos finos

Conocer el funcionamiento y el nuevo entramado del sistema penal ha llevado mucho tiempo a los medios de comunicación y podría llevar aún más, aunque en términos generales se ha cubierto sin mayores sobresaltos. Pero siguen surgiendo dudas sobre algunos puntos finos y, además, todavía se cometen errores en algunas fases de la cadena de producción de la información.

La obtención de la información y su difusión está a cargo de los reporteros, quienes de alguna manera se han acercado a las autoridades para seguir los lineamientos del nuevo sistema. Incluso la Setec organizó en diferentes momentos cursos de capacitación para periodistas.

El problema es que desde la entrega de la información hasta que esta se publica o sale al aire intervienen diferentes trabajadores de los medios de comunicación y no todos están familiarizados con el nuevo lenguaje y, sobre todo, con la responsabilidad en el manejo de los datos personales, los riesgos de revictimización o la violación a la presunción de inocencia.

Ese fue un punto que ni las autoridades ni los medios de comunicación previeron. De hecho, apenas empiezan a darse cuenta de la necesidad de que también los responsables de las ediciones, los correctores, los editores, los fotógrafos y jefes de información conozcan el manejo del nuevo sistema de justicia adversarial. Esto incluye no solo a la prensa escrita sino a todos los medios que tienen páginas web, muchas de ellas a cargo de prestadores de servicio, y en general, a los medios electrónicos.

De hecho, algunos de los problemas que se han presentado para los medios de comunicación sobre la responsabilidad en la publicación de información están más relacionados con las últimas etapas. Por ejemplo, cuando se requiere tomar una fotografía de archivo para ilustrar un tema o cuando se tiene acceso al nombre del imputado por un delito o de una víctima.

A lo anterior, podemos sumar los detalles finos de las implicaciones de la reforma. Recientemente los medios de comunicación enfrentaron el conflicto sobre la publicación del nombre completo de un detenido, cuando se trata de personas que son conocidas ampliamente. En el caso de Jalisco, fue con el empresario Sergio Kurt Schmidt, quien fue señalado por las autoridades como el presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En este caso, algunos medios de comunicación publicaron el nombre completo de la persona señalada, mientras que otros recurrieron a las iniciales de su apellido. Con esto quedó en evidencia que sigue sin haber un criterio general sobre el manejo de datos personales y la presunción de inocencia, ya que la detención de un personaje cuyo nombre es conocido tiene un peso mayor; sin embargo, sigue siendo un sujeto de derechos.

 

Relación medios–policías

Lo que no ha modificado el nuevo sistema de justicia penal es la relación entre los reporteros de la llamada fuente policiaca y los elementos de seguridad. Cuando se registra un incidente, como un homicidio, los policías son los primeros en llegar al lugar en que sucedió. En los minutos posteriores circulan ya fotografías y datos relativos a los hechos, violando lo estipulado para la cadena de custodia.

Aunque poco a poco la mayoría de los medios evita la publicación de ese material, de cualquier forma puede circular en redes sociales o en sitios web especializados en nota roja. Y todavía hay medios que siguen publicándolos.

 

Delitos contra periodistas

La reforma penal también prevé cambios en los delitos cometidos contra periodistas y contra la libertad de expresión. Uno de los puntos más importantes es que el Ministerio Público federal puede atraer las investigaciones, lo que permite a los trabajadores de los medios de comunicación, cuando es la propia autoridad local la que pudo violentar sus derechos, que otra instancia sea la que haga las investigaciones. El CNPP simplemente plantea como requisito que exista el indicio de la participación de cualquier servidor público estatal o municipal, o cuando la integridad del trabajador del medio de comunicación esté en riesgo.

Con todo esto podemos darnos cuenta de que los medios de comunicación se convierten en un actor importante en el nuevo sistema penal, no solo en la responsabilidad que se asume con la publicación de información sino también en la garantía de los derechos que se consagran en el mismo. Por ello, la capacitación, la consulta al material disponible e incluso la asesoría legal en temas técnicos serán básicos.

Las desapariciones en Jalisco y el no acceso a la información

Teresa Iñiguez
Rodrigo Loza
Darwin Franco

 

Entre enero de 2006 y el 31 de agosto de 2016 ha habido en Jalisco 3,802 personas desaparecidas, de las cuales 2,896 son hombres y 906 son mujeres.[1] No podríamos saber esto sin el uso del derecho a la información que realizan constantemente periodistas locales que de manera comprometida han estado informando sobre las razones por las cuales Jalisco es el segundo estado en el plano nacional con mayor número de desapariciones, tan solo por debajo de Tamaulipas, que registra 5,701 desapariciones (Franco, 2016).

La Ley General de Víctimas y la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco establecen que uno de los principales criterios para hacer frente a las afectaciones que padecen las víctimas de la violencia generadas tanto por la delincuencia organizada como por las fuerzas del estado es trasparentar el número de víctimas que se generan a escala federal o estatal por delitos como homicidios dolosos, desapariciones, secuestros, extorsiones, desplazamientos forzados y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la falta de mecanismos y reglamentos para hacer operativas estas legislaciones ha provocado que el estado incumpla la ley y no exista, hasta el momento, una rendición de cuentas respecto de los daños que ha generado a los mexicanos la llamada “guerra contra el narcotráfico” declarada en 2006.

En el caso de las desapariciones, la Secretaría de Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad han puesto a disposición pública el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (rnped), que puede consultarse en internet (https://rnped.segob.gob.mx/) y permite conocer el número de personas desaparecidas por delitos del fuero federal o fuero común[2] en cada uno de los 32 estados del país, así como en sus respectivos municipios. Esto constituye un acto de transparencia importante, pues si no fuese por este instrumento sería imposible que la población en general supiera, por ejemplo, que en la capital de Jalisco, Guadalajara, existen 492 desaparecidos.

El RNPED se nutre de la información que fiscalías o procuradurías estatales envían de manera obligatoria a la federación de manera bimestral; no obstante, colectivos como el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que agrupa a más de 30 organizaciones de familiares de desaparecidos del país, o Por Amor A Ellxs, que agrupa a más de 300 familias de Jalisco, han denunciado que las estadísticas que ahí aparecen no reflejan las denuncias reales que se presentan en cada uno de los estados; por ejemplo, en el RNPED solo aparecen 2,476 desaparecidos en Jalisco, siendo que la Fiscalía General de Jalisco (FGE) tiene en su base de datos el registro de 3,802 personas (Franco, 2016).

¿Por qué ocurre tal desfase de la información siendo que no se trata de números sino de personas que no han logrado regresar a casa? ¿Por qué el gobierno de Jalisco no hace pública la información sobre el número de denuncias por desaparición que se presentan en su Fiscalía General? ¿Por qué únicamente a través de solicitudes de transparencia es como tenemos acceso a una información clave, siendo que se trata del segundo estado con más desaparecidos del país?

En este capítulo haremos un repaso sucinto por las implicaciones que tiene que no se informe a la ciudadanía sobre las desapariciones que ocurren en Jalisco destacando, a través de ello: la lucha que los familiares de desaparecidos de Jalisco, agrupados en Por Amor A Ellxs, están realizando para que el gobierno del estado trasparente tanto la información que tiene sobre la búsqueda de sus desaparecidos como de las acciones de seguridad que está realizando para prevenir este delito, y un análisis de la manera en que la prensa local[3] informa sobre las desapariciones y cómo es que en esta representación mediática no se está cumpliendo a cabalidad nuestro derecho a conocer por qué ocurren las desapariciones.

 

El derecho a saber sobre las desapariciones y la lucha de Por Amor A Ellxs

El artículo 7 de la Ley General de Víctimas establece que toda víctima tiene derecho

  • A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos.
  • A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, entre estos, los documentos de identificación y las visas.
  • A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente.
  • A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie.

Estos derechos, que igualmente son contemplados en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco en su artículo 7, no se han cumplido a cabalidad porque a través de los comunicados que el colectivo Por Amor A Ellxs ha hecho públicos en sus redes sociales[4] constantemente se exige a la Fiscalía General de Jalisco que les dé acceso a sus expedientes de investigación, los cuales son los documentos jurídicos clave para que ellas y ellos puedan tener acceso a toda la información que se ha generado sobre la búsqueda de su ser querido.

El no respeto al derecho a la información a los familiares de desaparecidos constituye una grave violación a sus derechos humanos y hace evidente la falta de justicia que existe por parte del gobierno de Jalisco, ya que si las familias no pueden acceder a sus expedientes siendo las principales implicadas, qué podemos esperar todos los jaliscienses que, sin padecer la incertidumbre de no saber dónde está nuestro familiar, no tenemos información oficial que nos diga qué tan grave es el problema en el estado y cuáles son las acciones que se están llevando a cabo para localizar a todos los desaparecidos.

Desde su surgimiento, en enero de 2016, Por Amor A Ellxs[5] en sus actos públicos y en las reuniones de trabajo[6] que sostienen mensualmente con la Fiscalía General de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ha exigido la creación de un registro público de desaparecidos de Jalisco que, al igual que el RNPED, permita a la población en general y a los familiares de los desaparecidos tener información sobre el tema; asimismo solicitaron la creación de una plataforma pública que contenga información sobre: los cuerpos de personas no identificadas que están en resguardo del Servicio Médico Forense, y las confrontas de ADN realizadas entre estos y el perfil genético tomado a los familiares de desaparecidos, esto con la intención de transparentar todo lo que está realizando el IJCF para ayudar a la identificación de cuerpos que pudiesen ser de personas desaparecidas.

La lucha por el derecho a la información sobre las desapariciones de parte del colectivo Por Amor A Ellxs ocasionó que, tras tres años de insistir, la Fiscalía General el 13 de septiembre de 2016 les otorgara el acceso total a sus expedientes, lo cual restituye un derecho que les había sido negado por años y podría fincar los antecedentes para que a ninguna otra familia se le niegue este derecho, así lo manifestó el colectivo en el acto público realizado frente a Palacio de Gobierno el 27 de septiembre de 2016: “El tener acceso a nuestro expediente es un gran paso porque como víctimas tenemos derecho a saber que hay en ellos; sin embargo, el gobierno sigue estando obligado a transparentar todo lo que aparentemente hacen por los desaparecidos que hay en Jalisco” (Por Amor A Ellxs, 2016).

Esta lucha por la verdad y el acceso a la información que realizan quienes integran el colectivo Por Amor A Ellxs debiera tener su eco en la cobertura que los medios locales realizaron alrededor de las desapariciones; por ello, a continuación presentamos un análisis sucinto de cómo es que tres diarios informaron sobre las desapariciones ocurridas en los planos nacional y local.

 

¿Cómo se informa sobre las desapariciones en los medios jaliscienses?

Las familias de Por Amor A Ellxs, a pregunta expresa de este equipo de investigación, manifestaron que la cobertura que dan los medios locales al tema de las desapariciones es muy poca y casi siempre se reduce a informar lo que la Fiscalía General de Jalisco o algún funcionario público dice sobre el tema; explicaron además que son pocos los periodistas y los medios que dan cobertura constante a lo que hacen públicamente o a lo que emiten a través de sus comunicados de prensa. Al respecto, reconocieron el trabajo que El Diario NTR ha hecho al publicar dos veces a la semana las fichas de búsqueda de sus desaparecidos o lo que el programa radiofónico “Hasta Encontrarlos”, de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, realiza cada semana cuando trasmite al aire lo que los colectivos de familiares de desaparecidos hacen en el país.

Una de las principales molestias que las familias de Por Amor A Ellxs tienen sobre la cobertura mediática que se hace del tema es que los medios, al igual que el Gobierno Federal, centralizan toda la información alrededor de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, y al hacerlo invisibilizan las miles de desapariciones que también ocurren en el país; a quienes integran el colectivo les gustaría que la cobertura fuese más equilibrada, aunque reconocen el valor social y mediático que se generó tras la desaparición de los normalistas, el 26 de septiembre de 2014.

Para conocer qué tipo de cobertura informativa se da a las desapariciones en Jalisco, este equipo decidió analizar entre el 28 de marzo y el 10 abril de 2016 la información que los diarios Mural, El Diario NTR y El Informador publicaron sobre el tema; estos diarios fueron seleccionados bajo tres criterios: cobertura y circulación; influencia en la esfera pública, y publicación constante de información sobre las desapariciones.

