Por Marylú Vallejo Bárcenas
En la guerra contra el narcotráfico, los periodistas están perdiendo la batalla. México se convirtió en el peor lugar para ejercer esta profesión de acuerdo con diversas organizaciones internacionales. En los últimos 18 meses se han registrado 17 muertes de reporteros relacionadas con la delincuencia organizada y el número aumenta, casi un deceso por mes, según datos de la Fundación Manuel Buendía.
Amenazas verbales, agresiones físicas, desapariciones, atentados con granadas, asesinatos; en total 360 ataques a periodistas desde el año 2008. Tres veces más de lo registrado el año anterior. Y frente a esta realidad, la impunidad queda descubierta. Las procuradurías se pasan la “bolita”, las investigaciones no avanzan y la violencia continúa.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hasta agosto de este año, Tamaulipas era el estado más peligroso para ejercer el periodismo, con un total de nueve homicidios, seguido de Chihuahua que presentó siete. Estos dos estados coinciden, además, en dos características: son frontera con Estados Unidos y se han convertido en puntos clave para el enfrentamiento entre grupos delictivos y gobierno.
La delincuencia organizada tiene dominados los estados del norte; Alberto Osorio Méndez, reportero de Proceso Jalisco y anteriormente corresponsal de “Noticieros Televisa”, recuerda que en un viaje a Tamaulipas, periodistas de ese estado platicaban que no pueden ni entrar a los antros durante su tiempo libre, pues las amenazas son tan evidentes que los “patrones” les mandan botellas para que se vayan del lugar: “ahí, los reporteros se callan porque saben que si llegan con una nota que cause ruido, atentan contra su vida y la redacción prefiere que no se maneje”, comenta.
En los demás estados de la República mexicana las cifras no son alentadoras, seis atentados en Veracruz, cinco en Guerrero, cuatro en Michoacán y Oaxaca, tres en el estado de México, tres en Durango, dos en el Distrito Federal, dos en Sinaloa, uno en Baja California, uno en Chiapas, uno en Sonora, uno más en Tabasco y uno en el estado de Jalisco. En cuanto a las desapariciones, la CNDH notificó dos en Michoacán, dos en Nuevo León, una en Coahuila, una en Sonora y una en Tabasco, así como dos ataques con explosivos a oficinas de medios en Quintana Roo, uno en Yucatán, en Tamaulipas y en Sinaloa respectivamente.
¿Es México el país más peligroso para ejercer el periodismo? Si bien México no se encuentra en un estado de guerra como en el caso de Irak, las condiciones de seguridad brindadas por el gobierno y la misma sociedad no son las más favorables. Para Alberto Osorio Méndez, periodista dedicado por mucho tiempo a cubrir las notas de violencia y narcotráfico, quienes corren peligro como periodistas son los que cubren la nota policial, lo anterior es consecuencia, afirma, del rumbo que lleva toda la estrategia del gobierno federal denominada “guerra contra el narcotráfico”.
Por otra parte, Rodolfo Madrigal Castro, actual responsable de cubrir la fuente de seguridad para el periódico Público-Milenio, afirma que la mayoría de los periodistas que han sufrido algún tipo de atentado generalmente están involucrados con su fuente: “En las investigaciones que se han desprendido de diferentes asesinatos, amenazas y otro tipo de agresiones contra periodistas siempre resulta que existe un vínculo con la fuente. Yo diría que sí existen condiciones para desarrollar el trabajo periodístico pero bajo las reservas del propio periodista”, aclara.
En este escenario, México está en la mira internacional, el número de agresiones aumenta, por lo menos hasta que la “Guerra contra el narcotráfico” e incluso las propias batallas entre la delincuencia organizada cesen; el número incrementará hasta que no existan las condiciones legales, éticas, civiles, morales y humanas que protejan al periodista.
La guerra intestina: Jalisco
Durante muchos años, Jalisco fue considerado como un lugar de paso para el tráfico de drogas, así como para la residencia de familiares, hijos y mujeres de los principales capos del narcotráfico, varios de ellos presos en el penal de Puente Grande. Esto hizo del estado una zona de resguardo para el emplazamiento de los distintos grupos del hampa, pese a colindar con otros estados que tienen fama de estar coludidos con el narco como Michoacán, Aguascalientes y Zacatecas. Pero desde hace aproximadamente cinco años el panorama cambió.
De acuerdo con Alberto Osorio, una coyuntura importante para que comenzara a desarrollarse este fenómeno en Jalisco fue el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, pues se cerraron las fronteras con Estados Unidos y el mercado de tráfico de drogas se reacomodó en la República mexicana. Otra de las razones es la baja de precios en las drogas: “hay lugares aquí en Guadalajara donde por diez pesos consigues la droga para los niños callejeros”, afirma. Estos dos factores sazonados con el fortalecimiento de diversos grupos del hampa, como Los Zetas, que vieron en Jalisco una zona propicia para el tráfico de drogas, son las causas para la reestructuración del narcotráfico en Jalisco.
