Por Rossana Reguillo Cruz
Sin medios de comunicación democráticos, éticos y comprometidos con el país no hay democracia posible. Hoy como nunca, cuando la construcción de lo público pasa centralmente por el “ágora” que los medios constituyen y representan, resulta fundamental un ejercicio periodístico honesto y comprometido con su propio quehacer: informar, es decir, no sólo dar cuenta del acontecer, sino contribuir con su ejercicio a la formación de opinión pública. Sabemos bien que muchos medios, canales, frecuencias, sitios, no se traducen necesariamente en mejor información o en más democracia, porque lamentablemente mucho del boom mediático obedece a que los poderes fácticos son conscientes de que contar con sus propios medios o, por lo menos, con alianzas estrategias con algunos de ellos, es clave para impulsar proyectos interesados.
En uno de los capítulos más vergonzosos de su historia, el periodismo democrático en Jalisco enfrenta hoy la responsabilidad de deslindarse y alzar su voz crítica en contra del retorno (si es que se había retirado) del “periodismo de infiltración” que con motivo de la ola de protestas, marchas, críticas y molestia activa de la ciudadanía, protagonizó el diario El Informador, en Guadalajara, el pasado 4 de septiembre de 2009.[1]
Con una nota, un editorial y un gráfico, el diario aludido, deja muy claramente establecido que está dispuesto a hacer el trabajo “limpio” (es decir, aquél que no requiere toletes ni represión directa) tanto de los poderes formales como de los fácticos, en la creciente espiral de la criminalización de la protesta ciudadana.
Disfrazada de información, la nota, editorial y gráfico, se colocan decididamente del lado de la peor prensa colaboracionista, que se abroga el derecho de descalificar y lo que es peor, judicializar a sujetos y organizaciones, actuando como un poder paralelo al judicial y estableciendo “causa” sin más autorización que aquella que les da su poder mediático, que por falta de una legislación moderna y democrática (impedida por esos mismos poderes en contubernio con lo peor de la clase política del país), les permite seguir operando impunemente.
A reserva de un análisis en profundidad (porque el caso lo amerita), quisiera detenerme por ahora en tres elementos que considero los más graves, porque el asunto mismo es de gravedad nacional, no sólo local. El primero de ellos tiene que ver con la audacia “periodística” del medio que se atreve, parapetándose tras de una supuesta “investigación hemerográfica y un seguimiento” [sic], a presentar las fichas de diez personas (todos hombres), con datos que a todas luces son filtrados y que operan sobre la base de un supuesto no sólo estúpido sino peligroso: su perfil de agitadores profesionales “se prueba” porque varios de ellos participan o han participado en diferentes causas y han estado vinculados a organizaciones partidistas, sindicales u otras organizaciones. Así, el principio para considerar legítima la protesta es la causa única y un perfil claramente social (líderes sociales por aquí, líderes políticos, por allá; como pasó en el Chile post Allende). Sólo será válido escoger de por vida una causa y sólo una y una vez habiendo asistido a una marcha se queda incapacitado de por vida para participar en un partido o sindicato. Si la ciudadana o ciudadano decide participar en contra del puente atirantado y se lo detecta protestando contra la contaminación en El Salto, eso lo volverá sospechoso, por poner un ejemplo. Este supuesto, no sólo demuestra la ceguera y desconocimiento del o los “periodistas”, jefes de información y directivos del periódico de lo que es y significa el activismo social, sino una peligrosa aduana al libre ejercicio del derecho a manifestarse. Si no fuera por la gravedad de lo que hay detrás de este “periodismo”, sería cómico que al diario le parezca parte de un perfil relevante, que uno de los reconocidos (y ya juzgados, por el diario) como agitador profesional, sea por ejemplo dueño de una fábrica de ropa (ni siquiera se tomaron la molestia de limpiar las fichas para volver más creíble que eran producto de su trabajo hemerográfico). La edición es un asunto clave, aquí, que conectaré más adelante con el tercer aspecto y más grave de todo esto.
