La institucionalidad puede esperar: el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, entre el oficialismo y la improvisación

José Bernardo Masini Aguilera

 

La transición a organismo público descentralizado

El retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Jalisco en 2013 trajo consigo una serie de ajustes en la dinámica de la administración pública, con notorias consecuencias en la estructura de comunicación del estado. En materia discursiva se ha alimentado una fuerte campaña mediática en torno al concepto del “bienestar”. El término aparece en toda la publicidad oficial; en la papelería de las instancias oficiales; en los vehículos de las distintas dependencias y hasta en las mochilas escolares que reciben los niños jaliscienses al comienzo de cada ciclo escolar. Organizacionalmente, quizá el cambio más significativo tuvo que ver con la conversión del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRT) en un organismo público descentralizado (OPD). En noviembre de 2013 un decreto del Congreso local confirió tal estatus a lo que ya entonces se autodenominaba simplemente C7. Si bien el Sistema permaneció sectorizado en la Secretaría de Cultura, se le dotó de una nueva ley orgánica que le confirió independencia financiera, así como un mayor margen de maniobra y de gobierno, al menos en teoría.

La nueva ley orgánica intentó armonizarse con la reforma federal en materia de telecomunicaciones que por esas mismas fechas se discutía en el Congreso de la Unión. En ese sentido creó dos figuras novedosas, que al menos en el papel parecían dar voz a la ciudadanía, razón de cuanto se ve en las pantallas y se escucha a través de los micrófonos del SJRT. Tales fueron las figuras del Consejo Consultivo y el defensor de las audiencias. De esa manera pareció que serían atendidas un par de demandas que no eran nuevas: los especialistas en temas de comunicación y medios públicos de la entidad las habían exigido desde tiempo atrás. De hecho en el caso del Consejo Consultivo, más que su creación, lo que se había demandado era su reinstalación, pues entre 1993 y 1996 funcionó un organismo colegiado de naturaleza similar.

La decisión de homologar los contenidos para la radio y la televisión, asumida como política institucional en 2013, había dado pie a no pocos comentarios de parte de la audiencia. En c7 se denominó “multiplataforma” a esta práctica que se esgrimía como un audaz mecanismo de aprovechamiento de recursos. Por la vía de los hechos disminuyó la diversidad de los contenidos y dio lugar a descuidos frecuentes de parte de los conductores de los programas. Se volvió común escuchar en la radio a locutores diciendo cosas como “usted puede ver en su pantalla el teléfono en el estudio”; o “estas son imágenes de la nevada de ayer en Berlín”, sin la consideración correspondiente para la radioaudiencia. En ese contexto las reformas propuestas parecían favorecer un funcionamiento del Sistema más atento a las demandas ciudadanas, toda vez que algunos periodistas, académicos y profesionales de la industria participarían en espacios colegiados de discusión. Pero como suele ocurrir en todo lo que está tocado por la política, el demonio se coló por los detalles.

 

La respuesta ciudadana para el Consejo Consultivo

La convocatoria para elegir a siete vocales ciudadanos que integrarían el Consejo Consultivo se publicó en la página web del SJRT el 5 de abril. En la misma fecha y por el mismo medio apareció también la correspondiente al defensor de la audiencia. La respuesta ciudadana a este proceso puede señalarse como uno de los mayores logros de C7 a lo largo de 2014: 34 profesionales de la comunicación entre periodistas y académicos solicitaron ser considerados para ocupar espacios en el Consejo. Asimismo hubo cuatro interesados en colaborar como defensor de la audiencia, incluyendo a quien esto escribe.