La batalla apenas comienza: el ejercicio periodístico en Jalisco
En marzo de este año, Miguel A. Casillas Baeza, director general del Diario de los Altos, fue amenazado en tres ocasiones por presuntas autoridades locales. El primer acto de hostigamiento fue el 16 de marzo cuando fue intervenido su correo electrónico, además de que bloquearon el acceso a los colaboradores de su diario. En la segunda amenaza recibió un correo electrónico que decía: “Cuidado!!! Hoy el secuestro fue del korreo elektrónico del medio kuidado kon lo ke publican no queremos lastimar a nadie. Saludos desde el congreso de Jalisco de un amigo que te quiere mucho y te vigila con ansia de encontrarte. Yunque Jalisco [sic].”
Tras las dos amenazas, Miguel Casillas presentó una denuncia ante el Ministerio Público y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al día siguiente recibió una llamada de un hombre que se identificó como integrante de Los Zetas y quien lo amenazó: “Señor Casillas, sabemos quién es usted, sabemos dónde vive, sabemos cómo se mueve, sabemos quién es su familia y que-remos saber cómo piensa colaborar con nosotros… no se quiera pasar de listo, dígame qué piensa hacer por nosotros… no se pase de listo quiero una cantidad al mes, una cantidad de dinero, la pone usted o la pongo yo… corre peligro a partir de ahora, usted y su familia, más vale que coopere”. Este es el único caso registrado en Jalisco (Fuente: Centro Nacional de Comunicación Social, AC).
Frente a una guerra en donde el periodismo se vuelve un blanco más, el manejo de las notas policiales ha cambiado, incluso en la manera de obtener información. Para Rodolfo Madrigal, una prueba de esto es la obstrucción de la frecuencia radial por parte de la Cruz Roja cuando hay confrontaciones entre capos. Antes los reporteros que cubrían la fuente tenían acceso a esta frecuencia, ahora, cuando se trata de una balacera en donde está inmiscuido el crimen organizado, les bloquean la señal radial y sólo les avisan por Nextel: “en la balacera del 9 de agosto en Magdalena, la cual fue resuelta, se nos avisó por el Nextel, esa frecuencia no se escuchó por el scanner que traemos.”
Otro cambio muy notorio es la importancia de las notas. Hace cinco años, un ejecutado en Jalisco era noticia de primera plana. Ahora es normal encontrar portadas con más de tres cabezas o ejecutados por nota. La violencia incrementa y el público se acostumbra. Un ejemplo de esto es el tratamiento que se le dio a lo ocurrido el pasado 28 de agosto en el municipio de Colotlán, en donde la mayoría de los titulares de los diarios locales aparece el número de muertos: “Mueren cinco policías estatales en emboscada” (El Informador); “Dejan dos enfrentamientos cinco policías muertos en Jalisco” (Público-Milenio); “Emboscada en Santa María de los Ángeles; fallecen cinco policías y un civil” (La Jornada Jalisco).
En muchos de los diarios se opta por omitir el nombre del periodista cuando se tocan temas involucrados con el narcotráfico. “El periódico no te dice: no firmes esta nota. Se hace una junta previa y si la nota es fuerte e importante, se determina, por seguridad del periodista, si se debe firmar o no”, afirma Madrigal.
Mientras que en estados del norte los reporteros están obligados a portar chaleco antibalas e ir en caravana, en Jalisco las medidas de prevención no llegan a tal grado: “El operativo policial en Magdalena duró nueve horas con tiroteos continuos. Los reporteros que estábamos ahí, a 500 metros de donde sucedió, sí nos resguardamos en unos camiones blindados del Ejército que estaban cerca, pero sin mucha protección”, recuerda Rodolfo Madrigal.
Los reporteros ya identifican las advertencias de peligro en la escena del crimen: los policías no quieren dar información, hablan en códigos como “hay halcones”, “la última letra del abecedario”, “es que si te digo tendrías que decirme todo el alfabeto”, refiriéndose al grupo delictivo de Los Zetas. Las situaciones de riesgo se vuelven tan evidentes que los mismos periodistas huelen el peligro y, muchas veces, callan. Y muchas otras, cuando deciden hablar, las autoridades los ignoran.
Alberto Osorio recuerda: “Proceso, en octubre del año pasado, estaba advirtiendo: vienen Los Zetas. Antes de ello presentamos una investigación de lo que estaba pasando en la franja de los límites con Zacatecas y Aguascalientes en donde la actividad era muy fuerte. No digo que no se haya hecho caso por parte del gobierno, pero sencillamente no se respondió, no se valoró hasta dónde era el asunto de gravedad. Advertimos de las amenazas que había hacia la familia del gobernador del estado y me imagino que sí respondieron inmediatamente, pero en términos informativos ellos diluyeron la situación y los medios de comunicación, salvo Proceso, prefirieron guardar silencio”.
Sin embargo, ante la lucha que se vive en el país, resulta imposible guardar silencio. Los medios son portadores de la información que los cárteles o el gobierno quieren comunicar durante la batalla. Se vuelven parte de la guerra, intermediarios de los mensajes. Su armamento.