La propuesta metodológica consistió en el monitoreo y consignación de la información que estos diarios publicaron en las fechas señaladas. Las secciones que se analizaron de los tres periódicos fueron las siguientes: portada, local, nacional, seguridad y opinión.

La información obtenida en los tres diarios se capturó a través de un formulario donde se sistematizaron: el medio capturado; nombre del reportero o agencia que realizaron la nota; sujetos directos e indirectos citados; instituciones referidas; temas particulares de la nota, es decir, si se trataba de una nota referente a un caso de desaparición en particular o se refería al tema de la inseguridad vinculada a las desapariciones; si era nota de seguimiento de un caso mediático (caso Ayotzinapa) o sobre una desaparición aislada o individual.

También se recopiló la presentación y forma en que fue publicada la información; por ejemplo, si estuvieron acompañadas de fotografías, infografías o algún recurso que facilitara la comprensión del tema; la posición que ocupaban estas notas en la graficación del impreso; las palabras que eran utilizadas en la cabeza y el cuerpo de las notas para referirse a las desapariciones y los desaparecidos; los actores institucionales o individuales más mencionados y citados en las notas; el discurso empleado para referirse a las desapariciones; la información sobre las causas y los motivos de la desaparición, y el tipo de postura que tomaba el medio ante esta problemática.

En 14 días de análisis se contabilizaron 39 notas que se distribuyeron de la siguiente manera (véase la figura 5.1): el tema de desaparecidos tuvo mayor cobertura en los diarios El Informador y El Diario NTR, mientras que para Mural el tema apareció marginalmente; sin embargo, en los dos primeros diarios la información se concentró durante los días 29 y 30 de marzo, cuando se hizo un llamado por parte de la Secretaría de Gobernación para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos finalizara sus líneas de investigación con respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sucedida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero; las otras fechas fueron 3, 4 y 5 de abril y se concentraron en el ámbito local donde se implementó, alrededor de la alerta de violencia contra las mujeres, el Protocolo Alba, el cual es un plan de búsqueda inmediata para mujeres desaparecidas. En este sentido, la cobertura ocurrió más en relación con coyunturas políticas que con la incorporación y la investigación de las desapariciones en las agendas informativas de los tres diarios.

En relación con la autoría de las notas, una de cada cuatro notas publicadas sobre desaparecidos en estos tres diarios provino de agencias informativas; 11 notas más no tenían referencia a autor alguno, y solo cinco notas informativas fueron elaboradas y firmadas por reporteros de esos medios. El resto de la información no fueron notas sino columnas de opinión.

La ubicación de las noticias sobre desapariciones en los tres diarios revela la importancia que le dan al tema, ya que ocho de cada 10 notas apareció en interiores y el resto (dos notas) en portada, siendo el tema la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La centralización informativa sobre este caso se pudo corroborar no solo por su ubicación en portada sino también por la sección en que en los tres diarios apareció la mayoría de las notas, ya que 21 de 39 se publicaron en la sección “Nacional”, siete más aparecieron en portada con referencia a un tema nacional (Ayotzinapa o la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz), siete fueron columnas de opinión con referencias a desapariciones acontecidas en otros estados y solo cuatro de las 39 piezas analizadas (10%) informaron sobre desapariciones locales, los cual empata con la percepción que tiene Por Amor A Ellxs sobre la nula cobertura que se da a las desapariciones que suceden en Jalisco.

En relación con los componentes gráficos que acompañaron a las notas analizadas, 22 notas se publicaron sin ningún tipo de imagen y en las 17 que sí publicaron alguna fotografía, siete eran referidas al caso Ayotzinapa, siete más mostraban los rostros de personas desaparecidas y en las tres restantes las fotografías eran de instalaciones gubernamentales.

A manera de síntesis, es posible observar que en la cobertura informativa que los tres medios hicieron sobre las desapariciones tiene gran peso la estrategia de comunicación social de las instancias gubernamentales que se vinculan al tema, ya que el grueso de la información se concentró en informar las declaraciones oficiales que se tuvieron alrededor de caso Ayotzinapa, lo cual dejó poco espacio para información local sobre las desapariciones; sin embargo, en las cuatro notas que se publicaron sobre desapariciones locales ocurrió el mismo fenómeno pues la explicación solo provino del gobierno y no de las víctimas de desaparición.

 

El tratamiento informativo–discursivo sobre las desapariciones y los desaparecidos

En el análisis sobre cómo los tres diarios incluidos en esta investigación informaron sobre desapariciones se destaca: la centralización discursiva del caso Ayotzinapa; la presentación de casos particulares que no tienen conexión alguna con la violencia que se vive en los sitios donde ocurrió la desaparición, y la preponderancia de las fuentes gubernamentales, lo cual deja poco espacio para que se pudiera leer la voz de las víctimas.

El tema más recurrente en las notas sobre desaparecidos es el informe sobre una desaparición en particular (23 notas); ocho notas destacan las acciones de alguna autoridad; seis hablan de la situación general sobre las desapariciones y solo dos informan sobre las organizaciones o colectivos de familiares hacen alrededor del tema.

Este tratamiento se refleja en los titulares de las notas (véase la figura 5.2), ya que la información solo se concentra en el caso Ayotzinapa, resaltando como sujeto de interpelación informativa a la Procuraduría General de la República (PGR), a la cual se le relaciona por los resultados dados a conocer por el GIEI de la CIDH.

Los actores más interpelados para informar sobre las desapariciones en las 39 notas analizadas fueron el Poder Ejecutivo, organizaciones civiles, familiares del desaparecido y especialistas en el tema. Cinco notas no citaron ningún tipo de fuente (véase la figura 5.3).

Sobre el tipo de discurso o las palabras que emplearon los actores individuales citados en las notas destacan las acciones oficiales expresadas a través de palabras como: “policía”, “policías”, “Fiscalía” y “Ejército”; seguido por “jóvenes”, “hijo” y “desaparición”, lo cual nos permite notar que lo más relevante de las desapariciones son las acciones del Estado y no las demandas de las víctimas (véase la figura 5.4).

Un criterio informativo fundamental en una pieza periodística sobre alguna desaparición reside en hacer entender el motivo o las circunstancias del hecho; no obstante, 32 de las 39 notas no explicaron por qué sucedió la desaparición. En cuatro de las siete notas que sí explicaron las causas de la desaparición se informó que estas fueron cometidas por alguna autoridad, y en las tres restantes se informó que los victimarios fueron miembros del crimen organizado. Además de los actores, las notas precisaron cómo ocurrió la desaparición.

A pesar de que el grueso de las notas (39) no dio detalles de cómo sucedieron los hechos, 22 de ellas sí ofrecieron un perfil del o los desaparecidos (véase la figura 5.5). Debido al número de notas que estuvieron relacionadas con el caso de Ayotzinapa, las palabras más empleadas fueron “estudiantes”, “jóvenes” y “normalistas”.

Estas maneras de llamar y nombrar a los desaparecidos refleja el papel que los medios pueden tener como difusores de etiquetas sociales en torno a las víctimas, ya que con las palabras citadas no se obtiene un tratamiento más analítico sobre las desapariciones y los desaparecidos sino que se generaliza a las víctimas sin hacer entender que dadas sus características —incluso señaladas en las notas— existe una parte de la población en México que es más vulnerable a las desapariciones y que, por ende, tendría que pensarse que las desapariciones no son hechos aislados sino una problemática social que tiene como principales víctimas a la población juvenil, independientemente de su condición estudiantil o de su adscripción como normalistas, las cuales se usaron en las notas como etiquetas que desubjetivaron a los desaparecidos.

En el marco de la guerra contra las drogas, gran parte de la lucha de los familiares de desaparecidos, desde el inicio de su presencia en el terreno público en 2011, ha consistido en la recuperación de la honra de sus seres queridos y el cuestionamiento a los discursos que señalan a las víctimas como daños colaterales, como partícipes o cómplices del conflicto. Esta lucha se sostiene en el propósito de superar la crisis de representación mediante la cual el sujeto ha sido despojado de su identidad para ser consignatario de atributos generales que lo desubjetivan. En este proceso se presenta un doble discurso de culpabilización y victimización en el que se juega el reconocimiento de los desaparecidos (Robledo, 2015; p. 101).

La anterior cita de la investigadora Carolina Robledo, quien ha acompañado la lucha de los familiares de desaparecidos de Baja California, podría también explicar lo que los familiares de Por Amor A Ellxs hacen cuando toman el espacio público para cambiar la percepción que se tiene de sus desaparecidos tanto en la esfera social como en la mediática; las personas también buscan evitar que se les desubjetive, criminalice y culpabilice.

 

Conclusiones

Una de las consignas principales de Q ITESO, Análisis Crítico de Medios es el análisis y estudio del acceso a la información que tienen las audiencias. En este análisis sobre cómo es el acceso a la información respecto de las desapariciones para los familiares y la población en general se puede observar que existen obstáculos que impiden que un tema tan delicado como este pueda colocarse con fuerza en el espacio público; primero, porque las víctimas de este delito se ven constantemente violentadas por la autoridad cuando esta les niega el acceso a sus expedientes y la información sobre sus casos, y segundo, porque los medios locales no han incorporado a las desapariciones dentro de sus agendas informativas, lo cual hace que la información que nos llega sobre el tema responde solo a coyunturas mediáticas que, regularmente, se centran en desapariciones acontecidas en otros estados. La información local sobre el tema es escasa y únicamente se informa desde una perspectiva gubernamental.

Aunque Jalisco es el segundo estado con el mayor número de desapariciones en el país esto no ha cambiado las agendas informativas de los medios locales, pues en el tiempo de observación de los diarios Mural, El Diario NTR y El Informador solo cuatro notas de 39 se destinaron a informar sobre las desapariciones que ocurrieron en el estado. Cuando la agenda informativa logra abrirse es porque los familiares de víctimas de desaparición del colectivo Por Amor a Ellxs irrumpen en el espacio público mediático para visibilizar sus demandas, haciendo que los medios retomen su información más por la coyuntura del evento que por el delito mismo que ha hecho que estas familias se integren en colectivo desde enero de 2016.

Por ello, el tratamiento informativo de las desapariciones apenas se ve reflejado en temas coyunturales y nacionales como Ayotzinapa o Tierra Blanca;[7] esto coincide con la opinión que las familias de Por Amor A Ellxs tienen sobre lo que se publica en los medios locales pues, como expresaron, su realidad no forma parte de la agenda de los medios porque en ellos el tema se centraliza en actores e instituciones oficiales; incluso, en estas coberturas no existió una postura crítica de los medios porque no se cuestiona la responsabilidad que tiene la autoridad respecto de la no localización de los desaparecidos o del ocultamiento de las estadísticas que dejan ver que este delito en Jalisco sigue en aumento.

El centrar la información en actores gubernamentales sin un sentido crítico propicia, al menos en lo que compete al ámbito local, que no exista pluralidad en la información, ya que las declaraciones que se toman en cuenta no diversifican los puntos de vista de una problemática que afecta a distintos sectores; es decir, se informa de las desapariciones desde la mirada gubernamental para la cual la situación no es ni urgente ni alarmante.

En el ámbito informativo sobre las desapariciones ocasionadas en otros estados observamos una peligrosa estigmatización de las víctimas de desaparición con adjetivos vinculados a ellos como “estudiantes”, “jóvenes” o “normalistas”; estas etiquetas se ofrecen sin una adecuada contextualización y sin un marco que nos deje ver por qué hay una alta incidencia delictiva en esta población, que es la que en el país, y en Jalisco, registra el mayor número de víctimas.

Esto, queremos aclarar, no debe restar importancia a temas como Ayotzinapa y Tierra Blanca; sin embargo, la centralización de la información de las desapariciones en temas nacionales en la prensa local contribuye no solo a la invisibilización de las desapariciones que ocurren en Jalisco sino también a que el derecho a saber de ellas se vea obstaculizado por una agenda mediática que coloca al tema como algo que ocurre “en otro lado pero no aquí”. Cuando se informa sobre lo que “aquí ocurre” las notas indican que la Fiscalía General de Jalisco está trabajando de manera adecuada, lo cual también invisibiliza a los familiares de desaparecidos que han denunciado una y otra vez la cerrazón informativa que viven cuando no les dan información sobre las labores de búsqueda de sus seres queridos.

