Por Oscar Franco León
El 3 de abril de 2010 era Sábado Santo. Días antes, el Gobierno de Jalisco anunció que aquella sería la última Semana Santa de Temacapulín, pues en los próximos meses comenzaría la construcción de la presa “El Zapotillo”, un proyecto hidráulico que inundaría completamente a este pueblo. Los habitantes de “Temaca” se organizaron para protestar en contra de esta decisión, crearon lo que ellos denominaron “la resistencia” y promovieron una serie de acciones de concienciación entre la población para dar a conocer los problemas que traería consigo la realización de esta presa.
La construcción de la presa “El Zapotillo” es un plan de las autoridades jaliscienses que pretende satisfacer el abastecimiento de agua en los estados de Guanajuato y Jalisco. Sin embargo, desde un principio este proyecto enfrentó al gobierno del estado con los pobladores de la región, quienes no están de acuerdo en que sus pueblos y rancherías desaparezcan del mapa por la construcción de una presa. Los habitantes de Temacapulín, una de las comunidades que podrían verse afectadas en caso de que la obra se lleve a cabo, han generado una gran organización social y han contado con el acompañamiento de diferentes organizaciones civiles, entre ellas la del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC).
El proyecto “El Zapotillo”, en el que también está involucrado el Gobierno Federal y que comenzó a promoverse en 2008, prevé inundar Temacapulín, es decir, dejarlo bajo el agua. Esta población pertenece al municipio de Cañadas de Obregón, ubicado en los Altos de Jalisco. Los intentos del gobierno del estado por mover a los pobladores a otro sitio han fallado. Además, “Temaca” cuenta con un gran patrimonio cultural, como una iglesia que en 2009 cumplió 250 años de construida y 35 de haber sido nombrada parroquia. (Más información en: www.temacapulin.com.mx).
Aquel Sábado Santo, Jade Ramírez Villanueva, periodista de Radio Universidad de Guadalajara (Radio UDG), viajó a Temacapulín como parte de su encargo periodístico. Su consigna era darle seguimiento a la construcción de la presa y la reportera decidió asistir a una sesión informativa organizada por la “resistencia”. En la junta estuvo presente Marco Von Borstel, defensor de derechos humanos que labora en el IMDEC y conocido de tiempo atrás de Jade. Cuando la reunión concluyó, Marco propuso a Jade y a unos jóvenes continuar la conversación en otro lugar y decidieron acudir a un billar.
Marco se quedó afuera del billar para hablar con los interesados en la información. Jade entró al negocio y vio a dos sujetos que la observan detenidamente, la señalaron con el dedo y murmuraron al mirarla. Ella jamás los había visto en Temacapulín y tiempo después corroboró que eran personas ajenas al pueblo. Unos momentos mas tarde los individuos se acercaron a ella e intentaron entablar una charla, sin embargo ella se negó. No satisfechos, los dos hombres intentaron cortejarla y Jade comenzó a sentirse muy incómoda. Marco, al percatarse de todo esto, acudió a defenderla. Los sujetos se presentaron como empleados federales y fue entonces cuando los hostigamientos y amenazas en contra de Marco y Jade, fueron comunicados abiertamente. A la reportera la cuestionaron por su tono crítico respecto de la cobertura informativa de la presa “El Zapotillo” y al activista por su trabajo cercano a la comunidad de “Temaca”. Como parte de la intimidación, estos “empleados federales” le dijeron a Marco que “Jalisco es Uno” (haciendo alusión a una campaña publicitaria del Poder Ejecutivo de Jalisco) y que tenían que respetar las acciones del gobierno que estaba por emprender.
Marco y Jade aprovecharon que tenían una cámara y pidieron una foto de grupo con los jóvenes que habían ido a continuar la sesión de información. El objetivo de la foto era dejar un registro gráfico de los sujetos que los habían amenazado. Pero ahí no terminó el exabrupto. Un tercer individuo, también desconocido por la periodista, estaba mirando la escena desde la barra de servicios del billar. El hombre se levantó y se dirigió hacia Jade. Entonces la agarró por el cuello, le puso una pistola en la espalda y la forzó a mirar hacia la cámara.