Conforme a la nueva Ley Orgánica del Sistema, la elección de los vocales ciudadanos recayó en el titular del Poder Ejecutivo, Aristóteles Sandoval, a partir de ternas propuestas por el director general, Sergio Ramírez Robles. Los siete favorecidos fueron Ana Xóchitl Castañeda, Ramiro Escoto, Raúl Frías, Julio César Hernández, Guillermo Orozco, Jorge Robledo y Alejandro Tavares. Ellos se sumaron a los miembros ex oficio: la secretaria de Cultura del Estado, Myriam Vachez Plagnol (quien preside el Consejo); el director general del Centro Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Carlos B. Gutiérrez Navarro; el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Jaime Reyes Robles, y el propio director general del SJRT, Sergio Ramírez. El anuncio de la conformación del organismo colegiado se hizo el 11 de julio.

El Consejo sesionó dos veces en el segundo semestre del año. La primera reunión tuvo lugar el 8 de septiembre. Prácticamente se dedicó a presentar a los integrantes; darles a conocer el estado general del Sistema y acordar una lógica de trabajo. Hubo una segunda sesión el 28 de octubre, cuyo tema central fue la presentación de los planes para aprovechar la convergencia digital. Concretamente se refirió el proyecto de transición en el marco del apagón analógico que permitirá multiplicar las señales del SJRT. Según lo previsto, ello dará lugar a una señal exclusiva para la trasmisión de noticias y programas de opinión política; a otra de corte meramente cultural; a una tercera que trasmitiría contenidos relacionados con el Congreso del Estado, incluidas sus sesiones, y una cuarta para uso del Poder Judicial. El rezago en el proceso de digitalización de señales a escala nacional retardó estos proyectos en el plano local. En cuanto al Consejo Consultivo, no volvió a sesionar en el resto del año.

Por su parte, la elección del primer defensor de la audiencia de este medio público recayó en Gabriel Orozco Bernáldez, personaje que ya era familiar en la parrilla de C7 dada su participación en el programa Artefacto. Con una trayectoria consolidada tanto en el ámbito del servicio público como en el de la difusión cultural, Orozco asumió un reto nada sencillo: colocar la figura del defensor en una comunidad de televidentes y radioescuchas que prácticamente la desconocía. Los defensores de las audiencias en los medios electrónicos, como los de los lectores en los medios impresos, son parte de un círculo virtuoso que, cuando funciona bien, consolida la identidad de las empresas comunicativas y estrecha vínculos con los receptores de sus mensajes. Estos tienen más confianza en el medio que consumen, pues saben que cuentan con un recurso para retroalimentar críticamente la información que reciben.[1] De hecho la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014, volvió obligatoria la existencia de los defensores de audiencias para los consorcios mediáticos —públicos o privados— según lo indicado en su artículo 259. En ese sentido el SJRT se anticipó a la legislación federal: ya había entablado un proceso para contar con un defensor mientras el Congreso de la Unión apenas discutía sobre el tema. La mera introducción de la figura fue un paso hacia el frente en el cultivo de la relación entre la ciudadanía y la institución.

 

Del plato a la boca se cae la sopa

Los gestos de acercamiento hacia las audiencias y de ciudadanización de la toma de decisiones parecían contrarrestar las críticas que el Sistema había recibido desde el comienzo de la gestión de Aristóteles Sandoval. Con medidas administrativas se intentaba paliar las medidas editoriales, que a los ojos de muchos habían dado lugar a un medio oficialista, que buscaba apuntalar la imagen del gobernador y denostar a sus rivales políticos.