El segundo asunto, se deriva del burdo y grotesco gráfico llamado “perfil del agitador”. Se trata de una silueta (de las que pueden bajarse de internet) de un hombre que porta una pancarta que dice “no a todo”, tiene birrete (para marcar que “cuentan con estudios superiores, la mayoría de universidades públicas”), unas esposas (como evidencia de que “llegan a tener antecedentes penales por fraude o violencia” y un símbolo de dinero (que hace alusión a que “son de clase media”. Esa es la parte gráfica, en la parte “interpretativa” que es en realidad una sumatoria de calificaciones estereotipantes, se pueden leer entre otras “delicias”, que el agitador profesional está sistemáticamente en contra de toda propuesta oficial (a este respecto no veo propuesta oficial en el caso de El Salto, por ejemplo); “tienen antecedentes de ser activos en causas estudiantiles”; y, entre otras cosas, intentan “liderazgo social”. Cierra la pinza, el que la figura porta una camiseta negra con los logotipos de muchos partidos y una flecha que señala que “están profundamente politizados” y, un letrero de voto por voto, la caricatura de AMLO y la interpretación “periodística” señala que: “presumen de tener un pensamiento de izquierda (simpatizan con AMLO)”. Disculparán lo detallado de la descripción del gráfico, pero su contenido es ya en sí mismo una verdadera pieza semiótica de los asuntos que preocupan a los emisores de la nota (voy a saltarme los procedimientos analíticos, por ahora, pero he utilizado dos métodos distintos: Greimas y Barthes). Mezcle usted los ingredientes de este perfil y tendrá como resultado una cadena de significantes en una secuencia simbólica que va más o menos así: educación, activismo estudiantil, clase media, liderazgo social, resultan en: pensamiento de izquierda, altamente politizado, antecedentes penales y simpatía por AMLO. Si aislamos los elementos significantes de la cadena, en el principio y en el final, tenemos como resultado: educación superior (universidad pública)/AMLO, igual a perfil de agitador profesional. Nada mal, para una “investigación hemerográfica” y un burdo gráfico. La pinza se cierra y el “enemigo” es fácilmente reconocible. La edición, vuelve a ser un asunto clave aquí.
Y, finalmente (por ahora), me queda un aspecto a comentar, el uso amañado de la voz experta. Presentar fichas de “inteligencia gubernamental”, en directo, no es, aun para El Informador, una acción del todo adecuada, por lo que el diario se dio a la tarea de ubicar a dos profesores e investigadores, con experiencia en activismo social. Sabemos a estas alturas que uno se ha deslindado públicamente de la nota y él otro, está por hacerlo. Es evidente que las “opiniones” de estos expertos insertadas en la nota, pretenden revestirla de un carácter informativo y neutral: hacer decir al otro, lo que el periodista o la fuente quiere decir, es lamentablemente una práctica común en cierto tipo de periodismo, que se parapeta tras la voz del experto para darle verosimilitud a sus dichos. Por tanto, es más que evidente, que estamos no ante una “inserción pagada”, claramente identificable para el lector, sino fren-te al uso amañado y mezcla de ingredientes, que supone trabajo de edición, lo que vuelve más grave, periodística y socialmente lo sucedido. “Si el periodista oculta al público que el texto publicado proviene de un dossier filtrado, está escondiendo un dato muy importante y que tiene relación directa con el contenido de la información ya que, de alguna forma, las revelaciones publicadas forman parte de una maniobra protagonizada por personas, o entes, que tienen un interés especial en que sean difundidas” (http://www.ehu.es/zer/zer2/9artcami.html).
El Informador, complementa su trabajo con un editorial muy preocupante que se alinea a las recientes declaraciones del Secretario de Gobierno, Fernando Guzmán en el sentido de que ya no se tolerarán más manifestaciones en la entidad. Dice la voz editorial del diario, en su párrafo final: “Si la autoridad conoce el perfil de estos “líderes”, a quienes se les ve en todo tipo de manifestación; si incluso cuenta con un padrón de ellos, es inexplicable que no proceda, haciendo uso de sus facultades legales, para ponerles un freno y evitar así que continúen dañando a la sociedad. Simplemente, la aplicación estricta de la ley”. Cierre magistral, si no fuera por un detalle, El Informador, asume que la autoridad cuenta con un padrón de los líderes, llama la atención entonces, que la voz de la autoridad en la nota “informativa”, sea invisible y el periodista o editor, no haya considerado relevante, “entrevistar” a algún actor gubernamental. Pero más allá de la gravedad periodística, lo de El Informador, es un llamado en blanco y negro, a la represión y un precedente para ablandar a la opinión pública en la antesala de la represión generalizada.
Por ello, considero, como analista y estudiosa de la comunicación (entre otros temas), que es deber del periodismo democrático y ético del estado y del país, salir a la luz pública, en un intento de autorregulación ética para marcar una posición crítica y establecer un deslinde. Mientras sigamos pensando que la responsabilidad es sólo de los “dueños” de los medios, nada habremos avanzado en las causas justas del país y no se trata de simpatizar o no, con los involucrados en la nota, ni con las causas sociales que defienden o han defendido, se trata de la defensa a ultranza de la libertad de manifestación y el derecho a una información veraz y ética.
[1] “Protestas, botín de agitadores”. El Informador: 2009. Consultado el 25/11/09. Disponible: http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/134748/6/protestas-botin-de-agitadores.htm