Laura Neftaly López Pérez
Los espacios de opinión, el acceso a la información y las condiciones de trabajo periodístico fueron vulnerados por lo menos tres veces en 2013 en la zona metropolitana de Guadalajara. La compra masiva de una edición de Reporte Índigo, los ataques con granadas a las instalaciones del periódico Mural, y la cancelación abrupta del programa Cosa Pública en radio Metrópoli ponen en evidencia la condición laboral de los periodistas, nuestro propio derecho de acceso a la información y la relación entre la sociedad jalisciense y los medios de comunicación.
Si bien los ataques a medios y periodistas forman parte de la agenda pública, algunos de estos apenas se difundieron en la prensa. Cabe resaltar el papel que las redes sociales cumplieron en la discusión de estos casos, como escenario importante para la divulgación, expresión y construcción de opiniones, así como de denuncia de los ataques y de las figuras que ponen en riesgo las condiciones necesarias para la libertad de expresión. La reconfiguración del paisaje mediático es una nueva característica del tratamiento de los ataques a los medios de comunicación y la vulneración de la libertad de expresión: es un refugio, una nueva forma de poder.
Granadas, terror y orientación editorial
Las explosiones de granadas irrumpieron en la madrugada del 17 de abril de 2013. Las instalaciones del periódico Mural se sacudieron con un estruendo de incredulidad ante un ataque tan violento y directo. No provocaron heridos, pero sí mucho miedo.
Quince minutos antes de las cuatro de la madrugada, en abril de 2013, dos personas arrojaron granadas a la sede de Mural, del grupo reforma. Su similar en Monterrey, el Norte, ha sufrido varios ataques como estos —el último en julio de 2012— pero es la primera vez que un hecho así ocurrió hacia Mural. Hubo algunos daños en la fachada y en el estacionamiento, donde se lanzaron las granadas, pero no hubo personas lesionadas. El periódico descartó que hubiese amenazas previas al diario o a los periodistas. La respuesta fue sorpresa e incredulidad ante un ataque físico tan directo a un medio de comunicación.
Cuatro meses después, el 24 de septiembre, las autoridades detuvieron a un grupo de delincuentes que aceptaron ser los responsables de los ataques. Las noticias y opiniones publicadas días o semanas antes del incidente no parecían tener nada en contra de esta célula delincuente. Ellos explicaron entonces que la publicación no había sido contra ellos, pero sí contra otro tipo de delincuentes, rivales. La intención era “mover el tapete”, “desestabilizar la plaza” o “calentar”. Después del ataque, gran parte de las noticias y editorial de Mural giró en torno a ese acontecimiento.
Luis Carlos Nájera, fiscal general, expresó que quizá los ataques a Mural se debieron a que el diario publicó una nota que molestara a algún grupo delictivo, y ellos atacaron para generar conflicto: atacan al medio de comunicación para que este “presione a la autoridad para que atacaran al grupo que se había señalado en determinado momento”. Este tipo de mecanismos de reforzamiento del poder, buscan crear terror y una orientación editorial de lo que se dice. En casos como estos, uno de los mayores riesgos es la autocensura.
El dinosaurio detrás del telón
En la madrugada, dos camionetas esperaban la salida de los periódicos. Eran camionetas grandes, para que cupieran todos los periódicos que se pudieran. Reporte índigo se vio privado de la mitad de su edición. Las camionetas arrancaron, y con su paso iban quitando la máscara del que se decía un nuevo Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El 15 de febrero de 2013, la mitad de la edición de Reporte Índigo no pudo venderse a sus lectores habituales. Los que sí pudieron comprarla, vieron en la portada una noticia sobre un conflicto de paternidad de Aristóteles Sandoval, que entonces era todavía gobernador electo. Los que no pudieron comprar la versión impresa, no solo se enteraron de la noticia por medio de las redes sociales y el sitio en Internet de Reporte Índigo sino también de las acciones que Aristóteles Sandoval y su equipo habían implementado al respecto.
Quedó de manifiesto con este hecho que el acceso a redes ya no deja lugar a las viejas maneras del PRI para censurar a los medios y decidir sobre qué es lo que puede informarse a la población. Fue un factor no calculado por el gobernador y su equipo, que además realizó toda su campaña con la promoción de una nueva imagen del PRI: que sería más transparente, que sería más amigable y que la corrupción y represión que caracterizó a los más de 70 años anteriores ya se había dejado atrás. El nuevo PRI, después de tres sexenios de gobierno panista en Jalisco, dejaba ver su verdadera y no tan nueva cara poco tiempo antes de entrar definitivamente a la gubernatura.