Una prenda de estas inconformidades vino de parte del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA). A principios de octubre esta instancia lamentó que los contenidos del denominado C7 dejaran cada vez menos espacio a la cultura. René Arce, presidente del organismo, llegó a afirmar que varios consejeros “percibían que la programación de C7 no es tan cultural como en la administración pasada” (Pérez, 2014). Para resolver el desaguisado se programó una reunión entre Sergio Ramírez y el ceca, a la que acudieron solo nueve de sus 45 consejeros. En defensa de su trabajo, Ramírez explicó que la lógica de la multiplataforma permitió “hacer más con menos”, lo que coadyuvó a sanear las finanzas del SJRT, que se encontraban muy constreñidas por el endeudamiento excesivo de las administraciones anteriores (Solano, 2014, p. 30). Explicó el citado proyecto que multiplicará por cuatro las señales televisivas, a las que se sumarán tres señales de radio distintas a las ya existentes en am y en fm. Lo curioso en este punto fue la manera en que justificó la multiplataforma frente a gestores culturales: señaló que esta forma de operar logra que “cada vez que se trasmite un spot se multiplica por once: en televisión, en radio, en medios electrónicos y en redes sociales” (Solano, 2014, p. 30). Haber aludido a los spots en lugar de los contenidos culturales como aquello que se difunde más dejó entrever la importancia que ese tipo de mensajes recibe de parte del director general. Como es sabido los medios públicos no pueden difundir publicidad comercial, por lo que los spots a los que se refirió eran los de las instancias públicas. Su lapsus linguae alimentó las sospechas de quienes acusamos el uso del SJRT como herramienta de propaganda política del Ejecutivo estatal.

La puesta en marcha de los trabajos del defensor de la audiencia también tuvo sus peripecias. En los días previos a su nombramiento Sergio Ramírez había señalado que el elegido contaría con apoyo logístico en las instalaciones del Sistema y un espacio semanal en su programación. El 11 de julio se anunció formalmente el veredicto de la Junta de Gobierno, por el que se designó a Gabriel Orozco Bernáldez en el cargo por un periodo de dos años. Días después vino la rectificación: el defensor dispondría de un espacio mensual, no semanal como estaba previsto, y como de hecho ocurre en la mayoría de los medios impresos o electrónicos que cuentan con esta figura. Se definió que el programa se trasmitiría el primer viernes de cada mes a las 16:00 horas. Por tanto el 5 de septiembre pasó al aire el primer episodio de C7 Defensor, espacio en el cual Orozco explicó en qué consistía esta nueva figura y a qué normatividad obedecía su aparición. Para el segundo programa no pudo sostenerse la regularidad en la parrilla: no apareció el primer viernes sino hasta el segundo del mes de octubre. Sería el último conducido por este primer defensor, y de hecho el último que saldría al aire durante 2014.

El 31 de octubre Orozco presentó su renuncia al cargo honorífico que apenas desempeñó por tres meses y medio. En su breve gestión, aparte de las dos emisiones de C7 Defensor, apenas giró una recomendación. Esta tuvo que ver con el tratamiento periodístico al caso de la muerte masiva de peces en la laguna de Cajititlán, en el municipio de Tlajomulco. Algunos miembros de la audiencia desaprobaron el uso de la cuenta personal del director general como fuente de las notas al respecto. El 3 de septiembre el defensor dirigió su primera y única recomendación a Ramírez Robles, quien en la misma fecha respondió que acataría la sugerencia. Hasta entonces la relación entre el Sistema, su director y el defensor de su audiencia funcionó sin mayores exabruptos.

La desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, cimbró el clima político nacional. Los hechos tuvieron repercusiones a escala global, y en el caso del SJRT, marcaron el fin de la gestión de Orozco Bernáldez como ombudsman. El flujo de información
a cuentagotas fue una constante en la mayoría de los medios de comunicación mexicanos en torno a los estudiantes desaparecidos. Las preguntas que se hacía la ciudadanía se acumulaban y se convertían en rabia conforme las autoridades, tanto en el plano local como en el federal, daban respuestas tibias y lentas sobre el paradero de los jóvenes y sobre las responsabilidades imputables a distintos actores sociales: el alcalde de Iguala, su esposa, el gobernador del Estado, el ejército, los cárteles del crimen organizado, la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno federal, entre otros. Literalmente los ojos del mundo se posaron sobre el caso. Los medios extranjeros hacían sus propias investigaciones periodísticas; los consorcios nacionales dejaban ver su postura a través del tratamiento que daban al caso, y el Sistema Jalisciense apenas refería tangencialmente el tema. Ello dio lugar a nuevos reclamos de la audiencia, canalizados a través de su defensor. Concretamente, la cobertura a la marcha ciudadana que se realizó en Guadalajara el 8 de octubre para exigir la aparición con vida de los normalistas materializó el desencuentro entre Orozco y Ramírez. La escasa cobertura a los hechos de Ayotzinapa podía ser leída como una estrategia de evasión de su importancia, o peor aún, como una manera de eludir asuntos que podrían afectar la imagen del partido en el poder. Al respecto, el periodista y analista cultural Eduardo Castañeda comentó en su columna en Máspormás GDL que