Los retos académicos, periodísticos y humanos alrededor de las desapariciones y los desaparecidos de Jalisco son grandes. Por ello, el evidenciar el no acceso a la información que padecen las familias y la ciudadanía en general debe comenzarse a combatir, porque entre mayor información tengamos podemos sumarnos a la búsqueda de los 3,802 desaparecidos que, hasta el 30 de agosto de 2016, hay en Jalisco, pero también podremos exigir un alto a la violación a los derechos humanos que sufren de manera constante los familiares de todos estos desaparecidos cuando se les niega su derecho a saber qué se está haciendo para localizar a su familiar.

 

Referencias

Franco, D. (2016). “Para ellos no existen: Gobierno de Jalisco da la espalda a desaparecidos”, en Tercera Vía. Disponible en www.goo.gl/Eld0FM Consultado 17/09/2016.

Por Amor A Ellxs (2016). Primera mesa de trabajo con la Fiscalía General del Estado. Disponible en www.goo.gl/4XYjML Consultado 01/09/16.

Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, RNPED (2016). Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. Disponible en: https://rnped.segob.gob.mx/ Consultado 17/10/16.

Robledo, C. (2015). “El laberinto de las sombras: desaparecer en el marco de la guerra contra las drogas”, en Revista de Estudios Políticos, 23, 89–108.

 

[1] Este número de personas desaparecidas en Jalisco difiere de las que aparecen en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), ya que conforme a las bases de datos y la investigación periodística de Darwin Franco (2016), construida a partir de solicitudes realizadas a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Jalisco, en el estado existen en el mismo periodo más denuncias de desaparición que las que se reportan al Gobierno Federal; en consecuencia, en la base nacional Jalisco ocupa el cuarto lugar, mientras que con los datos oficiales de la Fiscalía General de Jalisco el estado se posiciona como el número dos en todo el país.

[2]  Los delitos de fuero federal son aquellos que son atraídos e investigados por la Procuraduría General de la República al estar vinculados con delitos federales, como el narcotráfico o la trata de personas; en cambio, los delitos del fuero común están siendo investigados por las fiscalías o procuradurías estatales.

[3] Para este análisis se contó con la colaboración de Gerardo Romero, estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del ITESO.

[4] En Facebook (https://www.facebook.com/PorAmorAEllxs/?fref=ts) y Twitter (@PorAmorAEllxs).

[5] Anteriormente muchas de las familias de Por Amor A Ellxs estaban agrupadas bajo el nombre de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (Fundej), colectivo que surgió en 2013 y que aún continúa en activo.

[6] Estas reuniones se realizan cada mes desde agosto de 2016 con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y el Centro para la Justicia, la Paz y el Desarrollo (Cepad).

[7] El 11 de enero de 2016 cinco jóvenes que regresaban de un fin de semana en el puerto de Veracruz desaparecieron en el municipio de Tierra Blanca, luego de que fueron detenidos por un grupo de policías estatales que los entregaron al crimen organizado. Sus familiares se movilizaron a través de redes sociales atrayendo la atención de los medios desde el día de la desaparición hasta marzo de ese año, cuando lamentablemente fueron hallados sin vida.

El rostro de la prensa

 en Guadalajara[*]

 

Pedro Mellado Rodríguez

 

La calidad de una democracia es proporcional a la calidad de su sistema de medios de comunicación.

Un sistema de medios de comunicación autosustentables, independientes, que puedan aspirar a ejercer plenamente su libertad, nutre y fortalece a la sociedad, generando contenidos informativos para la comprensión y el entendimiento.

La sustentabilidad de los medios de comunicación está determinada por la capacidad que tengan para generar ingresos que los hagan autosustentables e independientes, que en el caso de los medios impresos están determinados por la publicidad, la venta de suscripciones, la venta de ejemplares, la generación de subproductos informativos y la maquila de impresos comerciales para una amplia diversidad de clientes.

La fragilidad empresarial, administrativa y comercial de algunos medios de comunicación, la indefinición de su modelo de negocios, su ineficiencia para generar oportunidades legítimas de negocios desarrollando subproductos orientados hacia nuevos nichos de mercado o maquilando subproductos comerciales, así como su muy deficiente circulación y su frágil posicionamiento en el ánimo de la opinión pública, los hace dependientes de sus acuerdos comerciales y publicitarios con las diversas esferas de gobierno (municipales, estatales y federal) y compromete su línea editorial.

¿En qué medida el ingreso publicitario es determinante para la línea editorial de los medios de comunicación?

En México, 60% de los recursos económicos que obtienen los medios de comunicación provienen de publicidad oficial. Es decir, las cantidades descomunales que gastan los gobiernos para dar a conocer sus logros a la sociedad, reveló Antonio Martínez, vocero internacional de la organización Artículo 19, el sábado 26 de septiembre del 2015, en una conferencia ofrecida en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla.

El también vocero de fundar, Centro de Análisis e Investigación, explicó que esta situación favorece la censura indirecta e impacta sobre la libertad de expresión del país.

A este respecto, las organizaciones no gubernamentales Artículo 19 y fundar, que realizan monitoreo sobre las buenas o malas prácticas de gobierno en los ámbitos de la libertad de expresión, la transparencia y la rendición de cuentas advierten en las conclusiones del “Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas 2013”, referido al ejercicio del año 2012, presentado 1 de abril de 2014: “El uso arbitrario y discriminatorio de la publicidad oficial sigue profundamente arraigado en las prácticas gubernamentales”.

Señalan también en el mismo documento que la publicidad oficial “se distribuye principalmente conforme a criterios políticos e intereses privados y se convierte en el medio idóneo para controlar las líneas editoriales de los medios, una práctica definida como censura sutil o indirecta”.

Medios ineficientes, poco profesionales, obsequiosos, sumisos, dúctiles, en manos de directivos o empresarios que tienen un muy bien definido afán de rentabilidad y lucro, desembocan en prácticas mercantiles que atentan contra el derecho a la información de sus audiencias y lectores.

La fragilidad financiera de las empresas editoriales las hace presas fáciles de los galanteos malintencionados y comprometedores; de la seducción corruptora, disfrazada de falsas empatías, o de las presiones y amenazas abiertas o encubiertas desde el poder público.

 

Metodología

Para la realización de este trabajo los alumnos analizaron los periódicos de los días viernes, domingo y lunes durante ocho semanas consecutivas, iniciando el 2 de septiembre y concluyendo el 24 de octubre de 2016.

El corpus está compuesto por 24 periódicos (incluyendo todos los suplementos), de los cuales se midieron todas las inserciones publicitarias que no fueran del medio mismo. Se clasificaron los anuncios publicitarios en:

  • Publicidad comercial.
  • Gobierno del estado.
  • Congreso de Jalisco.
  • Poder Judicial.
  • Gobierno de Guadalajara.
  • Gobierno de Zapopan.
  • Gobierno de Tlaquepaque.
  • Gobierno de Tlajomulco.
  • Otros gobiernos municipales.
  • Dependencias federales.
  • Universidad de Guadalajara.
  • Otros.

Se obtuvieron los centímetros cuadrados por dependencia y por periódico, con tarifas diferenciadas en color y blanco y negro. Para obtener el valor de cada anuncio se multiplicó el precio promedio del centímetro cuadrado por la medida total, en centímetros, de los anuncios a color y blanco y negro. Las tarifas oficiales de cada medio se obtuvieron de manera directa en sus respectivos departamentos de publicidad o de sus páginas web en los casos en los que así estaban expuestos públicamente.

Al mismo tiempo, los alumnos seleccionaron una muestra de notas informativas de cada ejemplar —mínimo tres, máximo cinco—, en promedio 72 notas de cada medio informativo, para analizar la orientación de su contenido en tres categorías.

  • Profesionalmente neutras: las que reflejaban la información proporcionada por las fuentes o surgida de los eventos informativos, sin ningún matiz o agregado.
  • Complacientes: aquellas en las que el reportero o el editor les imprimieron alguna intención o adjetivación favorable para la fuente o dependencia que generó la información.
  • Críticas: aquellas en las que el medio de comunicación contextualizó, cruzó datos, proporcionó elementos informativos adicionales para enriquecer la comprensión y el entendimiento de sus lectores, sin recurrir a juicios de valor o adjetivación alguna.

La muestra analizada incluyó los periódicos El Informador, El Occidental, Milenio, Mural, Crónica y El Diario NTR.

Las mediciones realizadas por los alumnos son apenas una muestra incipiente, una aproximación a la realidad de los medios impresos en Guadalajara. Apenas un bosquejo general de los rostros que muestran los seis periódicos locales analizados.

 

El Informador, un periódico editorialmente neutro y financieramente sólido[1]

En la muestra analizada se pudo observar que en la sección Panorama, referida a la información local, los temas más frecuentes fueron principalmente políticos porque se cubrieron prioritariamente los asuntos de los gobiernos de la zona metropolitana de Guadalajara, además de los sucesos de la elección presidencial en Estados Unidos.

Con frecuencia el reportaje principal, el Tema del Día, que debería ser el más destacado de su portada, fue relegado a páginas interiores o se le destinó poco espacio.

Las notas críticas fueron principalmente referidas a temas de la zona metropolitana de Guadalajara y en algunos casos contra el candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump. Las complacientes fueron principalmente de los gobiernos local, estatal y federal.

Encontramos que en ocasiones los títulos eran engañosos o contradictorios, en cuanto a que parecían críticos o complacientes, pero las notas no coincidían con la postura presentada en los encabezados. También se abusó de las declaraciones de los actores de las notas, pues no se asumía una postura comprometedora y se caía con frecuencia en la complacencia, pues no contrastaba la información con algunos datos que la enriquecieran o la contextualizaran.

El Informador pretende ser socialmente comprometido porque en el cintillo de la sección Tema del Día se inserta un aviso a los lectores para que envíen denuncias sobre los problemas que afectan a la ciudad y a la comunidad, como, por ejemplo, los relacionados con la corrupción y con los baches.

En la mayoría de los casos analizados, la línea editorial de este diario es neutra con respecto a sus clientes gubernamentales o comerciales. Por el volumen de sus ingresos publicitarios se puede deducir que es un periódico empresarialmente sólido, bien administrado y financieramente sustentable, pues el volumen mayor de sus ingresos publicitarios tiene su origen en empresas privadas.

 

El Occidental, un periódico editorialmente complaciente[2]

Los datos que arroja el monitoreo nos permiten señalar que la mayoría de las notas que publica El Occidental es profesionalmente neutra, lo que refleja una muy limitada labor de investigación por parte de sus reporteros.

En gran parte de los casos analizados las notas estaban sustentadas en declaraciones, sin el uso de adjetivos, pero sin añadir tampoco alguna información que enriqueciera, contrastara o contextualizara los hechos. En muchos casos observamos una actitud condescendiente, limitada solo a los datos proporcionados por las fuentes oficiales.

Al mismo tiempo, observamos que las dependencias federales fueron, desde el ámbito gubernamental, las que compraron más publicidad en este medio.

En relación con este hecho resalta que una parte importante de las notas complacientes publicadas en El Occidental fueron sobre secretarías federales y sobre la presidencia de la República.

El Gobierno del Estado de Jalisco fue la tercera fuente de ingreso publicitario para este medio, el cual en general recibió un buen tratamiento en las notas publicadas sobre asuntos referidos a dependencias de la entidad o al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

Esto refleja que el rigor periodístico de El Occidental está estrechamente comprometido con sus fuentes de ingresos publicitarios. Este hecho podría ser muy favorable para sus principales clientes, pero no para sus lectores.

Podría afirmarse, con base en los resultados de este estudio, que El Occidental no es un medio de comunicación crítico.