Las relaciones de los ejecutores del boicot a Reporte Índigo con el que fuera gobernador electo son comprobables. En una investigación realizada al respecto por el propio Reporte Índigo, se encontró que uno de los autores de la compra masiva de periódicos estaba registrado como empleado del ayuntamiento de Guadalajara: la camioneta en que conducía llegó a una casa en la colonia Vallarta San Jorge, en donde vive Jesús Murillo Vargas, que estuvo en la nómina del ayuntamiento de Guadalajara bajo el área de “Secretaría de Justicia Municipal”.
Esta fue entonces la estrategia de Aristóteles, que durante sus tres años de alcaldía en Guadalajara intercambió 270’000,000 de pesos por cobertura positiva en los medios de comunicación, con lo que puso en riesgo la libertad de expresión de los medios, como lo denunció un grupo de 39 periodistas de la zona metropolitana de Guadalajara en 2012. Desde antes de iniciar su gubernatura, Aristóteles Sandoval ha dejado entrever cómo será su sexenio.
El trabajo periodístico y los espacios de análisis político también son cosa pública
Los micrófonos de las dos de la tarde no recibieron las voces de siempre. Los radioescuchas confirmaron que estaban en la misma estación. Algunas voces no llegaron a muchos oídos. Si había una sensación de solidez, se resquebrajó con un soplo.
El cierre repentino y abrupto de un programa de radio en el que se privilegia la opinión pública pone de relieve las condiciones bajo las cuales laboran los periodistas. Cosa Pública, durante ocho años, estuvo al aire en radio Metrópoli, y el lunes 19 de agosto de 2013 salió de manera inesperada de la programación, sin mayor explicación para la audiencia ni para los mismos conductores. Uno de los locutores, Rubén Martín, explicó por medio de su blog que la escasa explicación que habían recibido de radio Metrópoli, era que no había recursos suficientes para seguir con el programa. ¿Para qué sí hay, entonces, recursos? Poco menos de dos meses después, también en radio Metrópoli, el 11 de octubre de 2013, se despidió inesperadamente a Laura Castro, conductora de los programas Forma y Fondo y Buenas noches metrópoli, en el que también se realizaba discusión y análisis político. ¿Qué está pasando en radio Metrópoli? ¿Por qué han ido cancelando, de manera tan tajante, programas o actores que favorecían la pluralidad de voces? La explicación del medio sobre la falta de recursos no resulta convincente, pues después de la salida de estos periodistas, sus lugares en la parrilla de programación han sido sustituidos por noticiarios de formato similar.
Para el caso de Cosa Pública, unas semanas después, el programa vuelve al aire, esta vez en radio universidad con el nombre de Cosa Pública 2.0. Más allá de las razones de la cancelación de los programas, es importante analizar cuáles son las prioridades en el contenido de los medios de comunicación —¿por qué se suprime un espacio de opinión política?—, y cuál es el papel de los periodistas en la comunicación y discusión de los temas políticos.
Precariedad laboral de los periodistas, un asunto viejo
Una característica común de los casos anteriormente descritos, es que son situaciones en las que se hace evidente la falta de seguridad laboral de los profesionales de la comunicación: ya sea por medio de la instauración del miedo, de la censura de su trabajo o del despido injustificado —contra el cual no tienen gran defensa.
Si bien no es algo exclusivo de la profesión periodística, la inestabilidad laboral, la precarización del trabajo, no es algo nuevo para los periodistas. “es algo que nace con la profesión misma”, dice Christopher estrada, profesor del Instituto Tecnológico y de estudios Superiores de occidente (ITESO). “en Jalisco, a partir de los años 2000, las empresas periodísticas tienen una trasformación drástica en su composición y se abren a iniciativas empresariales nacionales. Esto es un empobrecimiento de la oferta local de noticias. La planta de periodistas se ha adelgazado de manera intempestiva, pero no ha derivado en la adopción de medidas compensatorias. El despido es muy barato y fácil”, señala.
Quizá pensar hoy en día sobre un trabajo de por vida con una pensión asegurada es una utopía; las mismas condiciones de la sociedad van cambiando esto. Pero el énfasis en el caso del periodismo se debe a que su labor se relaciona con la formación de la discusión política pública; su trabajo puede afectar los intereses de algunos. Su maltrato es algo que nos debe importar como sociedad.