[…] los medios de comunicación juegan a las apariencias cuando se trata de abrirle el espacio a sus lectores, radioescuchas o televidentes […] Este asunto de los ombudsman es más delicado cuando se trata de un medio público. Funcionan con recursos del erario y los ciudadanos deberíamos poder reclamar, señalar a través de un mecanismo transparente, que algún tema nos parece mal tratado, además de confiar que dentro de ese medio hay alguien que está de nuestro lado, que trabaja de manera autónoma e independiente […] Llegará el [ombudsman] que sigue y 10 más, pero como muchas cosas en este país, no servirá de nada si la estructura no cambia, si el mismo tipo de mentalidad que nos ha puesto donde estamos sigue tomando decisiones (Castañeda, 2014, p. 6).

Entrevistado por Jonathan Ávila para Reporte Índigo, el primer defensor señaló pocos días después de presentar su renuncia que…

No nos pudimos poner de acuerdo con respecto a cómo estaban tratando el tema de Ayotzinapa [Por eso] considero que [esas] no son las condiciones que deba tener ni un defensor de audiencia ni la información que se le debe dar al público. Mejor presento mi renuncia. Yo no voy a ser el que frustre el desarrollo del canal […] Si los directivos del canal no tienen la disposición o la manera de trabajo para que esto sea más transparente y en beneficio de la audiencia, es muy complicado [desempeñar el papel de defensor] No se dan las condiciones que uno debiera tener para desarrollar su trabajo (Ávila, 2014).

A propósito del episodio, Ramírez Robles evitó ahondar en el tema cuando fue abordado por el periodista de Reporte Índigo. Antes bien se limitó a explicar las decisiones que se estaban tomando entre los directivos para encontrar un reemplazo, pues ni la ley que convirtió a C7 en un organismo público descentralizado ni el reglamento interno que se había aprobado apenas en agosto definían un procedimiento para esta eventualidad. Con el argumento de haber sido el segundo candidato mejor evaluado, se invitó a Napoleón Medrano Andrade, académico del Centro Universitario del Sur (CUSUR) de la Universidad de Guadalajara, a ocupar la defensoría de la audiencia de manera interina (Ávila, 2014). Durante el resto del año no volvió a salir al aire C7 Defensor. Sin embargo, Medrano emitió el 14 de noviembre su primera recomendación —segunda en la breve historia de la defensoría— en los siguientes términos:

Por medio del presente y atendiendo las responsabilidades que me otorga el cargo como Defensor de la Audiencia interino del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, me permito hacer la siguiente recomendación.

Le pido que considere integrar a los contenidos de los noticiarios locales de c7 jalisco la información relativa a lo acontecido a los estudiantes de Ayotzinapa, esto de manera permanente y en las 3 emisiones locales de c7 noticias. Asimismo, considero importante que el mismo tema se discuta de manera formal en Estación Central, con todos los actores sociales representados en este programa.