 

Milenio Jalisco, con una línea editorial proclive hacia el oficialismo[3]

La muestra observada y analizada del periódico Milenio Jalisco refleja que su contenido de información nacional está homogeneizado, pues las notas son producidas por una agencia interna que distribuye los mismos temas para sus periódicos en el país, entre los que destacan sus ediciones en Monterrey, Ciudad de México y Jalisco.

En cuanto a la sección local, denominada Ciudad y Región, el periódico presenta regularmente un reportaje crítico, sustentado y a profundidad, pero sobre temas que no afectan directamente al poder político. Se escriben temas de ecología presentados por Agustín del Castillo o sobre sociedad por Víctor Hugo Ornelas. Tal es el caso de las notas que hacen referencia a “Jalisco en la cumbre mundial del Hábitat III” o “Casas de empeño, vitrinas de lo robado”.

También observamos que cuando se hacen referencias al poder político, se utilizan noticias cortas con una extensión amplia de comillas donde se menciona lo que la fuente proporcionó, imprimiéndole un tono complaciente, pues no se recurre a voces que contrasten o cuestionen.

En la muestra analizada fue muy evidente la posición que Milenio Jalisco tiene en contra del presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, pues de manera recurrente las informaciones publicadas sobre este gobierno fueron muy críticas, como sucedió por sistema en temas referidos a seguridad y al Plan de Ordenamiento Territorial que impulsaron los gobiernos del Partido Movimiento Ciudadano a través del Instituto Metropolitano de Planeación.

Pocas veces se abordaron temas críticos relacionados con el magistrado Leonel Sandoval —padre del gobernador Aristóteles Sandoval—, quien tiene una enorme influencia en el Poder Judicial. Tampoco hubo cobertura informativa relevante sobre la polémica en torno al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, quien renunció al ser acusado de interceder en favor de dos presuntos delincuentes, detenidos armados, además de comprobarse que el referido magistrado tiene antecedentes criminales que le hacían inelegible para el cargo que desempeñaba.

En la muestra analizada se pudo observar que Milenio Jalisco aborda las cuestiones políticas con un tono favorable al actual grupo dominante surgido del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los resultados reflejan que la publicidad comercial tiene un peso importante, aunque el porcentaje de publicidad oficial es significativo pues representa la quinta parte de sus ingresos económicos.

El 80% de su ingreso publicitario de gobierno es del Poder Judicial por medio de la publicación de edictos. En este rubro tienen una segunda posición dependencias federales como la Lotería Nacional y la Secretaría de Turismo.

 

Mural, comercialmente muy fuerte y con tono crítico[4]

La muestra analizada nos permitió observar que Mural procura hacer un reporte extenso sobre cada noticia —tanto local como nacional— con el correspondiente seguimiento durante varios días, y que la mayoría de sus contenidos informativos tienen un tono crítico.

Mural es parte del Grupo Reforma, que tiene periódicos en la Ciudad de México y en Monterrey, por lo que se nota el centralismo, particularmente en su información nacional. Las notas nacionales son generadas por Reforma, pero en la mayoría de sus portadas resalta los temas locales importantes.

Del análisis concluimos que a Mural le hace falta incluir más voces. La mayoría de las declaraciones es oficial y después de expertos. Le otorga más peso a esas expresiones que a las opiniones de los actores directos de los hechos reseñados. Por ejemplo, en el tema de la presa El Zapotillo la mayoría de las declaraciones eran de expertos de alguna institución especializada y dejaban hablar muy poco a los vecinos.

En la sección Comunidad encontramos poca cobertura de colonias donde viven personas de ingresos modestos o bajos y poca referencia al sector más vulnerable de la ciudad.

De la observación realizada se desprende que Mural es un medio independiente y que esto le permite abordar temas con actitud crítica. Refleja una buena coordinación editorial al investigar los temas y darles seguimiento, pero es muy evidente que sus contenidos están dirigidos a un público de clase media alta. Al hacer el análisis de contenido concluimos que 59% de las notas analizadas eran críticas.

Podría concluirse que la independencia editorial de Mural se deriva de que el mayor volumen de sus ingresos proviene de empresas privadas.

Es notable la enorme cantidad de publicidad en sus suplementos de sociales. Mural tiene Club Social y Muro Social, dos suplementos dirigidos a lectores de posición social acomodada y que atraen muchos clientes, desde quienes quieren promover sus actividades sociales hasta empresas comerciales que buscan un espacio para sus productos y servicios.

Consideramos que esos suplementos son de los más fuertes y los más consumidos por los lectores. Sería pertinente preguntar si este tipo de periodismo alimenta de alguna manera la construcción de una sociedad de fuertes rasgos clasistas.

La sección Club Social —que se publica los viernes— no tiene costo para las personas cuyos eventos aparecen en sus páginas, pero en Muro Social, que se publica ese mismo día o indistintamente en otras ediciones de la semana, sí se les cobra tarifa comercial a quienes tienen interés en que sus actos sociales sean difundidos.

Mural tiene una aplastante mayoría de publicidad comercial, 97% de sus ingresos. La publicidad oficial representa el 3% restante.

Mural es una empresa organizada que no depende de ningún cliente en específico para subsistir. Al final concluimos que 59% de las notas analizadas eran críticas. Esto con la idea de que cada noticia ofrecía más de una declaración, y que no era el único ingrediente.

 

Crónica, un medio esquivo con el periodismo crítico[5]

El periódico Crónica pone particular énfasis en los temas culturales, internacionales y deportivos, con muy poco interés en los temas locales, frente a los cuales tiene una actitud pasiva y acrítica.

Luego de ocho semanas de análisis podemos concluir que la mayoría de los titulares de sus notas informativas tienen un tono que no compromete al periódico. Algunas cabezas son muy ilustrativas: “Presume EPN cifra récord en empleos”, “Senado aprueba reforma de justicia laboral”. Por lo común no contextualiza y no aporta información adicional que enriquezca o contraste las fuentes oficiales.

Por ejemplo, cuando estaba en su punto más álgido el debate sobre la renuncia del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, cuestionado por interceder en favor de dos presuntos delincuentes y por tener antecedentes criminales, Crónica dedicó media plana al asunto de manera meramente descriptiva.

Esta actitud del periódico contrasta cuando habla del desalojo de los vendedores ambulantes del centro de Guadalajara y critica con severidad, en más de media plana, al presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro. Y para abundar en el tema publica una columna crítica de la regidora del PRI, María de los Ángeles Arredondo, que es muy severa en sus juicios contra el alcalde tapatío.

Es de resaltar que entre los columnistas que emiten opiniones en Crónica están algunos prominentes políticos de Jalisco como Enrique Aubry de Castro Palomino, del Partido Verde Ecologista de México; Hugo Contreras Zepeda, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso de Jalisco y Raúl Vargas López, presidente del Partido de la Revolución Democrática en la entidad, entre otros.

Muy pocas veces Crónica publica reportajes o notas críticas y por lo general, cuando lo hace, se refiere a temas que no son políticos. Es usual que cuando aborda temas políticos se refiere a “logros” de gobierno. Elude por sistema los temas polémicos. Esto explica que 69.4% de las 72 notas analizadas tuvieran un tono complaciente.

Crónica Jalisco resalta por tener un porcentaje bajísimo de publicidad comercial, que representa 19.64% del total. El resto es publicidad oficial, que proviene, principalmente, de dependencias federales y el resto —en porcentaje muy menor— de la Universidad de Guadalajara. Resalta también que hay dos anuncios que no cambian, como los referidos a Canal Once y a tv UNAM, que se publican cada semana.

Un problema muy grave en el caso de Crónica es que su distribución es sumamente deficiente. La mayoría de los periódicos que se utilizaron para este ejercicio de observación y análisis tuvo que ser conseguido directamente en sus oficinas de Expo Plaza, en Avenida Vallarta, porque fue prácticamente imposible obtenerlos con regularidad en algún puesto de periódicos.

 

El Diario NTR, periodísticamente neutral y en proceso de consolidación[6]

El análisis del contenido del periódico El Diario NTR nos lleva a concluir que es un medio de comunicación periodísticamente neutral, que procura el equilibrio de fuentes en sus notas informativas.

El periódico privilegia la información local. Con respecto a los temas políticos, siempre procura presentar por lo menos los dos principales puntos de vista confrontados.

En la muestra analizada observamos que el periódico tiene la singularidad de abordar temas sociales y comunitarios que el resto de los medios no atienden con frecuencia, como los referidos a los derechos humanos, a los desaparecidos, a la violencia contra las mujeres, en los cuales asume una posición crítica.

En la muestra observada destacaron en forma recurrente notas referidas al Ayuntamiento de Tlajomulco, siendo en su mayoría críticas, dando espacio a la versión oficial del gobierno aludido.

También encontramos notas críticas en la sección de Pasión, que trata temas deportivos.

Durante los meses de septiembre y octubre, cuando se realizó este análisis, advertimos fallas notorias en la distribución del periódico, pues no fue posible encontrarlo en todos los puestos de periódicos, inclusive hubo voceadores que dijeron no conocerlo.

Por ser un medio de reciente creación —empezó a circular el 1 de abril de 2015— sus ingresos por publicidad son magros, predominante de empresas privadas.

 

El gran pastel, solo para tres

De la muestra que tomamos para este ejercicio de observación, medición y análisis concluimos que la suma total de ingresos de los seis periódicos —tomando como punto de referencia 24 ediciones, que incluyen los días viernes, domingo y lunes, que son publicitaria y comercialmente los más atractivos— fue de 116’246,325.80 pesos.

Hay un dato relevante con respecto a ese interesante mercado publicitario, que incluye anuncios comerciales y de gobierno: es acaparado por tres periódicos: El Informador, Milenio Jalisco y Mural, que juntos se repartieron 92.71% del ingreso medido y traducido a pesos.

Sin embargo, una observación cuidadosa de los resultados permite deducir que la independencia y fortaleza económica de los medios no los lleva obligadamente por el sendero del ejercicio libre, comprometido y crítico del periodismo.

 

Conclusión y pregunta: ¿La independencia económica conduce a la libertad de los medios?

Este trabajo es apenas una aproximación inicial, muy incipiente, producto de un ejercicio escolar, que nos ofrece elementos para valorar la capacidad financiera y de negocios de los principales diarios impresos en Guadalajara, así como su fortaleza e independencia editorial, y la forma como estos dos valores se entreveran para determinar la línea editorial en la oferta informativa que día con día ofrecen a sus lectores.

Es evidente que la solidez empresarial de los medios de comunicación, su grado de sustentabilidad, independencia y márgenes para el ejercicio de un periodismo libre, profesional y documentado contribuye a fortalecer a la sociedad, al proporcionarle herramientas para realizar un ejercicio de análisis y reflexión de mayor calidad para la comprensión y el entendimiento.

Sobre la independencia de los medios de comunicación o su sometimiento al poder por presiones de carácter económico y político, hay muchas presunciones. Este trabajo pretende ser solamente un muy modesto paso en la exploración de esas premisas, para documentarlas y analizarlas con base en elementos tangibles.

Cada uno de los equipos trabajó de manera independiente aplicando la misma metodología tanto para el trabajo de medición de la publicidad como de análisis de contenidos. Los resultados, en cada uno de los casos, nos ofrecen datos interesantes para observar con una mirada diferente a cada uno de estos medios.

Finalmente, este es el rostro de los periódicos de Guadalajara, observado por los alumnos de la materia Política editorial y publicidad de la Licenciatura en Periodismo y comunicación pública del ITESO.

 

[*]Muestra sobre el ingreso publicitario y análisis de contenido de los seis principales periódicos de Guadalajara, realizada por los alumnos de la materia Política Editorial y Publicidad, de la licenciatura de Periodismo y Comunicación Pública del ITESO, coordinados por el profesor Pedro Mellado Rodríguez.

 

[1] Trabajo realizado por los alumnos Sonia María Fernández Aguirre, José Gabriel Gómez Guerrero y Rodrigo Rico Marrufo.

[2] Trabajo realizado por los alumnos María Paloma López González, Susana Alejandrina del Real Ponce y Brenda Sánchez Núñez.

[3] Trabajo realizado por los alumnos Macarena Camargo Aedo, Yunuén Monserrat Mora Rocha y Florencia González Guerra García.