Todas estas formas de ataques contra los medios de comunicación son, a la vez, atentados contra la libertad de expresión, pues el comunicador se limita por la amenaza de un despido injustificado, una agresión física o la censura del gobierno. Esto se vuelve un peligro también para el ejercicio democrático, como lo expresa la declaración de Principios sobre libertad de expresión de la organización de estados americanos (OEA): “la consolidación y el desarrollo de la democracia depende de la existencia de la libertad de expresión […] Cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión, y el efectivo desarrollo del proceso democrático”.
El ataque físico directo a medios de comunicación, como fue el caso de las granadas con las que fue atacado Mural, es una muestra de la vulnerabilidad a la que se pueden enfrentar. Aquí no solo se arriesgan los mismos periodistas sino que por medio del miedo se limita la libertad de expresión. El miedo puede conducir a la autocensura, al cambio de línea editorial.
Los medios de comunicación tienen el poder de incidir sobre la opinión de las personas, tienen el poder de hacer visibles los hechos de las organizaciones criminales y, en un contexto social de violencia e inseguridad, quedan expuestos ante situaciones como las que se vivieron en abril, en las instalaciones de Mural.
Sobre la pérdida de certezas laborales, el caso de Cosa Pública y de Laura Castro es solo uno más. Christopher estrada opina que este caso gana reconocimiento porque la figura de los conductores es reconocida, porque son periodistas “valientes” que dan voz a visiones alternativas de la política, y discuten sobre esto abiertamente.
La defensa de los periodistas en el contexto tapatío es compleja y difícil: “la sindicalización es sumamente fragmentada y utilitarista, aquí en el estado […] complejiza mucho el panorama laboral del periodista local”, dice estrada. Agrega que no ha habido una organización de los periodistas que permita crear contrapesos a las condiciones a las que se enfrentan. La radicalización de las condiciones vulnerables de esta profesión no se ha traducido en acciones que ayuden a contrarrestarlas.
La decisión de radio Metrópoli —o de cualquier otro medio de comunicación— de sustituir los programas de opinión no es una decisión aislada. Cabe aquí pensar también qué es lo que se prioriza en la sociedad, qué preferimos como ciudadanos en cuanto a los medios de comunicación, qué importancia le damos a la discusión sobre política.
Por otra parte, la agresión que sufrió Reporte Índigo se resolvió de manera diferente a los otros dos, porque el posible acto de censura no se completó como tradicionalmente hubiera sido: las características de la web 2.0 y las redes sociales jugaron un papel central, y forman parte importante del nuevo escenario mediático, que agrega nodos a las anteriores relaciones verticales de poder y ayuda a desdibujar la figura del otro autoritario.
La anterior columna de poder se trasforma ahora en una telaraña, en la que no hay nodos centrales. Esto contribuyó a que la censura a Reporte Índigo no se viera completada como pudiera haber sido antes, además de que permitió que más personas conocieran el caso y opinaran al respecto.
Aunque los ciudadanos tenemos nuevas maneras de hacer frente a los abusos de poder, las agresiones que los medios sufrieron en 2013 en la zona metropolitana de Guadalajara siguen siendo preocupantes. Como ciudadanos tenemos más poder de denunciar los abusos, pero seguimos enfrentándonos a decisiones autoritarias, a contextos de inseguridad y a condiciones laborales que tienen poca certeza frente a una lógica mercantil, de mayor producción al menor costo.
Los medios de comunicación frente a un estado pasivo Y una lógica mercantil
Las agresiones a los medios de comunicación y a los comunicadores sociales, incluyendo la destrucción de su material, es una violación a los derechos fundamentales de las personas, y pone en peligro la libertad de expresión, como lo explica la declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Cuando el derecho de expresión sufre un ataque, el estado debería tomar parte en la acción para la resolución. Sin embargo, como fue en el caso de Reporte Índigo, el mismo gobierno puede ser la fuente de las agresiones a la libertad de los medios de comunicación. Esto, o bien la inactividad, omisión o falta de voluntad del estado, provoca no solo un atentado contra la libertad de expresión sino contra todos los derechos fundamentales. Este tipo de derechos, como lo explica Alejandro Orozco y Villa en su libro Los límites a la libertad de expresión en México, son los derechos positivos, inalienables y universales, necesarios para la vida digna de las personas y el desarrollo de las sociedades democráticas.
La seguridad laboral, no solo de los periodistas, es un factor que también, hasta cierto punto, es determinado por el gobierno y las políticas públicas. La falta de esta seguridad, que el caso de la cancelación de Cosa Pública y de Laura Castro ha puesto de relieve, habla del poco involucramiento del estado en tratar de garantizar la seguridad laboral para la libertad de expresión y, por tanto, favorecer los derechos fundamentales de las personas y de la democracia (como mencionaba Christopher estrada, la contratación es inestable y el despido es fácil).