Quedo a la espera de su respuesta.[2] 

La primera medida del nuevo defensor respondió al asunto que forzó la renuncia de su predecesor. Medrano buscó una salida institucional frente a los reclamos de la audiencia. Llamó la atención el verbo empleado para hacer su petición: “integrar” a los contenidos de C7 la información sobre el problema en Ayotzinapa. De ello se infirió una cobertura del tema no solo oficialista, sino prácticamente nula. En resguardo de la imagen del PRI, el SJRT parecía apostar a la máxima que reza que lo que no aparece en los medios electrónicos simple y llanamente no existe. Ante la recomendación emitida, Ramírez Robles respondió el mismo 14 de noviembre:

En respuesta a la recomendación que recibo hoy, viernes 14 de noviembre de 2014, y mediante la cual solicita que, en beneficio de la audiencia de C7 jalisco se integre a los noticiarios locales información relativa a la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, así como la programación de este tema en Estación Central, le comunico que su recomendación será atendida de manera íntegra.

Sin más que agregar, reciba un cordial saludo.[3]

 La misiva arrojó sustancia suficiente para al menos dos interpretaciones. Por una parte el director general reconoció el vacío informativo que la audiencia reclamó, pues sostuvo que la recomendación de Medrano sería atendida. Por otra parte, el laconismo de su carta dejó entrever la situación incómoda en que se encontró y su urgencia por salir de ella a la brevedad posible. Dice el adagio que del plato a la boca se cae la sopa. Los planes que supuestamente darían voz a la ciudadanía en torno al proyecto de C7 sobresalían más por sus traspiés que por su aceptación entre los televidentes y los radioescuchas.

 

El informe de Q ITESO

Este trabajo corresponde al informe anual que desde 2008 elabora el observatorio Q ITESO: Análisis Crítico de Medios, cuyo objeto son los medios de comunicación y el desarrollo del derecho a la información en Jalisco. Al reportar el acontecer relevante de 2013 este proyecto académico incluyó un análisis de los contenidos del SJRT a propósito de su conversión en un organismo público descentralizado. En ese año el PRI había vuelto al poder en Jalisco y ello había tenido repercusiones en la administración del Sistema. Eso fue lo que rastrearon Diego Guillén Peña y María Fernanda González Hernández, entonces alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del ITESO y colaboradores del observatorio. Presentaron sus hallazgos en el artículo “C7: ¿medio público o vocero del gobierno?”, que documentó algunos hechos relevantes, como la presencia de nueve funcionarios de distintas dependencias estatales como conductores de programas. Detectaron también en su muestra que el gobernador del estado fue el personaje más mencionado en el noticiario nocturno, C7 Noticias de verdad. Dos terceras partes de estas alusiones hacían valoraciones positivas del personaje (10 de 15), mientras que las cinco restantes fueron neutrales. No hubo valoraciones negativas sobre la figura de Aristóteles Sandoval, al tiempo que sí las hubo respecto de otros personajes mencionados en la misma muestra, como los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara, diputados locales o miembros del gabinete, independientemente de su filiación partidista (cfr. Guillén y González, 2014, pp. 39–60).

La publicación de ese trabajo levantó algunas cejas en el seno del medio público que buscó a la coordinadora de Q ITESO: Análisis Crítico de Medios, Sofía Paláu Cardona, para entrevistarla al respecto. Ella y Graciela Bernal Loaiza, coordinadora de la unidad académica a la que se adscribe el observatorio, ahondaron en los contenidos del informe frente a las cámaras de C7. El material dio pie a una larga nota que apareció en la emisión del 28 de octubre del mismo espacio que había sido evaluado en la investigación de los alumnos: C7 Noticias de verdad. Alfonso Javier Márquez, conductor del noticiario, descalificó con explícita molestia el trabajo de Guillén y de González. Cuestionó que su muestra correspondiera a dos semanas de febrero de 2014 cuando se trataba de evaluar el año 2013.[4] Confundió el señalamiento que explicaba que habían sido excluidas del análisis las notas de la sección “Cultura en breves” e interpretó que la investigación excluiría en general todas las notas que versaran sobre cultura. Por ello al encontrar en el desglose de resultados las notas sobre este tema consideró que los autores se contradecían sin más. Quizá lo más significativo del caso fue que en el artículo se señaló la costumbre del conductor de hacer comentarios irónicos sobre los personajes referidos en sus piezas periodísticas. Márquez cuestionó esa afirmación… precisamente con tono irónico y burlesco.