[4]  Trabajo realizado por los alumnos Katia Diéguez Martínez, María Isabel Quinn Cervantes y Gabriel Trujillo Gil.

[5] Trabajo realizado por los alumnos Zaira Esthela Arévalo Barrera, Erick David Nava Herrero y Roberto García Orozco.

[6]  Trabajo realizado por los alumnos Frida Samantha Torres Arias, Carolina Campos Vázquez y Erick Rubén Chávez Mancilla.

Premio Jalisco de Periodismo, 20 años de historia

Rosalía Orozco Murillo

 

La esencia del periodismo es el servicio público, lo demás es paja.
Javier Darío Restrepo, noviembre de 2016[*]

En este texto se documenta la historia del Premio Jalisco de Periodismo. A través de entrevistas personales y de un trabajo de investigación en varios sitios web y en la hemeroteca digital del periódico El Informador se pudo recuperar datos e información útiles para describir la forma en que algunos actores políticos y mediáticos del estado han logrado constituir ese galardón.

La historia de los reconocimientos a la labor periodística puede ser compleja, sobre todo en los países y regiones donde no ha sido consolidado un sistema político democrático real, que garantice sin cortapisas el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información, sin los cuales no se puede ejercer un periodismo crítico y a profundidad.

Los premios más importantes y valorados en el mundo reconocen principalmente a los medios de comunicación y a los periodistas que cultivan un periodismo analítico y de investigación, que anteponen el interés público sobre cualquier otro interés particular. También suelen premiar a quienes ejercen con valentía el derecho a la libertad de expresión y publican trabajos con calidad y excelencia que contribuyen a conocer y a entender problemáticas sociales que tienen una enorme trascendencia para la vida en sociedad.

Por lo general, los premios al periodismo que gozan de mayor credibilidad y prestigio nacional e internacional son aquellos que no tienen vinculación directa con actores del poder político ni con organizaciones de medios, pues en ambos casos podría haber un conflicto de interés. Esos reconocimientos suelen tener el respaldo de fundaciones, organizaciones ciudadanas y universidades; es el caso del Premio Pulitzer, surgido en 1917, del Premio María Moors Cabot, fundado en 1938 y del Premio World Press Photo, establecido en 1955.

En México, hasta finales del siglo XX los premios nacionales que se entregaban a los periodistas eran patrocinados y organizados por la Presidencia de la República. El premio consistía generalmente en un estímulo económico y una constancia de reconocimiento, con los cuales se solían premiar fidelidades y coberturas a modo de medios y periodistas que eran vistos como aliados del régimen priista.

En Jalisco, hasta mediados de los años noventa, los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también organizaban y entregaban los premios a los comunicadores locales, aunque fue en este estado donde surgió antes que en la capital del país un premio desvinculado del poder gubernamental. ¿Quién o quiénes impulsaron la creación de ese premio para los periodistas? ¿Con qué visión se creó ese galardón y cómo ha evolucionado en 20 años? Estas fueron algunas de las preguntas que guiaron este trabajo.

Para documentar la historia del premio, en la primera parte se presentan de forma muy general algunos datos sobre los reconocimientos que entregaba el gobierno. Luego se ahondan los detalles sobre la forma en que se gestó el surgimiento del Premio Jalisco de Periodismo. En la tercera parte se habla sobre la consolidación que alcanzó ese galardón y cómo se convirtió en un referente del premio nacional. El texto cierra con la referencia a los cambios que impulsaron los organizadores del premio estatal en la convocatoria de 2016, después de que el año anterior se registrara una controversia en la premiación.

 

Antecedentes del premio

De acuerdo con varias notas localizadas en el periódico El Informador, en los años ochenta y noventa del siglo xx existió en el estado el Concurso de Reportaje Periodístico que organizaba la Asociación de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión del Estado de Jalisco, Comunicación Cultural, AC. Ese galardón reconocía a los autores de géneros de reportaje, entrevista, crónica y fotografía, en las categorías profesional y estudiantil. La ceremonia solía ser presidida por el gobernador en turno en una fecha cercana al 20 de diciembre de cada año, día en que se conmemoraba la aparición del periódico El Despertador Americano.[1]

Como ya se mencionó, era costumbre que el gobierno estatal organizara la entrega de reconocimientos y estímulos económicos para los periodistas. Uno de esos gobiernos fue el de Guillermo Cosío Vidaurri, quien impulsó la creación del Premio Jalisciense al Comunicador Social y presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa del dictamen que fue aprobado el 28 de diciembre de 1989. De acuerdo con las bases de la convocatoria que se publicó en los primeros meses de 1990, con ese galardón se reconocía a los periodistas que desarrollaban trabajos en las siguientes cinco categorías: periodismo televisivo, periodismo radiofónico, reportaje periodístico escrito, caricatura o ironía plástica, artículo de fondo y periodismo gráfico o fotografía. El premio estatal no reconocía a los reporteros que escribían noticias.

Cosío Vidaurri entregó el premio gubernamental a los periodistas en el Palacio de Gobierno el 7 de junio de 1990, día de la Libertad de Expresión. En la hemeroteca digital de El Informador se constató que los reconocimientos para los comunicadores fueron entregados en 1991 por el mismo mandatario, y que en los siguientes tres años el gobernador interino Carlos Rivera Aceves presidió la premiación.

La entrega del Premio Jalisciense al Comunicador Social fue suspendida “hasta nuevo aviso” en 1995, año en el que se celebraron elecciones estatales y resultó ganador el primer gobernador no priista del estado. La cancelación del premio fue anunciada a través de un boletín de prensa expedido por la Dirección de Comunicación Social del gobierno de Jalisco, la cual retomó el diario El Informador en una nota publicada el 8 de junio de ese año.

 

Nace el Premio Jalisco de Periodismo

Durante la década en la que surgió el Premio Jalisco de Periodismo se registraron varios hechos trascendentes en la esfera pública regional. En 1991 se creó el periódico Siglo 21. El 22 de abril de 1992 explotaron varias calles en el Sector Reforma de Guadalajara y al siguiente mes renunció el gobernador priista, Guillermo Cosío Vidaurri. En 1993 asesinaron en el aeropuerto de la capital al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. En 1994 el Congreso del Estado aprobó la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara en la que reconoció la autonomía de la institución educativa que ese mismo año decretó la creación de la red universitaria. En 1995 llegó a la gubernatura de Jalisco Alberto Cárdenas Jiménez, primer gobernador no priista del estado. En 1997 nació el diario Público. En el mismo año el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. En 1998 comenzó a circular en Guadalajara el periódico Mural.

El Premio Jalisco de Periodismo fue presentado a la opinión pública en una rueda de prensa el martes 3 de septiembre de 1996. El entonces rector general de la Universidad de Guadalajara (udg), Víctor Manuel González Romero, presidió la presentación que se hizo a los medios de la primera convocatoria del galardón.

De acuerdo con la nota informativa de El Informador, “Convoca al Premio de Periodismo la UdeG con patrocinio de medios”; ese día el rector general de la UDG estuvo acompañado por algunos de los directivos y representantes de los medios de comunicación más importantes de la entidad. Durante el acto, Ricardo del Valle del Peral, entonces director del periódico El Occidental, destacó la trascendencia de que la UDG abanderara ese premio “sin intromisiones del sector gubernamental”.[2]

Cristina Morfín Ramírez, quien fuera directora de la Oficina de Comunicación Social de la UDG durante el rectorado de González Romero, explicó en entrevista que la idea original de instituir un premio que tuviera independencia del gobierno fue del rector, y que las intenciones principales que impulsaron el proyecto fueron dos: reconocer de manera “imparcial” y no “inducida” el trabajo profesional que hacían los periodistas y profesionalizar el trabajo que realizaban en los medios de comunicación.

Fue Víctor Manuel González Romero quien se encargó de invitar personalmente a los directores y dueños de los medios afincados en la zona metropolitana de Guadalajara. Cristina Morfín recuerda que uno de los directivos que más entusiasmo mostró ante la invitación fue Carlos Álvarez de Castillo, director general del periódico El Informador, quien apoyó al rector para que más medios participaran en la primera convocatoria.

Para que [el premio] fuera imparcial y más fidedigno se pensó que lo dieran los propios medios. De entrada, Víctor pensaba que iba a ser un poco difícil porque iba a haber un poco de fricciones, aunque ellos solo iban a otorgar el premio, los medios iban a competir en muchos sentidos, todos iban a querer que alguien de su medio fuera el ganador, pero esa fue una de las cosas que más se cuidó, que no se fuera a inclinar la balanza para ningún medio y en eso contribuyeron mucho los investigadores de la universidad que participaron como jurados y gente externa de los medios.[3]

Al llamado del rector respondieron los siguientes medios de comunicación impresos y electrónicos: Canal 58, Canal 6, El Financiero, El Informador, El Occidental, Grupo ACIR, Multivisión, Notisistema, Ocho Columnas, Promomedios, Radioprograma DK, Megaradio Guadalajara, Siglo 21, Telecable de Zapopan, Televisa, Televisión Azteca y XEW Guadalajara. En la figura 3.1 se puede observar la primera convocatoria del premio que fue publicada en el periódico El Informador.[4]

Cristina Morfín fue la encargada de coordinar los trabajos para delinear la primera convocatoria del Premio Jalisco de Periodismo, que dicho sea de paso ha conservado su nombre original hasta la fecha. Se invitó a los periodistas a participar con trabajos en las categorías de prensa escrita, fotografía, radio y televisión. La premiación a los ganadores de la primera edición del premio se llevó a cabo el viernes 13 de diciembre de 1996 a las 12:00 horas en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara. Los ganadores en prensa escrita fueron Agustín del Castillo y Francisco Nava del periódico Siglo 21 con el reportaje “Una migración silenciosa en el corte de caña en Tamazula”; en la categoría de radio el premio fue para Alberto Gómez Reynoso de Triple A por el trabajo “Jalisco y sus penales de Puente Grande”; en televisión ganó Beatriz García de la Cadena con la nota “Seguridad escolar” que se publicó en el Canal 4 de Televisa. Los ganadores recibieron 20,000 pesos y un reconocimiento.

Cristina Morfín confirmó que al inicio todos los medios patrocinaban el premio, pero que conforme pasaron los años algunos medios dejaron de apoyar: “Patrocinaban todos, al principio fueron todos, luego ya empezaron algunos a hacerse para atrás, la universidad tenía que aportar la parte de los que no le entraban, pero lo que a mí me tocó ver es que todos tenían interés porque el premio fuera de categoría”.[5]

En 1997 el premio otorgó 25,000 pesos al ganador de cada una de las cinco categorías; a partir de ese año se comenzó a acompañar el premio con la presea “Emisario”, obra del escultor Diego Martínez Negrete. La idea de entregar esa escultura fue de Carlos Álvarez del Castillo. En esa ocasión patrocinaron el premio la Universidad de Guadalajara y 16 medios de Jalisco, según se consigna en la nota de El Informador “Lanzan convocatoria para el Premio Jalisco de Periodismo”.[6]

En 1998 el estímulo económico para los comunicadores que ganaban en alguna de las categorías subió a 30,000 pesos y al nombre del premio se añadió la palabra “Emisario”. En los años 1999 y 2000 volvió a subir el monto del apoyo monetario que se otorgó a cada uno de los ganadores, por lo que se otorgaron 35,000 y 40,000 pesos respectivamente, junto con la presea escultórica que le ponía apellido al premio.

En 2001 el Premio Jalisco de Periodismo convocó por primera vez a la distinción “Despertador Americano”, para reconocer la trayectoria periodística de un comunicador de la entidad. En la convocatoria se explicaba que los candidatos podían ser propuestos por organismos públicos o privados y por ciudadanos. Los requisitos de participación para esa categoría eran: tener al menos 20 años comprobables de experiencia en el periodismo de Jalisco y presentar currículum vitae. No se pedía que el aspirante fuera periodista en activo. El fallo final sobre la elección del ganador lo daban los integrantes de la asamblea del premio.