Pero el gobierno no está aislado: la falta de interés por favorecer estos derechos es un reflejo también de la sociedad en la que vivimos. La falta de importancia que la población le da a la participación ciudadana se traduce en falta de políticas públicas que favorezcan esta participación, lo que se vuelve un círculo vicioso. Como muestra, de acuerdo con el informe 2012 del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, 54% de los ciudadanos tiene poco o ningún interés en la política.
Cabe mencionar que sobre la cancelación del programa Cosa Pública, apenas hubo mención en la prensa (solo unas cuantas notas en prensa digital). Hoy todavía quedan espacios vacíos, cajas negras, cuando de visibilizar y defender los medios de comunicación se trata.
Idealmente, los periodistas deberían responder a los intereses de la ciudadanía. No es fácil determinar dónde comienzan los intereses de los ciudadanos y dónde intervienen los requerimientos de la construcción mediática de lo que acontece. En el ejercicio de discusión pública se conjugan todos estos elementos y otros como los intereses de los mismos medios o poderes fácticos, las prácticas de los ciudadanos para opinar e informarse, etc. Todas estas contraposiciones se dan en una relación similar al huevo y la gallina.
La radio hablada ayuda a abordar las demandas y necesidades de los ciudadanos, ofrece espacios para el debate y la circulación de ideas. Sin embargo, cuando estas ambiciones se conjugan con las de los medios, que al fin y al cabo siguen siendo empresas, se da una lucha de intereses en la que muchas veces triunfa la búsqueda de ganancias monetarias —según lo que explicó, no oficialmente, radio Metrópoli por la cancelación de los programas.
Los periodistas Rubén Martín, Jesús Estrada y Laura Castro representan un caso especial porque había ganado credibilidad por medio de la apertura de los micrófonos a la ciudadanía. La cancelación abrupta de los noticiarios levanta sospechas sobre las causas: quizá la forma de editorializar los temas molestó a alguien con poder sobre el medio.
Todos estos factores —una sociedad en contexto de violencia, la inseguridad laboral y las decisiones autoritarias del gobierno — se traducen en las características del tipo de periodismo que se produce, como dice Christopher estrada: “los espacios de opinión y de deliberación crítica del asunto social, político y cultural de una localidad, son indicador de la calidad de periodismo que se acuña”. Retomar casos como los que han ocurrido en 2013 “nos exige preguntarnos por la autonomía periodística que se puede llegar a lograr en un mercado de ese tipo, en el que el espacio de opinión se vende”, añade.
Pero junto con estas características del gobierno y del mercado se encuentra una nueva característica de la sociedad y los medios de comunicación: el acceso creciente a redes sociales. Como se mencionó antes, esto ayuda a distribuir el poder que antes se concentraba en pocos nodos. Los ciudadanos pueden expresar sus opiniones más directamente hacia los medios o actores políticos, y ser tomados en cuenta —en un caso ideal. La comunicación deja de ser unidireccional. Las personas pueden pronunciarse sobre los ataques a los medios de comunicación. Las figuras de actores con poder (estado, dueños de los medios, organizaciones criminales), que antes se veían como autoritarios y lejanos, se vuelven cercanas y fáciles de denunciar.
Christopher Estrada interpreta que “la relación periodismo–tecnología es sustancial al ejercicio periodístico como lo conocemos”. Es decir, las características del nuevo escenario mediático son apropiadas por el periodismo, se vuelven parte de su ejercicio, una nueva herramienta para hacer uso de la libertad de expresión.
Como lo explica la Comisión nacional de derechos Humanos en México, a 20 años de la proclamación del día Mundial de la libertad de Prensa, la revolución digital en la Internet, el surgimiento de nuevas vías de comunicación y la creciente popularidad de las redes sociales, han reconfigurado el horizonte de los medios de comunicación, y brinda de nuevas herramientas y poder a los medios y comunicadores.
Sin embargo, esta reconfiguración del ejercicio periodístico y restructuración del modelo de la industria de noticias puede representar —y en muchos casos ha representado— mayor inestabilidad laboral para los periodistas y para las propias empresas de medios, como lo explica Rogelio Hernández López, miembro de la asociación Mexicana de derecho a la Información (AMEDI).
Es un escenario de cambio. No podemos negar que, a diferencia de hace algunos años, tenemos como sociedad muchas más herramientas para defender la autonomía de los medios de comunicación. Esto debe ayudar a no olvidar que la vulnerabilidad sigue presente, que el dinosaurio todavía está ahí.