Los más de 10 minutos que recibió esa investigación en el noticiario —el conductor no aludió a ningún otro texto del informe— culminaron con un último comentario de su parte: afirmó que ejercicios como ese explicaban por qué los egresados del ITESO “no tienen mucho trabajo en el mercado laboral”. Al día siguiente, 29 de octubre, Sergio Ramírez replicó en su cuenta personal de Twitter el podcast de la nota. Uno de los mensajes en que se abocó al tema señaló llanamente: “Como dice el gran @alfonso_marquez ‘por eso no encuentran trabajo’”. Inmediatamente después envió un nuevo “trino” en el que propuso el hashtag #PorEsoNoTienenTrabajo. Se trató de un gesto delicado toda vez que son difusas las fronteras entre lo que se afirma como individuo con derecho a opinar y lo que se declara como director general de uno de los dos sistemas de medios públicos de Jalisco. En su dimensión ilocutiva (el significado potencial de un mensaje en función de las intenciones de quien lo emite, según la teoría de los actos de habla de John L. Austin) un hashtag es una propuesta temática. Al insertar el signo de número a una expresión compuesta de una o varias palabras en el lenguaje de la red social Twitter, tal expresión es asumida como un tópico para conversar con quienes se interactúa en la red de contactos. Por tanto lo que hizo Sergio Ramírez fue convocar a sus seguidores a hablar de los supuestos problemas que tienen los egresados del ITESO para insertarse en el mundo laboral.

Ante estos hechos la Oficina de Comunicación Social de la universidad jesuita solicitó derecho de réplica al noticiario. En su emisión del 31 de octubre Alfonso Javier Márquez leyó al aire el comunicado en que se reconoció la amplia cobertura que C7 había dado al informe. Pero también lamentó la falta de profesionalismo del conductor, quien tomó distancia de su rol como presentador de noticias y había emitido juicios personales —despectivos— sobre los egresados del ITESO. El desaguisado trascendió hasta el Congreso del Estado, donde el diputado de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Cultura, Julio Nelson García Sánchez, exigió la renuncia del director general. Denunció que este había convertido al SJRT en un medio oficialista, que escondía a los jaliscienses información trascendental sobre asuntos como el de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Entre sus argumentos para documentar la línea editorial del Sistema refirió la investigación de Diego Guillén y María Fernanda González (Vivar, 2014).

 

Colofón

Reiteradamente, cuando el SJRT ha hablado de sí mismo a lo largo del presente sexenio, ha intentado marcar distancia con respecto al pasado inmediato. Se ha autorreferido como una industria creativa que dejó de lado el derroche de los sexenios panistas. Materializó una buena idea al devenir organismo público descentralizado, lo cual es positivo por principio, a inteligencia de que no bastan los decretos para ciudadanizar una institución. En ese sentido 2014 fue un año de interesantes iniciativas que pudieron favorecer la cercanía de los jaliscienses con su medio público, que bien llevadas pudieron haber fomentado una mayor identidad y fidelidad de parte de las audiencias. Pero las políticas públicas viven más en los hechos que en el papel en que se imprimen los decretos. La consolidación de las nuevas señales digitales de C7 será un hecho, en el mejor de los casos, hasta 2015; el Consejo Consultivo no ha logrado regularidad en sus trabajos y el defensor de la audiencia tuvo como penoso bautismo un choque contra los intereses editoriales del partido en el poder. La disonancia entre los planes y los hechos ha dado lugar a ajustes y decisiones improvisadas, cuando no viscerales, particularmente del director general del SJRT. Quien se suponía que habría llegado de Puebla para desempeñar un papel estratégico en la comunicación social del gobierno estatal está ocasionando a su jefe más problemas que los que le está resolviendo. Mientras tanto, la necesaria institucionalidad del SJRT da dos pasos hacia adelante y otros tantos para atrás.