Javier Medina Loera, colaborador del periódico El Informador, fue el primer periodista en recibir el galardón “Despertador Americano” y 60,000 pesos por su trayectoria. Este comunicador había recibido en 1991 el Premio Nacional de Periodismo de parte del Gobierno de la República. En la tabla 3.1 aparecen los ganadores de ese premio hasta el año 2016.

 

El premio se consolida y “moderniza”

Después de cumplir un lustro reconociendo la labor de los periodistas en el estado, el Premio Jalisco de Periodismo se convirtió en un referente nacional, cuyo modelo de organización sirvió para diseñar la convocatoria del Premio Nacional de Periodismo, así lo informó el director general de El Informador, Carlos Álvarez del Castillo, durante la rueda de prensa en la que se anunció la convocatoria del premio estatal en 2001.

Según se consigna en la nota “En Jalisco el periodismo contribuye a una nueva cultura ciudadana”, el directivo del medio local se congratuló de que los nuevos organizadores del certamen nacional que “anteriormente era convocado por la Secretaría de Gobernación y en lo sucesivo recaerá en los medios de comunicación, universidades y organismos no gubernamentales”, se ahorrarán “malos” ratos aprovechando la experiencia que se tenía en la entidad.[7]

Cristina Morfín Ramírez recuerda que se reunió con algunos representantes de medios de la Ciudad de México, quienes vinieron a Guadalajara, por sugerencia de Carlos Álvarez del Castillo, para conocer cómo se organizaba el premio en Jalisco: “Nos pidieron asesoría, vinieron a hablar conmigo y otras personas, les explicamos cómo era todo el mecanismo, qué estrategias teníamos para cada cosa, cómo era la estructura. Nos preguntaron que cómo le hacíamos para tener un premio como el que ya teníamos en Jalisco, prestigiado, honesto, transparente”.[8]

Otro dato que habla de la consolidación del premio en el plano regional es que a partir de 2002 se invitó a participar en el concurso a estudiantes de periodismo y comunicación. Los primeros ganadores en esa categoría fueron Álvaro Alonso González Ramírez, Christian Vega Alcocer y Rolando González Hernández, alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), quienes recibieron un reconocimiento sin estímulo económico por su trabajo “Erotismos en cada esquina: el auge del comic porno”. Ese año, los ganadores de las otras categorías recibieron 50,000 pesos, mientras que el “Despertador Americano” entregó 60,000 pesos, esos mismos montos fueron entregados en cada categoría hasta el año 2009.

Para “modernizar” el premio en 2007 se le quitó el nombre de “Emisario”, aunque la presea escultórica siguió llamándose igual y los ganadores la siguieron recibiendo. Además, fueron añadidas tres nuevas categorías al concurso: crónica, entrevista y noticia. Ese mismo año el rector general de la Universidad de Guadalajara, Carlos Jorge Briseño Torres, anunció que la presidencia del premio sería “rotatoria” y que a partir de 2008 recaería en el ITESO o la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), universidades que se unieron a la UdG para respaldar, “ciudadanizar” y “promocionar más” el galardón.[9]

En 2008 la Universidad del Valle de México (UVM), la Universidad Panamericana y la Universidad Univer comenzaron a apoyar el concurso y la presidencia del premio recayó por primera vez en el ITESO. Durante el anuncio de la convocatoria Héctor Manuel Acuña Nogueira, rector de esa institución, reconoció la trascendencia y el “valor social de la presea”, al lograr posicionarse como uno de los reconocimientos con “mayor relevancia en este ámbito en el país”.[10]

Pese a que la Universidad de Guadalajara no presidió el premio en 2008, la rueda de prensa para anunciar la convocatoria fue en la Sala de Ex–rectores de la Universidad de Guadalajara y la entrega de premios se llevó a cabo, como ya era tradición, en el Paraninfo Enrique Díaz de León en el mes de diciembre.

En 2009 el periódico El Informador ganó por primera vez el premio en la categoría periodismo digital, con el trabajo especial titulado “Elecciones 2009”. Alejandro Cabanillas Sepúlveda recibió el galardón a nombre del diario. En ese mismo rubro Rossana Reguillo, de la revista Magis en línea del ITESO, recibió una mención especial por el trabajo “Diario de la epidemia” realizado en un blog ligado a esa publicación. Ese año la premiación fue realizada en el Auditorio Pedro Arrupe del ITESO y no en el Paraninfo Enrique Díaz de León.

Una de las novedades que tuvo el premio en 2010 fue que comenzó a entregar un estímulo económico de 25,000 pesos para los estudiantes ganadores. Además aumentó el monto del premio para los periodistas a 70,000 pesos (20,000 pesos más que en 2009). El premio “Despertador Americano” entregó ese año 85,000 pesos, 25,000 pesos más que en años anteriores. Las categorías fueron: reportaje en prensa escrita, reportaje televisivo, reportaje en radio, fotografía, fotografía en movimiento, crónica, entrevista, periodismo digital y el premio al estudiante.

En la convocatoria de 2013 los organizadores redefinieron las categorías considerando el género periodístico en el que son producidos los trabajos y no el medio en el que son publicados, por lo que se invitó a los periodistas a enviar crónicas, entrevistas y noticias. También se incluyeron las categorías fotografía fija y fotografía en movimiento, pero desaparecieron periodismo digital, reportaje en prensa escrita, reportaje en televisión y reportaje en radio.

Debido a que la Universidad de Guadalajara fue la impulsora del premio, históricamente ha tenido a su cargo la Secretaría Técnica del Consejo Directivo, cuyas responsabilidades son coordinar la logística para recibir, resguardar y procesar la información referente a los periodistas y trabajos postulantes. Además, administra el sitio web http://v6.comsoc.udg.mx/premiojalisco/ donde se publican las convocatorias y algunos datos históricos del premio.

 

Controversia impulsa cambios en 2016

En 2015 la entrega del premio en la categoría “Despertador Americano” desató críticas al Consejo Directivo porque decidió entregar el galardón al politólogo, asesor político y académico de la Universidad de Guadalajara Javier Hurtado González, cuyo único vínculo que tenía con el periodismo era ser comentarista y columnista en varios medios de la entidad.

El comunicado emitido por la UdG el 5 de diciembre de 2015 justificó la entrega del premio a Hurtado González “por su destacado ejercicio profesional en beneficio de la sociedad jalisciense”, pero no resaltó algún mérito relacionado con el quehacer periodístico, por lo que en estricto sentido el politólogo no reunía los dos requisitos principales para ser premiado: ser periodista y tener una trayectoria reconocida en ese campo profesional.

Tras el anuncio oficial del ganador, varios periodistas y académicos manifestaron su inconformidad y emitieron críticas a través de sus cuentas en redes sociales y en algunos medios locales. Pese a no haber argumentos sólidos que sustentaran la premiación para Javier Hurtado, este recibió el premio “Despertador Americano” el 9 de diciembre de 2015 en el Paraninfo Enrique Díaz de León, de la Universidad de Guadalajara, institución que presidió el Consejo Directivo ese año. Durante el acto de premiación el politólogo emitió un discurso plagado de justificaciones sobre por qué alguien que se dedica a escribir artículos de opinión merece ese reconocimiento.

El premio a Javier Hurtado desencadenó cuestionamientos a los miembros del Consejo Directivo (directores o representantes de medios y autoridades universitarias), por tener en sus manos la decisión final sobre la entrega del premio a la trayectoria periodística, y no tomar en cuenta la opinión de expertos externos, periodistas y ciudadanos.

Debido al episodio desencadenado en 2015, en 2016 el Consejo Directivo del premio, presidido por el ITESO, realizó cambios importantes a la convocatoria. En el caso del reconocimiento “Despertador Americano” añadió en los requisitos que el postulante demuestre con evidencias que tiene una trayectoria destacada dedicada al periodismo como actividad profesional principal, también se pide que esa trayectoria esté caracterizada por la “integridad” y la “honestidad”.

Por primera vez en la historia del premio, en 2016 se abrió la posibilidad para que los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil postulen trabajos periodísticos que consideren relevantes para la población. Otro de los cambios importantes fue que además del estímulo económico, los periodistas y estudiantes ganadores podrán recibir una beca para estudiar un curso o diplomado en alguna de las universidades patrocinadoras.

También fueron delimitadas las categorías del concurso a los géneros periodísticos de noticia, reportaje, crónica, entrevista y fotoperiodismo. En todos los casos se aclaró que los periodistas podían postular trabajos en “cualquier formato o medio”. Además, se especificó que los medios digitales participantes en cualquiera de los géneros debían tener su sede en el estado, contar con al menos un año de existencia, producción original y una periodicidad de publicación regular.

A lo largo de 20 años, el número de organizaciones que ha patrocinado el premio ha variado con frecuencia, aunque siempre ha sido respaldado por los medios de comunicación más importantes de la entidad y por la Universidad de Guadalajara. En la convocatoria de 2016 siete universidades y nueve medios apoyaron el premio, entre ellos solo dos periódicos, El Informador y El Occidental.

Además de la polémica que desató la entrega del premio a Javier Hurtado, dos reconocidas académicas que han participado como jurados en diferentes categorías del premio (cuyo nombre reservo a petición de ellas mismas), coincidieron en señalar que en las reuniones para valorar los trabajos y emitir el veredicto sobre quienes serían los ganadores, las opiniones de los dueños de los medios y de las autoridades universitarias suelen tener mucho peso, y aunque su opinión se escucha, “cuenta a medias”.

Este texto finaliza con un dato interesante: tras hacer una lectura crítica de los títulos de trabajos ganadores del premio estatal en el año 2000, se pudo comprobar que algunos de los asuntos que cubrían los periodistas hace 16 años son los mismos que en la actualidad: inseguridad, secuestro, corrupción e impunidad. Tres ejemplos: la nota para prensa escrita de Héctor David Dorantes “Presa por homicidio y por un testimonio inverosímil”; la nota para radio de Josefina Real “La industria del secuestro, un lastre en Jalisco”, y el reportaje de José Díaz Betancourt “Impunidad abierta: el trabajo de menores”. Lamentablemente, esto nos dice que el contexto real en el estado no ha cambiado mucho, seguimos padeciendo y viviendo los mismos problemas desde hace varias décadas.

 

[*] Frase atribuida a Javier Darío Restrepo, publicada en la cuenta de Twitter de Gumersindo Lafuente @sindolafuente, el 23 de noviembre de 2016.

 

[1] En una de las notas que localicé en El Informador y que se titula “Útil e indispensable la labor social de los periodistas: GCV”, p. 3–C, del lunes 23 de diciembre de 1991, se hace referencia a la edición número xv de ese concurso, por lo que puede deducirse que esos premios se entregaban desde los años ochenta. Nota consultada en pdf el 30 de agosto de 2016 en la hemeroteca digital del diario: http://hemeroteca.informador.com.mx/

[2] Nota sin crédito de autor publicada en la portada del periódico El Informador el miércoles 4 de septiembre de 1996. Consultada en pdf en la hemeroteca digital del diario: http://hemeroteca.informador.com.mx/

[3] Entrevista realizada a Cristina Morfín Ramírez el 20 de septiembre de 2016, en Guadalajara, Jalisco.

[4] Primera convocatoria del Premio Jalisco de Periodismo. Publicada en la página 9–D en el periódico El Informador el sábado 19 de octubre de 1996. Consultada en pdf en la hemeroteca digital del diario: http://hemeroteca.informador.com.mx/

[5]  Entrevista realizada a Cristina Morfín Ramírez el 20 de septiembre de 2016, en Guadalajara, Jalisco.

[6] Nota sin crédito de autor publicada en la portada del periódico El Informador, miércoles 23 de julio de 1997. Consultada en pdf en la hemeroteca digital del diario: http://hemeroteca.informador.com.mx/

[7] Nota sin crédito de autor publicada en la página 3–B del periódico El Informador el jueves 23 de agosto de 2001. Consultada en pdf en la hemeroteca digital del diario: http://hemeroteca.informador.com.mx/

[8] Entrevista realizada a Cristina Morfín Ramírez el 20 de septiembre de 2016, en Guadalajara, Jalisco.