Los medios del enemigo
Ejecutados, cabezas, cuerpos mutilados, torturados. En la nota diaria de los periódicos, la televisión y la radio, no puede faltar este elemento que, a su vez, siempre lleva consigo un “boletín informativo”: los narcomensajes. Los medios de comunicación se están convirtiendo en un intermediario más para los capos. La estrategia es clara por parte de las fuentes delictivas: intimidar.
“La comunicación de ellos es dejarte mensajes. Las cinco cabezas encontradas en Ixtlahuacán del Río los traían. En los medios de comunicación, muchos de nosotros seguimos una política de no publicar ese tipo de mensajes, pues nos toman como un medio para ‘calentar’ a los demás grupos”, afirma Madrigal.
Pero poco a poco los espacios para el “batallón contrario” se vuelven más abiertos. El 15 de julio de este año, un supuesto miembro de la organización delictiva La Familia, que se identificó como Servando Gómez Martínez alias “La Tuta”, llamó al programa “Voz y Solución”, del canal michoacano CB Televisión para tratar de llegar a un acuerdo con el Gobierno Federal. Ante esta situación, más allá de conocer con certeza si fue o no realmente “La Tuta” quién habló aquel día, surge la pregunta: ¿hasta qué punto los medios de comunicación deben abrir sus espacios para los narcotraficantes?
Por otra parte, existen casos como el del semanario Proceso que ponen en duda el funcionamiento de las estructuras gubernamentales. El 29 de julio de 2009, en las instalaciones de la Policía Federal en Iztapalapa, el jefe de la División Antidrogas de esta corporación, Ramón Pequeño, realizó una conferencia de prensa para presentar a seis presuntos integrantes de la organización criminal La Familia. En las imágenes que mostraron al día siguiente los medios de comunicación, lo que resalta no son los capturados sino la enorme mesa frente a ellos con objetos decomisados: armas, carteras, llaves, dinero en efectivo y los números 1705, 1707, 1708 y una Edición Especial de la revista Proceso.
En la grabación de la Secretaría de Seguridad Pública que dura aproximadamente tres minutos, uno de los presuntos líderes de la organización delictiva, Armando Quintero Guerra, alias “El Licenciado”, afirmó que la revista Proceso fue utilizada varias veces por Los Zetas. El semanario presentó una denuncia ante la CNDH en contra de la Secretaría de Seguridad Pública y su titular, Genaro García Luna.
Para Alberto Osorio, quien trabaja en el semanario, “es muy lamentable, están poniendo a Proceso, la revista más importante del territorio nacional en la cobertura informativa, como partícipe de un hecho delictivo y no sólo delictivo, sino ligado a una de las bandas más peligrosas, con la intención de hacer ver mal a un medio que ha sido uno de los principales críticos a las autoridades, que constantemente exhibe sus fallas y sus excesos. Entiendo que Proceso puso una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y creo que fue lo correcto”.
Una semana después, en la tribuna del Congreso de la Unión, el diputado perredista Javier González Garza, leyó una propuesta de un punto de acuerdo para dar prioridad a “las denuncias de la prensa”. El 18 de agosto, la Comisión Permanente el Congreso de la Unión aprobó, con votación unánime, el punto de acuerdo que exhorta a Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a “tomar las medidas pertinentes e implementar los programas y acciones necesarios a fin de garantizar la integridad y seguridad de comunicadores, periodistas, reporteros, editorialistas y equipo de producción de los medios de comunicación nacionales e internacionales que laboran en nuestro país, especialmente aquellos del semanario Proceso.”
“La comisión dictaminadora coincidió con la propuesta promovida por los diputados Javier González y José Suárez del Real, pero profundiza y subraya que para la Secretaría de Seguridad Pública ‘debe ser prioridad la protección de la integridad y seguridad de todos los medios de comunicación y, especialmente, del semanario Proceso’. También solicitaron a la CNDH que, en la medida de sus posibilidades, ‘priorice las investigaciones relacionadas con denuncias realizadas por medios de comunicación, comunicadores, periodistas o editorialistas’.” (Disponible en: www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=71668)
¿Cuánto durará la guerra?
Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se abrió la caja de pandora del crimen organizado, y con ello se rompió una burbuja de protección tanto en el estado de Jalisco como en el resto de la República mexicana. No sólo los periodistas se encuentran debilitados por la batalla a la que se enfrentan, también la ciudadanía vive las agresiones de esta lucha.
Es necesario un escudo para todos los reporteros que arriesgan su vida día con día para entregar la nota. No se puede salvaguardar la vida de los periodistas sólo con un chaleco antibalas o resguardándolos detrás de un camión blindado. Es de suma importancia proveer leyes que sean capaces de cumplir las garantías de los reporteros tanto por su labor profesional como su integridad humana. Es necesario respetar el derecho a la libertad de expresión, concientizarnos como ciudadanos, ejercer el periodismo éticamente, salvaguardar los derechos humanos de los reporteros y de las personas involucradas. Y así, tal vez, se podrá ganar la guerra.