En medio de esta situación es rescatable el interés cada vez más notorio de los ciudadanos jaliscienses por su medio público. A lo largo de los años tanto sus estaciones de radio como sus canales de televisión (ahora en plural) se han caracterizado por su peso específico casi nulo en el ecosistema mediático local. Esta tendencia puede revertirse paulatinamente conforme crece entre los jaliscienses el interés por los contenidos culturales y por el acontecer político de la región, entre algunos de los temas que atañen a la señal de C7. Tal vez la gestión de Sergio Ramírez no sea peor que la de sus predecesores, quienes tuvieron a su favor una sociedad menos documentada y menos crítica.

 

Referencias

Ávila, J. (2014). “Menosprecio por la audiencia”. En Reporte Índigo. Guadalajara, 13 de noviembre, disponible en http://www.reporteindigo.com/reporte/guadalajara/menosprecio-por-la-audiencia, consultado el 17 de enero de 2014.

Castañeda, E. (2014). “Gimme tha power”. En Máspormás GDL. Guadalajara, 4 de noviembre.

Guillén, D. & González, M. F. (2014). “c7: ¿medio público o vocero del gobierno?”. En Paláu Cardona, M. S. (coord.) Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2013. Tlaquepaque: ITESO.

Herrera, S. (2006). “¿Por qué un defensor de la audiencia en los medios latinoamericanos?”. En Revista F@ro–Monográfico. Año 2, No. 4. Valparaíso.

Núñez, J. C. (2012). “El defensor del lector como mediador de un diálogo de calidad”. En Acosta García, R. (coord.) El diálogo como objeto de estudio. Aproximaciones a un proceso cotidiano y a su calidad. Tlaquepaque: ITESO.

Pérez, R. (2014). “Defiende ceca contenidos”. En Mural. Guadalajara, 6 de octubre, disponible en http://www.mural.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=359570&md5=6f6f4e649a46ff93c27ad66c28624c61&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe, consultado el 13 de enero de 2015.

Solano, A. (2014). “Consejeros del ceca desdeñan reunión con el titular de C7”. En Milenio Jalisco. Guadalajara, 7 de octubre.

Vivar, A. (2014). “Diputado solicita salida del director del SJRTV”. En La Crónica de Hoy Jalisco. Guadalajara, 25 de noviembre, disponible en http://www.cronicajalisco.com/notas/2014/30968.html, consultado el 19 de enero de 2015.

 

[1].  Al respecto conviene consultar trabajos como el de Núñez (2012, pp. 191–206), o bien, Herrera (2006).

[2].  Recomendación del defensor de la audiencia del SJRT, Napoleón Medrano Andrade, dirigida al director general del SJRT, Sergio Ramírez Robles, el 14 de noviembre de 2014, disponible en el portal del Sistema: http://c7jalisco.com/sites/default/files/docs2/recomendacion.pdf, consultado el 17 de enero de 2015.

[3].  Respuesta del director general del SJRT, Sergio Ramírez Robles, a la recomendación del defensor de la audiencia del SJRT, Napoleón Medrano Andrade, 14 de noviembre de 2014, disponible en el portal del Sistema: http://c7jalisco.com/sites/default/files/docs2/Respuesta%202.pdf, consultado el 18 de enero de 2015.

[4].  Al respecto es importante aclarar que los autores explicaron en su texto que analizaron la programación a partir de los ajustes derivados de los cambios programáticos y administrativos que sufrió el Sistema durante 2013. Sin embargo, era conveniente que esa explicación hubiera sido más enfática para evitar lecturas como la de Alfonso Javier Márquez.