[9]  Nota informativa sin crédito de autor titulada “En 2007 el ‘Emisario’ se renueva; la fecha límite para entregar los trabajos es el 20 de octubre”, publicada en la página 4–B de la sección Local del periódico El Informador el 14 de septiembre de 2007. Consultada en pdf en la hemeroteca digital del diario: http://hemeroteca.informador.com.mx/

[10] Nota informativa de Javier Espinosa titulada “Anuncian convocatoria del Premio Jalisco de Periodismo 2008” (S.F.). Publicada en línea en el sitio web de El Informador. Consultada el 12 de octubre de 2016 en: http://www.informador.com.mx/jalisco/2008/40845/6/anuncian-convocatoria-del-premio-jalisco-de-periodismo-2008.htm

La transición a la televisión digital terrestre

Magdalena Sofía Paláu Cardona

 

♫♫♫…Así como te quise, ahora te maldigo…♫♫♫”, se escuchó en la recámara de Martín la noche del 16 de diciembre de 2015. La música de la banda El Recodo se trasmitió por el canal 4 de televisión en Guadalajara durante su programa nocturno “Qué quiere la banda”. Como todas las noches, Martín sintonizó el canal para relajarse después de un largo y cansado día de trabajo. La melodía de la canción “Vas a llorar por mí” arrullaba su duermevela. De repente el sonido se trasformó en un shrrshrrhshsrr y la imagen en el chisporroteo de una serie de puntos blancos, negros, grises. La señal de televisión desapareció. Martín se quedó en silencio. Sin un decodificador o una televisión nueva él no pudo recuperar la señal en ese momento. Con seguridad a más de alguno de los habitantes de esta ciudad le pasó lo mismo que a Martín esa noche, la del apagón analógico, la de la transición a la televisión digital terrestre.

Lo que sucedió esa noche tiene algunos antecedentes. El primero, publicado en 2004, fue el Acuerdo de política de televisión digital que firmó el expresidente Vicente Fox Quesada y que estableció como plazo máximo para el cambio tecnológico en la televisión el año 2021. Posteriormente, el 2 de septiembre de 2010, el expresidente Felipe Calderón decretó el cambio para 2015. Por último, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto y en el contexto de reformas estructurales de sus primeros años de gobierno, el Congreso de la Unión aprobó y publicó el decreto en materia de telecomunicaciones que estableció el plazo definitivo para la transición a la televisión digital terrestre, también conocida como “apagón analógico”.

El apagón analógico es la transición que hace un país de la tecnología analógica de trasmisión y recepción de señales de televisión abierta (audio e imagen) a la tecnología digital. Ambas tecnologías requieren, para la trasmisión, de algún segmento de espectro radioeléctrico, pues la señal viaja a través de ondas electromagnéticas. La tecnología digital en señales de televisión se denomina televisión digital terrestre (TDT).

El cambio tecnológico requiere la adecuación o renovación tanto de los equipos trasmisores como de los equipos receptores, es por ello que se debe garantizar la inversión de los concesionarios de las frecuencias de televisión en la tecnología requerida para la trasmisión de señales digitales, así como la adecuación de los equipos receptores en cada uno de los hogares del país. Esta doble adecuación tecnológica, la instancia de la trasmisión o de los concesionarios y la instancia de la recepción o de las audiencias, es un proceso que requiere tiempo y dinero.

 

Lo establecido en la legislación: plazos, responsables y propósito

El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que estableció los lineamientos básicos para la transición a la televisión digital terrestre. En el artículo quinto transitorio de ese decreto se precisaron la fecha y los responsables para realizar el cambio de tecnología en México:

La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. Los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios. Los concesionarios y permisionarios están obligados a devolver, en cuanto culmine el proceso de transición a la televisión digital terrestre, las frecuencias que originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz (Presidencia de la República, 2013, artículo quinto transitorio).

Y en el artículo décimo sexto transitorio los legisladores expusieron una de las razones principales para el cambio tecnológico:

El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones de servicios inalámbricos al mayoreo, que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones […] ii. Contemplará el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz) (Presidencia de la República, 2013, artículo décimo sexto transitorio).

Con estas dos disposiciones se aclaró el panorama de una transición cuya fecha había sido previamente decretada y luego modificada durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.

El 14 de julio de 2014 se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR). Esta ley tiene diversos propósitos, entre los que se encuentran

[…] regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico […] la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores” (Presidencia de la República, 2014, artículo 1).

Como queda claro en lo dispuesto en el artículo 1, se conjuga en la lftr un imperativo tecnológico, es decir, el camino hacia la convergencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión y el reclamo de algunos sectores de la sociedad por lograr una real competencia y pluralidad, al menos en el sector de radiodifusión.

Adicionalmente, en el artículo décimo noveno transitorio de esta legislación se ratificó la fecha límite para la transición tecnológica de la televisión, se definieron los responsables y establecieron los criterios de cumplimiento requeridos para dar paso al apagón de señales de televisión analógica:

La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, implementará los programas y acciones vinculados con la política de transición a la televisión digital terrestre, para la entrega o distribución de equipos receptores o decodificadores […] El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá concluir la transmisión de señales analógicas de televisión radiodifundida en todo el país, a más tardar el 31 de diciembre de 2015, una vez que se alcance un nivel de penetración del noventa por ciento de hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social, con receptores o decodificadores aptos para recibir señales digitales de televisión radiodifundida […] Los concesionarios y permisionarios de televisión radiodifundida estarán obligados a realizar todas las inversiones e instalaciones necesarias para transitar a la televisión digital terrestre a más tardar el 31 de diciembre de 2015. El Instituto Federal de Telecomunicaciones vigilará el debido cumplimiento de la obligación citada (Presidencia de la República, 2014, artículo décimo noveno transitorio.

Así quedó establecido que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sería la responsable de atender la instancia de la recepción, es decir, las audiencias u hogares del país, con un criterio que implicó solo a aquellos hogares beneficiarios de alguno de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El entonces recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) quedó como responsable de la instancia de la trasmisión, es decir, de los concesionarios a los que se obligaba a realizar las adecuaciones de los equipos de trasmisión de todo el país.

 

Los implicados y sus acciones

La SCT, como se señaló, fue la responsable de garantizar que al menos 90% de los hogares en el país inscritos en programas de la Sedesol contaran con aparatos receptores adecuados a la señal digital. Ante esta responsabilidad la SCT tenía al menos dos opciones: entregar, como se hizo en otros países, aparatos decodificadores con un costo aproximado de entre 250 y 400 pesos cada uno o entregar televisiones digitales con un costo aproximado de 1,200 pesos cada una.

La SCT decidió, sin explicar las razones de tal decisión, avanzar por la vía más costosa, la entrega de televisiones. Asimismo, en enero de 2016 la SCT informó que había gastado 28,311 millones de pesos en el proceso de entrega de 10.2 millones de televisiones digitales a un costo de 2,400 pesos cada una (Martínez, 2016). Es decir, se invirtieron 24,480 millones de pesos en la compra de equipos receptores. Hasta esa fecha el dinero gastado en la gestión y operación del reparto fue de 3,831 millones de pesos, lo que significa que, al precio inicial de 2,400 de cada televisor entregado, hay que agregar 375.6 del costo de su entrega. A los mexicanos nos costó aproximadamente 2,775 pesos cada televisor que fue entregado y financiado con recursos públicos, un poco más del doble de lo que costaba una pantalla de 24 pulgadas en ese momento.

En la ley se le asignó esta tarea a una secretaría que depende directamente del Poder Ejecutivo, que entregó esos aparatos en pleno proceso electoral de 2015, en cajas con la leyenda “Mover a México”, que fue el slogan de campaña del presidente Enrique Peña Nieto; estas circunstancias hacen pensar que fue una entrega con fines electorales, para favorecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) el partido del presidente.

En el balance que la SCT realizó en enero de 2016, Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones de la SCT, justificó la inversión de 28,311 millones de pesos afirmando que, dado que las pantallas entregadas ahorran entre 60% y 70% de energía, en el transcurso de 10 años el ahorro en energía será de 30,000 millones de pesos (Martínez, 2016).

Los hogares de escasos recursos recibieron aparatos receptores, televisiones. Una franja significativa de los hogares, no inscritos en los programas de la Sedesol y sin capacidad económica para adquirir por su cuenta televisiones o decodificadores y sin información suficiente, se quedaron repentinamente sin señal. Las protestas de ciudadanos en los casos de Tijuana —primera ciudad con TDT y proceso “piloto” del apagón analógico— y  Monterrey demostraron que un segmento significativo de la población se quedó sin señal. La SCT reconoció que entre 10% y 15% de hogares que no pertenecen a los programas de la Sedesol se quedaron sin señal de televisión al 31 de diciembre de 2015 (Martínez, 2016).

El IFT, organismo autónomo, llevó la responsabilidad de determinar el calendario del apagón y verificar con los concesionarios el cumplimiento en la trasmisión de señales digitales. Al comienzo del proceso los grandes grupos empresariales de la televisión, Televisa y tv Azteca, señalaron públicamente que estaban listos para la transición. Para ello habían recibido algunos años antes, durante la gestión del expresidente Vicente Fox, frecuencias digitales o canales espejo que ya utilizaban para la trasmisión de señales digitales en las ciudades más importantes del país. Lo que nunca se hizo público es que los concesionarios solo hicieron las inversiones necesarias para la trasmisión digital de señales en esas áreas geográficas y no lo hicieron para dar cobertura a todo el país.

Es importante tener en cuenta que con señales analógicas la televisión abierta llegó a cubrir 98.8% de los hogares (IBOPE AGB México, 2010, p.8), mientras que, según fuentes oficiales, con la señal digital, al 31 de diciembre de 2015 alcanzó una penetración de alrededor de 87% de los hogares del país (Martínez, 2016).

Según información del IFT antes de la transición existían 698 estaciones de televisión analógica en el país. Para octubre de 2015 se habían autorizado 645 estaciones de TDT de las cuales 383 correspondieron a concesiones, 144 a permisos y 69 ya operaban con señales de TDT. Al menos 102 estaciones no habían comenzado siquiera el proceso de autorización y de las autorizadas no se reportó cuántas habían transitado efectivamente (IFT, 2015a).

Los concesionarios cumplieron a medias. En algunas áreas de cobertura —las menos interesantes en términos de ganancia económica por ser poblaciones pequeñas o con bajo poder adquisitivo— no se renovaron los equipos trasmisores y por ello todavía durante el año 2016 se mantuvieron con señal analógica.

En octubre de 2015 Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa, colocó en el debate público la necesidad de posponer la fecha del apagón analógico a diciembre de 2016 (García Soto, 2015), con el argumento de que grandes segmentos de la población no contaban con receptores adecuados. Algunos legisladores asumieron esa causa, pero la propuesta no prosperó del todo.

El 31 de diciembre de 2015, fecha en la que se suponía sería el apagón definitivo, el IFT publicó un acuerdo (IFT, 2015b) en el que se estableció que las estaciones y los equipos complementarios podrían continuar realizando trasmisiones analógicas de televisión radiodifundida. Se estableció el 30 de septiembre de 2016 como fecha límite para que concesionarios y permisionarios hicieran las inversiones necesarias para contar con equipos de trasmisión de TDT. Se acordó una nueva fecha, el 31 de diciembre de 2016, para el apagón definitivo en el país. Con la publicación de ese acuerdo se facilitó a los concesionarios que no habían invertido en los equipos complementarios mantener sus señales analógicas en operación.

 

Ventajas y desventajas de la transición a la televisión digital terrestre en México

Un análisis básico del proceso de transición a la televisión digital terrestre implica el reconocimiento de las ventajas y desventajas de tal proceso. Entre las ventajas del apagón analógico se pueden señalar las siguientes.

El reordenamiento del espectro radioeléctrico. Como se señaló antes, este es uno de los propósitos de la LFTR. Reordenar el espectro radioeléctrico significa la distribución de frecuencias, de las nueve bandas en las que se divide el espectro, alineando los usos con el segmento más adecuado del espectro. Esta tarea está bajo la responsabilidad del IFT. En el caso de la TDT implicó la reubicación y el reordenamiento de las trasmisiones de televisión abierta.