El grupo que posó para la foto se desintegró. El dueño del billar, Manuel Carvajal, al percatarse de la tensa situación, les solicitó a los tres individuos que se retiraran de su negocio. Afuera, los tres hombres se subieron a una camioneta sin placas, la pusieron en marcha y se fueron a gran velocidad. El hermano de Manuel, quien atendía la barra ese día, comunicó a Ramírez y a Von Borstel que los sujetos llegaron al billar antes que ellos. Además, mencionó que los tres personajes alardearon que “por andar alborotando a la gallera” a Marco y a Jade se los iba a “cargar la chingada”.
Jade pasó la noche del Sábado Santo en “Temaca”. Durante la madrugada del domingo, el velador de las instalaciones del IMDEC, ubicadas en Guadalajara, recibió llamadas en las que se amenazaban directamente a Marco Von Borstel: “Ya te tenemos ubicado, a ti y a tu amiga”, decía el mensaje telefónico.
En días posteriores, la periodista recibió llamadas a su número particular a altas horas de la noche. Jade las interpretó como secuelas de la amenaza. Además, en su cuenta electrónica de Radio Universidad recibió un correo que decía: “síguele investigando reporterita pendeja, ya te dijimos que al güero y a ti, por andar alborotando la gallinera, se los va a cargar la chingada”.
No fue la última amenaza que recibió la periodista. El 21 de mayo los pobladores de Temacapulín hicieron una protesta pacífica frente a Casa Jalisco, residencia del gobernador Emilio González Márquez, que consistió en tres días consecutivos de rezo. Jade asistió para continuar con la cobertura de su tema periodístico y dejó su grabadora sobre una bocina para obtener el registro de la misa. En una pausa de los rezos, Jade fue a comprar pilas a una tienda cercana, pero cuando regresó, el aparato había desaparecido. A unos metros de distancia la reportera detectó a dos individuos que se reían mientras la observaban.
Condiciones laborales de periodistas en México
Para darnos una idea de la situación de los periodistas en México, basta con consultar informes de organizaciones civiles. El Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET), registró en 2009 un total de 140 reportes de atentados contra la libertad de expresión. Por su parte, Artículo XIX, organización que defiende este derecho humano, documentó 11 muertes de comunicadores en el país. Finalmente, la organización francesa, Reporteros Sin Frontera publicó en marzo un reporte en el que califica a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo.
Jade Ramírez concuerda con el informe de Reporteros Sin Fronteras, pues en México “no hay condiciones laborales mínimas para trabajar”. Sin embargo, la periodista reflexiona que este escenario no es causado en su totalidad por la «guerra contra el narcotráfico». Uno de los factores que hacen al país “el más peligroso”, enfatiza la reportera, es que las empresas mediáticas no se preocupan por dar un seguro a sus trabajadores que los proteja contra agresiones. Es decir, que “no hay capacitación de cómo reaccionar ante amenazas, no hay información para saber cómo actuar en estos casos”.
Por otra parte, las agresiones en contra de periodistas provenientes de funcionarios públicos, es otro factor que hace a México un lugar riesgoso para el comunicador y su labor. De acuerdo con Artículo XIX, en 2009 se registraron 109 agresiones físicas o materiales hacia periodistas, de las cuales, 65.6% fueron generadas por funcionarios públicos, y tan solo 6.1% por el crimen organizado. Por ejemplo, en 2009 se presentó en San Pedro Jicayán (Oaxaca) un caso que atentó contra la libertad de expresión de un medio y dos de sus trabajadores. El presidente municipal del lugar, Leonardo Silva Palacios, ordenó el arresto de Hilaria Jacobo Robles y Guillermo Vicente Pérez, voceadores del diario local Noticias. Además, encabezó una quema de ejemplares del rotativo. El periódico no se quedó callado ante los ataques y publicó las acciones que el edil tomó en contra el medio de comunicación. El munícipe respondió inmediatamente y amenazó de muerte a Robles y a Pérez. Los colaboradores de la publicación optaron por abandonar el poblado por temor a que el alcalde cumpliera su amenaza. Como éste hay muchos otros casos.