El uso eficiente de las frecuencias del espectro radioeléctrico. El paso de la tecnología analógica a la digital en la trasmisión de señales de televisión abierta facilita una utilidad mayor de la señal, como se hace a través de la técnica de multiplexado, que permite que varios canales “quepan” en donde antes lo hacía solo uno. Además, posibilita ofrecer servicios de información como el close caption e información adicional sobre los programas y su clasificación, entre otros.

Nuevos canales de televisión. Con el reordenamiento del espectro se abre la posibilidad de licitar nuevas frecuencias de televisión. Lo anterior podría significar mayor pluralidad y competencia; dependiendo de a quiénes se les asignen esas nuevas frecuencias.

Calidad de audio y video. La tecnología digital permite que las señales que se trasmiten y reciben cuenten con una mayor calidad de audio y video. Este beneficio fue muy publicitado en las campañas informativas que gestionó el IFT.

La liberación de la banda de 700 MHz. Con la transición a la TDT y la reubicación de las señales de televisión abierta se libera la banda de 700 MHz que es más adecuada para el funcionamiento de una red de telecomunicaciones que implique acceso a banda ancha y diversos servicios de telecomunicaciones.

Una red compartida. Con la banda de 700 MHz despejada se abre la posibilidad de construir una red compartida de inversión público privada, con lo que se busca permitir el acceso a la Internet a las zonas más remotas y desconectadas del país. El proceso de licitación de esta red compartida ha tenido un retraso significativo y durante 2016, año en que se llevó a cabo el proceso de licitación, dos competidores contendieron. Hasta noviembre de 2016 no se había adjudicado aunque todo parecía indicar que la alianza entre Axtel y Megacable sería la ganadora.

Como se puede observar, este listado de las ventajas que conlleva la transición a la TDT está basado casi exclusivamente en los argumentos derivados del desarrollo tecnológico en sí mismo. La otra cara de la moneda, las de las desventajas, se sustenta en la forma de llevar adelante el proceso y la gestión específica con la que se desarrolló en nuestro país. Se presenta a continuación un listado de esas desventajas o problemas suscitados en el proceso de transición a la TDT en México.

El plazo. Como se señaló antes, el decreto constitucional que fijó la fecha definitiva del apagón analógico se publicó en el verano de 2013 y, hasta septiembre de 2014 se hizo público el documento “Política para la transición a la televisión digital terrestre” (IFT, 2014). El plazo para cumplir con lo establecido legalmente fue de un año y medio; este plazo para conseguir la renovación de tecnología, tanto de trasmisores como de receptores, al final resultó corto y por ello el apagón definitivo se pospuso a diciembre de 2016.

Sin señal. Al establecer ese plazo se corrió el riesgo de que amplios segmentos de la población no contaran con decodificadores o televisiones capaces de recibir la señal digital. En efecto, la propia SCT reconoció que entre 10% y 15% de los hogares en el país se quedó sin señal de televisión al cumplirse el plazo del 31 de diciembre de 2015 (Martínez, 2016).

Afectaciones al medioambiente. La transición a la TDT y el cambio de tecnología implican que los aparatos receptores analógicos  queden en desuso. Al comienzo del proceso se estimaba que existían 40 millones de televisiones analógicas en el país. Desechar esos aparatos representaría un problema medioambiental significativo dado que contienen materiales compuestos de metales pesados que son especialmente contaminantes. La mayor parte de la población no se deshizo de sus aparatos analógicos a lo largo de 2014 o 2015, sin embargo, los pocos que lo hicieron ya han implicado problemas en la gestión del confinamiento de esos aparatos. El mayor problema será, muy probablemente, el descarte hormiga. La población se va a deshacer de sus aparatos viejos poco a poco y no de forma masiva, como se pensaba. Esto impedirá que se controle el proceso de confinamiento. Se han reportado ya casos de televisores descartados en la vía pública, es decir, ciudadanos que deciden abandonar los aparatos en cualquier lugar en vez de llevarlos a los sitios dispuestos por la Secretaría del Medio Ambiente para su adecuado confinamiento.

Los marginados. El que los concesionarios no renovaran los equipos, sobre todo aquellos complementarios o que sirven a poblaciones pequeñas o con bajo poder adquisitivo, dejó fuera, temporalmente, a los habitantes de esas poblaciones de los publicitados beneficios de la TDT.

Gasto de recursos públicos. El gasto de 28,311 millones de pesos de recursos públicos para proveer gratis a un tercio de los hogares del país del equipo adecuado para la recepción de señales digitales (Martínez, 2016) no quedó, bien a bien, justificado. También es cuestionable la equivocada y opaca decisión del Gobierno Federal de entregar televisores nuevos en vez de equipos decodificadores, que hubieran representado un tercio del costo de las televisiones.

El uso electoral de la entrega de televisores digitales. La entrega de pantallas resultó, evidentemente, más atractiva para los beneficiarios de los programas de la Sedesol. Una vez más esos programas sociales operaron como forma de control de un voto favorable al PRI. Muchas de las pantallas se entregaron durante el proceso electoral de 2015 en el que se renovó la Cámara de Diputados. El PRI obtuvo 207 diputados y es la organización política con más legisladores en la cámara, le sigue el Partido Acción Nacional con 110 diputados.

La falta de información para el grueso de la población. Aunque el IFT realizó campañas para informar a la población respecto de la transición a la TDT y obligó a los concesionarios a insertar mensajes informativos, al parecer no fue suficiente el esfuerzo. Probablemente la desinformación de la población se debió al corto tiempo entre el lanzamiento de las campañas publicitarias y el efectivo apagón en cada localidad.

La opacidad. La falta de transparencia en la licitación de proveedores de los aparatos receptores que se entregaron y en el uso de los recursos públicos comprando pantallas al doble de su precio ordinario es un asunto que no ha quedado del todo claro. Los gastos operativos de la entrega de televisiones implicaron una erogación considerable, de 3,000 millones de pesos. Durante 2016 se publicaron notas informativas en la prensa señalando las irregularidades en el reparto de televisiones a los beneficiarios de programas de la Sedesol.

 

El apagón en el estado de Jalisco

Las áreas de cobertura que corresponden a los núcleos poblacionales más grandes como el área metropolitana de Guadalajara y sus ocho municipios, además de Atotonilco el Alto, Autlán de Navarro, La Barca y Ciudad Guzmán realizaron el cambio de tecnología el 16 de diciembre de 2015. En Ciudad Guzmán quedó pendiente apagar la señal analógica del canal del Gobierno del Estado. Puerto Vallarta concluyó las trasmisiones analógicas el 31 de diciembre, allí se apagaron cuatro de las cinco señales analógicas. También quedó pendiente el canal del Gobierno del Estado de Jalisco.

Sin embargo, extensas áreas geográficas del estado no llevaron a cabo la transición, debido a que los concesionarios no modificaron sus aparatos trasmisores o porque no se alcanzó la meta de 90% de beneficiarios de programas de la Sedesol con aparatos receptores adecuados.

El recuento de señales, concesionarios y municipios que permanecieron con señales analógicas, al menos durante 2016, se presentan en la tabla 2.1.

Como la tabla lo muestra, se mantuvieron con tecnología analógica 16 señales de televisión de seis concesionarios. De las 16 señales que en 2016 operan en Jalisco con tecnología analógica dos pertenecen al Gobierno del Estado de Jalisco, dos a Televisión Azteca y 12 a Grupo Televisa. La empresa más beneficiada con el aplazamiento para el apagón analógico en el estado de Jalisco fue Televisa.

La tabla 2.1 también muestra los 36 municipios del estado de Jalisco a los que llegan las señales que no realizaron la transición a la TDT. Si consideramos la información presentada por el IFT encontramos que 12 municipios realizaron la transición en diciembre de 2015 y 36 municipios la realizarán en diciembre de 2016. De 77 municipios no se tiene información. El supuesto es que esos municipios no cuentan con estaciones repetidoras y que sus señales de televisión dependen de municipios contiguos. También puede ser que algún municipio no cuente con señales de televisión.

El que 16 señales de televisión en Jalisco, como muchas otras en el resto del país, no estuvieran preparadas con equipos trasmisores para emitir señales digitales llevó a que el IFT ampliara el plazo a concesionarios y a la SCT para realizar el apagón hasta el 31 de diciembre de 2016.

Por otro lado, en octubre de 2016 se realinearon los canales en todo el país. Para el área metropolitana de Guadalajara el arreglo numérico de canales de la TDT quedó como se aprecia en la tabla 2.2.

El cuadro de asignación de señales nos permite ver que en noviembre de 2016 se pueden sintonizar 14 señales de televisión abierta y al menos 16 canales distintos, ya que tres de ellos tienen autorización de multiplexado y por ello podemos sintonizar Onceniños y c7 Cultura. La distribución por concesionario muestra que se sintonizan ocho canales comerciales, de los cuales cinco son de Televisa, dos de tv Azteca y uno de Imagen tv. Los ocho restantes son canales de televisión públicos. Un elemento más que muestra esta tabla 2.2 es que la mayor parte de las señales de televisión que se ven en el área metropolitana de Guadalajara se producen en la Ciudad de México. De los 16 canales antes referidos, solo tres se producen en Jalisco, a saber, c7 Jalisco, Canal 44 y gdl Contigo. Dos más tienen programación mixta, parte producida en Guadalajara y otra parte en la Ciudad de México, es el caso de Azteca 13 y de Masvisión.

 

Una reflexión final

El cambio tecnológico en la televisión puede significar una oportunidad para el mejor uso del espectro radioeléctrico y para generar mayor competencia y diversidad en los contenidos que se difunden masivamente a la población.

Si se logra una convergencia real y todos los concesionarios avanzan hacia la concesión única que estableció la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, quizá se alcance una competencia plena en términos de la infraestructura para hacer llegar los servicios de telecomunicaciones, la trasmisión de contenidos de audio y video —radiodifundida o a través de la Internet—, el acceso a la Internet y otros servicios interactivos como telefonía fija, telefonía celular, televisión de paga, servicios que podrían ser ofrecidos por una mayor diversidad de empresas, dado que la tecnología digital lo permite.

También hay que señalar que se pierde el control centralizado sobre los contenidos, es decir, sobre la definición de la realidad social, política y económica. Aunque esto no se debe a la transición de la tecnología con la que se difunden las señales de televisión sino al avance tecnológico en su conjunto, que da acceso a amplios grupos de la población a diversas fuentes de información y con ello a diversas formas de entender e interpretar la vida sociopolítica del país. Atrás quedaron los tiempos en los que la visión única, difundida por Televisa, modelaba las formas de comprender la situación de nuestro país.

Queda como reto el real uso eficiente del espectro radioeléctrico. El principal desafío es para quienes están pugnando por obtener la concesión de la red compartida. Esas empresas deberán garantizar que los lugares y poblaciones más alejadas tengan un real acceso a los servicios de telecomunicaciones, como lo mandata el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La sociedad tendrá que seguir atenta a las decisiones que al respecto tomen las autoridades, fundamentalmente el IFT.

 

Referencias

García Soto, S. (2015). “Con el apagón, qué grillas suceden…”, El Universal. México, 22 de octubre de 2015.

IBOPE AGB México (2010). Anuario 2009–2010 Audiencias y Medios en México. IBOPE AGB, México.

Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT (2014). “Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre”, en Diario Oficial de la Federación. México, 11 de septiembre.

Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT (2015a). “Televisión Digital Terrestre. Avances en la transición”, IFT, México, consultado en: http://www.tdt.mx/docs/avances/avances/Avances12112015.pdf, el 4 de octubre de 2016:

Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT (2015b). “Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones establece las estaciones y equipos complementarios que deberán continuar realizando transmisiones analógicas de televisión radiodifundida de acuerdo con los supuestos normativos contenidos en los párrafos séptimo y octavo del artículo décimo noveno transitorio del Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, en Diario Oficial de la Federación. México, 31 de diciembre.

Martínez, C (2016). “SCT: Se justifica con ahorro de energía entrega de pantallas», en.” El Universal, México, 22 de enero.

Presidencia de la República (2013). “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones”, en Diario Oficial de la Federación. México, 11 de junio.

Presidencia de la República (2014). “Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, en Diario Oficial de la Federación. México, 14 de julio.