El crimen organizado no representa un alto porcentaje como causante de agresiones, pero es otro factor de riesgo para los periodistas mexicanos. Algunos casos paradigmáticos se han desarrollado en Ciudad Juárez, Chihuahua, como en 2008, cuando Armando Rodríguez Carreón, reportero del periódico local El Diario, fue asesinado frente a su casa por sicarios. Otro hecho violento contra el mismo rotativo el 16 de septiembre de 2010 cuando un grupo de criminales balearon a los fotógrafos Carlos Sánchez y a Luis Carlos Santiago (éste último perdió la vida). Ante esta situación, el diario juarense respondió con un editorial que publicó el 19 de septiembre. En el texto, el rotativo le preguntaba a los líderes del crimen organizado qué medidas tenían qué tomar los periodistas para no ser asesinados: “Hasta en la guerra hay reglas. Y en cualquier conflagración existen protocolos o garantías hacia los bandos en conflicto, para salvaguardar la integridad de los periodistas que las cubren. Por ello les reiteramos, señores de las diversas organizaciones del narcotráfico, que nos expliquen qué quieren de nosotros para dejar de pagar tributo con la vida de nuestros compañeros” (El Diario, 2010).
¿Protección jurídica para periodistas?
¿Qué hace un periodista después de recibir una agresión? Puede interponer una denuncia ante la “Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas” de la Procuraduría General de la República (PGR), que a casi cinco años de existencia no ha consignado ningún caso, o bien interponer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Ambas instancias han demostrado que sirven para poco y según la organización Artículo XIX, la ineficacia de estos procesos generan una gran desconfianza en el comunicador agraviado, que termina por desistir a la hora de hacer una denuncia.
Jade Ramírez fue a la CNDH y abrió una queja por la agresión recibida, pero hasta la fecha no ha tenido resultado alguno, pues el organismo terminó por archivar su expediente. También acudió a levantar una denuncia en la PGR, pero esta institución determinó que lo sucedido en el billar de Temacapulín fue un pleito entre borrachos y particulares, pues no pudieron comprobar que los agresores fueran empleados federales.
Tanto Jade Ramírez como Marco Von Borstel coinciden que en México hace falta una correcta aplicación de la ley para castigar las amenazas a periodistas. Es decir, que las averiguaciones se lleven a cabo, que se detecte a los culpables y que se les sancione por sus acciones.
Al ser desechado por la CNDH, el caso de Jade Ramírez pasó a manos de los abogados de la Universidad de Guadalajara. De esta manera se pretende que los tres sujetos que la agredieron en Temacapulín sean castigados por la ley. Sin embargo, el caso sigue abierto en espera de ser resuelto.
Al margen de la dinámica jurídica, Jade Ramírez recibió muchas muestras de solidaridad por parte de colegas de diversos medios de comunicación y de periodistas como Álvaro Delgado, del semanario Proceso y Miguel Ángel Granados Chapa, columnista del diario Reforma. También la han cobijado organizaciones civiles como el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Artículo XIX, Reporteros Sin Fronteras y el colectivo Los Queremos Vivos del Distrito Federal. Además, la periodista jalisciense recibió el apoyo de la comunidad de la Universidad de Guadalajara. La casa de estudios hizo un comunicado oficial en el que mostró su rechazo a lo acontecido en Temacapulín, le dio la confianza a la reportera para que siguiera con su labor periodística en el caso de «El Zapotillo» y, finalmente, encargó a los abogados que llevaran el caso en el marco legislativo.
El tema de agresiones a periodistas seguirá en la agenda pública mientras no se tomen cartas en el asunto para detener estas dinámicas. Jade Ramírez y Marco Von Borstel comparten esta conclusión, y hacen énfasis en que la burocracia es el obstáculo principal para que los mecanismos de procuración y administración de justicia no avancen adecuadamente. De igual manera, reflexionan que hacen falta leyes que protejan la libertad de expresión y el derecho a la información.
La situación que viven los periodistas en México no es sencilla, pues están a merced de un clima de inseguridad propiciado no nada más por el crimen organizado, sino también por funcionarios públicos. El periodismo no está en riesgo de morir, pero sus practicantes sí. Faltan leyes y que éstas se apliquen, y es una tarea social, de todos, velar porque esto se haga realidad.